Categoría: El Mundo

Un ciudadano estadounidense, de 23 años, murió por disparos hechos por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en marzo del año pasado en Texas, revelaron documentos internos de la agencia citados este viernes por medios estadounidenses.

Rubén Ray Martínez recibió múltiples disparos la madrugada del 15 de marzo de 2025, cuando conducía por un retén de tráfico en South Padre Island.

Documentos internos de ICE revisados por el New York Times, un agente de ICE habría disparado contra el joven estadounidense tras no obedecer las órdenes de salir de su vehículo.

La conexión del ICE con el tiroteo fue reportada inicialmente por Newsweek.

En el momento del deceso se reportó que agentes de orden público habían disparado contra Martínez, pero nunca identificaron que el tirador pertenecía al ICE.

Charles Stam, abogado de la familia Martínez, confirmó al periódico neoyorquino que su cliente era la víctima mencionada en el informe del ICE revelado esta semana, tras las presiones por la muerte de dos ciudadanos, Renée Good y Alex Pretti, ambos de 37 años, en Mineápolis.

Martínez entonces sería el primer ciudadano estadounidense muerto a manos de un agente migratorio.

Los documentos del ICE indican que agentes de la agencia migratoria ayudaban al Departamento de Policía de South Padre Island a controlar el tráfico de la zona, ubicada en el sur de Texas, a solo 10 kilómetros de la frontera con México.

El reporte policial indica que Martínez no siguió las instrucciones de los oficiales, pero finalmente redujo la velocidad hasta detenerse tras recibir órdenes verbales.

Los agentes rodearon el vehículo y le ordenaron que saliera, pero el joven hispano aceleró y atropelló al agente federal, quien cayó sobre el techo del vehículo, según los documentos citados por el periódico neoyorquino.

Otro agente disparó varias veces a través de la ventanilla del conductor, Martínez fue trasladado a un hospital en Brownsville donde falleció.

El representante a la Cámara de EE.UU. Joaquín Castro acusó este viernes a ICE y el Departamento de Seguridad de Texas (DPS) de encubrir la muerte.

“Exijo una investigación exhaustiva de este tiroteo, incluyendo las razones del encubrimiento durante ocho meses”, dijo el congresista.

La Comando Sur de Estados Unidos informó que su Fuerza Conjunta llevó a cabo este viernes un ataque letal contra una embarcación vinculada al narcotráfico en el Pacífico, en el que murieron tres tripulantes.

El ataque se produjo bajo la dirección del general Francis L. Donovan, comandante de la fuerza, quien visitó esta semana Venezuela, cuando la embarcación transitaba por rutas conocidas del narcotráfico.

Con la muerte de estas tres personas, durante el operativo realizado por la Fuerza de Tarea «Laza del Sur» suman más de 110 asesinados durante las actividades militares de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, entre agosto de 2025 y la actualidad.

Donovan, quien asumió a inicios de febrero el mando del Comando Sur de Estados Unidos, visitó esta semana Venezuela para reunirse con autoridades militares del país, actualmente dirigido de forma interina por Delcy Rodríguez.

La presencia de navíos y aeronaves militares estadounidenses en aguas internacionales comenzó en el Caribe y precedió la intervención militar del 3 de enero de 2026, cuando Estados Unidos capturó en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y lo trasladó posteriormente a una cárcel federal en Nueva York.

Paraguay y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento en materia migratoria que permitirá que las autoridades paraguayas ayuden a enviar a sus países a los migrantes que no sean recibidos en territorio estadounidense, informó este viernes la Cancillería de Asunción.

El convenio complementa un acuerdo de Tercer País Seguro rubricado en agosto de 2025 por la Comisión Nacional para Apátridas y Refugiados (Conare) de Paraguay y los Departamentos de Estado y de Seguridad Nacional, por medio del cual los solicitantes de asilo que se encuentran en EE.UU. pueden presentar sus pedidos de protección en este país suramericano.

«Esta iniciativa refuerza la cooperación de nuestro país con los EE.UU. (y) pretende ayudar en el proceso migratorio de la región facilitando la repatriación de migrantes a sus respectivos países o a un tercer país que consideren», señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay en un comunicado.

El documento se firmó durante la visita, este jueves, del ministro paraguayo de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, a Washington, donde se reunió con Michael Kozak, de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, añadió la nota.

Sobre el acuerdo de agosto pasado, la Cancillería paraguaya detalló entonces en un comunicado que, en virtud de ese convenio, Estados Unidos remitirá a la nación suramericana «los casos de personas que soliciten refugio».

La Conare -entidad encargada en Paraguay de otorgar refugios y asilos políticos- «evaluará cada solicitud y determinará su aprobación o rechazo conforme a la normativa vigente», agregó el despacho de Exteriores.

Para el caso del memorando suscrito este jueves, la Conare será también la encargada de analizar cada caso, dijeron a EFE fuentes oficiales.

El Departamento de Transporte de EE.UU. (DOT) exigirá que todos los conductores de camión y autobús presenten sus exámenes para obtener su licencia de conducción en inglés, una medida que se suma a la estrategia de la Casa Blanca para regular la expedición de permisos de manejo de vehículos comerciales.

“Si (el conductor) no puede hablar ni leer inglés no obtendrá un buen resultado en el examen, porque todos los exámenes deberán realizarse en inglés”, dijo en una conferencia de prensa el secretario de Transporte, Sean Duffy.

La regla anulará las posibilidades que brindaban múltiples estados de presentar el examen escrito en otro idioma. Por ejemplo, California ofrece exámenes en al menos 20 idiomas.

Duffy también cargó contra las escuelas de conducción y las empresas que actúan como terceros para certificar que los conductores están calificados para manejar un vehículo comercial.

Esta semana, el Departamento de Transporte de Estados Unidos ordenó el cierre de más de 550 escuelas de capacitación para conductores de camiones y autobuses, tras una investigación federal que halló incumplimientos de normas básicas de seguridad y falta de instructores calificados.

El secretario indicó hoy que en la investigación se encontró que incluso algunas escuelas no tenían los vehículos adecuados para impartir las clases de manejo.

Las autoridades federales realizaron más de 1.400 operativos encubiertos en los 50 estados para detectar problemas de seguridad en estas instituciones, a las que acusó de participar en un posible fraude.

«Y quienes realizan los exámenes de forma externa participan en la estafa porque no están evaluando adecuadamente a las personas que pasaron por una escuela fraudulenta», declaró Duffy.

“Vamos a tener regulaciones mucho más estrictas para estos operadores”, agregó.

El secretario dijo que este no es un debate sobre inmigración sino de seguridad en las vías y que todos los estadounidenses «quieren» que los conductores que se ponen al volante de un camión grande estén bien calificados para manejar esos vehículos.

Organizaciones de derechos civiles y activistas calificaron este viernes de «cruel e ilegal» una nueva propuesta del Gobierno de Donald Trump para endurecer los requisitos de acceso a la asistencia para vivienda, al obligar a verificar la ciudadanía o el estatus migratorio de los beneficiarios.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, en inglés) publicó la propuesta, abierta a comentarios del público, que establece que la sección 214 de la Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1980, en su versión modificada, prohíbe al Secretario otorgar asistencia financiera a personas que no sean ciudadanos estadounidenses o no tengan un estatus migratorio elegible.

«Esta cruel e ilegal propuesta del HUD es un ataque directo contra los inmigrantes, las familias y las personas que dependen de la asistencia para la vivienda», indicaron las organizaciones en un comunicado conjunto.

La propuesta eliminaría disposiciones actuales que permiten que familias de «estatus mixto» (con algunos miembros elegibles y otros no) reciban ayuda prorrogada indefinidamente, y convertiría la asistencia prorrogada en algo temporal mientras se verifica el estatus de cada miembro.

Bajo la nueva regla, quienes no puedan comprobar su ciudadanía o estatus elegible dejarían de calificar para la asistencia, excepto por un breve período mientras se completa la verificación, lo que, según las organizaciones, podría dejar sin apoyo a miles de familias de estatus mixto.

Los grupos (Greater Boston Legal Services, LatinoJustice PRLDEF de Nueva York, Legal Aid Society, Massachusetts Law Reform Institute, la Unión de Inquilinos de Vivienda Pública de Massachusetts y el Proyecto Nacional de Derecho de Vivienda) recordaron que durante décadas la ley federal ha permitido que familias con estatus migratorio mixto vivieran juntas y que los subsidios se prorrateen según el número de miembros elegibles.

«Esta nueva propuesta abandona ese enfoque tradicional y, en cambio, obliga a las familias a tomar una decisión imposible: separarse o quedarse sin hogar», advirtieron.

Señalaron además que los propios datos del HUD reconocen que la norma desplazará a decenas de miles de familias, incluidos unos 37.000 niños, la mayoría ciudadanos, una acción que, aseguran, no aborda la crisis de vivienda del país.

También, advirtieron que la propuesta plantea «graves problemas legales y constitucionales» y que amenaza con causar daños «irreparables» a familias que han dependido legalmente de las protecciones de vivienda existentes durante años.

Los grupos afirmaron que están revisando esta política detenidamente y explorando todas las vías legales para mantener a las familias unidas y con vivienda.

Por su parte, el secretario de HUD, Scott Turner, indicó en su cuenta de X que «durante demasiado tiempo, inmigrantes ilegales e inelegibles han ocupado plazas en viviendas públicas gracias a la laguna legal para compartir apartamento con personas de estatus mixto, mientras que los estadounidenses se veían obligados a esperar».

Agregó que «se acabaron los días en que inmigrantes ilegales, personas sin derecho a voto y estafadores manipulaban el sistema y se aprovechaban de los contribuyentes estadounidenses».

Un estudio de diciembre del Center on Budget and Policy Priorities (CBPP) señaló que casi 80,000 personas podrían verse afectadas, y que miles de ciudadanos que reciban o soliciten estos programas podrían perder la asistencia si no pueden documentar su estatus migratorio.

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, exigió este viernes al presidente de EE.UU., Donald Trump, que realice un reembolso arancelario a miles de familias de su estado, tras la resolución del Supremo que deja sin validez sus aranceles globales.

Pritzker dijo por medio de un video difundido en sus redes que el mandatario debería devolver unos 1.700 dólares a cada familia de Illinois.

«Se ha confirmado que los aranceles de Trump son ilegales y tiene que pagar el precio», aseguró el gobernador demócrata que ha mantenido una constante tensión política con el mandatario.

«Básicamente estuvo cobrando un impuesto a las familias y debe ser devuelto cada dolar», finalizó.

Aunque la Corte Suprema anuló los aranceles del presidente Trump no se pronunció sobre si ese dinero debe ser reembolsado, dejando la cuestión de los $175,000 millones en manos de un tribunal comercial.

Muchos empresarios estadounidenses han reaccionado a la anulación de los aranceles, debido a que por ahora serán liberados de los pagos de impuesto de importación.

Por su parte, Trump ha reaccionado con rechazo al actuar del Supremo y prometió revertir esta medida con nuevos aranceles globales del 10% que serán anunciados por medio de una orden ejecutiva.