El Gobierno de Bolivia informó el martes que los más de 50 días de bloqueos de carreteras registrados contra la administración del presidente Rodrigo Paz dejaron daños superiores a los $15.1 millones en la infraestructura vial del país.
El Ministerio de Obras Públicas indicó, mediante un comunicado, que las afectaciones comprenden destrozos en la señalización, sistemas de seguridad, obras de drenaje y 37 tramos de la Red Vial Fundamental (RVF). A ello se suman las pérdidas ocasionadas por la suspensión del cobro de peajes durante las protestas.
En el departamento de La Paz, donde se encuentran las sedes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, las carreteras más afectadas fueron la que comunica con Oruro, una de las principales vías del país, y la ruta internacional que conecta con Perú a través de Desaguadero.
Según el informe oficial, la carretera entre La Paz y Oruro sufrió un «deterioro de la carpeta asfáltica» debido a la «quema prolongada» de neumáticos en numerosos puntos de bloqueo. Además, los manifestantes levantaron barricadas de tierra con maquinaria pesada y destruyeron casetas, equipos operativos e instalaciones de peaje, lo que afectó el sistema de recaudación de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
En la vía hacia Desaguadero, los manifestantes excavaron «zanjas transversales de grandes dimensiones para impedir el tránsito», mientras que en otras rutas dañaron barreras de seguridad de concreto para utilizarlas como parte de los bloqueos. El Ministerio también reportó daños en carreteras de los departamentos de Cochabamba, Oruro, Santa Cruz y Potosí.
Las protestas fueron impulsadas inicialmente por la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), a las que posteriormente se sumaron sectores afines al expresidente Evo Morales. Los manifestantes exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien este miércoles cumple ocho meses en el cargo.
El conflicto provocó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades del país. Además, las autoridades atribuyen a los bloqueos la muerte de al menos 16 personas, de las cuales 13 fallecieron por no recibir atención médica a tiempo. El Gobierno estima que las pérdidas económicas superan los $3,000 millones.
Tras alcanzar acuerdos con algunos sectores, entre ellos la COB, el presidente Paz decretó el estado de excepción el pasado 20 de junio para restablecer la circulación en las carreteras. Desde entonces, efectivos de la Policía y el Ejército fueron desplegados para retirar los bloqueos. Como parte de las investigaciones, el dirigente campesino Vicente Salazar fue enviado el lunes a prisión preventiva por seis meses, acusado de «instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentado contra los servicios públicos y atentado contra los medios de transporte».
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