Categoría: El Mundo

  • Así opera CBP: los tres custodios de la fronteras de Estados Unidos

    Así opera CBP: los tres custodios de la fronteras de Estados Unidos

    Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos reconoció una de sus principales vulnerabilidades en materia de seguridad nacional: la falta de coordinación y el intercambio limitado de información entre sus agencias policiales y de control fronterizo.

    Como respuesta, el país emprendió una reestructuración profunda de su sistema de seguridad, que dio origen al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), creado el 25 de noviembre de 2002.

    Bajo la sombrilla del DHS, el 1 de marzo de 2003 nació la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), hoy considerada una de las agencias policiales más grandes y tecnológicamente avanzadas del mundo.

    Su misión es, según su sitio web, proteger a la población, resguardar las fronteras y fortalecer la prosperidad económica del país. Para cumplir con ese objetivo, CBP opera a través de tres componentes clave que actúan de manera complementaria: la Oficina de Operaciones de Campo (OFO), la Patrulla Fronteriza (USBP) y la unidad Aeromarítima (AMO).

    Agentes de OFO que operan en los puestos fronterizos y aeropuertos de Estados Unidos. Embajada de EEUU.

    OFO: el control en los puertos de entrada

    En más de 300 puertos de entrada aéreos, terrestres y marítimos, la Oficina de Operaciones de Campo es la primera línea de contacto para quienes ingresan legalmente a Estados Unidos. Sus oficiales, reconocibles por su uniforme azul, inspeccionan a visitantes extranjeros, ciudadanos que regresan al país y las mercancías que transportan.

    Además de verificar documentos migratorios, OFO es responsable de la recaudación de tarifas de productos importados y de la detección de contrabando, documentos falsos y mercancías ilícitas.

    Para ello, emplea una amplia gama de herramientas tecnológicas, como lectores de matrículas, sistemas de reconocimiento facial, bases de datos interconectadas y otros mecanismos de análisis que operan las 24 horas del día.

    Cada año, estos oficiales inspeccionan a millones de personas y vehículos en aeropuertos, garitas y puertos marítimos, incautando miles de cargamentos de narcóticos y documentos fraudulentos, en un esfuerzo constante por mantener la seguridad sin interrumpir el flujo legítimo de comercio y viajes.

    Patrulla Fronteriza: vigilancia entre los puertos

    Más allá de las garitas y puertos de entrada, la responsabilidad recae en la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP), cuyos agentes visten el característico uniforme verde. Esta división es la encargada de vigilar más de 20 mil millas (32,186.88 kilómetros) de fronteras terrestres y costeras entre Estados Unidos, México y Canadá.

    Su trabajo se desarrolla en algunos de los terrenos más hostiles del país: desiertos, montañas, cañones y zonas remotas donde el acceso es limitado. Ya sea a pie, en camionetas o en vehículos todo terreno, los agentes patrullan áreas donde se detecta el cruce irregular de personas, el tráfico de narcóticos y otras formas de contrabando.

    Desde su creación, la Patrulla Fronteriza ha interceptado a millones de personas intentando ingresar de manera ilegal al país. Durante estos operativos, los agentes también detienen a individuos con antecedentes criminales, personas previamente deportadas, pandilleros y narcotraficantes, quienes son evaluados y procesados administrativa o penalmente, según cada caso.

    Agentes Aeromarinos de AMO-CBP. Embajada de EEUU en El Salvador.

    AMO: la frontera desde el aire y el mar

    El tercer componente de CBP es la unidad Aeromarítima (AMO), considerada una de las fuerzas policiales aéreas y marítimas más poderosas del país. Sus agentes, que utilizan uniformes en tonos café, y amplían el alcance de CBP al operar en el espacio aéreo y en aguas costeras.

    AMO apoya a los otros componentes mediante el uso de aeronaves, embarcaciones y tecnología especializada para detectar, monitorear e interceptara aquello que consideren una amenaza que podrían ingresar por mar o aire. Su labor es clave para prevenir el tráfico de personas, drogas y otros productos peligrosos que buscan evadir los controles terrestres.

    En conjunto, estos tres pilares convierten a CBP en la primera línea de defensa de Estados Unidos, con una misión que combina la aplicación firme de la ley, la protección contra amenazas como el terrorismo y el contrabando, y la asistencia humanitaria a quienes lo necesitan.

    En julio de este año, el gobierno de Estados Unidos designó $165,000 millones para fortalecer a CBP, entre estos, $46,000 millones para seguir con la construcción del muro fronterizo, $4,000 millones para contratar a almenos 6,000 nuevos agentes de aduanas y patrulla fronteriza, y 10,000 agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

  • Honduras sigue sin resultados oficiales a dos semanas de elecciones y entre acusaciones de golpe y fraude

    Honduras sigue sin resultados oficiales a dos semanas de elecciones y entre acusaciones de golpe y fraude

    A más de dos semanas de celebradas las elecciones generales en Honduras el pasado 30 de noviembre, el país sigue sin conocer oficialmente al presidente electo. El Consejo Nacional Electoral (CNE) aún enfrenta obstáculos logísticos, políticos y tecnológicos que han retrasado el conteo de votos, alimentando la tensión entre partidos.

    El CNE tiene como fecha límite el 30 de diciembre para anunciar resultados definitivos. La presidenta del organismo, Ana Paola Hall, indicó que aún están pendientes 2,792 actas con inconsistencias. El retraso se atribuye a la ausencia de representantes partidarios en mesas de verificación, procesos informáticos incompletos y presiones políticas.

    Tanto Hall como la consejera Cossette López, han denunciado amenazas e intentos de intimidación. Ambas forman parte de los dos partidos con más apoyo hasta ahora: el Partido Liberal y el Partido Nacional, respectivamente, según cifras preliminares.

    El escrutinio especial debía comenzar el sábado pasado, pero podría arrancar hoy martes por la noche, según anunció el CNE. Este proceso contará con al menos 150 mesas de verificación y trabajará en dos turnos de 12 horas, con presencia de partidos, observadores nacionales e internacionales y auditores.

    Mientras tanto, la presidenta Xiomara Castro, del partido Libertad y Refundación (Libre), denunció un intento de «golpe de Estado» y advirtió que el expresidente Juan Orlando Hernández, recientemente indultado por Donald Trump, estaría planeando retornar al país para «proclamar al ganador» de los comicios.

    El Partido Nacional, por su parte, acusa al gobierno de Libre de estar orquestando un «autogolpe» para desconocer los resultados electorales. “Se niegan a aceptar que fueron derrotados y buscan alterar la voluntad popular”, denunció el jefe de bancada Tomás Zambrano, quien hizo un llamado a la comunidad internacional.

    Las protestas en respaldo a Castro y la candidata oficialista, Rixi Moncada, ya han comenzado en distintas ciudades. El expresidente y esposo de Castro, Manuel Zelaya, convocó movilizaciones “pacíficas y democráticas” para exigir transparencia y un conteo «voto por voto».

    Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, dijo hoy que «aquí no va a haber ningún golpe» y que los uniformados «garantizamos la estabilidad del gobierno, vamos a garantizar la permanencia del gobierno hasta el 27 de enero del 2026 para lograr la alternabilidad».

    Según el último conteo oficial, con el 99.8 % de actas escrutadas, Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, lidera con el 40.54 % de los votos, seguido por Salvador Nasralla del Partido Liberal con 39.19 %, mientras que Rixi Moncada se ubica en tercer lugar con 19.29 %. Las Fuerzas Armadas han asegurado que no permitirán ningún golpe y garantizarán la transición hasta el 27 de enero de 2026.

     

  • Las redadas migratorias golpean negocios hispanos en EEUU, los empleados escasean

    Las redadas migratorias golpean negocios hispanos en EEUU, los empleados escasean

    Las recientes redadas migratorias ejecutadas por agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en el sur de Arizona han provocado el cierre indefinido de varios restaurantes hispanos, entre ellos Taco Giro, una cadena emblemática de comida mexicana que operaba con diez sucursales y que ahora solo mantiene tres abiertas.

    El operativo más reciente ocurrió el pasado 5 de diciembre, cuando ICE irrumpió en varios locales de Taco Giro fuertemente armados y arrestó a 46 trabajadores, además de incautar documentación vinculada a la contratación de empleados. César Rodríguez, director de operaciones de la cadena, aseguró que la empresa perdió de forma inmediata al 10 % de su plantilla laboral.

    “El proceso de contratar y capacitar personal nuevo es lento, sobre todo cuando hay temor entre los propios ciudadanos por sus familiares indocumentados”, explicó Rodríguez, quien también denunció la visita de agentes a los domicilios de varios empleados, lo que elevó la cifra de detenciones.

    ICE justificó el operativo alegando una investigación en curso relacionada con contratación irregular, pagos en efectivo y presuntos vínculos con delitos fiscales y tráfico de drogas. Rodríguez calificó estas acusaciones como “ridículas” y advirtió que la clientela ha dejado de acudir por temor a nuevos operativos.

    La situación se repite en otros negocios latinos. Marco Antonio López, dueño del mercado Beef Master Meat Market, también en Tucson, relató que tras una redada de ICE en marzo pasado, sus empleados no volvieron al trabajo al día siguiente, aunque no hubo arrestos.

    “Fue muy duro. Mi esposa y mis hijos tuvieron que ayudar para mantener el negocio funcionando”, contó.

    Nueve meses después, López sigue enfrentando procesos legales y podría recibir una multa millonaria. Además de los gastos en abogados, tuvo que capacitar a un empleado para cumplir con el sistema federal E-Verify, lo que supuso más inversiones en medio de la crisis.

    Un informe reciente del Los Angeles Economic Equity Accelerator and Fellowship (LEAAF) reveló que el 43 % de los empresarios hispanos en zonas afectadas por redadas reportaron pérdidas de ingresos superiores al 50 %, cifra que sube al 68 % entre quienes no dominan el inglés.

    La alcaldesa de Tucson, Regina Romero, criticó con firmeza los operativos.

    “Estas redadas federales intencionadas, disruptivas y violentas no hacen a nuestra comunidad más segura”, expresó.

    Romero añadió que estas acciones afectan a trabajadores de toda la vida y golpean una economía local ya debilitada por el alza en los precios de alimentos y rentas.

     

  • Trump ordena bloqueo total a los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela

    Trump ordena bloqueo total a los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela

    El presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenó este martes «el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela», en lo que supone un paso más en la escalada de presión de Washington sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolas Maduro.

    Trump aseguró en su cuenta de Truth Social que Venezuela «está rodeada» por «la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica» y que la conmoción será como nunca antes hasta que «devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente» a Estados Unidos.

    El republicano anunció de esta forma el «bloqueo total» contra los petroleros que entren y salgan de Venezuela, en una escalada importante del operativo militar que inició en las aguas internacionales del Caribe que supuestamente tenía como objetivo central combatir a organizaciones del narcotráfico que operan en la región.

    En su mensaje, el presidente agregó que «el régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro».

    Tras la orden presidencial no está claro cuántos petroleros serían afectados ni qué consecuencias tendrá dicha medida para la industria petrolera venezolana.

    La semana pasada, el Comando Sur de los Estados Unidos, que desde agosto ha atacado a más de 30 botes supuestamente ligados al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico Oriental, dio un giro en sus operativos en aguas internacionales al incautar el petrolero Skipper, que transportaba crudo venezolano cerca de la costa del país suramericano y fue interceptado por fuerzas estadounidenses en el Caribe bajo una orden judicial.

    El buque, sancionado por Washington desde 2022 por sus vínculos con una «flota sombra» de transporte de crudo y acusado de violar normas de sanciones, fue trasladado a un puerto de Estados Unidos para iniciar un proceso legal de decomiso de su carga.

    La medida, considerada una escalada significativa en la presión contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha tensado aún más las relaciones entre ambos países y contribuido a una caída de los embarques de crudo venezolano, al tiempo que amenaza con nuevas incautaciones de petroleros sancionados en aguas cercanas.

    La nueva escalada del operativo militar estadounidense llegó en medio de un aumento de la presencia militar en el Caribe y ha sido condenado por Caracas como «piratería», mientras que la Casa Blanca defendió la incautación del primer petrolero sancionado como parte de su política de sanciones y control de activos vinculados a actividades ilícitas.

  • Coalición de 16 estados demanda a Trump por retener fondos para carga de autos eléctricos

    Coalición de 16 estados demanda a Trump por retener fondos para carga de autos eléctricos

    Una coalición de 16 estados y el Distrito de Columbia demandó este martes a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, por suspender dos programas de subvenciones por cerca de 2.000 millones de dólares para la carga de vehículos eléctricos aprobadas por el Congreso de EE.UU.

    En la querella legal, encabezada por California y Colorado, los estados alegan que la suspensión de las subvenciones viola la separación constitucional de poderes, ya que la financiación fue aprobada por mayorías bipartidistas en el Congreso en fondos para infraestructura de vehículos eléctricos, durante la presidencia de Joe Biden.

    «Esto no se trata de política partidista, se trata del futuro de nuestra economía, nuestro país y nuestro planeta… este es otro intento imprudente que paralizará la lucha contra la contaminación atmosférica y el cambio climático”, dijo en una conferencia de prensa el fiscal de California, Rob Bonta, tras presentar la demanda.

    Los demandantes alegan que la suspensión de los fondos para la carga de los VE frenará la innovación, obstaculizará la creación de empleos verdes y dejará a las comunidades sin acceso a un transporte limpio y asequible.

    En ese sentido, el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, dijo que con 2,4 millones de VE en las carreteras del estado y proyectos listos para avanzar, está dispuesto a pelear en los tribunales por obtener los fondos y aprobados.

    Las subvenciones hacen parte de la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos (IIJA), aprobada por el Congreso de 2022.

    El Departamento de Transporte de EE.UU. y la Administración Federal de Carreteras (FHA) no han entregado los fondos bajo ambos programas desde la primavera de 2025, según la demanda.

    Específicamente, uno de los programas destina 2.500 millones en fondos discrecionales a los gobiernos estatales y locales para infraestructura de carga de vehículos eléctricos y abastecimiento de hidrógeno, mientras que el segundo otorga subvenciones a los estados y municipios para la reparación y el mantenimiento de cargadores de vehículos eléctricos.

    El primer día de su Gobierno, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para «cancelar» el Nuevo Pacto Verde, ordenando a las agencias federales que detuvieran el desembolso de los fondos aprobados en virtud de la ley estrella del Gobierno Biden (2021-2025).

    Los estados de Washington, Arizona, Delaware, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Nueva Jersey, Nueva York, Oregon, Rhode Island, Vermont, Wisconsin y Pensilvania, también hacen parte de la demanda.

  • Presidente de Costa Rica conserva fuero en proceso sobre intromisión en política electoral

    Presidente de Costa Rica conserva fuero en proceso sobre intromisión en política electoral

    El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, conservó este martes su fuero tras una votación en el Congreso que no alcanzó la mayoría calificada para levantarle la inmunidad, ante una solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que le investiga por presunta beligerancia política, lo cual consiste en la pérdida de neutralidad o intromisión en política electoral.

    En una votación de 35 a favor y 21 en contra, el Congreso no alcanzó los 38 votos necesarios (mayoría calificada) para levantar el fuero presidencial para que el TSE avanzara con el proceso que podría abarcar sanciones desde una suspensión para ejercer cargos públicos a futuro, hasta la destitución.

    Además de la bancada oficialista votaron en contra del levantamiento del fuero varios diputados de diversos partidos y la bancada del Partido Nueva República, cuyo líder y candidato presidencial, Fabricio Alvarado, dijo que el proceso es un «circo» y un «error» del TSE, ya que considera que en plena campaña se ha levantado la popularidad de Chaves y su partido afín.

    El TSE señala a Chaves, quien terminará su mandato en mayo próximo, de haber incurrido en beligerancia política durante actos oficiales en contra de partidos y líderes de oposición, y de influir en la campaña rumbo a las elecciones del 1 de febrero de 2026, como por ejemplo con pedidos para la elección de una mayoría de diputados «patriotas» dispuestos a reformar las instituciones del Estado.

    En Costa Rica, donde no hay reelección consecutiva, diversos funcionarios, entre ellos el presidente y su gabinete, están imposibilitados de participar o ejercer influencia en las campañas electorales, así como de utilizar sus cargos para beneficiar o perjudicar a algún partido político, y participar en discusiones o actividades político-electorales.

    Esta es la segunda vez que Chaves supera un proceso de levantamiento de su inmunidad, ya que en septiembre pasado en el Congreso tampoco hubo mayoría calificada en un caso presentado por la Fiscalía General por un supuesto uso irregular de fondos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica.

    En ninguna de las dos votaciones Chaves ejerció su derecho de exponer ante el Plenario, aunque sí lo hizo las audiencias convocadas por las comisiones legislativas que analizaron el expediente en primera instancia, donde calificó las denuncias en su contra como «circo» y «ópera bufa».

    La legisladora del opositor Partido Liberación Nacional, Alejandra Larios, calificó el expediente presentado por el TSE como «robusto» y aseguró que «los hechos que se denuncian son muy graves en relación al bien jurídico tutelado que es la pureza del sufragio, que va amparado por la imparcialidad política que deben tener algunos funcionarios públicos, en este caso el presidente».

    Por su parte la bancada oficialista calificó el proceso como «un precedente peligroso» y cuestionó su constitucionalidad.

    «El fuero no es una camisa de fuerza para la Justicia, es un freno para el abuso, es una garantía para que el país no se detenga cada vez que hay confrontación política. Nadie está pidiendo impunidad, lo que se está pidiendo es responsabilidad. Si se levanta el fuero a un presidente sin pruebas sólidas, el mensaje que se envía es peligroso», expresó el diputado oficialista, Manuel Morales.

  • Jefe castrense de Honduras: «Aquí no va a haber ningún golpe»

    Jefe castrense de Honduras: «Aquí no va a haber ningún golpe»

    El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, general Roosevelt Hernández, dijo este martes que «aquí no va a haber ningún golpe», luego de que la presidenta del país, Xiomara Castro, denunciara que se gesta uno contra su gobierno mientras se espera conocer los resultados de las elecciones generales, tras más de dos semanas.

    «Nosotros garantizamos la estabilidad del gobierno, vamos a garantizar la permanencia del gobierno hasta el 27 de enero del 2026 para lograr la alternabilidad. Aquí no va a haber ningún golpe», subrayó Hernández, en declaraciones al canal de televisión Unetv, en Tegucigalpa.

    Agregó que las Fuerzas Armadas son una institución que ha garantizado el orden constitucional «y lo seguiremos garantizando», después de que la mandataria hondureña denunciara la gesta un golpe contra su gobierno así como que el expresidente Juan Orlando Hernández «planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones» del pasado 30 de noviembre.

    «Así que no debe haber preocupación, a nuestra comandante general de las Fuerzas Armadas (Xiomara Castro) le digo que tenemos la lealtad hacia ella de nuestra institución y vamos a hacer prevalecer la Constitución de la República, esa es la voluntad de las mayorías que fue expresada el 28 de noviembre del 2021 (cuando fue electa), y su mandato lo vamos a hacer prevalecer hasta el 27 de enero del 2026», recalcó.

    Hernández ha sido blanco de múltiples críticas por su «injerencia» en el proceso de las elecciones del 30 de noviembre, denunciada por la presidenta consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, aún cuando por ley las Fuerzas Armadas son una institución «apolítica, obediente y no deliberante».

    La «injerencia» de Hernández fue pedir, a pocos días de los comicios, que el CNE le entregara una copia del acta de la fórmula presidencial en los comicios, algo que además ha sido considerado «insólito» e «irrespetuoso» por algunos analistas y líderes de la oposición.

    El alto jerarca castrense expresó, además, que las Fuerzas Armadas «no volverán a dar ningún golpe» y que quienes ocupan altos puestos en la institución «no debemos de permitir ningún golpe, ni reelección, ni nada que vaya a violentar nuestra Constitución de la República. Así que debe de alejarse cualquier preocupación, la Constitución tiene las salidas para toda esta situación».

    El 28 de junio de 2009 los militares derrocaron al expresidente Manuel Zelaya, esposo de Xiomara Castro.

    Para conocer los resultados de las elecciones generales falta un escrutinio especial con al menos 2.792 actas electorales que presentan inconsistencias, que se debió iniciar el pasado día 13, según el CNE. Extraoficialmente ha trascendido que ese conteo podría iniciar hoy mismo.

    Con el 99,80 % de las actas electorales escrutadas desde el día de los comicios, Nasry ‘Tito’ Asfura, candidato del Partido Nacional, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suma 1.305.033 votos (40,54 %).

    Le sigue Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1.261.849 sufragios (39,19 %). Ambos son conservadores mientras que la candidata del izquierdista Partido Libre, Rixi Moncada, figura en el tercer puesto con 621.188 papeletas (19,29 %).

    Los hondureños votaron para elegir un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Centroamericano.

  • Presidente electo de Chile plantea corredor para devolver migrantes

    Presidente electo de Chile plantea corredor para devolver migrantes

    El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, propuso este martes la creación de un corredor humanitario para facilitar el retorno de migrantes irregulares a sus países de origen, especialmente hacia Venezuela, en el marco de una gira por Argentina, donde sostuvo una reunión con su homólogo Javier Milei.

    “Necesitamos una coordinación para abrir un corredor humanitario de devolución de estas personas a sus respectivos países. Hemos encontrado muy buena acogida en conversaciones con distintos países de Sudamérica”, declaró Kast desde Buenos Aires.

    El presidente electo aseguró que ya conversó sobre la propuesta con mandatarios de Panamá, Costa Rica, El Salvador, Perú y Ecuador, quienes coincidieron en que la crisis venezolana es insostenible. “La situación que se vive en Venezuela es inaceptable”, afirmó.

    En ese contexto, respaldó posibles acciones de Estados Unidos para frenar al régimen chavista. “Yo apoyo cualquier situación que termine con una dictadura, una narco-dictadura. No podemos intervenir porque somos un país pequeño, pero somos víctimas del terror que implica tener una dictadura”, sostuvo.

    Kast alertó que Chile vive una presión migratoria sin precedentes, donde la población migrante supera el 11 %, con más de 300,000 personas en situación irregular, de un total superior a 2 millones. Señaló que esta realidad está deteriorando el acceso a salud, vivienda y seguridad.

    “No tenemos problema en recibir personas con contrato estable que se identifican en frontera, pero esta inmigración irregular le hace daño tanto a los chilenos como a los propios migrantes”, afirmó, denunciando además que “miles de personas abusaban del sistema de salud, tomaban una licencia que la pagaban todos los chilenos y se iban de vacaciones”.

    En el ámbito internacional, Kast confirmó que mantendrá una reunión con la exmandataria Michelle Bachelet para dialogar sobre su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas.

    Aseguró que está dispuesto a escucharla, pese a sus diferencias ideológicas. “La resolución no tiene que ser inmediata”, apuntó.

    De lograr el respaldo suficiente, Bachelet se convertiría en la primera mujer en liderar la ONU y la segunda persona latinoamericana, luego del peruano Javier Pérez de Cuéllar (1982-1991). El actual secretario general, António Guterres, dejará el cargo en diciembre de 2026.

  • Perú tendrá 36 candidatos presidenciales en 2026, entre ellos cuatro mujeres

    Perú tendrá 36 candidatos presidenciales en 2026, entre ellos cuatro mujeres

    El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú confirmó que 36 fórmulas presidenciales participarán en los comicios generales del 12 de abril de 2026, entre ellas cuatro lideradas por mujeres. La elección definirá al próximo presidente, dos vicepresidentes, 130 diputados, 60 senadores y cinco representantes ante el Parlamento Andino.

    Entre las candidatas figura Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, quien buscará por cuarta ocasión la presidencia del país andino. También participarán Fiorella Molinelli, exministra de Desarrollo e Inclusión Social, por Fuerza y Libertad; Marisol Pérez Tello, exparlamentaria del partido Primero la Gente; y Rosario Fernández Bazán, del partido Un Camino Diferente, hermana de un exalcalde actualmente prófugo.

    De las 39 agrupaciones políticas registradas, 38 lograron superar el umbral de participación, por la vía de elección por delegados o por afiliados. La única fuerza que quedó fuera fue Acción Popular (AP), cuya elección interna fue anulada por “vicios sustanciales” que vulneraron principios democráticos.

    Entre los nombres destacados también está el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, del partido ultraconservador Renovación Popular; César Acuña, empresario y exgobernador regional por Alianza para el Progreso; y Mario Vizcarra, hermano del expresidente encarcelado Martín Vizcarra, quien se postula por Perú Primero.

    Otro de los postulantes con antecedentes es Vladimir Cerrón, líder del partido marxista Perú Libre, actualmente prófugo de la justicia. Se suman también los congresistas Roberto Chiabra y José Williams, así como el exministro de Defensa José Nieto, y el exalcalde Ricardo Belmont.

    Figuras menos tradicionales también figuran entre los candidatos, como el exfutbolista George Forsyth, el comediante Carlos Álvarez, y el exministro de Justicia Fernando Olivera. Todos deberán superar un periodo de tachas o impugnaciones, que se desarrollará entre el 26 de diciembre y el 15 de enero de 2026.

    De ser necesario, una segunda vuelta electoral se llevará a cabo el 7 de junio de 2026, entre los dos candidatos con mayor votación. El futuro presidente y el nuevo Congreso asumirán funciones por un período de cinco años.

     

     

  • El 39 % de los latinos en EE.UU. se saltan comidas por falta de dinero, según un sondeo

    El 39 % de los latinos en EE.UU. se saltan comidas por falta de dinero, según un sondeo

    Un 39 % de los adultos latinos en Estados Unidos asegura haberse saltado comidas por no tener suficiente dinero, según un sondeo de la organización Voto Latino que alerta sobre una profunda crisis económica y alimentaria que afecta de forma desproporcionada a minorías como latinos y afroamericanos.

    El estudio, realizado entre el 10 y el 19 de noviembre a nivel nacional, encuestó a 1,300 adultos y fue publicado este martes. Los resultados muestran que muchas familias estadounidenses están reduciendo su consumo de alimentos, omitiendo comidas y buscando segundos empleos para cubrir gastos básicos.

    «Las familias en todo Estados Unidos están viviendo una crisis económica severa», señaló Voto Latino en su informe.

    Entre los hallazgos, se destaca que el 38 % de los afroamericanos también ha tenido que saltarse comidas, mientras que 43 % reconoció haber omitido o retrasado pagos. Además, el 64 % de los encuestados afroamericanos y el 55 % de los latinos cargan con deudas no hipotecarias superiores a los $5,000.

    La presión financiera ha obligado a muchos padres a reducir el presupuesto alimentario y tomar trabajos adicionales, pero aun así no logran cubrir sus necesidades básicas, lo que ha llevado a un aumento del endeudamiento.

    El informe indica que el 60 % de los participantes compra menos alimentos o productos más económicos, el 28 % admitió haber dejado de comer en ciertas ocasiones para ahorrar dinero, y el 24 % tomó un segundo empleo o trabajos extras.

    El pesimismo sobre el rumbo del país también quedó reflejado: 68 % de los encuestados cree que Estados Unidos va por el camino equivocado, y 57 % considera que el llamado “sueño americano” ya no existe.

    En cuanto a la salud mental, el estrés alcanza niveles alarmantes. Las principales causas son la política (55 %), el costo de atención médica (53 %), el precio de la vivienda (48 %), el presidente de EE.UU., Donald Trump (48 %), y la situación de la democracia (47 %).

    Según Voto Latino, las comunidades latinas y afroamericanas enfrentan las condiciones más duras, siendo las más afectadas por la inflación, el endeudamiento y la inseguridad alimentaria, factores que también están agravando una crisis nacional de salud mental.

    «Los estadounidenses nos están diciendo, en cada métrica que recopilamos, que la economía simplemente no está funcionando para ellos», concluyó la organización