Categoría: El Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo, en una entrevista emitida este viernes por Fox News, que no está incitando a Taiwán a buscar la independencia de China y aseguró que no busca librar una guerra con Pekín a cuenta de ello.

«No busco que nadie se independice. Y, ¿saben?, ¿se supone que debemos viajar 9,500 millas para librar una guerra? No busco eso», dijo el mandatario al periodista Bret Baier en una entrevista grabada durante su visita de dos días a Pekín, en la que se reunió con su homólogo chino Xi Jinping.

Trump comentó que hablaron de Taiwán «toda la noche» y sugirió que en el momento en el que él deje la presidencia de Estados Unidos es probable que Xi busque «apoderarse» de la isla.

«Ahora, conmigo, no creo que hagan nada mientras esté aquí. Cuando no esté, creo que sí podrían, para ser honesto», puntualizó el republicano.

Durante su visita de Estado a China, Xi y Trump centraron su agenda en Taiwán, que fue situada por el líder de Pekín como el «asunto más importante» de la relación y advirtió a Trump de que una «mala gestión» de la cuestión podría llevar a China y Estados Unidos al «choque» o incluso al «conflicto», según la agencia estatal Xinhua.

El mandatario chino afirmó además que la «independencia taiwanesa» y la paz en el estrecho de Formosa son «incompatibles», aunque de momento no hay constancia en los comunicados de una respuesta directa de Trump a las advertencias, tras semanas de especulaciones acerca de si Xi lo presionaría para limitar las ventas de armas a la isla autogobernada, cuya soberanía reclama China.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó en una entrevista que «la política de Estados Unidos con respecto a la cuestión de Taiwán permanece inalterada a día de hoy, así como tras la reunión que mantuvimos aquí hoy», aseguró en una entrevista con la cadena NBC desde Pekín.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó el viernes que, en una «misión muy compleja y meticulosamente planificada» entre las Fuerzas Armadas de EE.UU. y las de Nigeria, se logró eliminar en ese país africano a Abu-Bilal al-Minuki, el «terrorista más activo del planeta» y segundo al mando del Estado Islámico (EI).

El mandatario, el mismo día en que regreso de China, escribió en su red Truth Social: «Bajo mi dirección, valientes fuerzas estadounidenses y las Fuerzas Armadas de Nigeria ejecutaron impecablemente una misión meticulosamente planificada y muy compleja para eliminar del campo de batalla al terrorista más activo del mundo, Abu-Bilal al-Minuki, segundo al mando de ISIS (Estado Islámico)».

«Creía poder esconderse en África, pero desconocía que contábamos con fuentes que nos mantenían informados sobre sus actividades. Ya no aterrorizará al pueblo africano ni ayudará a planificar operaciones contra estadounidenses», agregó el mandatario estadounidense en su publicación.

De igual forma aseguró que, con la muerte de al-Minuki, también conocido como Abu-Bilel al-Minuto, la «operación global» del Estado Islámico «se ve considerablemente debilitada». Agradeció al Gobierno de Nigeria por la colaboración en la misión antiterrorista.

El pasado 16 de febrero, las Fuerzas Armadas nigerianas anunciaron la llegada de unos cien efectivos militares de Estados Unidos al aeródromo de Bauchi, en el noroeste del país, como parte de un programa de cooperación bilateral en materia de defensa destinado a potenciar la lucha contra amenazas terroristas.

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

En el noroeste del país, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace unos años.

Los combates contra esos grupos se han intensificado desde que Estados Unidos realizó, junto con fuerzas nigerianas, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste del país.

La fiscal general saliente de Guatemala, Consuelo Porras, sancionada por EE.UU. y la Unión Europea por socavar la democracia, defendió este viernes su gestión de ocho años como una de «decisiones firmes y transformación institucional», y denunció que «narrativas desinformadoras» intentaron «desacreditar y demeritar» su trabajo.

«Podemos decir con la frente en alto: deber cumplido (…) esta ha sido una gestión histórica con resultados reales (…) enfrentamos obstáculos, nos intentaron callar, nos intentaron desacreditar», dijo Porras al presentar el informe de gestión del período 2025-2026, en la que ha sido su última presentación pública como fiscal general.

Consuelo Porras, una jurista de 72 años, asumió el puesto en mayo de 2018 elegida por el entonces presidente Jimmy Morales (2016-2020) y repitió por decisión de Alejandro Giammattei (2020-2024), y será sustituida a partir de este domingo por el abogado y juez Gabriel Estuardo García Luna, de 49 años.

En su discurso, Porras aseguró que bajo su mando el Ministerio Público alcanzó un porcentaje de resolución de casos superior al 90 % respecto a las denuncias recibidas, logrando una reducción drástica de la mora fiscal histórica que arrastraba la institución, aunque de acuerdo con diversas fuentes, la tasa real de éxito no supera el 8 %.

Asimismo, destacó supuestos indicadores de aceptación pública y fortalecimiento interno, argumentando que los niveles de confianza ciudadana aumentaron gracias a la modernización de la entidad y a la cobertura penal en los 340 municipios del país, unas afirmaciones vertidas en una ceremonia restringida exclusivamente al personal institucional y a medios de comunicación previamente seleccionados.

Esta versión de eficiencia contrasta drásticamente con el severo bloqueo internacional que deja Porras como legado, pues acumula sanciones internacionales por corrupción activa y persecución penal para socavar la democracia y criminalizar a opositores.

El rechazo de la comunidad internacional se recrudeció de forma definitiva tras las elecciones generales de 2023. En ese periodo, la Fiscalía dirigida por Porras emprendió una agresiva e inédita ofensiva judicial que buscaba anular el escrutinio oficial y criminalizar al partido del actual presidente de la República, Bernardo Arévalo de León.

Diversas organizaciones de derechos humanos, colectivos indígenas, activistas y operadores de justicia denunciaron de forma sistemática que, bajo el mandato de Porras, la persecución penal fue utilizada sistemáticamente como una herramienta de represión política.

Este fenómeno derivó en la criminalización de liderazgos comunitarios, defensores de derechos humanos y periodistas críticos, además de provocar el exilio forzado de más de una treintena de jueces, magistrados y fiscales anticorrupción que investigaban redes de impunidad y decidieron abandonar el país al no contar con garantías jurídicas.

El relevo que asumirá García Luna el próximo domingo mantiene en alerta a la sociedad civil y a los socios internacionales de Guatemala, que exigen el cese de la persecución política como paso previo para restablecer el Estado de derecho.

Autoridades estadounidenses detuvieron en el estado de Arizona al exsecretario de Seguridad de Sinaloa Gerardo Mérida, señalado por Washington como una pieza importante en la trama para proteger al Cartel de Sinaloa en el caso que implica al el gobernador de Sinaloa (noroeste), Rubén Rocha Moya, quien se apartó temporalmente de su cargo oficial.

Según el expediente penal hecho público este viernes, Mérida fue detenido el pasado 11 de mayo y fue trasladado a Nueva York, donde la fiscalía del Distrito Sur lo acusa de conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento y conspiración para poseer armamento.

En conjunto, estos cargos conllevan una posible pena de cadena perpetua para Mérida, quien ya compareció ante el juzgado el miércoles.

Mérida, un general retirado del Ejército mexicano, es uno de los principales imputados en la causa abierta por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en relación a la llamada trama Rocha Moya.

Según la acusación, políticos y mandos de seguridad ligados al gobernador habrían recibido sobornos millonarios y apoyo electoral a cambio de proteger al cártel, permitiendo a sus miembros actuar con impunidad.

Al poco de hacerse pública la acusación, Rocha Moya pidió licencia temporal como gobernador y un juez federal bloqueó por el momento su arresto y extradición a EE.UU. la semana pasada.

Por su parte, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha insistido en repetidas ocasiones que la acusación estadounidense no cuenta con pruebas contundentes.

El caso abrió un nuevo frente de fricciones entre México y Washington, donde el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró en los últimos días que el país vecino está gobernado por los carteles y que si las autoridades locales no toman medidas, EE.UU. lo hará.

Junto con Roya Moya y Mérida, están acusadas varias figuras que aún ocupan cargos oficiales, como Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de la capital de Sinaloa, Culiacán, quien se apartó temporalmente del cargo.