Categoría: Editorial

La sanción impuesta por la FIFA a la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), tras los actos de racismo ocurridos en el partido contra Surinam, no solo es un golpe económico de más de 62 mil dólares. Es, sobre todo, una vergonzosa llamada de atención para una sociedad que aún no asume plenamente su responsabilidad en la erradicación de la discriminación en el deporte.

Las declaraciones del jugador Shaquille Pinas, quien denunció insultos como “negros” y “monos” por parte de la afición salvadoreña, son dolorosas, pero también reveladoras. Revelan una normalización del racismo disfrazada de “pasión futbolera”, un comportamiento que no puede justificarse bajo ninguna circunstancia. El fútbol, como espacio de encuentro cultural y de representación nacional, debería ser sinónimo de respeto, no un escenario para que florezcan los prejuicios más retrógrados o los insultos más bajeros.

La respuesta de Fesfut y del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), con su promesa de lanzar una campaña masiva contra el racismo, es un paso necesario, pero llega tarde y empujado por la presión internacional. Lamentablemente el daño ya está hecho y la imagen del país queda comprometida.

La multa económica, si bien debe ser dirigida a planes contra la discriminación, no es suficiente por sí sola. Lo verdaderamente urgente es un cambio de mentalidad que no se logra únicamente con campañas publicitarias o sanciones simbólicas como la reducción del aforo en el estadio. Es indispensable educar, concientizar y sancionar de forma clara, constante y contundente.

La Fesfut afirma que “el futuro de nuestro fútbol depende del comportamiento en los estadios”. Tiene razón. Pero ese futuro también depende de la honestidad con la que enfrentemos nuestros propios prejuicios. No basta con condenar los hechos; es necesario identificar las raíces del racismo y la xenofobia en nuestra cultura, y erradicarlas desde la base: en las escuelas, en las familias, en los medios de comunicación y, por supuesto, en los estadios.

La afición debe entender que su comportamiento no solo tiene consecuencias reglamentarias. También afecta el prestigio del país, la moral de los jugadores y la posibilidad de participar dignamente en competencias internacionales. La clasificación al Mundial de 2026 no puede construirse sobre insultos ni sobre la exclusión del otro.

El Salvador tiene la oportunidad —y la obligación— de demostrar que puede ser un país anfitrión digno, que respeta a sus rivales, sin importar su color de piel o su origen. La pasión por el fútbol no debe ser una excusa para el odio. Porque cuando el racismo entra a la cancha, el juego ya está perdido.

La denuncia del fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, sobre el desmantelamiento parcial de una red internacional de crimen organizado —bautizada como Escudo Virtual— deja al descubierto una realidad preocupante: la fragilidad de nuestro sistema frente a delitos modernos que no solo cruzan fronteras, sino que penetran los vacíos legales, tecnológicos y sociales de nuestra región.

El anuncio de 114 capturas y 130 órdenes emitidas por delitos como estafa, hurto informático y lavado de dinero, es sin duda una acción significativa, que refleja capacidad operativa y coordinación internacional. También nos hace preocuparnos de cómo una estructura criminal de esta magnitud afectó a miles de víctimas con tácticas que parecen rudimentarias, como ofertas de empleo falsas o supuestas maletas retenidas en aduanas.

La cifra de 6 millones de dólares movidos ilícitamente es alarmante, pero quizás más lo sea la implicación de cientos de ciudadanos salvadoreños que, según la Fiscalía, prestaron sus cuentas bancarias para facilitar estas operaciones. ¿Estamos frente a una red que encontró cómplices por necesidad económica, desconocimiento o corrupción? En cualquiera de los casos, la responsabilidad no solo recae en los ejecutores, sino también en el entorno que los vuelve vulnerables o cómplices.

La criminalidad transnacional no opera sin eslabones locales, y el hecho de que la mayoría de capturados sean salvadoreños debería forzar una reflexión sobre las debilidades institucionales, la falta de educación digital y el impacto de la precariedad económica.

El país necesita fortalecer ciberseguridad, la regulación financiera y educación digital, porque sino el fenómeno podría repetirse con nuevas caras y nuevas víctimas. Y también los ciudadanos debemos entender que toda oferta de «regalo», «inversión» u «oferta» que viene de desconocidos jamás puede ser gratuita y siempre debemos verlas como sospechosas.

Este caso es un espejo incómodo que nos obliga a mirar nuestras propias fallas. Aplaudir las capturas es legítimo; pero aún más urgente es preguntarse: ¿qué cambiaremos para que esto no vuelva a pasar?

Estados Unidos ha declarado “ Organización Terrorista Extranjera” y como “Entidad Terrorista Global Especialmente Designada” a la pandilla Barrio 18, una de las bandas criminales más sangrientas y crueles que ha vivido la sociedad salvadoreña, junto a la Mara Salvatrucha.

Al igual que la MS-13, el barrio 18 nació en los barrios de Los Ángeles que comenzó como una pandilla mexicoamericana, pero también se convirtió en centroamericana al reclutar a más miembros de otros grupos étnicos. Cuando pandilleros centroamericanos que formaban parte de esa banda fueron arrestados en Estados Unidos y fueron deportados a Centroamérica, el fenómeno se replicó en El Salvador, Guatemala y Honduras, donde han cometido miles de asesinatos, extorsiones, violaciones sexuales y docenas de crímenes más.

Un informe reciente de la PNC decía que el Barrio 18 tiene 288 canchas entre sus dos facciones Sureños y Revolucionarios, ambas igual de criminales.

La declaratoria de Estados Unidos es un buen paso para combatir las finanzas y las actividades criminales de este grupo mafioso que además es clave en el tráfico de drogas y ha perpetrado ataques contra personal de seguridad, funcionarios públicos y civiles en toda la región.

El combate a las pandillas criminales como la MS y la 18 debe ser permanente y contundente para poder tener sociedades más seguras y terminar con esta ola criminal que tanto daño ha hecho a nuestras sociedades.

El Estadio Cuscatlán ha sido el gran escenario de los triunfos y fracasos de nuestra «Selecta Cuscatleca», el llamado «Coloso de Montserrat» es intimidante para cualquier selección nacional extranjera debido al fuerte apoyo que la afición desata hacia los rivales.

Pero una cosa es gritar para animar a nuestra Selecta y otra cosa es insultar o denigrar a los adversarios por su color de piel, como se ha denunciado recientemente en el encuentro con Surinam. La denuncia de los jugadores surinameses es vergonzosa, inaceptable, condenable y la inmensa mayoría de salvadoreños siente pena por semejante suceso.

Todos los seres humanos exigimos y queremos respeto, independientemente de nuestro color de piel o condición social, es un derecho humano básico, es un comportamiento mínimo de decencia en la sociedad. Faltar al respeto a una persona, a un jugador de fútbol que ha dado lo mejor de sí mismo en la cancha, no puede ser un comportamiento aceptable, Además es un comportamiento tan absurdo tomando en cuenta que tenemos jugadores en nuestra selección con ese mismo color de piel.

El racismo y sus expresiones en las canchas de fútbol deben ser desterradas y sancionadas. Pero no es la Fesfut, ni la Selecta los que deberían pagar esas sanciones solamente, sino los individuos que han desatado esas conductas, tal como hemos visto en España y otros países.

La campaña que ha lanzado la Fesfut y el Indies contra el racismo y toda forma de discriminación es un primer gran paso en la dirección correcta, pero también hay que aplicar sanciones individuales e incluso vetos permanentes a quienes tengan esos comportamientos porque sino volverá a ocurrir.

Este 15 de septiembre celebramos nuevamente un aniversario de nuestra Independencia Patria, de la fundación formal de la nación. Y lo hacemos con coloridos desfiles, entusiastas jóvenes que animan el día con sus bandas musicales y sus danzas, inflamados de patriotismo y civismo.

Hoy cantar el Himno Nacional y la Oración a la Bandera se hacen con mayor solemnidad para celebrar los 204 de vida independiente,

El gran general francés, Charles de Gaulle, solía decir  que “el patriotismo es cuando el amor por tu propio pueblo es lo primero”. La patria no existe sin el amor de sus hijos. Y aunque la devoción por la tierra que nos ha visto nacer o por nuestras tradiciones y costumbres es importante, el amor a la patria se debe manifestar siendo buenos hijos, cumplidores de la ley, con nuestros esforzados aportes por construir un país mejor en medio de tantas dificultades.

El patriota cubano, José Martí decía que: “Todo hombre está obligado a honrar con su conducta privada, tanto como con la pública, a su patria”. Eso es hacer patria, eso es patriotismo, no solo la banderita en el carro ni el acto cívico.

En los hogares, escuelas y colegios deberían enseñarse los valores que constituyen la Patria, cómo la actitud y el comportamiento de cada uno de sus ciudadanos colabora a un país mejor. No basta sentirse orgulloso por la belleza del país o por los logros de un equipo deportivo, somos un país con muchos problemas y contribuir a solucionarlos es tarea de todos, de cada uno como individuo.

El trabajo decente, el respeto a la ley, valores como la honestidad, la integridad, la honradez, el respeto a nuestros semejantes, el cuidado de nuestros niños y ancianos, todos esos son valores que debemos cultivar y cosechar para un mejor El Salvador. Es importante reflexionar sobre nuestro aporte a la patria, sobre nuestro rol como salvadoreños con aquella frase del presidente estadounidense, John F. Kennedy: “No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregunta qué puedes hacer tú por tu país”.

Que este aniversario sirva para profundizar nuestro compromiso por una patria mejor.

Esta semana ha sido intensa por todo el mundo. Los temores de una guerra mundial se agitan con Israel haciendo un ataque en Catar, con Rusia lanzando drones sobre territorio polaco y provocando una reacción unánime de la Unión Europea dispuesta a defenderse de las amenazas de Vladimir Putin y con Filipinas advirtiendo sobre el acoso creciente de China sobre sus buques, además de la amenaza permanente sobre Taiwán.

El mundo es un lugar cada vez más peligroso. La violencia política se agita horriblemente con una retórica agresiva creciente y con una intolerancia cada vez peor.

El martes, la prohibición de redes sociales por el gobierno de Nepal -en Asia- provocó una ola de protestas en la capital Katmandú, causando la renuncia del primer ministro y desatando una espiral de violencia que hizo desaparecer al gobierno y hasta dejó a la esposa de un exprimer ministro quemada viva.

Y este miércoles, el activista conservador estadounidense, Charlie Kirk, fue asesinado frente a centenares de personas que asistían a una de sus conferencias al aire libre en una universidad del usualmente pacífico estado de Utah.

Hace solo unos meses, mientras estaba en un acto de campaña, el presidente Donald Trump sufrió un atentado que pudo ser mortal. Pareciera que Estados Unidos está volviendo a los fatídicos años 60 cuando los hermanos Kennedy y Martin Luther King fueron algunos de los personajes asesinados, mientras otros tantos sufrieron atentados.

¿Hacia dónde vamos? Difícil saberlo. Centroamérica y América Latina en general, no se salvan de la violencia política y la retórica incendiaria. Desde gobernantes malvados como Maduro y Ortega, hasta irresponsables como Petro o Mel Zelaya, la región está plagada de personajes peligrosos para la paz y la estabilidad regional.

Los gobernantes tienen que actuar con serenidad y responsabilidad, los líderes políticos igual. Si hacen prevalecer sus intereses sobre los de sus pueblos, ocurren hechos como los que estamos viendo por todo este mundo cada vez más peligroso.

La reciente aprobación de la Ley especial de beneficios y protección para la diáspora y personas en movilidad humana por parte de la Asamblea Legislativa marca un hito en la relación del Estado salvadoreño con sus ciudadanos más allá de las fronteras. Es una iniciativa ambiciosa, que pretende abarcar desde la protección de los salvadoreños deportados hasta incentivos para quienes, residiendo en el extranjero, decidan invertir o regresar al país.

En primer lugar, la ley reconoce algo fundamental: la movilidad humana es un derecho, ya sea por elección o por necesidad. El mero hecho de incluir a los deportados y retornados en la misma categoría legal que quienes regresan voluntariamente es un avance conceptual. Esto evita la estigmatización y abre la puerta a políticas de reintegración más humanas.

La creación de incentivos fiscales para empresas que contraten a retornados —deduciendo de su renta imponible entre tres y cinco salarios mínimos— puede ser una herramienta poderosa para combatir la discriminación laboral que estas personas suelen enfrentar.

En cuanto a la diáspora, la normativa ofrece beneficios significativos: exenciones fiscales para menaje de casa de hasta $100,000, importación libre de impuestos para dos vehículos y herramientas de trabajo, facilidades para invertir e incluso la posibilidad de constituir fundaciones en El Salvador de forma remota. No es poca cosa. Son medidas que, bien ejecutadas, pueden convertir a la diáspora en un motor económico más dinámico que las remesas por sí solas.

No obstante, hay elementos que despiertan escepticismo. Primero, la letra pequeña de la ley exige que estos beneficios se soliciten bajo condiciones muy específicas, lo que podría convertirse en una maraña burocrática. Segundo, el riesgo de que los incentivos fiscales terminen siendo aprovechados por un segmento reducido y privilegiado de la diáspora, dejando fuera a quienes más apoyo necesitarían, es real. Tercero, no se detalla con precisión el mecanismo de supervisión para evitar que las agencias privadas de reclutamiento laboral exploten o engañen a trabajadores salvadoreños en el extranjero, un problema que ya ha tenido episodios dolorosos en el pasado.

El Salvador no solo necesita atraer inversión y facilitar el regreso de su gente, sino también garantizar que ese retorno sea sostenible, seguro y productivo. Una ley puede abrir la puerta, pero el acompañamiento, la transparencia y la ejecución determinarán si la diáspora y los retornados son realmente vistos como parte central del proyecto nacional, o si seguirán siendo un recurso simbólico más que práctico.

En conclusión, la ley es un paso en la dirección correcta, pero no un destino final. El reto no es aprobar beneficios sobre el papel, sino asegurarse de que, en la práctica, ningún salvadoreño en movilidad humana se quede al margen por falta de información, recursos o voluntad política. El verdadero éxito se medirá no en exenciones fiscales otorgadas, sino en vidas reconstruidas y en una relación renovada entre el país y su gente, esté donde esté.

La aprobación del impuesto a las remesas por parte del Congreso de los Estados Unidos, dentro del proyecto de ley “One Big Beautiful Bill Act”, representa una medida regresiva, ineficaz y profundamente perjudicial tanto para los migrantes como para las economías de América Latina, especialmente países como El Salvador.

Bajo el pretexto de una supuesta “deportación financiera”, se está implementando una política que penaliza a quienes sostienen no solo a sus familias, sino también a economías nacionales enteras.

Las cifras hablan por sí solas: en 2024, El Salvador recibió más de 8,479 millones de dólares en remesas, lo que equivale al 24 % de su PIB. Un impuesto del 3.5 % sobre los envíos —sumado a las comisiones ya existentes— podría provocar una caída del 7 % en el volumen de remesas, una pérdida de casi 600 millones de dólares que impactará directamente en los hogares más vulnerables. No se trata solo de cifras, sino de familias que dejarán de comprar medicinas, pagar matrículas o invertir en pequeños negocios.

Esta medida no solo es económicamente dañina, sino moralmente cuestionable. Castiga a los migrantes por el simple acto de cuidar a sus seres queridos desde el extranjero. Además, exige a los remitentes demostrar su ciudadanía para evitar el impuesto, una carga burocrática discriminatoria que afectará incluso a ciudadanos naturalizados. Se trata de un sistema que presume culpabilidad antes que legalidad, violando principios fundamentales de igualdad y debido proceso.

En el plano internacional, la medida también amenaza con deteriorar las relaciones comerciales entre EE.UU. y sus socios latinoamericanos que cada vez ven con mayor desconfianza a su antiguo “socio confiable” del norte.

Estudios demuestran una clara correlación entre las remesas y las exportaciones estadounidenses hacia estos países. Al disminuir el poder adquisitivo de los hogares receptores, también se reduce su capacidad de consumir productos estadounidenses, lo que podría traducirse en una contracción del comercio bilateral y afectar a sectores económicos dentro del mismo Estados Unidos.

El nuevo impuesto incentivará el uso de canales informales para el envío de dinero, debilitando los sistemas financieros formales, elevando riesgos de lavado de dinero y dejando a millones de usuarios sin protección legal. Lejos de disuadir la migración, podría exacerbarla: al eliminar una fuente crítica de sustento, más personas podrían verse forzadas a migrar en busca de mejores oportunidades.

En lugar de castigar la solidaridad familiar, Estados Unidos debería fomentar políticas migratorias y económicas más inteligentes y humanas. Gravando las remesas, el Congreso no detiene la migración, solo agrava las causas que la provocan. Lo que se necesita no es una barrera financiera, sino puentes de cooperación que fortalezcan tanto a las familias migrantes como a las naciones que dependen de ellas.