Categoría: El Mundo

El Kremlin tildó este martes de «trágica» la muerte del exministro de Transportes Roman Starovoit, cuyo cadáver fue hallado horas después de ser cesado por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, si bien declinó pronunciarse sobre las causas, en medio de una investigación por supuesto suicidio.

«En este caso, no me gustaría hacer comentarios sobre este asunto», dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, quien ha recalcado que «la información de este tipo siempre es trágica y triste» y ha subrayado que Putin «fue informado inmediatamente» después de que fuera hallado el cuerpo de Starovoit, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

Así, ha resaltado que este tipo de casos «impactan a cualquier persona que sea normal». «Naturalmente, nosotros también estamos impactados, pero hay una investigación en marcha que dará todas las respuestas», ha manifestado. «Mientras está en marcha la investigación es posible especular, algo que probablemente hagan los medios y los analistas políticos. No va en nuestro interés hacerlo», aseguró.

La portavoz del Comité de Investigación de Rusia, Svetlana Petrenko, indicó el martes que las autoridades rusas abrieron una investigación y, por el momento, trabajan con la hipótesis del suicidio después de que se encontrara el cuerpo de Starovoit en la localidad de Odintsovo.

El exministro, reemplazado de forma interina por Andrei Nikitin, encabezaba la cartera desde mayo de 2024 tras ocupar anteriormente el cargo de gobernador de la región de Kursk.

Un impostor utilizó la inteligencia artificial para imitar la voz y el estilo de escritura del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en comunicaciones con varios funcionarios estadounidenses y extranjeros con el objetivo de obtener acceso a información sensible, según reportan medios este martes.

Un cable enviado por la oficina de Rubio a empleados del Departamento de Estado, obtenido por el diario The Washington Post, revela que el individuo «contactó al menos a cinco personas ajenas al Departamento, entre ellas tres funcionarios extranjeros, un gobernador de EE. UU. y un congresista».

Las autoridades desconocen aún la identidad del impostor, quien según creen, intentó manipular a sus interlocutores para «obtener acceso a información o cuentas», indica el documento, fechado el 3 de julio.

Los intentos de suplantación de identidad fueron confirmados al Post por un alto funcionario del Departamento de Estado y habrían comenzado a mediados de junio pasado a través de aplicaciones de mensajería de texto como Signal, una vía segura de comunicación ampliamente utilizada por miembros de la Administración estadounidense.

El impostor creó una cuenta bajo el nombre de usuario «Marco.Rubio@state.gov» para tratar de engañar a diplomáticos y políticos extranjeros y estadounidenses.

«El individuo dejó mensajes de voz en Signal a al menos dos personas y, en una ocasión, les envió un mensaje de texto invitándolas a comunicarse», indica el cable del Departamento de Estado, que además afirma que otros funcionarios de esa organización también fueron suplantados mediante un correo electrónico fraudulento.

Ante las preguntas del Post, el Departamento de Estado no compartió detalles sobre las comunicaciones ni los funcionarios implicados, pero sí insistió en que «llevaría a cabo una investigación exhaustiva y seguiría implementando medidas de seguridad para evitar que esto vuelva a suceder».

El intento de suplantación de identidad de Rubio tuvo lugar tras varios incidentes de seguridad que involucran a altos funcionarios del Gobierno del presidente Donald Trump.

En mayo pasado, un individuo ganó acceso al teléfono de la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, desde donde llamó y envió mensajes a senadores, gobernadores y ejecutivos de empresas como si fuera la funcionaria, lo cual desencadenó una investigación por el FBI, según reportes de The Wall Street Journal.

La aplicación de mensajería Signal también fue escenario de un escándalo político reciente, cuando en marzo pasado un periodista fue añadido por error a un grupo donde varios altos funcionarios de la Administración Trump, entre ellos el secretario de Defensa, Pete Hegseth, compartían información militar altamente clasificada.

El Ejército israelí anunció este martes haber matado en la Franja de Gaza a Taha Abu Ayadeh, al que califica como comandante del brazo armado del grupo islamista Hamás, que participó en un ataque durante el 7 de octubre de 2023 contra una estación de servicio cerca del kibutz Magen, junto a la frontera con Gaza.

El Ejército dijo haber matado al comandante, que también ejecutó «numerosos ataques terroristas», el pasado 1 de julio cerca de la ciudad de Jan Yunis, en el sur del enclave palestino.

Este es el segundo comandante de Hamás cuya muerte ha sido anunciada por Israel este mes: a principios de julio el Ejército informó de la muerte de Ramzi Ramadan Abd Ali Saleh, presunto jefe de la fuerza naval de Hamás en el norte de Gaza.

«Las Fuerzas de Defensa de Israel y el servicio de inteligencia interior (Shin Bet) seguirán actuando contra todos los terroristas que participaron en la brutal masacre del 7 de octubre», afirmó el Ejército en el comunicado.

Ese día, Hamás lanzó un ataque sin precedentes contra Israel, en el que miembros de este grupo y otras milicias gazatíes mataron a unas 1,200 personas y secuestraron a otras 251, de las cuales 50 permanecen como rehenes en la Franja de Gaza.

Israel respondió con una ofensiva militar que, hasta la fecha, ha causado al menos 57,575 muertos y 136,879 heridos en Gaza, según el Ministerio de Sanidad del enclave, controlado por Hamás.

El incendio forestal de alta intensidad iniciado ayer lunes en Paüls (Cataluña, noreste de España), que sigue activo empujado por el fuerte viento, afecta ya a una superficie de 2.899 hectáreas y ha obligado a confinar en sus casas a 18.000 vecinos de siete poblaciones de la zona.

Debido al incendio, Protección Civil del Gobierno regional de Cataluña ha ordenado el confinamiento en sus casas de los vecinos de varios municipios, lo que afecta a una población total de 18,000 personas, y también hay otras 1,200 personas que pueden salir de sus casas pero se la limitado su movilidad para que no salgan de su localidad.

Según el último balance de los Agentes Rurales, el incendio afecta ya a una superficie de unas 2,899 hectáreas, en su mayoría de zona forestal y en un parque natural, ya que sigue sin control tras una noche complicada para los bomberos, con rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora, lo que complica las labores de extinción.

Por este incendio, han tenido que ser atendidas tres personas, todas ellas leves, aunque una tuvo que ser trasladada a una clínica.

La Generalitat catalana (Gobierno regional) ha activado a unos 300 agentes de los Bomberos y ha pedido la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que depende el Gobierno español, que aportará unos 100 efectivos, que se sumarán a los dos aviones anfibios que ya se han incorporado al dispositivo.

«Aún quedan horas críticas en relación a la extinción de este incendio», ha advertido a primera hora de la mañana la responsable regional de Interior, Núria Parlon, desde el centro de mando de los Bomberos.

Parlon ha señalado que la Generalitat decidió que era necesario activar a la UME «para poder combatir la virulencia de este incendio a lo largo del día de hoy y sobre todo también disponer de estos medios por si se reproducían incendios en distintos sitios», con el fin de tener una capacidad operativa mayor.

Por su parte, el jefe de los Bomberos de la Generalitat, el inspector David Borrell, ha remarcado que las tareas de extinción del fuego se complicaron por la noche porque el viento empezó a soplar con más fuerza a partir de las 22:00 horas, con rachas de hasta 90 kilómetros por hora.

«Aunque esperábamos el viento fuerte, nos ha sorprendido la fuerza que ha tenido. Hemos estado trabajando toda la noche de forma muy precaria, muy dura, y hemos estado protegiendo a la población. Por la noche, la sensación de inseguridad es mayor y hemos tenido que atender bastantes alarmas y dar respuesta para que la población se sintiera segura», ha dicho Borrell.

Cuatro años después del asesinato del presidente Jovenel Moïse, ocurrido la noche del 7 de julio de 2021, Haití continúa atrapado en una crisis sin precedentes, marcada por la violencia descontrolada y la imposibilidad de celebrar elecciones.

En principio, los haitianos deberían acudir a las urnas en noviembre, pero la extrema inseguridad, con al menos 4,000 homicidios solo en el primer semestre de 2024, mantiene en el aire la convocatoria. Este lunes se celebró una misa en el Palacio Nacional para honrar la memoria de Moïse, asesinado en su residencia privada por un grupo de mercenarios, en su mayoría colombianos.

«En un clima de recogimiento, dignidad y profunda emoción», así describió el Gobierno haitiano la ceremonia en la que reiteró que el país «sigue honrando la memoria del presidente Jovenel Moïse» y «reafirma su compromiso con los valores democráticos». Sin embargo, la Justicia aún no ha identificado a los autores intelectuales, a pesar de múltiples detenciones y acusaciones.

En febrero de 2024, la Fiscalía imputó a unas 50 personas, entre ellas el ex primer ministro Claude Joseph, el exjefe de la Policía Nacional Léon Charles y la viuda de Moïse, Martine Moïse, herida durante el ataque y trasladada ese mismo día a Miami.

Este lunes, Martine Moïse reiteró en un video titulado ‘Cuatro años después, el sol de la justicia brillará’ que la investigación no ha esclarecido los hechos: «Es cierto que sufrimos, pero no abandonamos la lucha por pedir justicia para el presidente, su familia y todo el país». Además, aseguró que «la coalición que mató» a Moïse es la misma que controla actualmente el poder ejecutivo y judicial.

La exprimera dama recordó que su esposo canceló contratos con empresas energéticas por presunta corrupción.

Según Joseph Félix Badio, uno de los acusados, en torno al presidente se formaron grupos de interés que buscaban su muerte para repartirse el poder, señalando incluso a Martine Moïse y Claude Joseph como parte de la conspiración.

El proceso avanza con dificultad en el Tribunal de Apelación de Puerto Príncipe, mientras el país exige justicia. Hasta la fecha, 17 colombianos permanecen detenidos por su supuesta implicación; la mayoría son exmilitares que afirman haber sido contratados para trabajos de seguridad privada sin conocer el objetivo final.

Cuatro años después, Haití enfrenta una crisis profunda: el 90 % de la capital está bajo control de pandillas armadas, provocando el desplazamiento de más de 1.3 millones de personas hacia ciudades del interior o campos de refugiados. El Consejo Presidencial de Transición, que asumió con la promesa de restablecer la paz y convocar elecciones, aún no logra avances.

Los últimos comicios se celebraron entre 2015 y 2016, periodo que culminó con la elección de Moïse, quien tomó posesión el 7 de febrero de 2017, antes de ser asesinado en 2021.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, anunció el lunes que ordenó a las Fuerzas Armadas iniciar la creación de una «ciudad humanitaria» en Rafá, en el sur de Gaza, donde planea reubicar a 600,000 palestinos desplazados por el conflicto.

En su primera fase, la zona recibiría a familias de Al Mawasi, en la costa sur, y a desplazados de otras áreas. El ingreso estará condicionado a un registro e investigación para impedir la entrada de miembros del grupo Hamás, explicó Katz en conferencia de prensa recogida por medios israelíes.

Dentro de esta «ciudad humanitaria», los palestinos permanecerán bajo control militar y solo podrán salir para emigrar. Katz detalló que el objetivo final es promover una «emigración voluntaria» de la población civil fuera de Gaza. «Este plan debe cumplirse», enfatizó.

El espacio estaría custodiado a distancia por tropas israelíes, mientras organismos internacionales se encargarían de la gestión diaria y la distribución de ayuda humanitaria mediante cuatro nuevos puntos de abastecimiento.

El ministro señaló que, si se concreta un acuerdo con Hamás para liberar rehenes y pactar una tregua de 60 días, Israel mantendría tropas en el corredor Morag, al norte de Rafá, y aprovecharía ese tiempo para levantar la nueva zona. Katz aseguró que Israel controla ya el 70 % de la Franja de Gaza.

La iniciativa responde a la filtración de un plan que planteaba crear «Zonas Humanitarias de Tránsito» para alojar temporalmente a la población antes de su salida definitiva de Gaza tras ser «desradicalizada». Katz insistió en que estos espacios no estarían gobernados por Israel, sino gestionados por agencias internacionales.

Sin embargo, la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF) negó cualquier vínculo con estas zonas. «La GHF no tiene planeadas ni va a aplicar estas Zonas Humanitarias de Tránsito ni ahora ni en ningún momento del futuro», aclaró la organización en un comunicado.

La GHF acusó a varios medios de difundir información errónea y recalcó que su único objetivo es «incrementar la ayuda alimentaria para atender necesidades urgentes en Gaza». La fundación también destacó que Reuters corrigió la información, aunque «el daño ya está hecho».

Un grupo de 17 fiscales estatales demócratas reforzaron este lunes una demanda interpuesta por varias organizaciones civiles contra las redadas del Servicio de Inmigración (ICE) en Los Ángeles e instaron al juez a ordenar una pausa en esos operativos, desplegados hace más de un mes en la ciudad.

El pasado miércoles, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otras entidades demandaron al Gobierno de Donald Trump para impedir que los agentes migratorios continúen con las redadas, que se declaren inconstitucionales sus tácticas de arrestos y se permita a los inmigrantes detenidos acceder a abogados.

«Los fiscales generales apoyan la moción de los denunciantes para una orden temporal de restricción, en la que argumentan que ICE no está deteniendo a la gente basándose en ninguna sospecha razonable e individualizada, sino que está usando un perfil racial» en sus redadas, indica un comunicado conjunto.

Los fiscales, encabezados por Letitia James, de Nueva York, argumentan que agentes enmascarados del ICE están haciendo redadas en barrios, iglesias, escuelas y negocios, en las que han sido detenidos residentes y ciudadanos de EE.UU. sin «sospecha razonable de mala conducta», lo que ha sembrado miedo en la población.

Los fiscales recuerdan que el estado de California ha sido escenario de otras redadas «discriminatorias y militarizadas» contra inmigrantes, especialmente mexicanos, y las compara con las acciones actuales del Gobierno de Trump, quien ha «elogiado la ‘Operación Espalda Mojada’ de 1954 como modelo», señalan.

Aunque la demanda se reduce a Los Ángeles, la coalición de fiscales acusa al Gobierno de hacer redadas en todo el país, incluyendo en tribunales de migración y en campos de cultivo en Nueva York, y denuncian una «cultura del miedo» entre los inmigrantes, quienes se están absteniendo de acudir a hospitales, escuelas o templos.

Desde que Trump inició su segundo mandato, fiscales y otras figuras demócratas han estado colaborando para reforzar demandas civiles contra las políticas del Gobierno republicano, y han entregado documentos en defensa de los «soñadores», los inmigrantes haitianos o los servicios de ayuda al exterior de EE.UU.

Una médica y seis organizaciones de salud pública de Estados Unidos presentaron este lunes una demanda contra el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr. por «modificar unilateralmente las recomendaciones de vacunación contra la covid-19 para niños y mujeres embarazadas».

La denuncia fue interpuesta ante un tribunal federal del estado de Massachusetts por la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP), el Colegio Estadounidense de Médicos (ACP), la Asociación Estadounidense de Salud Pública (APHA), la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos (IDSA), la Sociedad de Medicina Materno-Fetal (SMFM) y la Alianza de Salud Pública de Massachusetts (MPHA).

La querella acusa al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y al secretario Kennedy de actuar de forma «arbitraria y caprichosa» al alterar las directrices oficiales sobre inmunización sin respaldo científico ni consenso profesional.

También lo acusa de destituir «injustamente» a 17 miembros del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), y de sustituirlos por personas con posturas antivacunas.

«Esta administración representa una amenaza existencial para la vacunación en Estados Unidos», declaró el abogado Richard H. Hugues IV, quien presentó la demanda y advirtió de que no se quedarán de brazos cruzados mientras se desmantela el sistema de prevención en el país.

La presidente de la IDSA, Tina Tan, advirtió de que no permitirán «que un solo funcionario federal elimine efectivamente la libertad de vacunarse en EE.UU., ignorando por completo la evidencia científica y décadas de procesos federales consolidados».

Entre las acciones denunciadas por los profesionales sanitarios figuran la cancelación de reuniones de paneles científicos, el bloqueo de comunicaciones oficiales de los CDC y la promoción de estudios que relacionan las vacunas con el autismo.

La principal demandante es además una médica embarazada, cuya identidad se mantiene en el anonimato, quien asegura haber sido privada del acceso a una dosis de refuerzo contra la covis-19 pese a estar en periodo de gestación y desempeñar funciones en un hospital con alta exposición a enfermedades infecciosas.

Las organizaciones instaron a la población a seguir confiando en los profesionales de salud y en las recomendaciones basadas en evidencia científica, y advirtieron, en palabras de la doctora y presidenta de la AAP, Susan Kressly, que «estas decisiones se basan en el miedo y no en la evidencia».

La demanda solicita la anulación inmediata de los cambios impulsados por Kennedy y una declaración judicial que los declare ilegales.

El secretario de Salud, conocido por su escepticismo hacia las vacunas desde antes de asumir su cargo, todavía no se ha pronunciado públicamente sobre la demanda.

El Gobierno de Donald Trump anunció este lunes que saca a Hayat Tahrir al Sham (HTS), el movimiento que derrocó al régimen sirio de Bachar al Asad, de la lista de organizaciones terroristas a partir de mañana, 8 de julio.

La salida del HTS de la lista de organizaciones terroristas extranjeras es consecuencia de «la anunciada disolución del HTS y el compromiso del Gobierno sirio de combatir el terrorismo en todas sus formas», según una declaración del secretario de Estado, Marco Rubio.

El HTS es una escisión del Frente Al Nusra, y llevó al poder al actual presidente Ahmed Al Sharaa, pero este, en su calidad de jefe de Estado provisional, disolvió el HTS y lo integró dentro de las fuerzas de seguridad del nuevo Gobierno.

Con este anuncio, el Gobierno de Donald Trump va sumando pasos de deshielo con el nuevo Gobierno sirio, como el levantamiento de sanciones sobre el país árabe anunciado el pasado 30 de mayo.

Rubio dice en su declaración que estas medidas «cumplen con la visión del presidente Trump de una Siria estable, unida y pacífica».

Las señales del Gobierno Trump para con Al Sharaa contrastan con la actitud de Israel, el gran aliado de EE.UU. en la región, que ha bombardeado en numerosas ocasiones posiciones del Ejército sirio y ha aprovechado la debilidad del Estado en este periodo de transición para ocupar nuevas posiciones junto a los Altos del Golán, sin compromiso por su parte para abandonarlos.

Una jueza estadounidense exigió este lunes a la Administración de Donald Trump aclarar a dónde pretende deportar al salvadoreño Kilmar Ábrego García, expulsado en marzo a El Salvador por «error» del Gobierno de EE.UU., que ahora desea enviarlo a un país del que no es originario.

La jueza de distrito Paula Xinis, de Maryland, origen del caso civil sobre su deportación, convocó para el próximo jueves una audiencia con funcionarios del Departamento de Justicia (DOJ, en inglés), quienes le reiteraron su intención de deportar a Ábrego García a un tercer país aunque «no han determinado» cuál.

Además, Xinis rechazó la petición del Gobierno de Trump de desestimar el juicio civil por la deportación por «error» de Ábrego García, quien fue retornado el 6 de junio a Estados Unidos. Desde entonces está encarcelado en Tennessee mientras afronta cargos por un caso aparte, por supuesto tráfico de personas indocumentadas.

«El Gobierno ha expresado que, tan pronto como liberen a Ábrego García de su custodia criminal, lo que confiamos que suceda la próxima semana, su intención es redeportarlo a un tercer país. ¿Cuál? No se sabe».
Simon Sandoval-Moshenberg,
Abogado del migrante.

Pese a la petición de la defensa, la jueza aún no ordena trasladar al migrante de Tennessee a Maryland para evitar que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) lo detenga cuando salga de la cárcel, como anticipó de nuevo este lunes un fiscal del DOJ.

Ábrego García permanecerá bajo custodia federal en Tennessee al menos hasta el 16 de julio, determinó la semana pasada la jueza Barbara Holmes, quien aceptó la petición de los abogados de detener su liberación para evitar su deportación.

Los fiscales del DOJ argumentaron este lunes en Maryland que la deportación de Ábrego García a El Salvador en marzo «fue un error aislado», aunque la jueza Xinis indicó que el presidente Donald Trump y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ignoraron las órdenes judiciales que pedían frenar su expulsión.

Decenas de activistas se congregaron fuera de la corte de Maryland este lunes durante la audiencia para exigir la liberación del migrante, respeto al debido proceso y el fin de las deportaciones masivas, además de expresar su apoyo al salvadoreño.

«El Gobierno estuvo mintiendo, engañándonos, retrasando órdenes judiciales a propósito. Todo se expondrá. Aprendimos que esta acción horrible que ocurrió en marzo fue parte de una operación calculada».
Ama Frimpong,
Directora legal de la asociación civil CASA, defensora de migrantes.

Esto es una nueva escalada en el caso de Ábrego García, a quien la Administración de Trump envió junto a 230 migrantes a El Salvador a pesar de tener un estatus que lo protegía de la deportación y de las órdenes de la Corte Suprema y la jueza de Maryland que concluyeron que su expulsión fue ilegal.

Los cargos federales de tráfico de personas que ahora enfrenta surgieron tras un encuentro del inmigrante con policías en Tennessee en 2022, cuando viajaba con presuntos indocumentados.