Categoría: El Mundo

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, planteó este miércoles incluir en el referéndum previsto para finales de año la convocatoria a una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución.

El anuncio llega después de que la Corte Constitucional (CC) haya rechazado varias reformas propuestas por el mandatario al considerar que vulneraban el marco normativo de la actual carta magna, promovida por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), durante su mandato.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Noboa justificó esta iniciativa para «sacar al país del secuestro institucional» y devolver «el poder al pueblo».

El anuncio se produce en mitad de una pugna abierta con el tribunal constitucional, quien además ha suspendido preliminarmente varios artículos de polémicas leyes impulsada por Noboa que acumulan numerosas demandas de inconsticionalidad al denunciar que vulneran derechos fundamentales.

El mandatario cuestionó las decisiones del alto tribunal, al que tacha de rechazar sus preguntas por «puro activismo político» a pesar de que los ecuatorianos aceptarían los cambios.

Valientes ecuatorianos, pic.twitter.com/SVKN6CyebL

— Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) September 17, 2025

La Asamblea Constituyente fue una de las grandes promesas de la campaña electoral donde Noboa logró ser reelegido como gobernante de Ecuador psra un periodo completo (2025-2029), tras haber llegado al poder en 2023.

Sin embargo, Noboa había dejado momentáneamente esta propuesta de lado al ver que tenía controlada a su favor la Asamblea Nacional (Parlamento), que con mayoría oficialista y con el correísmo como oposición, aprobó una serie de leyes tramitadas de manera exprés.

Estas normas incluían una serie de polémicas disposiciones denunciadas por organizaciones sociales y colectivos ciudadanos, quienes recurierron a la Corte Constitucional.

El máximo tribunal de garantías suspendió de manera cautelar disposiciones como la prerrogativa de que Noboa diese «indultos anticipados» a policías y militares procesados por delitos cometidos en el marco del » conflicto armado interno» que mantiene declarado contra el crimen organizado.

A ello se sumaron las preguntas planteadas por Noboa para nuevas reformas constitucionales a través de referéndum, invalidadas por la Corte al considerarlas fuera del marco jurídico, como la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) o la posibilidad de hacer juicios políticos a los jueces de la CC.

Así, Noboa se dirigió a la ciudadanía ecuatoriana recordando que el «cambio que votaron» en las recientes elecciones presidenciales de 2025 no podrán consolidarse mientras las reglas actuales les impidan luchar de frente contra el crimen organizado y contra las estructuras políticas que lo protegen.

«No podemos seguir atrapados en el pasado. Ecuador merece librarse de quienes lo frenan, y esta vez es el turno de los ecuatorianos de lograrlo», explicó en el escrito.

Las tensiones entre la CC y el Gobierno nacional llevaron al presidente a liderar una marcha contra las decisiones de la Corte en Quito el pasado 12 de agosto, una iniciativa que fue criticada por organismos internacionales por vulnerar la independencia judicial.

La propuesta se produce, además, en un momento de tensión nacional tras el anuncio de la eliminación del subsidio al diésel, un tema especialmente sensible en la política ecuatoriana que provocó cortes en algunas carreteras de transportistas que rechazan la medida.

Florida suministró este miércoles la inyección letal a David Pittman, condenado por un triple asesinato cometido en 1990, lo que elevó a doce el número de ejecuciones realizadas en lo que va de 2025, un récord para este estado en lo que va del siglo.

Pittman, de 63 años, fue ejecutado a las 18:12 (22:12 GMT) en la prisión estatal de Florida, en Raiford, tras más de tres décadas en el corredor de la muerte, informó el Departamento Penitenciario de Florida.

Desde que la Corte Suprema de Estados Unidos restableció la pena de muerte en 1976, el máximo anual de ejecuciones en Florida había sido de ocho, en 2014.

En 2025, el estado ya ha superado esa cifra con doce ejecuciones, más que cualquier otro en el país, seguido por Texas y Carolina del Sur con cuatro cada uno, en un contexto de repunte de este castigo.

El caso de Pittman se remonta al asesinato de la hermana de su exesposa Bonnie Knowles, junto con sus padres Clarence y Barbara Knowles, en el condado de Polk, un crimen que conmocionó a la opinión pública a inicios de los años noventa.

La defensa intentó frenar la ejecución alegando que Pittman padece una discapacidad intelectual que lo haría inelegible para la pena capital bajo la Constitución estadounidense. No obstante, tanto la Corte Suprema de Florida como la Corte Suprema de Estados Unidos rechazaron sus apelaciones.

Con esta ejecución, Florida se consolida como uno de los estados que más recurre a la pena de muerte en el país. El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, ha aprobado hasta el momento un total de 14 ejecuciones para este año.

Entre las próximas ejecuciones están las de dos reos condenados por asesinatos: Victor Tony Jones, programada para el 30 de septiembre, y Samuel Smithers, para el 14 de octubre.

Organizaciones de derechos humanos han advertido que el creciente número de ejecuciones refleja un endurecimiento de la política penal en el estado.

Hasta la fecha, al menos 31 reos han sido ejecutados en Estados Unidos en 2025, lo que marca el total más alto en más de una década.

De estas ejecuciones, 26 se realizaron por inyección letal, 3 por hipoxia por nitrógeno y 2 por pelotón de fusilamiento, estas últimas en Carolina del Sur.

Los senadores demócratas Alex Padilla y Dick Durbin han exigido explicaciones a la Administración del presidente Donald Trump sobre sus planes para deportar a decenas de niños guatemaltecos que llegaron solos a Estados Unidos y se encuentran bajo custodia del gobierno, sin brindarles la oportunidad de defender sus casos migratorios.

Los legisladores dijeron este miércoles que han solicitado audiencias de supervisión en la Cámara Alta para que la Casa Blanca dé respuesta sobre la expulsión de los menores, un proceso que estaba previsto para el 31 de agosto y permanece detenido por una orden judicial.

Según los abogados de diez menores, de entre 10 y 16 años, que interpusieron una demanda, la Administración había violado el debido proceso, puesto que los niños tienen casos pendientes ante tribunales de Inmigración, e ignorado las protecciones especiales de los menores, quienes cruzaron solos la frontera entre México y Estados Unidos.

Bajo la Ley de Reautorización de la Protección de las Víctimas de la Trata de Personas (TVPRA, en inglés), los menores inmigrantes que ingresaron solos a EE.UU. generalmente tienen la oportunidad de comparecer ante un juez migratorio antes de ser deportados.

La exigencia de Padilla y Durbin ocurre tras conocerse un informe de la organización Government Accountability Project (GAP) que alega que el Gobierno de Trump mintió sobre la seguridad de los niños guatemaltecos no acompañados que tenían bajo su protección para poder sacarlos del país.

El reporte reveló que al menos 30 de los 327 niños guatemaltecos, clasificados como no acompañados, que la Administración intentó deportar «presentan indicios» de haber sido víctimas de abuso infantil, incluyendo amenazas de muerte, violencia de pandillas, trata de personas y/o han expresado temor a regresar a Guatemala.

Sin embargo, Angie Salazar, directora de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR, en inglés), agencia que mantiene la custodia de los menores, afirmó en un tribunal bajo pena de perjurio que estos niños no presentaban indicios de abuso o negligencia infantil perpetrados por un padre o tutor ni son víctimas de trata, lo que contradice la información que figuraba en la base de datos de la misma agencia.

«Si la Administración efectivamente engañó a los tribunales para justificar la deportación de niños no acompañados, eso es imperdonable», señaló Padilla en un comunicado.

«Devolver a los niños al peligro es una traición a nuestras obligaciones morales y legales. Vamos a exigir cuentas a los responsables de poner a los niños en peligro, comenzando por presentarlos ante el Senado», agregó.

Por su parte, Durbin hizo un llamado a los senadores republicanos Chuck Grassley y John Cornyn a que se unan a los demócratas para convocar la audiencia de supervisión con funcionarios de la Administración Trump para que se pueda tratar el tema de manera bipartidista.

Tres agentes de la Policía de Pensilvania fallecieron este miércoles luego de un tiroteo en el condado de York, donde el tirador se quitó la vida posteriormente, y la investigación sobre las causas del crimen siguen bajo investigación.

«Nuestros corazones y oraciones están con ellos, con las familias de los fallecidos y con las familias de los agentes heridos», declaró el coronel Christopher Paris, comisionado de la Policía estatal de Pensilvania en una rueda de prensa, donde reconoció que «el dolor será insoportable».

Los agentes fallecieron durante un tiroteo que ocurrió en la zona de North Codorus, en el condado de York, cuando los uniformados fueron atacados mientras cumplían con una orden judicial, según las autoridades locales.

Un oficial más se encuentra en estado crítico y otro herido grave en el hospital de Wellspan de York.

El tirador está muerto, según confirmó el comisionado Paris, quien dijo que no existe ninguna amenaza en curso.

La Policía Estatal de Pensilvania lidera la investigación del tiroteo.

Paris afirmó que «hay muchos detalles que la Policía no está lista para revelar» en este momento debido a la investigación en curso.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, señaló que le informaron sobre la situación y respondió a la escena en el municipio de North Codorus, donde dijo que «este tipo de violencia no está bien, necesitamos mejorar como sociedad».

Al menos cinco policías fueron baleados la tarde de este miércoles en un tiroteo en el sur de Pensilvania, donde el tirador supuestamente se quitó la vida, según informaron medios estadounidenses.

El tiroteo ocurrió en la zona de North Codorus, en el condado de York, donde los agentes fueron atacados cuando cumplían con una orden judicial, según informó la cadena NBC.

Tres agentes del Departamento de Policía Regional del Norte de York se encuentran en estado grave y otro agente del mismo departamento se encuentra en estado crítico, según la televisora.

Un oficial del Departamento del Alguacil del Condado de York también resultó herido.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, dijo en un mensaje de X, que había sido informado sobre el incidente y se dirigía al lugar de los hechos.

Por su parte, el vicegobernador de Pensilvania, Austin Davis, alentó a las personas a mantenerse alejadas de la zona, mientras se conocen más detalles del incidente.

Según las fuentes citadas por NBC el presunto tirador murió por una herida de bala autoinfligida.

Agentes del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) acudieron a la escena del tiroteo para ayudar con la investigación, dijo la agencia en una publicación en X.