La Audiencia Provincial de Badajoz condenó este martes a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a nueve años de inhabilitación especial para ejercer empleo o cargo público y para el derecho de sufragio pasivo, tras hallarlo responsable, como cooperador necesario, de un delito de prevaricación administrativa.
La resolución judicial también condenó al exsecretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE-en el gobierno) en Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, a dos penas de nueve años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación administrativa relacionados con el mismo caso.
Según la sentencia, existen «múltiples indicios acreditados mediante prueba directa» que permiten concluir que los acusados participaron en un plan diseñado por las más altas autoridades de la Diputación de Badajoz para crear un puesto de trabajo destinado a beneficiar a David Sánchez.
El tribunal sostiene que los 11 acusados actuaron de manera coordinada para ejecutar un plan preconcebido con el propósito de favorecer al hermano del mandatario español mediante la creación de una plaza de coordinador de actividades de los conservatorios, cargo que calificó como innecesario y carente de contenido real.
La resolución añade que el puesto fue creado con condiciones laborales y salariales propias de un cargo de alta dirección y que fue adjudicado vulnerando los principios de mérito, capacidad, transparencia e igualdad que deben regir el acceso al empleo público.
Posteriormente, el cargo fue renombrado como jefe de la Oficina de Artes Escénicas. El tribunal considera que esa modificación tuvo como finalidad adaptar las funciones del puesto a los intereses personales de David Sánchez, especialmente en el ámbito de las actividades operísticas, asignándole además recursos presupuestarios específicos.
La sentencia también cuestiona la creación de otra plaza de alta dirección que fue ocupada por Luis Carrero, amigo de David Sánchez. Según el fallo, ese cargo también carecía de funciones justificadas y fue creado para facilitar que ambos continuaran desarrollando proyectos relacionados con actividades artísticas financiadas con recursos públicos.
Con esta resolución, la Audiencia Provincial de Badajoz concluye que las plazas fueron creadas y adjudicadas de forma arbitraria para favorecer intereses particulares, por lo que impuso las correspondientes penas de inhabilitación a los principales responsables del proceso. La sentencia aún puede ser recurrida ante instancias superiores.
