La batalla legal contra la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento se ha ampliado este viernes con una nueva demanda, tras la decisión de la Corte Suprema de permitir a la Casa Blanca aplicar temporalmente su orden, según informaron abogados demandantes.
El recurso legal, que pretende cobijar a nivel nacional a todos los afectados por la orden que niega el derecho automático de ciudadanía estadounidense, establecido en la Constitución, a hijos de padres indocumentados o con visados temporales, fue presentado este viernes por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones que mantienen el pulso legal con la Casa Blanca.
La demanda, que busca un alcance nacional, acusa al Gobierno del presidente Donald Trump de violar la Constitución, el propósito del Congreso y el precedente de larga data de la Corte Suprema.
«Todos los tribunales que han analizado esta cruel orden coinciden en que es inconstitucional», declaró Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU y abogado principal en este nuevo caso.
La querella fue presentada poco después de que el Supremo fallara a favor del mandatario estadounidense al levantar los bloqueos ordenados por tribunales inferiores, que impedían la implementación a nivel nacional del decreto, mientras las demandas se desarrollaban.
Veintidós estados, ciudadanos estadounidenses y familias afectadas por la orden ejecutiva que negaba la ciudadanía a los niños de indocumentados nacidos después del 19 de febrero demandaron en al menos tres tribunales diferentes al Gobierno de Trump alegando que la medida es inconstitucional, lo que derivó en un bloqueo temporal mientras se definen los casos.
Aunque el fallo del Supremo no se refiere a los méritos del decreto en sí, representa una victoria para la Casa Blanca al dejar sin efecto la orden de tres jueces federales en Maryland, Washington y Massachusetts, quienes detuvieron en decisiones separadas la implementación a nivel nacional.
El Supremo indicó que la orden ejecutiva que elimina la ciudadanía por nacimiento para los hijos de indocumentados entraría técnicamente en vigor en 30 días contra quienes no hagan parte de las demandas existentes.
William Powell, asesor principal del Instituto para la Defensa y Protección Constitucional, una de las organizaciones que demandó originalmente, dijo este viernes que el nuevo recurso legal «será tan efectivo y amplio» como la orden de los tribunales inferiores rechazada hoy por la máxima corte, que expone a los niños que no están cobijados por la demanda inicial.
El fiscal general de Nueva Jersey, Matthew Platkin, uno de los 20 estados que impugnó el plan, dijo que estaba seguro de que la orden ejecutiva nunca entraría en vigor.
Por su parte, el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, que también hace parte de una de las querellas legales, sostuvo que «mantiene la esperanza» de que los tribunales inferiores garanticen que «esta flagrante extralimitación federal no quede sin control».
Los defensores de los inmigrantes esperan que el tribunal de New Hampshire entregue una decisión antes de los treinta días, establecidos por el Supremo.
«Luchamos para garantizar que el presidente Trump no pueda pisotear los derechos de ciudadanía de ni un solo niño», subrayó Wofsy.
Una decisión errónea del Supremo
Decenas de organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, que alientan el voto de las minorías y legisladores demócratas rechazaron el fallo de hoy de la Corte Suprema y advirtieron sobre los efectos legales que conlleva.
«La decisión es profundamente errónea porque los estados y otros peticionarios ante el tribunal ya han demostrado la necesidad de una orden que detenga los daños a nivel nacional», declaró en un comunicado Cecillia Wang, directora legal de ACLU.
En ese sentido, Powell dijo que además de la incertidumbre y el miedo que causa en las familias afectadas, el fallo de la máxima corte «será perjudicial para el estado de derecho», ya que dificultará la rendición de cuentas del Ejecutivo.
A las críticas se sumó la congresista demócrata por Texas Sylvia García, que calificó como «peligroso» la decisión de la Corte Suprema al considerar que la opinión «ha debilitado una de las últimas líneas de defensa» contra cualquier abuso de poder inconstitucional.
Mientras, el fiscal de California, Rob Bonta, advirtió que el Supremo abrió la puerta a una combinación de órdenes judiciales inviable, «ya que genera un caos administrativo para California y otros estados», y perjudica a innumerables familias en todo el país.
«La lucha está lejos de terminar, y seguiremos trabajando para garantizar que esta orden ejecutiva ilegal y antidemocrática nunca tenga la oportunidad de implementarse», agregó el procurador californiano.
