El Gobierno de Venezuela activó este martes el despliegue de 200,000 efectivos militares en todo el país, en respuesta a lo que califican como una amenaza directa de Estados Unidos tras el envío del portaaviones USS Gerald R. Ford al Caribe.
El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) mantiene su operatividad “en defensa de nuestra soberanía e integridad territorial”.
“El trabajo de cohesión, de preparación del pueblo, así como la elevación del apresto operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana continúa. Un trabajo que se mantiene activo todos los días”, declaró Padrino, según el medio estatal Últimas Noticias.
El despliegue militar, que se extiende hasta el miércoles, contempla ejercicios de mando, control y comunicaciones. Además, incluye maniobras de campaña, simulacros de defensa costera, administración de desastres y desconcentración de medios. “Todos los días vamos optimizando”, subrayó el ministro.
Según Padrino, el operativo busca enfrentar “la amenaza militar que está emplazada en el Caribe, que no solo amenaza a Venezuela, sino a toda la región latinoamericana”.
Las tensiones entre Caracas y Washington se intensificaron desde que, en septiembre, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó ataques contra presuntas embarcaciones del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. En estas operaciones, más de 20 naves han sido hundidas y al menos 75 personas han muerto.
Tanto Naciones Unidas como los gobiernos de Venezuela y Colombia han denunciado estos hechos como ejecuciones extrajudiciales, advirtiendo que muchas de las víctimas serían pescadores y no narcotraficantes.
En Caracas persiste el temor de una posible intervención militar estadounidense, un escenario sobre el que también ha advertido el gobierno de Colombia.
Las autoridades de Panamá informaron este martes sobre la incautación récord de 13,508.52 kilos de cocaína, equivalente a 13.5 toneladas, ocultos en un remolcador interceptado en aguas del Pacífico. La droga, con un valor estimado de $200 millones, tenía como destino final Norteamérica tras zarpar desde Colombia.
El operativo se realizó el lunes al sureste de la isla San José, en el Pacífico panameño, cuando unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) detectaron e interceptaron la embarcación tipo remolcador oceánico que intentaba evadir a las autoridades.
El director general del Senan, comandante Luis De Gracia, calificó el decomiso como “histórico”, destacando que se trata de la mayor incautación registrada en Panamá desde 2008. El alijo estaba compuesto por 11,562 paquetes de cocaína distribuidos en 579 bultos, hallados a plena vista en la cubierta del barco.
Durante el procedimiento fueron capturadas diez personas de nacionalidades venezolana, ecuatoriana, nicaragüense y colombiana, quienes ya fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales para ser procesados por tráfico internacional de drogas.
Según explicó el fiscal superior de Drogas, Julio Villarreal, la embarcación había partido desde Juradó, en el área de Buenaventura, Colombia, con rumbo hacia México, “lo que obviamente genera una ruta hacia Estados Unidos”.
El comandante De Gracia subrayó que el hallazgo de los paquetes a la vista representa un caso poco común, ya que usualmente los cargamentos ilegales se ocultan dentro de contenedores o estructuras de los navíos.
Ambos funcionarios coincidieron en que este golpe al crimen organizado refleja el compromiso de Panamá en la lucha contra el narcotráfico y su contribución a la seguridad de la región.
Panamá continúa siendo uno de los principales corredores de paso para la droga que se produce en Sudamérica y es enviada a Estados Unidos, el mayor consumidor mundial de cocaína, así como a Europa. En 2024, las autoridades panameñas han decomisado cerca de 80 toneladas de sustancias ilícitas, según cifras oficiales.
La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este martes el despliegue del portaaviones ‘USS Gerald R. Ford’ en América Latina, en el contexto de una ofensiva militar contra el narcotráfico que ha dejado decenas de muertos en el Caribe y el Pacífico.
La Armada estadounidense informó que el buque ingresó el 11 de noviembre al área de responsabilidad del Comando Sur (Southcom), en cumplimiento de una orden emitida por el secretario de Defensa, Pete Hegseth. El objetivo, según Washington, es “apoyar la directiva” presidencial de desarticular redes criminales transnacionales y combatir el narcoterrorismo.
“La mayor presencia de fuerzas estadounidenses en el área de responsabilidad del Southcom reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorizar e interrumpir las actividades y actores ilícitos que comprometen la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos y nuestra seguridad en el Hemisferio Occidental”, declaró el portavoz del Pentágono, Sean Parnell.
El despliegue incluye a más de 4,000 efectivos militares y decenas de aeronaves. De acuerdo con el Pentágono, esta presencia naval no solo ampliará la capacidad operativa para combatir el tráfico de drogas, sino que también permitirá “proyectar poder mediante operaciones sostenidas en el mar”.
El ‘USS Gerald R. Ford’, uno de los portaaviones más modernos del mundo, tiene la capacidad de lanzar y recuperar aeronaves de ala fija día y noche. “Refuerza las fuerzas conjuntas ya desplegadas en la región para derrotar y desmantelar las redes criminales que explotan nuestras fronteras y dominios marítimos compartidos”, indicó la Armada.
Desde inicios de septiembre, el gobierno de Trump intensificó sus ataques contra supuestas embarcaciones de narcotráfico en el mar Caribe y el océano Pacífico. Hasta la fecha, se contabilizan más de 20 naves hundidas y al menos 75 personas fallecidas.
La operación ha generado fuerte controversia internacional. Naciones Unidas, junto a los gobiernos de Venezuela y Colombia, han denunciado estas acciones como ejecuciones extrajudiciales, al señalar que las víctimas podrían haber sido pescadores y no narcotraficantes.
En Caracas crecen los temores sobre una posible intervención militar por parte de Estados Unidos, un escenario que también ha encendido alertas en Bogotá, según comunicados recientes.
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, descartó este lunes que el gobierno de Venezuela haya solicitado apoyo militar adicional, pese a la creciente tensión por los recientes ataques de Estados Unidos contra embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico.
Lavrov desmintió así versiones que apuntaban a una petición urgente de refuerzo militar por parte de Caracas, más allá de los acuerdos ya vigentes. En mayo pasado, ambos países ratificaron un pacto de cooperación estratégica que abarca sectores como defensa, energía, telecomunicaciones, transporte y finanzas.
“Confirmamos que no hubo solicitudes”, declaró el diplomático ruso, quien además criticó con dureza las operaciones militares estadounidenses. “Así no es como operan los países que respetan la ley, sino más bien como operan aquellos que se consideran por encima de la ley”, expresó Lavrov, según medios estatales rusos.
No obstante, el funcionario afirmó que Moscú mantendrá su colaboración con Venezuela en el marco de los compromisos bilaterales establecidos. “Rusia colaborará con Venezuela en base a sus obligaciones contractuales”, señaló, refiriéndose al tratado que se encuentra en las etapas finales de ratificación por parte del Kremlin.
La más reciente operación militar de Estados Unidos ocurrió este lunes en el océano Pacífico, donde fueron atacadas dos embarcaciones presuntamente utilizadas para el tráfico de drogas. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que “portaban narcóticos y transitaban por una ruta de tráfico de narcóticos”, y confirmó la muerte de seis personas.
Desde hace poco más de un mes, Washington ha intensificado sus operaciones contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de al menos 20 embarcaciones hundidas y 75 personas fallecidas.
Tanto Venezuela como Colombia han condenado estos ataques y los han calificado como ejecuciones extrajudiciales. Naciones Unidas también ha expresado su preocupación y alertó sobre la posibilidad de que las víctimas sean pescadores. Caracas teme una posible intervención militar por parte de Estados Unidos, una advertencia que también ha sido emitida por el gobierno colombiano.
El líder del grupo chií libanés Hezbolá, Naim Qassem en una imagen de archivo. EFE/Nabil Mounzer, reiteró este martes que su organización no participará en ningún proceso de negociación con Israel, mientras este no cumpla con el acuerdo de alto el fuego vigente desde hace un año. También se mostró dispuesto a abrir un diálogo interno libanés una vez se respete dicho pacto.
“No habrá una sustitución del acuerdo ni la ocupación será absuelta de su responsabilidad a través de un nuevo acuerdo. El pacto debe ser implementado, después de lo cual se abrirán todas las vías para un diálogo interno sobre la fuerza y soberanía del Líbano”, afirmó Qassem durante una intervención televisada.
Qassem insistió en que “las potencias extranjeras no tienen ningún papel en esta discusión”, descartando así cualquier mediación internacional en la eventual discusión sobre el futuro militar del grupo y la soberanía nacional.
La semana pasada, Hezbolá emitió una carta abierta en la que advirtió sobre las consecuencias de que el Líbano se abra a negociaciones directas con Israel, iniciativa a la que se ha mostrado favorable el presidente libanés, Joseph Aoun, y que, según medios locales, contaría con respaldo de Estados Unidos.
Tanto Washington como Tel Aviv han insistido en el desarme de Hezbolá, un proceso que las autoridades libanesas han iniciado, aunque de forma más lenta de lo esperado por ambas potencias. En paralelo, el Gobierno libanés exige el cese de ataques israelíes contra su territorio y la retirada de Israel de varias colinas aún ocupadas en el sur del país.
El secretario general de Hezbolá recalcó que el grupo no renunciará a su armamento, justificando su resistencia con base en los recientes ataques israelíes. “Nosotros somos los que estamos siendo atacados y nos defenderemos, cualquier precio es menor que el precio de la capitulación. No nos arrodillaremos, seguiremos de pie; ya nos pusisteis a prueba antes y si queréis volver a ponernos, no nos retiraremos del campo”, afirmó.
En las últimas semanas, Israel ha intensificado sus bombardeos sobre el sur de Líbano y la región oriental del Valle de la Bekaa, alegando que sus objetivos son miembros e infraestructuras de Hezbolá. Solo el lunes se registraron múltiples ataques, y el jueves pasado el Ejército israelí emitió órdenes de evacuación en localidades como Tayr Debba, Taybeh, Aita al Jabal, Zawtar al Shariqiyah y Kfardounine antes de ejecutar bombardeos.
El Gobierno de México aseguró este martes que los homicidios en el país se redujeron un 37 % durante los primeros trece meses de gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien asumió el 1 de octubre de 2024.
De acuerdo con datos oficiales, el promedio diario de asesinatos descendió a 54.5 en octubre, en contraste con los 86.9 registrados en septiembre de 2024, último mes de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La diferencia representa 32 homicidios menos por día, según explicó Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Figueroa indicó que octubre fue el mes con menor número de homicidios dolosos desde 2016 y que, al analizar los primeros nueve meses de cada año, “este 2025 es el más bajo desde 2016”.
La funcionaria también detalló que siete estados concentran más de la mitad de los homicidios del país: Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Michoacán.
Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que desde el inicio del mandato de Sheinbaum han sido capturadas más de 37,000 personas vinculadas a delitos de alto impacto, además de haber decomisado 18,981 armas de fuego y cerca de 300 toneladas de droga, incluidas más de cuatro millones de pastillas de fentanilo.
“El Ejército y la Marina desmantelaron 1,614 laboratorios para la producción de metanfetaminas, lo que representa una afectación económica de cientos de millones de pesos para la delincuencia organizada. También son millones de dosis de droga que no llegarán a las calles y no afectarán la salud y desarrollo de miles de jóvenes”, afirmó García Harfuch.
Entre los operativos destacados mencionó la captura de un presunto traficante de fentanilo en Tijuana y la detención de Yahir Francisco “N”, presunto integrante del Cártel de los Beltrán Leyva, quien tenía una orden de aprehensión en Estados Unidos. Además, destacó la incautación de 2.5 toneladas de cocaína en las costas de Michoacán y operativos en Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Chiapas.
Claudia Sheinbaum defendió su estrategia de seguridad, basada en inteligencia, coordinación interinstitucional y prevención. “¿Cómo se ha logrado? Fortaleciendo la estrategia de inteligencia e investigación y de coordinación. Son los dos, siempre lo planteamos así”, sostuvo.
También destacó cuatro pilares: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación, y una coordinación efectiva bajo el marco jurídico vigente.
Sheinbaum asumió la presidencia tras un sexenio marcado por más de 196,000 homicidios durante la administración de López Obrador. En 2024, los asesinatos cerraron con un repunte del 1.2 % anual, alcanzando 30,057 casos según cifras oficiales.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil inició este martes el juicio contra diez militares acusados de haber planificado el asesinato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y otras altas autoridades, como parte del fallido intento de golpe de Estado orquestado por el exmandatario Jair Bolsonaro tras las elecciones de 2022.
La causa se desprende del mismo proceso judicial que llevó, en septiembre pasado, a la condena del líder ultraderechista, hallado culpable de conspirar para impedir la investidura del presidente Lula. De acuerdo con la Fiscalía General, los acusados pertenecían en su mayoría a un cuerpo de élite del Ejército y presentaron su plan al propio Bolsonaro en noviembre de 2022, cuando aún ejercía la Presidencia.
Entre los objetivos del frustrado magnicidio se encontraban el actual vicepresidente Geraldo Alckmin y el magistrado Alexandre de Moraes, entonces presidente del Tribunal Superior Electoral y hoy relator del caso. Las evidencias indican que los militares dieron seguimiento a los movimientos de sus víctimas y contaban con armas de guerra y logística para ejecutar los asesinatos.
El juicio se desarrolla en la Primera Sala de la Corte Suprema, la misma que sentenció a Bolsonaro, y se prevé que finalice el 19 de noviembre. La investigación bautizó el plan como “Puñal Verde y Amarillo” y señala como autor intelectual al general retirado Mario Fernandes, exviceministro de la Secretaría General de la Presidencia.
La Fiscalía sostiene que la trama incluía detalles logísticos para ejecutar los asesinatos con apoyo del grupo ‘kids pretos’, una unidad de élite militar, y el uso de armamento pesado contra vehículos blindados. Los investigadores utilizaron registros de visitas al Palacio de la Alvorada, diálogos de allegados a Bolsonaro y análisis de reuniones clave celebradas en los días posteriores a las elecciones.
Hasta la fecha, además de Bolsonaro, otras 36 personas han sido procesadas por su implicación en el plan para impedir la transición presidencial. Ocho ya han recibido condenas que van desde los 2 hasta los 27 años de prisión, entre ellos exministros y exjefes militares.
La Corte Suprema también rechazó recientemente las apelaciones de Bolsonaro y los otros siete condenados, con lo que sus sentencias han quedado firmes. En el caso del exmandatario, actualmente bajo arresto domiciliario, se espera que en los próximos días sea trasladado a un penal en Brasilia.
La defensa de Bolsonaro ha adelantado que pedirá mantener su arresto domiciliario, argumentando razones de salud. A sus 70 años, el exgobernante sufre las secuelas de un atentado sufrido en 2018 durante la campaña presidencial y, recientemente, se le diagnosticó un incipiente cáncer de piel.
Sin previo aviso, el Gobierno de Ecuador trasladó el lunes a los primeros reclusos a la nueva cárcel de máxima seguridad en Santa Elena. Esta prisión es el emblema del plan de seguridad del presidente Daniel Noboa y se inspira en el modelo impulsado por Nayib Bukele en El Salvador. La medida coincide con una semana decisiva para Noboa, quien busca consolidar su proyecto político mediante un referéndum que podría convocar una Asamblea Constituyente.
La nueva cárcel es la primera de dos prometidas por Noboa al asumir el poder en 2023, como parte de su estrategia contra el crimen organizado. Aunque su homóloga en la provincia amazónica de Napo fue cancelada por la oposición de comunidades locales, la de Santa Elena fue construida a contrarreloj y con fuerte resguardo gubernamental.
Ubicada en un área boscosa e inhóspita, la instalación se extiende sobre 16,2 hectáreas, a una hora por carretera desde Guayaquil. Está rodeada por un perímetro de altos muros y equipada con inhibidores de señal para evitar el uso de drones y dispositivos electrónicos. La comunidad más cercana, Bajada de Chanduy, ha denunciado que la obra se levantó en terrenos de su propiedad y planea acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Con una capacidad máxima de 736 presos, la cárcel consta de tres módulos: alta seguridad, máxima seguridad y super máxima seguridad. El primero cuenta con 160 celdas para cuatro internos cada una; el segundo, con 32 celdas para dos personas; y el tercero, con 32 celdas individuales. En total, seis pabellones hexagonales conforman el complejo carcelario.
El crimen quiso desafiar al Ecuador y empezar su campaña. Hoy, el Ecuador le respondió con hechos.
Los primeros 300 PPL más peligrosos ya fueron trasladados a la Cárcel del Encuentro. pic.twitter.com/fu3OJQ7fhC
El costo de la obra asciende a 52 millones de dólares y fue ejecutada por la empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras, subsidiaria del Grupo Puentes español, que comparte vínculos con la compañía estatal china China Road and Bridge Corporation. Aunque las obras aún no han finalizado por completo, el Gobierno optó por iniciar operaciones esta semana, en medio de una coyuntura política clave.
Los primeros reclusos llegaron rapados y vestidos con uniformes naranjas, similares a los del modelo carcelario salvadoreño. Estas medidas buscan facilitar su identificación y mantener el control visual en caso de motines o fugas.
La imagen de los presos alineados recuerda escenas del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), que ha sido ampliamente publicitado por el Gobierno de El Salvador.
El presidente Noboa ha defendido este enfoque como necesario para enfrentar la crisis carcelaria y el auge del crimen organizado en el país, mientras sus detractores cuestionan el modelo por violaciones a derechos humanos y falta de garantías jurídicas. La prisión se convierte así en un símbolo de su lucha por el orden, en vísperas del referéndum que podría redefinir la Constitución vigente desde la era de Rafael Correa.
El exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, condenado por corrupción, entre los 300 presos trasladados a la megacárcel.
Exvicepresidente entre los reclusos
El exvicepresidente correísta Jorge Glas figura entre los primeros 300 presos trasladados a la cárcel de máxima seguridad denominada Cárcel del Encuentro. Noboa divulgó una foto del exfuncionario con la vestimenta naranja que el Gobierno impone a los presos de sus cárceles.
Glas, que se encontraba recluido en La Roca, la cárcel hasta el momento de mayor seguridad del país, fue trasladado pese a las últimas medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que requirió al Estado ecuatoriano que garantice su salud física y mental, con el fin de «asegurar sus derechos a la salud, integridad personal y vida».
El exvicepresidente, sobre el que pesan tres condenas por delitos de corrupción, fue recapturado el año pasado en el asalto ordenado por Noboa a la Embajada de México en Quito después de que el Gobierno mexicano lo considerara un perseguido político ante los procesos judiciales que acumula en la Justicia ecuatoriana.
Antes de su detención dentro de la embajada mexicana, el que fuera una figura clave en el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) tenía pendiente de terminar de cumplir una una pena de ocho años por dos condenas de corrupción. El pasado mes de junio, Glas fue nuevamente condenado a 13 años de prisión por un delito de peculado (malversación de fondos públicos) durante el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016.
Al menos 18 personas fallecieron tras el paso del supertifón Fung-wong por Filipinas, que impactó el domingo pasado causando estragos en el país y afectando a más de 2.4 millones de personas, informaron este martes las autoridades filipinas.
El tifón provocó severos daños en infraestructuras, con 37 puentes colapsados y 12 carreteras nacionales anegadas. Fung-wong, ahora degradado a tifón, se desplazaba este martes hacia Taiwán con vientos sostenidos de hasta 108 kilómetros por hora.
Raffy Alejandro, jefe de Defensa Civil en Filipinas, detalló en una conferencia virtual que, además de las víctimas mortales, se reportaron 28 personas heridas y miles de desplazados que fueron trasladados a albergues provisionales habilitados por el Gobierno con apoyo de agencias de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales.
Las causas de muerte incluyen deslizamientos de tierra, ahogamientos y electrocuciones. Además, más de 150 municipios permanecen sin energía eléctrica, mientras que varias zonas de Luzón registran interrupciones en el suministro de agua potable.
Las lluvias más intensas se concentraron en la isla de Catanduanes, ubicada en el mar de Filipinas, aunque también hubo afectaciones en áreas centrales de Luzón, donde se encuentra la capital, Manila. Para atender la emergencia, las autoridades han desplegado más de 10,000 personas, entre ellas rescatistas, personal médico y fuerzas de seguridad.
Este nuevo desastre natural ocurre mientras el país aún enfrenta las secuelas del tifón Kalmaegi, que dejó 232 muertos y más de 100 desaparecidos en días recientes, según cifras oficiales.
Entretanto, Taiwán elevó su nivel de alerta y evacuó a miles de residentes ante la inminente llegada del ciclón. A las 10:15 a.m. hora local, el fenómeno se ubicaba a 351 kilómetros al suroeste del cabo Eluanbi, en el extremo sur de la isla, con ráfagas de hasta 136.8 km/h.
La temporada de tifones en el Sudeste Asiático ha sido especialmente activa este año. Con Fung-wong y Kalmaegi, ya suman 27 tifones registrados en la región. Expertos relacionan esta intensidad con el calentamiento de las aguas del océano Pacífico, lo que favorece la formación de ciclones más potentes y frecuentes.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, otorgó un indulto generalizado a cerca de 80 personas, entre ellos colaboradores cercanos y figuras clave en su intento de revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, en las que fue derrotado por el demócrata Joe Biden.
El documento, divulgado por el abogado de indultos del Departamento de Justicia, Ed Martin, y publicado en su cuenta de la red social X, especifica que se trata de un perdón “total, completo e incondicional” por cualquier conducta relacionada con los esfuerzos realizados para “exponer el fraude electoral” y las vulnerabilidades del sistema durante ese proceso electoral.
“El presidente pone fin a una grave injusticia nacional perpetrada contra el pueblo estadounidense tras las elecciones presidenciales de 2020 y continúa el proceso de reconciliación nacional”, señala el texto oficial. No obstante, la orden aclara que el indulto “no se aplica al presidente de Estados Unidos”.
Esta medida evitaría que futuras administraciones puedan iniciar acciones penales contra los beneficiarios del perdón presidencial.
Entre las 77 personas indultadas se encuentran el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani; el exjefe de Gabinete, Mark Meadows; los abogados John Eastman y Kenneth Chesebro; el asesor Boris Epshteyn; y varios expresidentes del Partido Republicano en estados clave como Georgia, Arizona y Nevada.
La decisión genera una nueva oleada de polémica sobre la legalidad y los efectos de los indultos presidenciales en casos que involucran procesos democráticos y el intento de revertir los resultados electorales.
