Categoría: El Mundo

Actividad sísmica fue registrada en suelo guatemalteco esta tarde entre las 3:11 y las 3:54 pm, la cual fue percibida en El Salvador.

Un sismo de con magnitud de 4.7 grados a una profundidad de 10 kilómetros al sur de la Ciudad de Guatemala, fue el primero en poner en alerta a las autoridades de dicho país.

Aproximadamente media hora después, a las 3:41 de la tarde, se registró un nuevo movimiento telúrico con una magnitud de 5.6 grados con una profundidad de 10 kilómetros «al suroesta de la Ciudad de Guatemala», según informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

#SismoGT Ante el sismo de 5.2, personal de instituciones del Sistema CONRED realizaron evacuaciones preventivas. pic.twitter.com/ra47BOoycl

— CONRED (@ConredGuatemala) July 8, 2025

Los sismos comenzaron a percibirse de forma más frecuente en los siguientes minutos, ocurriendo otras más a las 3:49 de la tarde con una magnitud de 4.3; a las 3:53 con magnitud de 4.0 y un quinto sismo con magnitud de 4.9 a las 3:54 de la tarde.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) de Guatemala aseguró en X que «continúa en monitoreo constante» de los sismos debido a su frecuencia, mismos que fueron percibidos en El Salvador.

Empleados de instituciones públicas y privadas tuvieron que evacuar edificios en la Ciudad de Guatemala debido a los sismos, según se puede observar en imágenes difundidas por Conred.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, calificó este martes como un «duro golpe» la decisión de Estados Unidos de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS), que ha protegido de la deportación a 72,000 hondureños, y aseguró que mantendrá un diálogo «abierto y franco» con Washington para evitar una expulsión masiva.

«La cancelación del régimen de protección temporal (TPS) es resultado de una estrategia anunciada por Estados Unidos en el marco de su campaña política, y representa un duro golpe para nuestros migrantes hondureños. A ellos les digo con firmeza: no están solos», expresó la mandataria a través de sus redes sociales.

Ante el anuncio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Castro aseguró que su Gobierno tomará medidas concretas para proteger a los compatriotas afectados.
«He instruido a nuestra Cancillería a utilizar todos los recursos que permite la ley y a redoblar el apoyo consular y jurídico para proteger sus derechos», afirmó.

Los beneficiarios del TPS tienen hasta el 6 de septiembre de 2025 para buscar vías de regularización en EE.UU., ya sea mediante lazos familiares, solicitudes de asilo o permisos laborales, o prepararse para un posible retorno a Honduras, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).

El TPS fue otorgado tras el devastador paso del huracán Mitch en 1998, que devastó Centroamérica, pero la Administración de Donald Trump consideró que ya no existen las condiciones que justificaron esa protección humanitaria, por lo que decidió cancelarla para unos 72,000 hondureños y 4,000 nicaragüenses.

Castro reafirmó el respaldo de su Gobierno a los migrantes del país centroamericano y aseguró que buscará una «salida humana» ante la cancelación del TPS.

«El Gobierno de Honduras los abraza, donde quiera que se encuentren, y les asegura que mantendremos un diálogo abierto y franco con Estados Unidos, buscando una salida humana, con el fin de evitar una expulsión masiva, y apelando al interés mutuo de preservar una relación estrecha y la vigencia de los diferentes tratados internacionales», enfatizó Castro.

La decisión de Estados Unidos de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que protege de la deportación a 4.000 nicaragüenses es una «noticia dura» para quienes tienen estaban cobijados por esa medida y los obligará a buscar opciones legales para permanecer en ese país, valoraron este martes expertos nicaragüenses.

La decisión es «una noticia dura para quienes tienen ese estatus», dijo el abogado Harold Rocha, experto en Derecho Internacional y presidente del Fondo Nicaragüense‑Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación.

En declaraciones al diario La Prensa, Rocha explicó que tras conocer esa decisión interpusieron una demanda ante el Tribunal Federal del Distrito Norte de California contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

«Hemos decidido presentar demanda en el tribunal federal para intentar revertir o al menos poner en pausa administrativa la notificación», indicó el letrado.

El Gobierno estadounidense afirma que el país es «un creciente líder en turismo, ecoturismo, agricultura y energía renovable». Mientras que para Honduras destaca el inicio de nuevos proyectos de infraestructura que «transformarán su economía».
No obstante, expertos y defensores de migrantes en ambos países discrepan de este argumento. Elsy Reyes, del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, advirtió que el fin del TPS abrirá la puerta a deportaciones masivas y a la separación de familias: «colocará a miles en una situación de irregularidad migratoria».

Francisco Xavier Aguirre Sacasa, excanciller de Nicaragua, afirmó que esta cancelación obligará a los beneficiarios «a acercarse a las autoridades migratorias estadounidenses para regularizar su situación y hacer su cambio permanente de estatus, que es lo que debieron haber hecho desde hace tiempo».

La abogada de inmigración Cindy Blandón recordó que los afectados tendrán 60 días para evaluar otras vías legales como el ajuste de estatus por vínculos familiares, asilo o permisos laborales. El TPS para nicaragüenses finalizará oficialmente el 8 de septiembre de 2025.

En tanto, el coordinador del Observatorio de Migración de la UNAH, César Castillo, afirmó que en Honduras persisten las condiciones que provocaron la migración masiva: pobreza, desempleo, violencia y vulnerabilidad al cambio climático. «Los argumentos de EE.UU. no son válidos», dijo.
Actualmente, se estima que hay cerca de 1 millón de hondureños viviendo en EE.UU., de los cuales 72,000 están protegidos por el TPS. Solo en 2024, el país recibió 7,858 millones de dólares en remesas, y se proyecta que estas lleguen a 10,259.7 millones en 2025.

El canciller hondureño, Javier Bu, lamentó la decisión pero aseguró que no es sorpresiva: «Nos tocó esta decisión, que no es una sorpresa francamente (…) vamos a mantener la buena relación con la Administración Trump y con la de Biden», afirmó.

El periodista salvadoreño Mario Guevara pidió al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a interceder por su detención hace casi un mes en Estados Unidos al denunciar que es víctima de persecución por cubrir los operativos de inmigración de la Administración Trump
Guevara, conocido como el ‘cazador de redadas’ por grabar en vivo las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en Georgia, confirmó anoche que se encuentra preso en la Institución Correccional Federal en Atlanta luego de que la fiscal a cargo de su caso apelara la decisión de un juez de inmigración de otorgarle una fianza.

«Por este medio, hago un llamado al Gobierno de El Salvador, particularmente al señor presidente Nayib Bukele, para que, por favor, interceda por mi persona ante el Gobierno de los Estados Unidos, ya que estoy siendo víctima de un tipo de persecución por haber ejercido mi trabajo periodístico al cubrir los operativos en las calles», dijo Guevara en un mensaje compartido en su medio digital MGNews.

El periodista fue detenido el pasado 14 de junio mientras cubría una protesta contra el presidente de EE.UU., Donald Trump, y las redadas de inmigración, y acusado por la policía de la localidad de Doraville, en el noreste de la zona metropolitana de Atlanta, de caminar en la vía vehicular, obstrucción a un agente del orden público y reunión ilícita.

Aunque estos cargos fueron luego desestimados, Guevara acabó detenido en un centro de detención de ICE en el sur de Georgia debido a que carece de una residencia permanente en este país, a pesar de que radica aquí en Estados Unidos desde hace más de dos décadas. «Estoy por cumplir un mes en la cárcel y necesito salir para poder continuar con mi vida, seguir con mi trabajo y mantener a mi familia. Llevo casi 22 años en Estados Unidos», dijo el periodista, quien fue fotoperiodista en La Prensa Gráfica de El Salvador y reportero de Mundo Hispánico en Atlanta antes de fundar su propio canal digital. En el mensaje, Guevara asegura que el gobierno de Trump quiere «manchar» su historial para deportarlo «como si fuera un delincuente».

«Por favor, espero que interceda por mí. Soy un padre de familia que ha pagado impuestos durante todos estos años y que jamás ha cometido ningún tipo de delito en este país, ni tampoco en El Salvador. Considero que no merezco ser tratado de esta manera», agregó Guevara. Añade que nunca ha sido una carga para este país, ya que, afirma, nunca ha recibido ningún tipo de beneficios públicos.

«Además, tengo un hijo con una condición especial que necesita de mi presencia y cuidado».

La cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) tendrá un impacto significativo en 72,000 hondureños que han residido en EE.UU. desde 1999, quienes deberán buscar vías para regularizar su estatus migratorio o prepararse para un posible retorno a un país con altos niveles de pobreza, violencia y desempleo.

La medida anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que entrará en vigor 60 días después de su publicación oficial en el Registro Federal, programada para este martes, «abre la puerta» a la deportación de estas personas y a la separación de familias hondureñas, dijo a EFE Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh).

Reyes advirtió que el fin del TPS colocará a miles de personas en una «situación de irregularidad migratoria» en Estados Unidos, país donde residen aproximadamente un millón de hondureños, entre documentados e indocumentados, muchos de los cuales huyeron de la violencia y las difíciles condiciones en Honduras.

El TPS fue otorgado a raíz del paso del huracán Mitch en 1998, que devastó Centroamérica. Sin embargo, la Administración de Donald Trump consideró que ya no existen las condiciones que justificaron esa protección humanitaria, por lo que decidió cancelarla para unos 72.000 hondureños y 4,000 nicaragüenses.Regularizar situación migratoriaLos beneficiarios deberán buscar vías para regularizar su situación en Estados Unidos o prepararse para un eventual retorno a Honduras, donde les aguarda un «futuro incierto» en medio de persistentes niveles de pobreza, violencia, desempleo y migración forzada, subrayó Reyes.
Los hondureños podrían «optar a la regularización mediante un vínculo familiar» o, en caso de ser víctimas de violencia, solicitar el estatus de refugiado, enfatizó la experta, tras señalar que la eliminación de esta protección migratoria afectará también las remesas que sostienen a cientos de familias en Honduras.

El 25 % de los hogares hondureños, es decir, 4 de cada 10, recibe remesas, que representan el 25 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras, y en el 10 % de ellos constituyen la principal fuente de ingreso, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
En 2024, Honduras recibió 7.858 millones de dólares en remesas desde Estados Unidos y las autoridades estiman que alcancen los 10.259,7 millones de dólares en 2025 y 10.670 millones en 2026.

Reyes señaló que Honduras aún padece los mismos males que expulsaron a tantos de sus ciudadanos y deploró que el Estado no haya logrado abordar las causas profundas de la migración irregular —desempleo, pobreza y violencia— tan arraigadas en la nación centroamericana.
Condiciones no han mejorado

Los argumentos de EE.UU. para cancelar el TPS «no son válidos», ya que Honduras aún enfrenta «muchas dificultades» y no ha superado los niveles de pobreza, que afectan al 60 % de sus 10 millones de habitantes, indicó a EFE el coordinador del Observatorio de Migración de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), César Castillo.

«A pesar de que han bajado las tasas de homicidios, hay un tema también muy fuerte en el tema de violencia y en desplazamiento forzado», subrayó Castillo, tras recordar que Honduras es uno de los países «más vulnerables» al cambio climático y continúa expulsando a buena parte de su población.

«Si tuviéramos las condiciones, pensaríamos más bien en retener a nuestra población. No podemos dejar de aceptar a nuestros compatriotas, debemos buscar soluciones para ellos, pero realmente primero tenemos que desarrollar este país para evitar que la población se vaya», explicó.

Por su parte, el canciller de Honduras, Javier Bu, lamentó este lunes la decisión de Estados Unidos, aunque aseguró que «no es una sorpresa», pues considera que el presidente Trump simplemente está cumpliendo sus promesas de campaña.

«Nos tocó esta decisión, que no es una sorpresa francamente, tenemos una buena relación con la Administración Trump, vamos a mantener esa buena relación, la mantuvimos con la Administración (de Joe) Biden y lo vamos a seguir manteniendo», subrayó Bu.
El canciller indicó que el Gobierno hondureño continuará «trabajando para mejorar las condiciones» de los migrantes y abogó por una reforma migratoria en Estados Unidos.

La Fiscalía General de México confirmó este martes que abrió una investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto por presuntamente recibir sobornos de dos empresarios israelíes a cambio de contratos millonarios durante su mandato, incluida la adquisición del polémico software espía Pegasus.

El diario israelí The Marker reveló esta semana que Peña Nieto habría recibido $25 millones a cambio de adjudicar contratos públicos. El exmandatario negó las acusaciones a través de sus redes sociales, afirmando: «Totalmente falsa la nota sobre supuestas aportaciones».

El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, adelantó que solicitarán información a las autoridades de Israel para integrar pruebas a la carpeta de investigación y evitar que el caso se pierda entre «denuncias que no se sostienen», como ocurrió anteriormente.

No obstante, Gertz Manero reconoció que la relación con el gobierno israelí atraviesa tensiones debido a la negativa de extraditar a Tomás Zerón, implicado en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Aun así, confía en obtener colaboración para esclarecer el presunto pago de sobornos.

El fiscal recordó que no es la primera vez que se cuestiona el manejo de recursos públicos durante el sexenio de Peña Nieto y que en el periodo de Andrés Manuel López Obrador «se presentaron varias denuncias» que no prosperaron por falta de pruebas sólidas.

El asesor de la oficina presidencial de Ucrania, Mijailo Podoliak, calificó este martes como un gesto contundente la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de enviar nuevo armamento defensivo a Kiev. Según el funcionario ucraniano, la medida refuerza la postura internacional de Estados Unidos y tiene implicaciones geopolíticas globales.

«Esto es una demostración de fuerza que está siendo observada en todo el mundo», escribió Podoliak en su cuenta oficial de la red social X.

El funcionario apuntó que esta acción ha generado reacciones diversas en la comunidad internacional. «Europa respira aliviada, al ver una oportunidad de dar un nuevo formato a su marco de seguridad. China mira atentamente, Corea del Norte juega claramente con fuego e Irán está interiorizando una dura lección», añadió.

Podoliak vinculó el anuncio al contacto directo entre el presidente Trump y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, al tiempo que aseguró que esta asistencia también beneficiará a la industria armamentista de Estados Unidos.

Según explicó, cada victoria que Ucrania logre con el apoyo armamentístico estadounidense incrementará la influencia de Washington en futuras negociaciones internacionales.

«Cada victoria ucraniana conseguida con armas estadounidenses incrementa la influencia de EE.UU. en la mesa de negociaciones y abre las puertas a acuerdos de comercio y seguridad», afirmó.

El asesor subrayó que el respaldo armamentístico de Trump no solo fortalece la defensa de Ucrania, sino que reduce el riesgo de una eventual expansión de Rusia hacia otros países europeos. Además, consideró que este anuncio representa «una gran inyección de fondos» para el sector de defensa norteamericano.

Desde que Trump asumió nuevamente la presidencia de EE.UU., su administración había congelado parte del apoyo a Ucrania y hasta ahora no había respondido a la propuesta de Kiev de adquirir armamento estadounidense con fondos europeos, como alternativa a la ayuda gratuita brindada por la administración anterior.

El número de fallecidos a causa de las inundaciones en el centro-sur de Texas alcanza ya 109, informaron este martes las autoridades locales.

Según indicó en rueda de prensa Larry Leitha Jr., alguacil del condado de Kerr, – el más afectado por el desastre- ya se han recuperado los cuerpos de 87 fallecidos en su jurisdicción.

De ellos, 56 son adultos y 30 niños, con la edad de una víctima aún por determinar.

Los cuerpos de 19 adultos y siete menores permanecen aún sin identificar, dijo Leitha Jr.

El alguacil afirmó que aún permanecen desaparecidas cinco niñas que estaban hospedadas en el campamento cristiano Mystic y una monitora. En el centro fallecieron al menos 27 campistas debido a la subida del cauce del río Guadalupe.

Medios como la cadena Fox News informaron hoy que otros condados de Texas, afectados por las intensas lluvias que han caído desde el 4 de julio, suman otros 22 fallecidos, lo que eleva a al menos 109 el número total de muertos por las inundaciones.

En los días después de las inundaciones, las autoridades locales han enfrentado cuestionamientos por parte de los residentes y expertos sobre por qué no se evacuaron las zonas cercanas al río ante las precipitaciones.

En la rueda de prensa de hoy, ante las distintas preguntas de reporteros, el alguacil Leitha Jr. dijo que no es su prioridad hacer una evaluación sobre la respuesta de las autoridades la noche del cuatro de julio.

«Ahora mismo, hay tres prioridades: ubicar a las personas que están todavía perdidas, identificarlas y notificar a sus familiares», subrayó.

Varios residentes de Kerrville indicaron en entrevistas a EFE que recibieron alertas de inundación y fuertes lluvias en la madrugada del 4 de julio, pero no se les pidió evacuar o moverse hacia otra zona.

Desde la 1:00 del sábado (06:00 GMT), el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) comenzó a emitir alertas sobre la amenaza de inundaciones en los condados de Bandera y Kerr.

En una de las primeras ruedas de prensa tras el desastre, las autoridades reconocieron que los pronósticos de lluvia subestimaron las precipitaciones.

Algunos expertos, sin embargo, han expresado dudas sobre qué tan preparada estaba la región, dada la magnitud de la tragedia.

«Parece que se podrían haber llevado (…) medidas preventivas para reducir el riesgo de muertes si los organizadores de los campamentos afectados y las autoridades locales hubieran atendido las advertencias del gobierno y de fuentes meteorológicas privadas», señaló el principal meteorólogo de la empresa AccuWeather, según reportó el medio local The Texas Tribune.

En total, entre la noche del 3 de julio y la madrugada del 4 se acumularon entre 12.7 y 27.9 centímetros de lluvia en los condados de Kerr, Bandera, Tom Green y Kendall, según el NWS

Los viajeros ya no tendrán que quitarse los zapatos para pasar los controles de seguridad en los aeropuertos de Estados Unidos, confirmó este martes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

«¡Gran noticia del Departamento de Seguridad Nacional!», escribió Leavitt en la red social X compartiendo un mensaje de una corresponsal de la cadena CBS News en el que asegura: «Los viajeros ya no tienen que quitarse los zapatos para pasar la fila regular en los controles de seguridad de la TSA (siglas de la Administración de Seguridad en el Transporte) en los aeropuertos».

Horas después de que la periodista publicara el mensaje, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que la secretaria de la cartera, Kristi Noem, tendrá este martes «una rueda de prensa para anunciar una nueva política de la Administración de Seguridad del Transporte que facilitará la inspección a los pasajeros, mejorará la satisfacción de los viajeros y reducirá los tiempos de espera».

La comparecencia de prensa tendrá lugar esta tarde en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington.

En agosto de 2006, la TSA comenzó a exigir la retirada del calzado en los controles de seguridad previos al embarque en un avión comercial.

Desde 2002 el requisito había sido optativo a raíz de que, poco antes un pasajero británico fuera descubierto a bordo de un vuelo entre París y Miami tratando de detonar un explosivo en su calzado.

Distintos reportes de inteligencia que hablaban de planes de grupos terroristas para usar métodos de este tipo para atentar en vuelos comerciales llevaron a hacer la norma obligatoria casi cinco años después.

Los homicidios en México cayeron un 24.5 % en los primeros nueve meses de la presidencia de Claudia Sheinbaum, periodo en el que van más de 25m255 detenidos por delitos de alto impacto y más de 180 toneladas de droga confiscadas, según expuso este martes el Gobierno con cifras preliminares.

El promedio diario de asesinatos descendió a 65.6 en junio frente a los 86.9 de septiembre de 2024, último mes del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), lo que implica 21 homicidios menos por día, expuso Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La funcionaria, además, señaló que informó que entre junio de 2019, que fue el junio con el promedio más alto, al mismo mes de 2025, se tuvo una reducción del 34.5 % en este delito.

«Como es muy claro en la gráfica, este es el junio más bajo desde 2016», dijo Figueroa en la conferencia diaria del Gobierno.

La titular del SESNSP detalló que siete de los 32 estados concentran el 54 % de los homicidios en estos nueve meses: Sinaloa, Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Estado de México, Michoacán y Guerrero.Más de 25,200 detenidosAdemás, en los primeros nueve meses del Gobierno, las autoridades detuvieron a 25.255 personas por delitos de alto impacto, reportó Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

También confiscaron más de 180,8 toneladas de droga, incluyendo 1,425 kilogramos de fentanilo y más de 3,62 millones de pastillas de este narcótico sintético, así como casi 13,275 armas de fuego, detalló García Harfuch.

«En 21 estados de la República, el Ejército, la Marina y la Fiscalía General de la República han inhabilitado más de 1,160 laboratorios y áreas de concentración. Es un número sin precedentes que afecta la economía de la delincuencia organizada y su estabilidad para producir drogas», añadió.

Harfuch precisó que, por órdenes de la presidenta Sheinbaum, se incrementó el despliegue operativo en Sinaloa con el objetivo de restablecer la paz en la región desde octubre pasado, debido a la pugna entre Los Chapitos y Los Mayos, que ha dejado más de 1,500 muertos en Sinaloa desde septiembre de 2024.

Además, refirió que en el último mes se han logrado importantes aseguramientos de combustible. En concreto, destacó los 10 millones de litros de hidrocarburo asegurados en Tamaulipas en marzo pasado; otros 10 millones de litros en Coahuila el 1 de julio, y otros 15 millones de litros, en la misma región, el 4 de julio.

Recordó que el domingo pasado presentó la estrategia nacional contra la extorsión, para lo cual, dijo será clave la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, aprobada el mes pasado por el Congreso.

Sheinbaum admitió que la extorsión es un delito que no se ha podido disminuir, por lo que anunció que presentará una iniciativa de ley para combatir el delito con lo que se busca que se persiga de oficio, al igual que un homicidio.

«Para que pueda haber una ley general contra la extorsión, tiene que modificarse la Constitución (…) El Congreso va a poder expedir una ley general contra la extorsión por la modificación constitucional que vamos a hacer», apuntó.

La mandataria asumió la presidencia el 1 de octubre después del récord de más de 196,000 asesinatos registrados en el sexenio de López Obrador, del mismo partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), mientras que los homicidios repuntaron un 1.2 % anual en 2024 hasta los 30.057, según las estadísticas del SESNSP.