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El Servicio Secreto de Estados Unidos suspendió a seis agentes por fallos de conducta relacionados con el atentado a Donald Trump del 13 de julio del año pasado durante un mitin de su candidatura presidencial en la ciudad de Butler, Pensilvania.

La sanción contra los seis agentes se dictó en los últimos meses, y oscilaron entre 10 y 42 días, según informó este miércoles un funcionario a ABC News.

Los puestos de los agentes que fueron suspendidos iban desde el nivel de supervisión hasta agentes de línea, agregó por su parte una fuente familiarizada con la decisión de las autoridades.

El cese de estos funcionarios federales, del que no se han proporcionado más detalles, se produce cuatro días antes de cumplirse un año del intento de asesinato al mandatario estadounidense mientras ofrecía un discurso electoral.

Ese momento supuso un punto de inflexión en la campaña presidencial y la foto de Trump con el puño en alto en señal de victoria se ha convertido en una imagen que glorifica su figura.

El tirador, Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años, disparó con un rifle de asalto y uno de los disparos rozó la oreja derecha del presidente, mientras otro de los proyectiles dio en un miembro del público, que murió.

Crooks fue abatido por las autoridades momentos después.

Un informe interno del Servicio Secreto publicado el pasado septiembre concluyó que los fallos de seguridad que cometió el órgano de élite, encargado de vigilar a los presidentes y figuras políticas de primer nivel, fueron los responsables del atentado.

El Servicio Secreto ha estado en gran medida exento de las críticas de Trump a las fuerzas de seguridad federales y de sus promesas de reformar el Gobierno, pero la respuesta de la agencia al tiroteo en Pensilvania provocó una condena bipartidista.

Un informe provisional del grupo de trabajo de la Cámara de Representantes, publicado en octubre pasado, encontró una falta de planificación entre el Servicio Secreto y las fuerzas de seguridad locales antes del mitin del 13 de julio.

La Corte Suprema de Estados Unidos mantuvo este miércoles, por ahora, el freno a la polémica ley SB 4-C de Florida, una de las legislaciones locales más agresivas del país contra los inmigrantes, porque convierte en un crimen estatal la entrada de indocumentados al estado.

En una orden sin mayor explicación, la Corte negó la petición del fiscal general de Florida, James Uthmeier, de revocar el bloqueo que ordenó un tribunal inferior para la ley, que criminaliza a inmigrantes indocumentados que lleguen de otros estados, por lo que policías estatales pueden aprehenderlos.

Uthmeier pidió al Tribunal Supremo intervenir después de que la jueza Kathleen M. Williams, del Distrito de Sur de Florida, declaró al fiscal de Florida en desacato por desobedecer su orden del 18 de abril que suspendió de forma temporal la aplicación de la SB 4-C, impulsada por el gobernador del estado, el republicano Ron DeSantis.

La máxima corte no se pronunció de fondo sobre el asunto, pero la jueza William argumentó en un principio que la legislación «es probablemente inconstitucional», por lo que concedió una orden judicial preliminar mientras continúa el proceso legal.

La ley permite el arresto y encarcelamiento de personas en Florida por ingresar al país sin inspección, incluso si habían regularizado su estatus migratorio y no habían cometido ningún otro delito, además de obligar a mantenerlas en prisión preventiva sin considerar sus circunstancias particulares.

Tras su aprobación en febrero, la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida (FWAF) y varias personas afectadas presentaron una demanda contra la ley, que consideran inconstitucional porque la política migratoria es competencia del Gobierno federal.

La normativa se ha convertido en símbolo del combate de los estados gobernados por republicanos contra la migración irregular, pues otras entidades han buscado replicarla, por lo que la decisión que tome la Corte Suprema de fondo impactaría más allá de Florida.

Uno de cada cinco residentes es inmigrante en Florida, donde hay unos 5 millones de nacidos en el extranjero, pero este estado ha sido líder aplicar la política migratoria del presidente Donald Trump, pues DeSantis ha aprobado leyes obligan a las autoridades locales cooperar con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó este miércoles un momento llamativo al felicitar al mandatario de Liberia, Joseph Boakai, por su dominio del inglés, pese a que se trata del idioma oficial de ese país africano.

El episodio tuvo lugar durante una cumbre en la Casa Blanca entre Trump y cinco líderes africanos, donde Boakai fue el único en dirigirse al republicano en inglés.

«Gracias, y qué buen inglés, qué hermoso. ¿Dónde aprendió a hablar tan bien? ¿Dónde? ¿Dónde se educó?», expresó Trump, a lo que Boakai respondió: «En Liberia».

«Qué interesante. Un bonito inglés. Tengo gente en esta mesa que no puede hablarlo tan bien», bromeó Trump.

El inglés es el único idioma oficial de Liberia, aunque en el país se hablan también más de 30 lenguas indígenas.

Liberia fue fundada como una colonia de esclavos afroamericanos liberados de Estados Unidos a principios del siglo XIX.

En 1847, declaró su independencia de la Sociedad Americana de Colonización, convirtiéndose en la primera y más antigua república moderna de África.

La capital, Monrovia, fue nombrada así en honor a James Monroe, el quinto presidente de Estados Unidos, y su bandera es parecida a la de Estados Unidos, con franjas rojas y blancas y una sola estrella blanca en un cuadrado azul.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) ordenó este miércoles a la Universidad de Harvard entregarle documentos sobre sus estudiantes extranjeros mediante un requerimiento administrativo, alegando que se ha negado a hacerlo de manera voluntaria.

En una nueva escalada en la pugna entre el Gobierno de Donald Trump y las universidades, el Servicio de Inmigración (ICE), dependiente del DHS, exigió a Harvard que le entregue documentos «relevantes» para el «cumplimiento de las leyes de inmigración desde el 1 de enero de 2020», señala un comunicado.

«Harvard, como otras universidades, ha permitido que los estudiantes extranjeros abusen sus privilegios de visados y defiendan la violencia y el terrorismo en los campus», dijo la secretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin, quien mantuvo que la universidad ha «rechazado cooperar» en peticiones previas.

Harvard es una de las universidades que han visto amenazada su financiación por los informes del ‘Grupo de trabajo federal para combatir el antisemitismo’, creado por Trump, en los que es acusada de aplicar políticas de ‘discriminación positiva’ y no dar cabida a lo que el Gobierno califica como «diversidad de ideas».

Trump, preguntado hoy por los periodistas acerca de la escalada tras una reunión diferente, dijo que «Harvard ha sido muy mala, totalmente antisemita», pero se declaró optimista sobre el efecto de la presión y consideró que el Gobierno y la universidad «por supuesto alcanzarán un acuerdo».

El diario universitario Harvard Crimson señalaba este miércoles que la universidad entregó en abril y mayo documentación relacionada con los estudiantes extranjeros, pero el Gobierno la consideró insuficiente y por eso ordenó prohibir sus programas de intercambio y vetar a los estudiantes y académicos foráneos.

La universidad denunció en junio ante un tribunal ese veto del Gobierno de Trump, y ese mismo mes una jueza federal bloqueó indefinidamente su ejecución mientras continúa el litigio.

Un portavoz de Harvard expresó hoy su compromiso con la ley, pero calificó los requerimientos del DHS de «injustificados» y de «represalias» por reivindicar su autonomía frente a las «extralimitaciones» del Gobierno respecto «a quién pueden admitir y contratar las universidades privadas, y qué pueden enseñar».

Harvard también denunció en abril al Gobierno de Trump con el fin de recuperar su financiación federal, en torno a unos $2.000 millones que están congelados por incurrir en supuestas conductas antisemitas.

El DHS, en su comunicado de hoy, aseguró que el requerimiento administrativo era su «única opción» para forzar a Harvard a entregarle los documentos que quiere, e instó a otras instituciones académicas a las que ha pedido lo mismo a «tomar nota de las acciones de Harvard y las repercusiones».

Las autoridades sanitarias de Panamá informaron este miércoles que el país acumuló 6,458 casos de dengue y diez muertes por la enfermedad hasta la semana epidemiológica 25 (del 15 al 21 de junio pasado).

Del total de casos, 576 pacientes han requerido hospitalización, indicó el Ministerio de Salud (Minsa) en un comunicado, en el que precisó igualmente que 55 casos de dengue han sido calificados como graves.

El área metropolitana y San Miguelito, en la capital, acumulan la mayoría de casos con 2.753, mientras que las muertes se han registrado en las provincias interiores occidentales de Chiriquí (4) y Bocas del Toro (2); la oriental de Darién (2); y Panamá Este y Coclé con 1 cada uno.

«La tasa de incidencia nacional (del dengue) en la semana epidemiológica número 25 del 2025 es de 125,8 casos por 100.000 habitantes. La mayoría de los casos se registran entre los grupos de edad comprendido entre los 10 y 59 años», indicó la información oficial.

La co-circulación de los cuatro serotipos de dengue en Panamá, con predominio del serotipo DEN-3 y DENV-4, «aumenta la ocurrencia de casos graves y fatales», agregó el Minsa, tras recordar que el dengue «es una enfermedad grave y potencialmente mortal, transmitida a través de la picadura del mosquito de la especie Aedes aegypti».

El Ministerio de Salud «ha intensificado los operativos en todo el país a través del equipo de control de vectores para reducir los casos de dengue, pero insiste en la participación ciudadana para la eliminación de todos los criaderos del mosquito, alrededor y dentro de las viviendas», señaló la misiva oficial.

El obispo Alberto Rojas de la Diócesis de San Bernardino, en California, excusó este miércoles a los migrantes católicos de su obligación de asistir a misa al denunciar el «temor» a las redadas del Servicio de Inmigración y Control Aduanas de Estados Unidos (ICE).

El sacerdote, crítico de la política migratoria del presidente Donald Trump, publicó un decreto en el que reconoce «la preocupación» y el «miedo» de «muchos» fieles sobre asistir a misa en la región, al este de Los Ángeles, por «temor a posible actividad en contra de inmigrantes por parte de las autoridades civiles».

El decreto se difunde mientras Los Ángeles se mantiene como uno de los principales focos de redadas migratorias desde el 6 de junio, cuando comenzó un operativo federal que desató protestas por la presencia de agentes del ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El sacerdote advirtió de que la operación de ICE «puede disuadir a algunos» de «cumplir con la obligación de asistir a misa», además de señalar que «dicha aprehensión constituye un grave inconveniente que puede perjudicar el bien espiritual» de los feligreses.

«Todos los fieles de la Diócesis de San Bernardino que, debido a un temor real a las actividades de las autoridades migratorias, no puedan asistir a la santa misa los domingos o fiestas de precepto, quedan dispensados de esta obligación, según dispone el Canon 1247, hasta que se revoque o enmiende este decreto», escribió Rojas.

Ante la situación, el líder católico sugirió el «fomento de prácticas espirituales alternativas», como misas por televisión o en línea.

También indicó que «los párrocos, vicarios parroquiales y otros ministros pastorales deben brindar apoyo compasivo a los afectados por este temor».

Entre el 6 y el 22 de junio más de 1,600 personas en Los Ángeles quedaron detenidas con fines de deportación, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El miedo de los migrantes se reavivó el lunes, cuando decenas de agentes federales rodearon el Parque MacArthur, en el centro de Los Ángeles, en un despliegue que incluyó helicópteros y vehículos armados, lo que autoridades locales calificaron de una «operación militar» y un «montaje» para generar miedo y caos.

Líderes católicos como Rojas han cuestionado las medidas migratorias de Trump, quien en sus primeros días de mandato ordenó ampliar estas redadas a iglesias, escuelas y hospitales, sitios que antes estaban restringidos.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, confirmó este miércoles que al menos tres personas murieron debido a la actividad sísmica reportada durante la tarde del martes en el territorio de dicho país.

Además de estos tres decesos, el presidente confirmó que una persona se encuentra desaparecida, en este sentido, Arévalo afirmó que las autoridades competentes implementarán medidas para garantizar la seguridad ciudadana.

«Lamentablemente a esta hora se confirman al menos tres fallecimientos a causa de los sismos registrados el día de ayer. También se reporta una persona desaparecida. Enviamos nuestro más profundo pésame a las familias de los fallecidos, y sepan que estamos trabajando incansablemente por la seguridad de toda la población», escribió el mandatario guatemalteco en su cuenta de la red social X.

Arévalo aseguró que, al menos hasta las 7:00 de la mañana de este miércoles, se reportaron 151 sismos, de los cuales 17 fueron categorizados como sensibles, con magnitud mayor a 3.5 grados en escala de Richter.

Lamentablemente a esta hora se confirman al menos 3 fallecimientos a causa de los sismos registrados el día de ayer. También se reporta una persona desaparecida.
Enviamos nuestro más profundo pésame a las familias de los fallecidos, y sepan que estamos trabajando incansablemente…

— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) July 9, 2025DañosEntre el balance de daños, el mandatario señaló que hay 15 carreteras afectadas, principalmente en Sacatepéquez y Escuintla. También, nueve centros de salud y tres educativos resultaron dañados, pero no destruidos.

Por otro lado, el mandatario aseguró que las instituciones de Gobierno atendieron emergencias en el oriente de dicho país.

«La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala ha atendido más de 86 emergencias en Guatemala, Escuintla, Sacatepéquez, Baja Verapaz y Chimaltenango», añadió en la publicación el mandatario.

Asimismo aseguró que dicha institución junto con la Fuerza Armada de Guatemala brindaron ayuda humanitaria a los damnificados. Las labores también incluyen la liberación de tramos de carreteras dañados y la evaluación de la infraestructura afectada.

«Les pido a todos que seamos solidarios. Que tendamos la mano a quien lo necesita, que compartamos la información correcta, que estemos atentos y actuemos con responsabilidad», escribió el mandatario.

Este martes, el Gobierno de Guatemala informó sobre el fallecimiento de dos hombres que viajaban en un automóvil y murieron al ser aplastados por una enorme roca, desprendida tras un derrumbe causado por dos sismos ocurridos en horas de la tarde.

El país centroamericano fue estremecido ayer por dos movimientos telúricos de magnitudes 5.2 y 5.7, los cuales provocaron daños menores en algunas viviendas ubicadas cerca de los epicentros, según reportes oficiales.

La «gran y hermosa ley» del presidente Donald Trump convertirá al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la mayor agencia de seguridad de Estados Unidos, con un presupuesto estimado en $75,000 millones superior al de casi todos los ejércitos del mundo, según advierten especialistas.

Con el presupuesto que Trump firmó el 4 de julio, el ICE recibirá $45.000 millones hacia 2029 para construir nuevos centros de detención, un 62 % más que todo el sistema federal de prisiones y que resultaría en la detención diaria de 116,000 personas, según un análisis del American Immigration Council (AIC).

Asimismo, obtendrá casi $30,000 millones para operativos, lo que permitirá contratar a 10,000 agentes que se sumarán a los $20,000 ya existentes y alcanzar un ritmo de 1 millón de deportaciones anuales, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

También habrá otros $4,100 millones para contratar a 3,000 nuevos elementos de la Patrulla Fronteriza y 3,000 oficiales de aduanas, según el DHS.

Con ello, los agentes migratorios tendrán más presupuesto que el resto de las agencias del orden público en conjunto, como el FBI, el Servicio Secreto, el Departamento de Justicia, el resto del DHS, la Agencia Antidrogas (DEA) y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), describió un reporte del Instituto Cato.

Además, el presupuesto de $75,000 millones del ICE es mayor al de casi todos los ejércitos del mundo, salvo el de Estados Unidos, China, Rusia, India y Arabia Saudí, apuntó un análisis de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC).
Un aumento «dramático» e «indignante»

Organizaciones civiles consultadas por EFE alertan de las implicaciones mientras crecen las denuncias por violaciones a derechos humanos, como la muerte de 11 migrantes bajo custodia del ICE en lo que va del año fiscal 2025, que comenzó en octubre, lo que casi iguala las 12 registradas en todo el año anterior.

«Creemos que es indginante que exista un incremento tan dramático a un departamento que, a lo largo de los últimos meses, ha trabajado para aterrorizar comunidades, individuos, familias, vecindarios, de un punto del país a otro», expresó Neera Tanden, presidenta del Center for American Progress (CAP), en una llamada virtual.

Frank Sharry, fundador de America’s Voice, grupo que aboga por una reforma migratoria, consideró que esto es «un atroz avance del autoritarismo» ante la conducta que muestra los agentes del ICE, como la detención de personas que sí son ciudadanas estadounidenses.
«Esto está potenciando una versión americanizada de la policía secreta que, es probable, irá más allá de inmigrantes indocumentados inocentes hasta llegar a inmigrantes legales y ciudadanos», vaticinó.Un blindaje en la frontera con MéxicoEl presupuesto para migración se acerca a los $170,000 millones al considerar también otros rubros, según el AIC, como un aproximado de más de $46,600 millones para construir el muro fronterizo con México, más de tres veces lo gastado en el proyecto en toda la primera Administración de Trump (2017-2021).

También habrá $3,200 millones para tecnología en la frontera y $2,700 para vigilancia en la zona, según el DHS, que recibirá $10,000 millones por costos relacionados con «salvaguardar las fronteras de Estados Unidos para proteger contra la entrada ilegal de personas o contrabando».

Esto a pesar de que Trump sugirió este martes que «no necesitará mucho» presupuesto para blindar la frontera con México porque la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) dejó pasar «cero» inmigrantes indocumentados en mayo.

Consultada al respecto, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró a EFE que sí necesitarán recursos para el muro, y que el presidente también está evaluando «cómo podemos ahorrar lo más posible en lo que no necesite gastar».

«El muro fronterizo aún necesita completarse en términos de infraestructura, y también, cuando se construyó el último muro fronterizo durante la primera administración de Trump, la estructura quedó terminada, pero la tecnología que lo rodea no se implementó por completo, así que todavía necesitamos desplegar buena parte de la vigilancia, las cámaras y la capacidad de contar con el tipo de sistema de seguridad necesario alrededor del muro», expresó Noem.

Clarissa Martínez, vicepresidenta de la iniciativa Latino Vote de la organización UnidosUS, indicó que los fondos deberían usarse para «modernizar el sistema migratoria» en lugar de las «acciones extremas» de los meses pasados que, según ella, se reforzarían con el presupuesto de Trump.

«Sabemos que las personas no están de acuerdo con potenciar acciones que destruyen el debido proceso, acciones que no solo están acosando a inmigrantes, sino también ciudadanos estadounidenses, solo por cómo se ven», comentó Martínez.

El alcalde de Budapest, Gergely Karácsony, consideró este miércoles que el Gobierno húngaro se ha anotado un «gol en propia» con su gestión de la celebración del Orgullo LGTBI en la capital del país, que inicialmente prohibió pero que acabó celebrándose pese a la amenaza con entre 200,000 y 400,000 personas, según distintas estimaciones.

En una rueda de prensa en el Parlamento Europeo, Karácsony celebró que el Gobierno ultranacionalista de Viktor Orbán haya tomado la «decisión política» de no imponer multas o tomar represalias contra los participantes en la marcha por temor a incitar sentimientos antigubernamentales porque «si quisieran, podrían» haberlo hecho.

«Los participantes no serán castigados. Hay un pie de página importante: esto es una decisión política. El Orgullo hizo historia, fue un gol en propia para el Gobierno y no quieren castigar a los ciudadanos porque esto incitaría sentimientos antigubernamentales. Si quisieran, podrían hacerlo», señaló.

Preguntado por si los organizadores han sufrido alguna consecuencia, el alcalde explicó que la policía no ha precisado si recibirán multas u otras represalias pero opinó que «no cometerán ese error» porque saben que hay civiles entre los organizadores.

«A mí me amenazaron con un año de cárcel y estaría encantado de ir a un juicio porque eso me haría aún más popular», dijo.

Karácsony celebró que las principales consecuencias de la celebración del Orgullo fue que todos los participantes pudieran «experimentar lo que es vivir en un país libre» y la demostración de que el primer ministro, Viktor Orbán, «no puede prohibir un Orgullo y se ha vuelto ridículo».

De cara a las elecciones de abril del próximo año, Karácsony señaló que hay conversaciones entre los partidos de oposición para tratar de lograr un cambio de gobierno en las urnas.

«Creo que el Gobierno ha entrado en pánico porque han perdido el control. No pueden controlar cómo piensa la gente, que es lo más importante en democracia, y creo que habrá un cambio de régimen en Hungría en abril del año próximo», valoró.

El alcalde de la capital húngara compareció en rueda de prensa junto a los dos líderes del grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, Terry Reintke y Bas Eickhout, con quienes comparte partido y que le trasladaron su apoyo y el reclamo a la Unión Europea para que frene la deriva autoritaria del país.

Entre 200,000 y 400,000 personas,según distintas estimaciones, se unieron el 28 de junio a la manifestación en Budapest, que no sólo se convirtió en la Marcha del Orgullo más multitudinaria del país, sino también en la mayor movilización por los derechos humanos desde la caída del Telón de Acero.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, que fue este miércoles recibido por el papa León XIV en su residencia estival, aseguró que cuenta con el Vaticano para buscar una reunión de «alto nivel» que termine con la guerra.

«Por supuesto, queremos la paz, queremos que esta guerra termine y contamos con el Vaticano y con Su Santidad para que nos ayuden a encontrar un lugar para una reunión de alto nivel con los líderes, con el fin de poner fin a esta guerra», dijo el mandatario a la salida de su audiencia.
Zelenski fue recibido por el papa en la residencia estival de Castel Gandolfo, a las afueras de Roma, donde pasa unos días de reposo veraniego, en el segundo encuentro oficial entre ambos desde el de la misa de inicio de pontificado el 18 de mayo.

«Estoy muy agradecido con Su Santidad por esta reunión, por acogernos y, por supuesto, por su ayuda y la del Vaticano con respecto a nuestros niños», declaró el presidente ucraniano, que reclama la ayuda de la Santa Sede para facilitar el regreso de los niños «secuestrados» por Rusia durante la guerra.
«Este es un tema muy importante que el papa ha señalado, en un momento muy significativo que deseamos profundamente», subrayó.

Por su parte, León XIV transmitió a Zelenski la disponibilidad del Vaticano para acoger una negociación con Rusia, según un escueto comunicado de la Santa Sede.

«El Santo Padre ha reafirmado la disponibilidad de acoger en el Vaticano a representantes de Rusia y Ucrania para las negociaciones», se lee en la nota.

Durante esta «cordial» reunión, de una media hora, se abordó «el conflicto en curso y la urgencia de procesos de paz justos y duraderos».

Además, agrega, se defendió «la importancia del diálogo como vía privilegiada para poner fin a las hostilidades».

«El Santo Padre ha expresado su dolor por las víctimas y renovado su propia oración y cercanía al pueblo ucraniano, animando todo esfuerzo dirigido a la liberación de los prisioneros y a la búsqueda de soluciones compartidas», termina el comunicado.

En los últimos meses el Vaticano ya se había mostrado partidario de acoger una eventual negociación entre Kiev y al Kremlin y en esta ocasión el papa se lo ha «reafirmado» a Zelenski.

Esta tarde será recibido en el palacio del Quirinal por el jefe del Estado italiano, Sergio Mattarella.