Los Estados miembros de la Unión Europea acordaron este viernes prolongar durante un año las sanciones contra casi una decena de personas y una entidad en Guatemala por sus ataques a la democracia, el Estado de derecho y la transferencia pacífica del poder en el país latinoamericano.
En concreto, el Consejo de la Unión Europea ha renovado hasta el 13 de enero de 2027 las medidas restrictivas selectivas impuestas por los Veintisiete contra la Fundación contra el Terrorismo y ocho personas del ámbito judicial por el acoso al presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, tras su victoria electoral en las elecciones presidenciales de 2023.
Según recordó el Consejo de la UE en un comunicado, las personas incluidas en la lista están sujetas a restricciones de viaje que les impiden entrar o transitar por los Estados miembros de la UE. Además, tanto las personas como la entidad designadas están sujetas a la congelación de activos, y se prohíbe a los ciudadanos y empresas de la UE poner fondos a su disposición, tanto directa como indirectamente.
Estas sanciones selectivas están diseñadas para afectar «estrictamente solo» a quienes son responsables de, participan en, prestan apoyo o se benefician de «acciones que socavan la democracia, el Estado de derecho o la transferencia pacífica del poder en Guatemala». No son, «en ningún caso» –han recalcado–, sanciones contra Guatemala, su población o su economía.
«La UE y Guatemala mantienen una asociación de larga data, y la UE sigue comprometida con el apoyo a la democracia y los Derechos Humanos en el país», prosigue la misiva, que recuerda la «clara postura» de la Unión en defensa de los resultados electorales de 2023, así como su apoyo a «la buena gobernanza».
Tras defender que estas sanciones selectivas «forman parte de este esfuerzo», los Veintisiete han reafirmado que seguirán trabajando con el Gobierno de Guatemala y «con todos los sectores de la sociedad» para apoyar «una agenda nacional positiva e invertir en un desarrollo inclusivo y sostenible en beneficio de todos».
Como parte de este compromiso, han traído al presente los Estados miembro de la UE, se promovió una misión ‘ad hoc’ para acompañar en 2026 los procesos de selección y nombramiento de tres instituciones clave como son el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y la Fiscalía General, «que desempeñan un papel fundamental en la defensa del Estado de derecho y la democracia en el país».
Estas sanciones se impusieron el 12 de enero de 2024 en vista de la situación política en Guatemala, donde el gobierno electo democráticamente tuvo que enfrentar movimientos de la Fiscalía de Guatemala para revertir el resultado de los últimos comicios en el país de Latinoamérica, que ganó Bernardo Arévalo, candidato del izquierdista Movimiento Semilla.
