La organización Casa Centroamérica, creada por personas exiliadas y migrantes de la región, presentó este viernes en la capital guatemalteca el informe ‘La verdad del exilio (2014-2025)’, un documento que sistematiza el impacto social del desarraigo forzado y exige al Gobierno del presidente Bernardo Arévalo de León el diseño de una política pública de reparación.
El estudio, coordinado por el médico y psicólogo español Carlos Martín Beristain, documenta cómo la criminalización y la coacción judicial obligaron al destierro a decenas de operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos en la última década.
«A este gobierno le quedan 16 meses y por eso venimos a pedir lo mínimo: una política pública de Estado para un exilio digno y un retorno seguro, con institucionalidad, con presupuesto y con equipo», afirmó durante el acto la activista indígena y comunicadora Andrea Ixchíu, quien retornó temporalmente al país tras casi cinco años exiliada.
El informe detalla que el 93 % de las persecuciones registradas se concentraron en los últimos ocho años, una arremetida judicial articulada durante el mandato de la fiscal general Consuelo Porras Argueta, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción y de atentar contra el Estado de derecho.
Según Martín Beristain, el exilio operó en este periodo como un «mecanismo de protección frente a la arbitrariedad» y no como una huida de la justicia.
La exfiscal general Claudia Paz y Paz, quien también acudió a la presentación, subrayó que para garantizar retornos definitivos es imprescindible «que con la nueva fiscalía se cierren los casos espurios» y se traslade a los jueces que integraron el engranaje de criminalización.
Por su parte, el presidente Bernardo Arévalo de León reconoció que el Estado mantiene una «deuda histórica» con las personas forzadas al destierro y anunció la creación de un mecanismo interinstitucional para facilitar el retorno seguro de los guatemaltecos en el exilio.
Esta instancia coordinará acciones entre la Presidencia, la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto Guatemalteco de Migración y la Procuraduría General de la Nación (PGN).
Asimismo, Arévalo de León indicó que buscará un acercamiento con el sector justicia para revisar el uso de los procesos penales y garantizar que las personas exiliadas tengan acceso a información sobre su situación jurídica.
El jefe de Estado añadió que el Ejecutivo fortalecerá además los mecanismos de protección y atención dirigidos a periodistas, defensores de derechos humanos, autoridades de los pueblos indígenas y operadores de justicia.
