La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua aprobó este martes una ley que declara propiedad del Estado nicaragüense una franja de 15 kilómetros a lo largo de todas las fronteras del país.
En su exposición de motivos, los legisladores oficialistas argumentaron que la aprobación de la Ley de Territorio Fronterizo «es fundamental para garantizar la soberanía, integridad territorial y seguridad nacional de Nicaragua».
«Al establecer un área claramente delimitada de 15 kilómetros desde el límite fronterizo convencional, el Estado reafirma su control sobre una zona estratégica, esencial para prevenir injerencias externas, actividades ilícitas como lavado de activos, narcotráfico y trata de personas», indicaron en la iniciativa.
A juicio de los diputados, esa ley fortalece el marco jurídico «para la defensa de los intereses del pueblo, asegurando que el territorio fronterizo es propiedad del Estado, en consonancia con los principios de independencia y autodeterminación».
La ley define y establece como «territorio fronterizo» el área de territorio nacional comprendido desde el límite fronterizo convencional hasta los 15 kilómetros hacia el interior del territorio nacional.
Esta delimitación crea una zona de control especial, bajo el resguardo del Ejército de Nicaragua.
En su artículo 2 establece que «para salvaguardar la soberanía y seguridad nacional, la integridad territorial, la independencia del país y la paz, el territorio fronterizo es propiedad del Estado nicaragüense».
La nueva normativa también deroga la Ley de Régimen Jurídico de Fronteras, que establecía un régimen especial para el territorio fronterizo, tanto terrestre, marítimo como aéreo, con el objetivo de garantizar la soberanía, seguridad e integridad territorial, así como promover el desarrollo sostenible en esas zonas.
«Con el compromiso firme de seguir protegiendo la soberanía nacional, la integridad territorial, la seguridad y la paz, aprobamos por unanimidad la Ley de Territorio Fronterizo», que define «que el territorio fronterizo es propiedad del Estado, delimitándolo 15 kilómetros desde la línea fronteriza hacia el interior del país», indicó el Parlamento nicaragüense en una declaración.
«Esta delimitación es vital para prevenir amenazas externas y hacer frente a delitos como el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero y el crimen organizado, que atentan contra la tranquilidad de las familias nicaragüenses», sostuvo el Poder Legislativo, que ahora funciona como un órgano de Estado subordinado a la Presidencia de la República.
