Categoría: El Mundo

Un incendio forestal con un comportamiento de alta intensidad originado en Paüls (Cataluña), al noreste de España, afecta ya a 480 hectáreas de terreno, el 90 % de esta superficie dentro de un parque natural, y ha obligado a confinar a 2,000 vecinos de poblaciones cercanas.

Más de 200 bomberos de la Generalitat -gobierno regional de Cataluña- trabajan en su extinción, con la ayuda de dos aviones del Ministerio español para la Transición Ecológica.

El fuego obligó a desalojar de forma preventiva varias masías (viviendas rurales) aisladas de la zona, según explicó el responsable de Intervención de los Bomberos, Joan Rovira.

El fuego está avivado por un viento mistral que soplará con más fuerza a medida que avance la tarde y que está dificultando la labor de los equipos de extinción, según Rovira.

De acuerdo con los Bomberos, el fuego tuvo momentos de «comportamiento extremo» y se mueve ahora en dirección suroeste, por lo que están intentado rodear los dos flancos activos con líneas de agua y con herramientas manuales para evitar que se abran y que el viento tenga una mayor amplitud sobre la que empujar.

No obstante, según los Bomberos, la prioridad de los trabajos de los equipos de extinción es la protección de los efectivos, ya que la entrada del viento en la zona de barrancos puede provocar contravientos y movimientos erráticos de las llamas.

De hecho, la zona afectada por el incendio es de difícil acceso y de orografía complicada, pero también presenta campos de cultivo y de olivos, que los bomberos ven como un aliado de cara a las labores de extinción.

«Tenemos bastante estabilizada la parte inicial del incendio, pero ahora vamos hacia una zona que aún es inaccesible. Esperamos poder fijar durante la tarde la cola del incendio, tanto por el flanco izquierdo como por el derecho, y por la noche acabar de trabajar en las partes altas», indicó Rovira.

Hace unos días, un incendio considerado de sexta generación arrasó más de 5,000 hectáreas forestales y de cultivo en pocas horas también en Cataluña.

La Casa Blanca informó este lunes de que el balance de víctimas mortales por las inundaciones en el estado de Texas ha aumentado a más de 90 y anunció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajará a las zonas afectadas a finales de esta semana.

«Quiero comenzar hablando de la devastación causada por las trágicas inundaciones repentinas en Texas. Hace unos momentos, el Departamento de Seguridad Nacional informó que 91 personas inocentes han fallecido. Todos aquí (…) oramos por las familias y amigos de las víctimas en estos momentos», declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa.

Durante su intervención, ha defendido que Trump «firmó rápidamente una declaración de desastre mayor» para el condado de Kerr «para garantizar» que el «heroico equipo de emergencias cuente con todos los recursos necesarios para las labores de rescate», mientras que la secretaria de Seguridad Nacional, Krsti Noem, se ha desplazado a Texas durante el fin de semana.

«Toda la Administración Trump está trabajando en estrecha colaboración con los funcionarios estatales y locales para brindar toda la ayuda disponible. La situación sobre el terreno sigue siendo peligrosa y podría haber más amenazas para la seguridad pública con la posible llegada de fuertes lluvias, por lo que animamos a todos en la zona a mantenerse alerta», señaló.

Asimismo, indicó que, «en este momento, el enfoque de la Administración está enfocado en brindar a las víctimas y sus comunidades el apoyo que merecen durante los esfuerzos de recuperación en este trágico momento».

Por otro lado, Leavitt ha criticado las «falsedades» difundidas por demócratas o medios de comunicación ante «este desastre natural único»: «Culpar al presidente por estas inundaciones es una mentira depravada y no sirve de nada en estos tiempos de duelo nacional», dijo.

La Fiscalía argentina retiró su solicitud para que la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner cumpla en prisión la pena de seis años de internamiento dictada en su contra por el conocido como caso Vialidad, pero solicitó que la prisión domiciliaria sea cumplida en otro lugar.

Este lunes se celebró una audiencia convocada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, para analizar las condiciones del arresto domiciliario de Fernández en su domicilio del barrio bonaerense de Constitución, según recoge la emisora Cadena 3.

El fiscal Mario Villar alegó que la presencia de Fernández en el barrio de Constitución «genera tumultos y molestias en el barrio» en aparente referencia a la reciente aparición pública de la exmandataria en el balcón de su domicilio.

Por su parte, la defensa de Fernández cuestionó las restricciones impuestas por el Tribunal Oral Federal 2, que limitan las visitas en el domicilio a familiares, abogados y médicos sin necesidad de autorización judicial previa.
Además, pidió la eliminación de la tobillera electrónica que lleva la expresidenta porque afecta a su derecho a mantener una vida familiar y social adecuada.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola previamente recurrieron contra la prisión domiciliaria, han argumentado que esta medida constituye un «privilegio» y vulnera el principio de igualdad ante la ley.

La condena por un caso grave de corrupción pública debería cumplirse en una prisión, ya que no se justifican razones humanitarias ni de salud para otorgar la domiciliaria, apuntaron, en una postura que ahora quedaría anulada.

Fernández fue condenada por haber otorgado obras millonarias en carreteras argentinas a un socio y presunto testaferro durante su gobierno. La expresidenta, que niega los cargos, denunció que es víctima de una persecución política y judicial.

Al cumplirse el lunes cuatro años del magnicidio del presidente Jovenel Moïse de Haití, los haitianos viven la mayor crisis tanto en su país como en Estados Unidos, donde su zozobra crece ante las políticas del Gobierno de Donald Trump, como el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) y del ‘parole’ humanitario.

Las medidas de la Administración Trump exponen a al menos 731 mil haitianos que entraron de forma legal a la deportación a su país, donde no hay presidente electo y la violencia de las pandillas ha aumentado desde el asesinato de Moïse en 2021, con más de cuatro mil homicidios en la primera mitad de 2025, según la ONU.

El miedo es palpable en particular en Florida, región con la mayor diáspora haitiana, pues acoge a unos 369 mil inmigrantes de Haití, más de la mitad de los que hay en Estados Unidos, según el Center for Immigration Studies (CIS).

«Es estresante para las personas que vinieron aquí y cuyas naciones están en guerra y agitación, saben que si vuelven sus vidas están en peligro. Pero ya estaban aquí, estaban trabajando y contribuyendo», expresó a EFE Marleine Bastien, concejal del condado de Miami-Dade nacida en Haití.

En particular, líderes de origen haitiano en Florida cuestionan que, para eliminar el TPS, el Gobierno de Trump argumenta que el ambiente «ha mejorado lo suficiente» en Haití, pero semanas antes, el 4 de junio, anunció una prohibición de viaje al país ante el crimen y disturbios civiles por la violencia de las pandillas.Desplazados con «crueldad»Los retornados a Haití, de alrededor de 11 millones de habitantes, se sumarían al récord de 1,3 millones de personas desplazadas por la violencia a nivel interno, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).

Además, la economía padecería el impacto, pues el 20 % del Producto Interior Bruto (PIB) del país caribeño depende de la diáspora haitiana, que envió 4.100 millones de dólares en 2024 a la nación, cuya mitad de la población vive inseguridad alimentaria, según la ONU.

Por ello, Paul Christian Namphy, director político del Family Action Network Movement (FANM), una de las principales organizaciones defensoras de haitianos en Estados Unidos, consideró un «acto de crueldad» la posible deportación de estas cientos de miles de personas.

«Arriesgan sus vidas, eso es muy claro, y decimos que la Administración que puso en peligro a nuestros inmigrantes, miembros de nuestras comunidades legalmente aquí, esa Administración va a tomar toda la responsabilidad de cualquier cosa que les ocurra», expresó Namphy a EFE.

Los haitianos llegaron de forma legal a Estados Unidos, según recordaron Bastien y Namphy, pues la Administración del expresidente Joe Biden (2021-2025) amplió en 2023 el ‘parole’ humanitario para proteger de la deportación a 210.000 haitianos y en julio de 2024 alargó el TPS para 521.000 de ellos hasta 2026.

Trump ordenó eliminar ambas protecciones, además de prohibir viajes con ese país, aunque jueces han suspendido el fin de estos programas migratorios, cuyo futuro aún es incierto.

«A los haitianos los invitaron a venir aquí, eran legales, tenían papeles, estaban trabajando y ahora, de un lunes para otro, se convirtieron en indocumentados», lamentó la concejal de Miami-Dade.»Extrema incertidumbre»En Miami aún está pendiente uno de los juicios a cinco implicados en el magnicidio de Moïse, torturado y asesinado el 7 de julio de 2021 en su residencia privada del sector capitalino de Pétion-ville por un grupo de mercenarios, 17 de ellos colombianos.

Desde entonces, no ha habido elecciones y la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó en junio una resolución impulsada por Estados Unidos que urge a los países miembros a «que presten apoyo según sus capacidades» a la misión multinacional de seguridad desplegada el año pasado en Haití.

Pero esto ocurre en paralelo a los esfuerzos de Trump por cumplir sus promesas de deportaciones masivas, advierte el coordinador político de FANM, quien percibe un clima de «extrema incertidumbre».

«La Administración actual está ilegalizando a inmigrantes legales y poniéndoles un blanco para su deportación a un contexto muy, muy, muy peligroso en su país», acusó.

La reconocida biofísica Eva Nogales, profesora en la Universidad de Berkeley (California) y ganadora del Premio Shaw 2023, alertó este sobre el riesgo de colapso del sistema científico de Estados Unidos, a raíz de decisiones políticas impulsadas por el expresidente Donald Trump.

Durante un encuentro con periodistas en Santander, España, Nogales denunció que las políticas restrictivas, los recortes presupuestarios y una campaña contra la libertad académica están debilitando gravemente al entorno científico estadounidense. «El sistema norteamericano científico e investigador corre peligro de romperse», advirtió.

Nogales aseguró que se están registrando recortes de hasta el 50 % en el financiamiento de las agencias federales, junto a prácticas de censura que afectan directamente a las investigaciones en vacunas y enfermedades infecciosas. «No se puede hablar de diversidad», lamentó.

La científica española, que esta semana será incorporada como miembro de la Royal Society en Londres, fue distinguida como doctora honoris causa por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). En este contexto, cuestionó con dureza las decisiones que afectan a instituciones como Harvard, que ha sido impedida de aceptar a estudiantes extranjeros. «¿Cómo puede un país hacer eso contra sus propias instituciones? Es difícil de entender», expresó.

Según Nogales, históricamente Estados Unidos ha sido un referente mundial para el desarrollo de la ciencia, gracias a su apertura a talentos internacionales, su visión a largo plazo y el respaldo financiero. Sin embargo, advirtió que si las oportunidades desaparecen, los investigadores podrían optar por abandonar el país. «Esto es una pescadilla que se muerde la cola: si la gente se va, la ciencia va a decaer», dijo.

Respecto a las especulaciones sobre un posible Premio Nobel, la científica madrileña se mostró incómoda: «Aunque me deis mucho la lata con esto, me niego a que me quite el sueño. Me encanta mi trabajo. Me siento privilegiada de dedicarme a él en todas sus facetas y voy a seguir disfrutándolo me den o no me den el Nobel».

Aunque reconoce que su nombre aparece con frecuencia entre los candidatos debido a sus reconocimientos previos, considera agotador hablar del tema: «Entiendo la fascinación, pero conozco muchos premios nobeles, los he conocido el día antes y el día después de haber ganado el Premio Nobel, y son la misma persona».

Finalmente, defendió el valor del trabajo científico más allá de los galardones. «He conocido gente que se ha muerto sin llegar a recibir el Premio Nobel y para mí, entendiendo su ciencia, sé el valor que tiene. Lo que pasa es que cuando no se sabe, se necesita ese tipo de reconocimiento para poder apreciarlo».

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, envió en junio una carta a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que le pidió «pasar página de los malentendidos y mirar hacia adelante», antes de que Washington y Bogotá llamaran a consultas a sus embajadores por una nueva crisis diplomática entre ambos países.

En la misiva, enviada el 23 de junio y divulgada este lunes por medios colombianos, Petro se retracta de unas declaraciones en las que insinuó que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, estaba implicado en un golpe de Estado en su contra y afirma que los «desafíos hemisféricos» que comparten ambos países «exigen cooperación, y no recriminaciones».

«Deseo aclarar que cualquier expresión mía que haya sido interpretada como una acusación directa sobre la participación en un supuesto golpe de Estado en Colombia, no tenía la intención de señalar a nadie de manera personal ni de cuestionar sin fundamentos el papel de los Estados Unidos», sostiene Petro en la carta.

El 11 de junio, durante un evento público en Cali, el presidente colombiano se refirió a unas declaraciones del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y afirmó: «Dice un presidente vecino que Marco Rubio está organizando un golpe de Estado contra mí».

Esta afirmación fue alimentada por unos audios del excanciller colombiano Álvaro Leyva que revelan que intentó buscar ayuda en círculos republicanos de Estados Unidos para sacar a Petro del poder, una presunta trama que la semana pasada avivó aún más las tensiones entre ambos Gobiernos, ya marcadas por desacuerdos en temas como la migración y la lucha contra el narcotráfico.

En ese contexto, y tras lo que consideró una acusación «infundada» de Petro, Rubio convocó de manera «urgente» al jefe de la misión diplomática estadounidense en Bogotá, John McNamara.

En respuesta, Petro llamó a consultas a su embajador en Washington, Daniel García-Peña, con el fin de informarse sobre el estado actual de la agenda bilateral con Estados Unidos, el principal socio comercial de Colombia, con el que tiene desde 2012 un Tratado de Libre Comercio (TLC).Rechazo a acusaciones «infundadas»En su carta a Trump, Petro también expresa su «preocupación» por las insinuaciones públicas que, tras el atentado del 7 de junio contra el senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, responsabilizan a la «retórica violenta» del Gobierno colombiano como un posible detonante del ataque.

«Como ya ha sido establecido por las autoridades investigativas, no existe prueba alguna que vincule a este gobierno ni a sus discursos con ese lamentable hecho», agrega en referencia a los disparos que recibió durante un acto de campaña en Bogotá Uribe Turbay, quien un mes después del ataque continúa luchando por su vida.

Petro rechaza «categóricamente cualquier intento de utilizar la tragedia como instrumento de acusación infundada» y afirma que «es hora de pasar la página de los malentendidos y mirar hacia adelante».

«Por eso, quisiera reiterar mi propuesta de convocar una cumbre entre el gobierno de los Estados Unidos y la Comunidad de Estados latinoamericanos y Caribeños (CELAC). No como gesto simbólico, sino como una oportunidad real de sentarnos como iguales a pensar el futuro que compartimos», añade el mandatario, quien también hace un llamado al «entendimiento» y la «responsabilidad compartida».Nueva crisis sin cancillerEsta nueva crisis diplomáticacon Estados Unidos coincide con la renuncia la semana pasada de la tercera canciller de Petro, Laura Sarabia, por diferencias con decisiones tomadas por el Gobierno, que no ha nombrado aún a su reemplazo.

Esta es la segunda crisis diplomática de este año entre los dos países. La primera fue el pasado 26 de enero cuando Petro no permitió el ingreso al país de aviones con ciudadanos deportados por EE.UU. alegando que no recibían un trato digno.

Tras esa decisión, Trump respondió con una imposición de aranceles del 25 % a todos los productos colombianos, pero ese mismo día diplomáticos de los dos países llegaron a un acuerdo para bajar la tensión bilateral.

El senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, gravemente herido en un atentado hace un mes, lidera la intención de voto para las elecciones de 2026, según una encuesta divulgada este lunes.

La encuesta sobre posibles candidatos presidenciales, elaborada por las firmas Guarumo y EcoAnalítica, muestra a Uribe Turbay, del partido de derecha Centro Democrático, en el primer lugar de las preferencias del electorado, con el 13.7 %.

Uribe Turbay, de 39 años, fue herido el 7 de junio con dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda cuando hablaba a un grupo de seguidores en un parque del barrio bogotano de Modelia como parte de su aspiración de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026.

En segundo lugar en la encuesta, publicada por medios locales, se sitúa la periodista independiente Vicky Dávila, con el 11.5 %, y en tercero el izquierdista Gustavo Bolívar, hombre cercano al presidente colombiano, Gustavo Petro, con el 10.5 %, mientras que el excandidato presidencial de centro Sergio Fajardo marca el 8.7 % en el cuarto lugar.

La encuesta, que se hizo con 2,122 personas entre el 1 y el 5 de julio, es la primera que se publica desde el atentado contra Uribe Turbay, que ha provocado una ola de solidaridad con el político, quien permanece en estado grave en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Al cumplirse hoy un mes del ataque, la esposa del senador, María Claudia Tarazona, publicó un nuevo mensaje en su cuenta de Instagram donde habitualmente informa sobre el estado de salud de Uribe Turbay, quien ha sido sometido a varias cirugías en la cabeza y la pierna izquierda.

«Ya ha pasado un mes. Gracias Dios, ayúdame más», escribió Tarazona, que acompañó su mensaje con una foto de su esposo en compañía de su hijo sentados en un parque.Cinco detenidos por el atentadoPor el atentado han sido detenidas cinco personas, entre ellas el sicario de 15 años que le disparó, pero las autoridades no han logrado identificar aún ni a los mandantes ni los motivos del ataque.

«La Fuerza Pública, la Fiscalía y nuestros aliados internacionales estamos tras el rastro de quienes intentaron silenciar a un senador y desafiar al país entero», manifestó el pasado sábado en X el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.

Además del sicario, que tenía en su poder una pistola Glock, fueron capturados otros cuatro presuntos implicados, el más reciente de ellos Elder José Arteaga Hernández, alias ‘el Costeño’, considerado pieza clave en la investigación.

Arteaga, que fue detenido el sábado, fue acusado de haber planificado el crimen y de reclutar al sicario, por lo que la Fiscalía le imputó ayer los delitos de homicidio en grado de tentativa; concierto para delinquir; fabricación, tráfico y porte de armas agravado; uso de menores para la comisión de delitos y ocultamiento de pruebas.

Una investigación del Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, en inglés) y el FBI concluyó que el financiero Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores, no mantenía una «lista de clientes» a los que chantajeaba y confirmó su muerte por suicidio en una prisión de Nueva York en 2019, según reportaron este lunes medios estadounidenses.

Los hallazgos, detallados en un memorando revisado por Axios y la cadena ABC News, representan la primera negativa oficial a las teorías conspirativas sobre una supuesta lista de influyentes personalidades asociadas con Epstein y un posible asesinato para silenciarlo.

El DOJ y el FBI también habrían revisado varias horas de video que confirmarían que nadie entró en la zona de la prisión en Manhattan donde el multimillonario de 66 años se quitó la vida mientras esperaba un juicio, bajo acusaciones de tráfico sexual de menores ayudado por su socia Ghislaine Maxwell, procesada y condenada por delitos similares.

La revisión de la evidencia fue ordenada por la Administración del presidente Donald Trump después de que funcionarios como la fiscal general, Pam Bondi, prometieran la publicación de archivos relacionados a las indagaciones del Gobierno federal sobre el caso.

La muerte de Epstein evitó la celebración del juicio, por lo que parte de la sociedad estadounidense ha reclamado desde entonces al Departamento de Justicia que haga pública la lista de cómplices y clientes y el registro de vuelos de su avión privado a la isla que tenía en las Islas Vírgenes, donde habrían ocurrido algunos de los abusos.

En el nuevo memorando, la Justicia estadounidense advirtió que no divulgará más registros de la investigación y que una de sus principales «prioridades» es «combatir la explotación infantil y hacer justicia a las víctimas».

«Perpetuar teorías infundadas sobre Epstein no sirve para ninguno de esos fines», afirma el documento, según ABC News.

La publicación de nuevos detalles sobre el caso del fallecido financiero, con contactos en las altas esferas políticas y económicas de EE.UU. y de otros países, coincide con polémicas y denuncias contra personalidades estadounidenses como el propio presidenteTrump, acusado por su antiguo aliado Elon Musk de aparecer en los archivos de Epstein, algo que el mandatario niega categóricamente y que Musk luego retiró.

Sin embargo, Musk volvió a la carga contra la Administración de su antiguo aliado tras los reportes sobre el memorando.

En una publicación en su red social X, el magnate – que en estos días ha jugado con la posibilidad de crear un nuevo partido político en EE.UU.- compartió una imagen de un «contador oficial de arrestos del pedófilo Jeffrey Epstein» situado en cero y el comentario «¿Qué hora es? Ah, mira, otra vez la hora en que nadie cae preso».

La Administración de Donald Trump eliminará el Estatus de Protección Temporal (TPS) que protege de la deportación a cerca de 76,000 hondureños y nicaragüenses en Estados Unidos desde 1999, según un documento preliminar difundido este lunes por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó la medida, que entrará en vigor 60 días después de la publicación oficial del documento en el Registro Federal, programada para mañana martes, porque los dos países «ya no continúan cumpliendo los criterios para la designación del TPS».

El fin del TPS afectaría en particular a migrantes de Florida, donde vive uno de cada tres de los más de 1 millón de los beneficiarios de Estados Unidos, según un reporte del Congreso.

La pérdida del estatus legal, que tenía como fecha límite para ampliarse el pasado sábado 5 de julio, afectará a un aproximado de 72.000 hondureños y 4.000 nicaragüenses, según las estimaciones del Gobierno de Estados Unidos.

El DHS argumentó que Washington concedió el TPS a estas nacionalidades tras el golpe en octubre de 1998 del huracán Mitch, el segundo ciclón más mortífero en la historia del Atlántico porque dejó más de 11,300 muertos en Centroamérica, incluyendo cerca de 7,000 en Honduras y casi 4,000 en Nicaragua.

Pero aseguró que, desde entonces, «ha habido mejoras notables» en las condiciones de ambos países que «permiten el adecuado retorno de sus ciudadanos».

Por ejemplo, consideró que Nicaragua «es un creciente líder en turismo, ecoturismo, agricultura y energía renovable», mientras que «nuevos proyectos de infraestructura están por transformar a Honduras y crear empleos».

La medida se revela menos de dos semanas después de que la Administración de Trump anunció el fin del TPS para cerca de 521,000 haitianos, lo que frenó un juez federal la semana pasada.

Mientras que la Corte Suprema autorizó en mayo al presidente Trump terminar con esta protección migratoria para 350,000 venezolanos.

Trump intentó eliminar este estatus desde su primer mandato para migrantes de países como El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Nepal y Sudán, por lo que, tras estas medidas, otras comunidades temen ser las siguientes.

El exministro de Transporte ruso Román Starovoit, destituido este lunes por el presidente de Rusia, Vladímir Putin, fue hallado muerto a las afueras de Moscú, informó el Comité de Instrucción ruso, que baraja el suicidio como principal causa de su fallecimiento

«La investigación está estableciendo las circunstancias de la muerte de Román Starovoit», según un comunicado de la institución, publicado en su Telegram.

La nota indica que el funcionario fue hallado con «una herida de bala en su vehículo particular» en la localidad de Odintsovo, a las afueras de Moscú.

«La principal hipótesis es el suicidio», según los investigadores.

Al frente de la región de Kursk, Starovoit fue sustituido por Alexéi Smirnov, quien fue arrestado en abril pasado acusado de un delito de corrupción y estafa en la construcción de líneas defensivas junto a la frontera con Ucrania.

En agosto de 2024, tres meses después de que Starovoit dejara Kursk para asumir su cargo en el Gobierno, las Fuerzas Armadas de Ucrania invadieron y ocuparon parte de esa región, de la que fueron expulsadas solo en abril pasado.

Horas después de la destitución de Starovoit, Putin nombró como su sustituto al frente del Ministerio de Transporte a Andréi Nikitin, anteriormente viceministro de la misma cartera.

El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, aseguró hoy que el despido de Starovoit no estaba relacionado con la pérdida de confianza en su figura.

«En el decreto (de destitución) se suele indicar que es por pérdida de confianza cuando así se ocurre», dijo Peskov, quien insistió en que en esta ocasión el documento oficial no incluyó esta aclaración.