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El gobernador de Texas, Greg Abbott, advirtió este lunes que los legisladores demócratas que abandonaron el estado para impedir una votación sobre la redistribución del mapa electoral podrían enfrentar cargos criminales por soborno. La medida legislativa, impulsada por el Partido Republicano, busca modificar los distritos con miras a las elecciones de medio mandato de 2026.

El domingo, al menos 51 de los 62 congresistas demócratas del Congreso estatal decidieron abandonar Texas, impidiendo así que se alcanzara el quórum necesario para someter a votación la propuesta. Según expresaron, se trata de una respuesta a “un sistema manipulado que se niega a escuchar” a sus votantes.

En declaraciones a la cadena Fox News, Abbott aseguró que hay informes que apuntan a que algunos de los legisladores “habrían recibido dinero para no votar”, lo cual, afirmó, podría considerarse un delito de soborno, tipificado como grave en segundo grado en Texas. Sin embargo, no presentó pruebas para respaldar estas acusaciones.

El gobernador ya había amenazado con retirar a los congresistas de sus cargos si no regresaban al estado para participar en la sesión legislativa. Además, la normativa vigente contempla una multa de 500 dólares diarios por cada jornada de ausencia cuando la cámara esté en funciones.

Según el diario The Texas Tribune, los congresistas demócratas han solicitado apoyo financiero a donantes del partido para cubrir los costos de su estrategia, que los ha llevado a alojarse en Illinois, Nueva York y Massachusetts, estados gobernados por demócratas.

El nuevo mapa electoral propuesto modifica de forma significativa la distribución actual de distritos, ampliando de 25 a 30 los escaños controlados por los republicanos en la Cámara de Representantes federal, de los 38 que le corresponden a Texas. El rediseño afecta particularmente a zonas del sur del estado, como los distritos representados por los demócratas Henry Cuéllar y Vicente González, y eliminaría el distrito del progresista Greg Casar.

Abbott defendió la legalidad de la propuesta y afirmó que “se pueden trazar líneas en función de la composición política”. En sus palabras: “Donald Trump demostró que, en estos distritos creados por hispanos, tanto los hispanos como otras personas desean votar por los republicanos”.

Despidos masivos, granjas paralizadas y obras detenidas son algunas de las secuelas que empieza a dejar la política antiinmigrante del presidente Donald Trump, cuyas redadas y amenazas federales están vaciando sectores clave como la agricultura, la construcción, el turismo y la industria alimentaria, según denuncian empresarios y activistas.

Los expertos advierten además de que se está aprovechando el miedo para despedir sin compensación a trabajadores con décadas de experiencia y que estas políticas podrían frenar el crecimiento económico del país.

«ICE no sabe como opera una granja»

Esta crisis laboral se siente en las granjas, tambos lecheros, plantas empacadoras de carne y en general en las industrias de alimentos, construcción y turismo.

«Para mí está claro que quienes están empujando estas redadas en campos y tambos no tienen idea de cómo opera una granja», dijo a EFE Matt Teagarden, director ejecutivo de la Asociación de Ganaderos de Kansas.

«Perdiendo más de la mitad de la fuerza de trabajo en horas, no hay manera de operar un negocio», se lamentó.

El miedo hace que incluso trabajadores con permisos de estadía y empleo se escondan porque tienen familiares indocumentados, coincidieron los empresarios.

Jim Tobin, presidente de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas, advirtió que empresas de construcción en todo el país reportan ausencias de sus equipos, lo que retrasa obras y eleva costos.

Aunque el Gobierno Trump afirma que va solo por los indocumentados, que son el 4% de la fuerza laboral estadounidense, sus medidas apuntan a inmigrantes legales como estudiantes con visas, refugiados, y beneficiarios de permisos de trabajo temporales y otras protecciones.

«Importamos trabajadores o importamos alimentos»

Los empresarios advierten de que con menor producción habrá más inflación.

«Tenemos una opción aquí: o usamos trabajadores importados o importamos los alimentos. Necesitamos una reforma (migratoria) significativa para resolver los problemas con nuestra fuerza laboral», reclamó Teagarden.

En Elgin (Illinois), según activistas, una fábrica despidió a 300 personas, tras una llamada de ICE.

«Es una situación terrible, se aprovechan del miedo a Trump para despedir a padres y madres que tienen más de 20 años de antigüedad y experiencia en las plantas», dijo a EFE el activista Cristóbal Cavazos, del Immigrant Solidarity y Centro de Trabajadores Casa DuPage.

En su opinión, los ataques del gobierno a trabajadores que fueron considerados esenciales durante la pandemia de la covid 19, «muestra lo que está mal en el país», es una «verdadera arma de destrucción masiva», afirmó.

«Si crecen los trabajadores, crece la economía»

La incertidumbre también contribuye a una «desaceleración económica», dijo Stuart Anderson, del centro National Foundation for American Policy. «Si se quiere tener una economía en crecimiento, se necesita una fuerza laboral en crecimiento», afirmó.

Un estudio reciente del Banco de la Reserva Federal de Dallas advirtió de que estas restricciones migratorias reducirán el crecimiento económico de EE.UU. en casi un punto porcentual este año.

Los economistas esperan que el crecimiento se enfríe a un ritmo del 1. % en 2025, frente a casi el 3 % registrado en cada uno de los dos años anteriores.

En 2022, casi el 14 % de los empleados en la construcción eran indocumentadas, frente al 15 % en el sector agrícola y el 7.6 % en el hotelero, según el American Immigration Council.

«Si ellos no se presentan a trabajar, la producción de esas industrias cae significativamente y vemos daños reales en esos sectores industriales», dijo Robert Bruno, profesor y director del programa de educación laboral de la Universidad de Illinois.

«Se pierde mucho ingreso, mucho PIB, y hay efectos en cadena por la ausencia de estos trabajadores en sus puestos», agregó.

Una escasez similar en la década de 1940 en Estados Unidos llevó al Programa Bracero, un acuerdo entre México y EE.UU. que permitió a millones de mexicanos trabajar legalmente mediante contratos laborales temporales.

Despidos en grandes corporaciones

Los recortes laborales de inmigrantes experimentados, legales e indocumentados, en grandes corporaciones como Disney, Walmart, Amazon y Nestlé por presión de las autoridades federales, también comienzan a impactar la economía, mientras las empresas enfrentan crecientes dificultades para encontrar reemplazos.

Disney comenzó en mayo a despedir a empleados con estatus legal temporal, y le siguieron Walmart y Amazon.

En Illinois, suburbios como Bensenville, Elgin y Schambourg, cerca de Chicago, son habitados por personas sin estatus legal, que siempre fueron contratadas por grandes empresas como Nestlé sin temor a la aplicación de las leyes laborales federales.

Sin embargo, la multinacional suiza despidió recientemente a más de 600 empleados bajo órdenes federales de deshacerse de aquellos indocumentados, lo que dejó en la calle, y sin ninguna compensación, a gente que durante muchos años tuvo trabajo estable.

Alligator Alcatraz cumple un mes de funcionamiento en Florida, con unos 600 migrantes deportados desde ahí, mientras el Gobierno estatal presume de como un «hub» para deportaciones y un modelo para los próximos centros de detención de la Administración de Donald Trump, pese a denuncias de opacidad y abusos.

El centro de detención se construyó en solo una semana en un aeropuerto antes abandonado entre los Everglades, zona natural al oeste de Miami rodeada de caimanes y pantanos, por lo que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, lo ve como ejemplo para otros centros mientras activistas lo consideran ícono de violaciones a derechos.

«Este campo de detención de los Everglades es un ejemplo atroz de la sobreactuación del Gobierno ahora donde están buscando, mediante sus excesos, construir estos campos de detención en expansión», dijo a EFE Jeff Migliozzi, director de comunicaciones de Freedom For Immigrants, que lucha contra las prisiones migratorias.

Los vuelos operados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) que comenzaron hace dos semanas han deportado a 600 migrantes desde Alligator Alcatraz, según estimó DeSantis el viernes, y grupos como la Florida Immigrant Coalition (FLIC) contabilizaron la detención de al menos 1,000 migrantes desde su apertura, el 3 de julio.

Legisladores demócratas informaron de la existencia de 750 migrantes «en jaulas» tras entrar el 12 de julio al sitio, con una capacidad actual para 2,000 personas que se elevaría a 4,000, de acuerdo con la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM), encargada del lugar.

Pero existe una «falta de transparencia» del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pues sus estadísticas no muestran la cifra oficial de detenidos, aseguró a EFE la profesora Susan B. Long, cofundadora del proyecto TRAC, que analiza los datos de detenciones migratorias en Estados Unidos.

«Estaban reteniendo a personas en Alligator Alcatraz en Florida y no estaba listado (en las estadísticas de ICE) y existen todos estos reportes de la prensa sobre cómo están manteniendo a personas ahí», expuso en una entrevista.

Nuevo «hub» migratorio

El gobernador de Florida resaltó que el lugar es ahora un «hub», pues el DHS puede deportar de manera directa a los migrantes desde la antigua pista o, si son «de seis o siete países diferentes», los trasladan a otros estados, como Luisiana, donde los «segregan con base en su país» para colocarlos en otros vuelos.

También aseveró que es un modelo mientras avanza la inyección económica para ICE.

Esta agencia federal recibirá $45,000 millones hacia 2029 para construir centros de detención, un 62 % más que todo el sistema federal de prisiones y que resultaría en la detención diaria de 116,000 personas, según un análisis del American Immigration Council (AIC).

«Florida ha sido líder en esto y sé que la Casa Blanca ha llamado a otros estados a imitar lo que Florida está haciendo», expresó el mandatario estatal en una conferencia la semana pasada.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó desde el 14 de julio que la Administración conversa con cinco estados gobernados por republicanos para «replicar» el modelo de Florida.

De hecho, Florida alegó «una emergencia» para construir el sitio, estimado en 450 millones de dólares, y la semana pasada la Agencia Federal de Manejo de Desastres (FEMA) anunció $608 millones a gobiernos estatales y locales para construir o ampliar centros de detención para migrantes.

Activistas no se rinden

En este panorama, jueces pidieron información sobre Alligator Alcatraz mientras avanzan dos demandas distintas contra el sitio, una de defensores migratorios liderados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés) y otra de los ambientalistas Friends of the Everglades y el Center for Biological Diversity.

Ambas argumentan que las autoridades no aclaran quién es el principal responsable del lugar, por lo que el Gobierno federal y el de Florida evaden sus competencias ambientales y del trato a los migrantes al excusarse en que no tienen jurisdicción, según alegan.

«Esta es una situación sin precedentes en la que cientos de detenidos están incomunicados, sin habilidad para acceder a las cortes, bajo una autoridad que nunca se ha explicado y que podría no existir», señala la demanda de ACLU, acompañada por la agrupación Americans for Immigrant Justice.

El presidente israelí, Isaac Herzog, acusó este lunes a las Naciones Unidas de retrasar la entrega de la ayuda humanitaria que, según aseguró, Israel está permitiendo entrar en Gaza y denunció que el grupo islamista palestino Hamás está realizando alegaciones falsas con respecto a la situación humanitaria en el enclave.

Durante una visita a la Vilna, Herzog afirmó que Israel está llevando a cabo «enormes esfuerzos» en el ámbito humanitario y para cumplir el derecho internacional, y aseguró que tan solo esta semana entraron en la Franja 23,000 toneladas de ayuda humanitaria por vía terrestre.

«Hay cientos de camiones que todavía están esperando a la distribución y Naciones Unidas no está avanzando con la distribución», aseveró, tras reunirse con el presidente lituano, Gitanas Nauseda, que en una rueda de prensa criticó que «la hambruna no puede usarse como una herramienta de lucha política o militar».

El presidente lituano señaló que el país báltico apoya «el derecho a la autodefensa de Israel en consonancia con el derecho internacional».

Sin embargo, al mismo tiempo enfatizó que «la protección de los civiles y del personal humanitario», así como la disponibilidad de infraestructuras y recursos esenciales «no es negociable».

«Instamos al Gobierno de Israel a adoptar medidas urgentes para resolver la crisis humanitaria garantizando un suministro y distribución de ayuda humanitaria a los civiles en Gaza, en particular a mujeres y niños», dijo Nauseda.

Por su parte, Herzog denunció que Hamás está lanzando «acusaciones falsas» a la par que ignora su propia responsabilidad en el sufrimiento de la población de Gaza.

El presidente israelí, de raíces lituanas, mostró también una foto de uno de los rehenes en manos de Hamás, Evyatar David, que también cuenta con orígenes en ese mismo país báltico.

«Miren el brazo del secuestrador, que es gordo y grueso y carnoso y miren el cuerpo esquelético y flaco del rehén. Su vida está en grave peligro», dijo, señalando la imagen.

Los dos presidentes aludieron además a la comunidad judía en Lituania, que fue diezmada en el Holocausto durante la ocupación nazi del país báltico entre 1941 y 1945.

Herzog anunció que visitaría un bosque en el que fueron ejecutados judíos durante el Holocausto y habló del «eterno imperativo moral de no olvidar nunca y de no cruzarse nunca de brazos ante el antisemitismo y el odio».

Al menos 62 personas han fallecido en Japón en lo que va de verano, más de la mitad en el último mes, durante el que el país asiático ha experimentado temperaturas sofocantes y anotado un nuevo máximo histórico nacional, 41.2 grados.

Buena parte del archipiélago japonés se mantenía en alerta por riesgo de insolación este lunes, quinto día consecutivo en el que el mercurio supera los 40 grados, y el pronóstico de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) vaticina un escenario similar para el martes, donde se prevé que incluso en la más templada isla norteña de Hokkaido los termómetros superen los 31 grados en algunos puntos.

Sólo en la semana del 21 al 27 de julio, 10,804 personas tuvieron que ser trasladadas a hospitales a causa del calor, de acuerdo a las cifras más recientes de la Agencia nacional de Bomberos y Gestión de Desastres. La cifra total desde mayo y hasta el pasado 27 de julio asciende a 52.774, según el organismo.

De acuerdo a cifras publicadas este lunes por la Oficina forense de Tokio, entre junio y julio fallecieron 56 personas sólo en el área capitalina, más de dos tercios en zonas donde se disponía de aire acondicionado pero no se utilizaba. El mayor número de muertes se registró en personas mayores de 70 años, 26.

Las autoridades japonesas vienen pidiendo encarecidamente que se usen estos aparatos en días calurosos como los actuales para evitar los peligros asociados al calor extremadamente húmedo del país, que dificulta la secreción de sudor que regula naturalmente la temperatura corporal.

Recomiendan, además, hidratarse con frecuencia y reponer sales, así como realizar descansos frecuentes cuando se trabaja al raso.

La saga que se inició a finales del mes pasado con la aprobación de una reforma legal revertida posteriormente que restaba autonomía a las agencias anticorrupción ucranianas vivió este fin de semana un nuevo capítulo con la desarticulación a manos de esas mismas estructuras de una trama de corrupción a alto nivel relacionada con la compra de material militar.

Según explicó la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU), la trama descubierta por sus detectives infló precios para la adquisición con fondos públicos de drones y sistemas radioelectrónicos de defensa aérea en beneficio de quienes participaban en ella. Entre los sospechosos destacan un diputado del partido del presidente Volodímir Zelenski y varios dirigentes regionales e integrantes de la Guardia Nacional ucraniana.

En una reunión poco habitual de Zelenski con los jefes de la NABU y de la Fiscalía Especial Anticorrupción (SAP), que también participó en la operación, el presidente ucraniano agradeció su labor y pidió tolerancia cero contra este tipo de delitos.

Zelenski también reivindicó la ley propuesta por él mismo y aprobada por el Parlamento el pasado jueves para restaurar la independencia de las agencias anticorrupción como el mejor instrumento para combatir estas prácticas.

“Es importante que las instituciones anticorrupción operen de forma independiente, y la ley aprobada el jueves les garantiza todas las herramientas necesarias para luchar de verdad contra la corrupción”, declaró Zelenski tras la reunión, que ha sido criticada por activistas anticorrupción y desde sectores opositores.

Acusaciones de cinismo

En un breve artículo publicado en Censor.net, publicación considerada cercana al líder de la oposición, Petró Poroshenko, la jefa de la oenegé anticorrupción Mezha, Martina Boguslavets, criticó la actitud de Zelenski al recordar que la ley que ahora reivindica no hizo otra cosa que anular una reforma en sentido contrario que el propio presidente promovió y ratificó.

“Es la cumbre del cinismo escribir ahora que esto (la desarticulación de la trama corrupta de los drones) ha ocurrido gracias a la independencia de las agencias anticorrupción que usted trató de destruir”, argumentó Boguslavets.

La jefa de la oenegé Mezha le recriminó también a Zelenski que en el mensaje sobre su reunión con los directores de los órganos anticorrupción escribiera que éstos le informaron de su actividad, como hace habitualmente tras recibir a cargos de los servicios de inteligencia o el Ejército que sí son sus subordinados.

“Y una cosa más. ¿’Dieron parte al presidente’?”, escribió Boguslavets en su mensaje.

Zelenski ratificó el pasado 22 de julio una ley aprobada con la mayoría de su partido en el Parlamento que subordinaba las dos agencias anticorrupción mencionadas al fiscal general, un cargo nombrado directamente por el presidente.

La reforma fue interpretada por muchos en la sociedad civil ucraniana y por los aliados europeos de Kiev como un intento de hacerse con el control de dos órganos hasta ahora independientes.

Medios de referencia ucranianos como Ukrainska Pravda o el Kyiv Independent relacionaron esta maniobra con las investigaciones que ha llevado a cabo la NABU a personas que forman o formaron parte del entorno del presidente como el exministro Oleksí Chernishov, el antiguo asesor de la oficina presidencial Rostislav Shurma o el copropietario de la productora Kvartal 95, fundada por el propio Zelenski cuando era actor, Kvartal 95.

Según algunos críticos de la reforma finalmente revertida por Zelenski tras varios días de protestas ciudadanas en las calles y de advertencias de Bruselas y otras capitales europeas, al subordinar la NABU y la SAPU quería parar este tipo de investigaciones a personas de su círculo.

En un mensaje publicado en Telegram, el diputado Oleksí Goncharenko, del partido Solidaridad Europea, liderado por el expresidente Poroshenko y el que tiene más diputados en la oposición-, ha escrito que las investigaciones contra legisladores del partido del presidente como el que acaba de perder el cargo por el escándalo de los sobreprecios en la compra de drones son una maniobra para que no se investigue a figuras más cercanas a Zelenski como Mindich.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), elevaron el domingo en más de 60,800 los muertos a causa de la ofensiva desatada por Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023, incluidos más de 110 a causa de los ataques perpetrados durante las últimas 24 horas.

El Ministerio de Sanidad gazatí indicó en un comunicado publicado en su canal de Telegram que hasta la fecha se han confirmado 60,839 muertos y 149,588 heridos, antes de especificar que al menos 119 personas han fallecido y 866 han resultado heridas durante el último día y a pesar de las «pausas» militares israelíes. Otra

Las autoridades precisaron que han sumado otros 290 fallecidos adicionales sobre el balance del sábado tras una nueva actualización de sus expedientes previos de desaparecidos.

Asimismo, ha subrayado que entre los muertos durante las últimas 24 horas figuran 65 personas tiroteadas por las tropas israelíes cuando intentaban obtener ayuda humanitaria, con lo que ascienden a 1,487 los muertos y 10,578 los heridos durante las últimas ocho semanas de operaciones de la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF), respaldada por Estados Unidos e Israel.

La cartera ministerial ha especificado además que 9,350 personas han muerto y 37,547 han resultado heridas desde el 18 de marzo, fecha en la que el Ejército israelí rompió el alto el fuego pactado en enero con Hamás y relanzó su ofensiva militar, si bien se teme que la cifra sea mayor debido a que hay zonas inaccesibles para los equipos de búsqueda y rescate.

En un balance publicado a primera hora de la mañana, ha cifrado en 175 los muertos por hambre o desnutrición, incluidos 93 niños, después de que durante las últimas 24 horas se registraran seis nuevas muertes por esta causa, en medio de las restricciones israelíes a la entrada de ayuda en el enclave palestino.