Categoría: El Mundo

Ucrania ha recibido esta semana otro jarro de agua fría de la administración estadounidense,

al evitar la Casa Blanca condenar la masacre cometida por Rusia en la ciudad ucraniana de Sumi el domingo de Ramos y con el portazo del presidente Donald Trump a los planes de Kiev de comprar a EEUU los sistemas antiaéreos Patriot que necesita para protegerse de este tipo de ataques con misiles balísticos rusos.

“Trump está enfadado de nuevo con Zelenski. Posiblemente después de la entrevista en CBS, donde Zelenski habla de desinformación rusa en EEUU”, ha escrito en su cuenta de X el presidente de la Escuela de Economía de Kiev, Timofi Milovanov, que hacía referencia a las nuevas críticas vertidas por el presidente de EEUU contra su homólogo ucraniano durante una rueda de prensa conjunta con el líder salvadoreño, Nayib Bukele.

Además de no anunciar las sanciones al Kremlin en respuesta a la continuación de los ataques de Rusia contra civiles ucranianos pese a la petición de alto el fuego formulada por EEUU hace más de un mes que reclaman a diario los ucranianos,

Trump volvió a culpar de la prolongación de la guerra a Zelenski, que el fin de semana lamentó en una entrevista con la cadena estadounidense CBS que el discurso del Kremlin sobre el conflicto haya sido asumido en la Casa Blanca.

En uno de los dardos que lanza habitualmente en Truth Social, la red social del presidente de EEUU,

Trump criticó la supuesta hostilidad con la que se le trató en el programa en el que se emitieron las declaraciones de Zelenski, y pidió que se castigue a la cadena por difamación.

“¿Qué más tiene que hacer Putin para que (Trump) actúe?”

La llegada de Trump a la Casa Blanca y su compromiso de poner fin al conflicto imponiendo sobre las partes el poder y la influencia de EEUU fue recibida con cierta esperanza por algunos ucranianos convencidos de que el país no puede permitirse seguir perdiendo gente y territorio en la guerra.

Pero la sensación generalizada en Ucrania es que Trump sólo ha aplicado el eslogan con el que define su política exterior, ‘Paz a través la fuerza’, sobre Kiev, al que forzó a asumir un alto el fuego por tierra, mar y aire -cortándole el suministro de armamento e información de inteligencia- que luego rechazó el Kremlin sin que EEUU le aplicara ninguna medida de presión para que lo aceptara.

Desde que hace 35 días Putin frustrara la posibilidad de una tregua completa, Rusia no sólo ha seguido atacando pueblos y ciudades ucranianas prácticamente a diario. También ha cometido algunas de las peores masacres de toda la guerra, sin que EEUU le haya impuesto ninguna medida de castigo.

“¿Qué más tiene que hacer Putin para que (Trump) actúe”, dice a EFE Sasha Lesenko, un informático de Kiev de 37 años que pensó en su momento que el estilo agresivo del nuevo presidente de EEUU podría poner firme al Kremlin y obligarle a bajar las armas.

Lesenko hace referencia a los dos ataques más letales cometidos por Rusia desde que Trump pidiera sin éxito a Putin una tregua incondicional. El primero de ellos tuvo lugar el 4 de abril, cuando un misil ruso mató a 19 personas, entre ellas 9 menores, en la ciudad de Krivi Rig. El segundo fue perpetrado el pasado domingo por las fuerzas rusas con dos misiles que mataron a 35 personas en Sumi.

“Necesitamos un bloqueo económico total, un embargo completo sobre las ventas de energía (de Rusia), y el cierre de todas las rendijas por las que se violan las sanciones”, ha resumido el asesor presidencial ucraniano Mijailo Podoliak lo que esperan en Ucrania del presidente Trump, que sigue sin mostrar con los ucranianos la empatía que sí ha expresado, por ejemplo, con los rehenes israelíes de Hamás y es visto por cada vez más gente en Ucrania como el aliado perfecto de Putin.

La Administración de Donald Trump decidió este lunes congelar $2,200 millones en fondos federales para la Universidad de Harvard después de que la institución rechazara la demanda del Gobierno de que ponga a fin a sus programas de diversidad y vigile la orientación ideológica de sus estudiantes extranjeros y tras ser acusada de no hacer los suficiente para combatir el antisemitismo en su campus.

El anuncio pone en riesgo $9,000 millones en subvenciones federales, bajo el argumento de que ha permitido que florezca el antisemitismo sin control.

«Ningún Gobierno debería dictar a qué puede enseñar una universidad privada, ni a quién deben admitir o contratar, o qué áreas de estudio o investigación se pueden perseguir», indicó el presidente de Harvard, Alan Garber, en una nota a los miembros de la universidad.

La Universidad de Harvard aseguró este lunes a la Administración Trump que seguirá combatiendo el antisemitismo en su campus como ha reclamado pero no aceptará sus demandas para evitar el recorte de fondos, que «invaden libertades universitarias reconocidas desde hace mucho tiempo por la Corte Suprema».

Abogados de la universidad enviaron hoy una carta a los miembros del «Grupo de trabajo federal para combatir el antisemitismo», creado por el presidente Donald Trump mediante orden ejecutiva, en la que describen la universidad está dispuesta a erradicar el antisemitismo pero «no está preparada para aceptar demandas que vayan más allá de la autoridad legal de cualquier Administración».

Harvard es la segunda universidad blanco de este Grupo, que ya había cortado -con el mismo pretexto- 400 millones de dólares a la Universidad de Columbia, tras lo cual este centro aceptó una serie de requisitos del Gobierno para no perder la financiación.

Dentro de sus esfuerzos para combatir el antisemitismo, la universidad «ha realizado y seguirá realizando cambios estructurales, políticos y programáticos duraderos y sólidos para garantizar que la universidad sea un entorno de aprendizaje acogedor y de apoyo para todos los estudiantes», indica la misiva.

El gobernador del estado mexicano de Michoacán (oeste), Alfredo Ramírez Bedolla, informó este lunes que en la región se prohibirán los espectáculos públicos donde se haga apología del delito y la violencia y avisó que el próximo miércoles publicará un documento para hacerlo oficial.

«Esto lo voy a publicar el día miércoles, estamos trabajando en el documento. Quiero ser muy claro, no se prohíbe el reproducir cualquier tipo de música en el vehículo, en su casa. Ahí pueden escuchar este la música que quieran, que deseen», dijo el mandatario estatal en conferencia.

«Pero los espectáculos públicos, conciertos, bailes, que hagan apología del delito, de la violencia serán sujetos a una falta administrativa y a su cancelación, y no se otorgarán permisos para este tipo de espectáculos», remarcó.

Además hizo un llamado a los 113 municipios del estado para que no den permisos para estos espectáculos.

«Tenemos que recuperar la paz, la tranquilidad y no es posible que en estos eventos se quieran presumir como grandes personas a delincuentes, tenemos que actuar con decisión y lo vamos a hacer», apuntó.

Apenas el domingo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que en México no están prohibidos los narcocorridos, luego de los hechos ocurridos en el Palenque de Texcoco, municipio del Estado de México, centro del país, donde asistentes a un concierto agredieron al cantante Luis R. Conriquez, quien se negó a cantar este tipo de canciones en su show.

“No están prohibidos, eso es importante porque no los prohibimos. Lo que queremos es promover que la música tenga otros contenidos”, dijo Sheinbaum a medios previo a un evento de entrega de viviendas en el estado de Aguascalientes.

Y dijo que su gobierno está enfocado en promover otros contenidos, a través de iniciativas como el concurso México Canta, que busca promover la música sin violencia y la cual, consideró, “que va a ayudar mucho”.

La reacción de Sheinbaum ocurre luego de que la medianoche del viernes el cantante de regional mexicano Luis R. Conriquez y su equipo fueran agredidos por los asistentes a su show en la Feria de Texcoco 2025, luego de que el intérprete se negara a cantar corridos, lo que generó el enojo de sus fans.

El sábado por la noche, Conriquez a través de un comunicado lamentó lo ocurrido, pero señaló que, como artista, “me apego a las nuevas normas que el gobierno solicita respecto a la interpretación de corridos.”

Los corridos mexicanos son un subgénero del regional mexicano que se caracterizan por abordar temas como el narcotráfico, el dinero, las armas, el desamor y el amor y, algunos consideran que se hace apología a la violencia.

El pasado lunes, Sheinbaum presentó la iniciativa musical ‘México canta y encanta’, un concurso que incluirá a jóvenes del país así como a los que viven en Estados Unidos, y que busca promover la música sin violencia, y luchar contra las adicciones en medio de ola de inseguridad vinculada al narco que viven algunas zonas de México.

Apenas a inicios de este mes, Estados Unidos revocó las visas de trabajo y turismo del grupo mexicano Los Alegres del Barranco, después de que proyectaran imágenes del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ‘el Mencho’, en sus últimos conciertos en Jalisco y Michoacán.

Mark Zuckerberg, el cofundador de Facebook (ahora denominada Meta Platforms), defendió este lunes en un tribunal de Washington D.C. su empresa en el primer día del juicio antimonopolio que podría obligar a la compañía a desprenderse de Instagram y WhatsApp.

Gran parte de la jornada, los fiscales del caso recorrieron la historia de Facebook desde su lanzamiento en 2004 y solo al final del día empezaron a avanzar en el núcleo del caso, la adquisición primero de Instagram y posteriormente de WhatsApp.

La fiscalía considera que Facebook compró Instagram para deshacerse de un rival cada vez más fuerte que amenazaba su control entre los usuarios.

Los fiscales confrontaron a Zuckerberg con correos electrónicos y mensajes que relatan el proceso que anticipó la adquisición de la aplicación de móviles para compartir fotografías.

La red social quería hacerse con Instagram, indicó entonces el empresario, por el «enorme número» de personas que estaban utilizando la aplicación para compartir un creciente número de imágenes, mientras que los usuarios de Facebook solo publicaban «unas pocas fotos».

Facebook intentó remediar el problema desarrollando su propia aplicación para compartir fotos, denominada Facebook Camera, pero el proyecto no avanzaba a la velocidad deseada.

«Estoy preocupado que estamos muy por detrás», escribió Zuckerberg.

En otro correo, el empresario parecía sugerir adquirir Instagram -que Facebook compró en 2012- para mantener la aplicación viva, pero sin desarrollos que fortalecieran su posición.

En uno de esos correos, Zuckerberg razonó que de esta forma Facebook evitaría que «todo el mundo» los odiara por acabar con Instagram y al mismo tiempo frustraría los intentos de rivales de ocupar su espacio.

Pero ante las preguntas de los fiscales, Zuckerberg argumentó que Facebook no acabó congelando el desarrollo de Instagram, mientras que los abogados de Meta argumentaron que la aplicación ha mejorado y aumentado el número de usuarios.

Zuckerberg también explicó que el núcleo de Facebook ha cambiado con el paso del tiempo y ha dejado de conectar amigos o familias, como fue al principio, para convertirse en un «motor de descubrimiento» de lo que pasa en el mundo.

Antes de la declaración de Zuckerberg, los abogados de su compañía explicaron que Meta no es un monopolio entre otras razones porque las adquisiciones de Meta fueron en favor de la competición y produjeron «eficiencias extraordinarias» tanto en Instagram como en WhatsApp.

Se espera que Zuckerberg comparezca de nuevo en el tribunal el martes para continuar con su testimonio, que debería centrarse en las compras de estas dos aplicaciones.

El partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) comunicó este lunes que expulsó al dos veces candidato a la Presidencia Henrique Capriles y a otros cinco miembros de sus filas por «traicionar» la «unidad» antichavista, luego de que estos políticos decidieran participar en las elecciones legislativas y regionales previstas para el próximo 25 de mayo.

«A partir de hoy, han sido expulsadas de nuestra organización política las siguientes personas: Henrique Capriles Radonski, Tomás Guanipa, Amelia Belisario, Ángel Medina, Pablo Pérez y Juan Requesens», indicó la formación a través de su cuenta en X.

El partido explicó que la decisión responde a que los políticos decidieron participar en las elecciones de mayo «en abierta contradicción» con lo «aprobado» por el comité político de PJ, que acordó no ir a estas votaciones al considerar que el resultado de las presidenciales de julio de 2024, en las que el ente electoral proclamó como ganador a Nicolás Maduro, fue fraudulento.

«Con su accionar, han decidido apartarse de la ruta definida por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), del presidente electo Edmundo González Urrutia y del liderazgo de María Corina Machado», indicó la organización política, de la que Capriles es uno de sus fundadores.

Según el partido, los seis expulsados han decidido participar en una elección que consideran «fraudulenta, secuestrada y diseñada para convalidar al régimen».

Además, PJ rechazó lo que aseguró fueron «las negociaciones» con la Administración chavista, que -señaló- permitieron la habilitación política de Capriles y Guanipa y les otorgaron «una nueva tarjeta», sin precisar cuál, «traicionando la unidad y el mandato popular.

Para el partido antichavista, resulta «especialmente indignante y escandaloso» que Capriles y Guanipa hayan sido habilitados «selectivamente», pese a haber estado inhabilitados -afirmó- «hasta hace apenas unas horas», mientras que, añadió, los «partidos legítimos del país siguen judicializados y secuestrados por el poder».

Tanto Capriles y Guanipa estaban inhabilitados para la participación política, aunque ninguno de los opositores ha confirmado esta información o si se han inscrito para participar en los comicios de mayo.

La PUD mantiene su rechazo a lo que considera una convocatoria a una elección «precipitada, injusta y viciada» por parte de «un árbitro severamente cuestionado», en referencia al Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por rectores afines al chavismo.

Sin embargo, partidos opositores que integran esta coalición, como Un Nuevo Tiempo (UNT) y Movimiento Por Venezuela (MPV), han llamado a participar en las elecciones.

Las universidades públicas de Florida han comenzado a colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), lo que permitirá a la policía escolar interrogar a los estudiantes sobre su estatus migratorio y detenerlos si sospechan que están ilegalmente en Estados Unidos.

La decisión de los decanos de los centros de estudios superiores del estado, los únicos de todo el país en hacerlo, ha generado preocupación entre estudiantes y defensores de los derechos civiles, por los efectos que puede causar entre los alumnos.

La Universidad Internacional de Florida (FIU), ubicada en Miami y con una población estudiantil mayoritariamente hispana, confirmó que su departamento de policía recibirá capacitación para desempeñar funciones migratorias bajo supervisión federal como parte del programa 287(g).

“Tenemos que asegurarnos de tener suficiente capacidad y suficientes asientos para nuestros residentes legales del estado de Florida”, dijo en una declaración la presidenta de la FIU, Jeanette Núñez, quien fue vicegobernadora de Florida hasta febrero pasado.

La decisión de las universidades obedece al mandado proferido por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, en febrero pasado que permite a las policías locales y estatales preguntar por el estatus migratorio de las personas y hacer detenciones.

No está claro si la colaboración entre las universidades y las autoridades de inmigración afectará a personas amparadas por programas migratorios como el programa de Acción Diferida para lo Llegados en la Infancia (DACA).

La FIU cuenta con aproximadamente 600 estudiantes beneficiarios del programa de DACA, que ahora enfrentan una mayor incertidumbre.

Los estudiantes internacionales también se pueden ver afectados. Entre el 25 de marzo y el 10 de abril, la Universidad Internacional de Florida (FIU) confirmó que 18 de sus estudiantes y graduados recientes perdieron sus visas F-1, lo que los obligó a abandonar sus estudios.

Según la portavoz de la FIU, Dianne Fernández, “la universidad está brindando asesoría legal a los afectados” y ha expresado preocupación por el impacto de estas medidas en la comunidad estudiantil.

En respuesta a estas revocaciones, el secretario de Estado, Marco Rubio, defendió la política de cancelar visas a estudiantes extranjeros que participen en actividades que, según él, atenten contra los intereses de Estados Unidos.

“Si nos mientes, consigues una visa y entras a Estados Unidos, y con ella participas en ese tipo de actividades, te la retiraremos”, dijo Rubio, nacido y criado en la ciudad de Miami.

En Boca Ratón, una ciudad situada a 70 kilómetros al norte de Miami, la Universidad Atlántica de Florida (FAU) también ha iniciado el proceso para que su policía colabore con el ICE.

Por su parte, la Universidad del Sur de Florida (USF), en Tampa, y la Universidad Central de Florida (UCF), en Orlando, han confirmado su intención de unirse al programa 287(g), aunque aún están en proceso de formalizar los acuerdos.

El programa 287(g), establecido en 1996, permite que el ICE delegue funciones específicas de inmigración a agencias locales y estatales. En el contexto universitario, esto significa que los departamentos de policía de los campus pueden interrogar y detener a personas sospechosas de estar en situación migratoria irregular.

Los críticos de esta medida advierten que la presencia de agentes de inmigración en las universidades podría crear un ambiente de temor y desconfianza, que disuadiría a los estudiantes de acceder a recursos esenciales y participar plenamente en la vida académica.

Hasta la fecha, la Universidad de Miami (UM), institución privada ubicada en Coral Gables, no ha suscrito acuerdos de colaboración con el ICE bajo el programa 287(g).

Los aranceles son básicamente impuestos que gravan los bienes importados, con el objetivo de proteger a las industrias nacionales encareciendo los productos extranjeros. Cuando un país impone aranceles, puede provocar una apreciación de su moneda.

Este fenómeno se produce porque los aranceles crean una escasez anticipada de divisas, ya que los importadores necesitan convertir sus monedas a dólares para pagar las importaciones, ahora más caras. En consecuencia, aumenta la demanda de dólares, lo que podría ocasionar un dólar más fuerte en relación con otras monedas. Sin embargo, la relación entre los aranceles y la valoración de la divisa es compleja y no siempre sencilla. Si bien la teoría económica sugiere que los aranceles deberían conducir a una apreciación de la divisa, diversos factores pueden influir en este resultado. Por ejemplo, si los aranceles se perciben como una señal de inestabilidad económica o si provocan represalias por parte de los socios comerciales, la apreciación prevista podría no materializarse.

La reciente guerra arancelaria de Trump, apodada por el mandatario norteamericano como “el Día de la liberación de América”

El pasado 2 de abril, el presidente Trump anunció una nueva ola de aranceles de mayor alcance que las medidas arancelarias anteriores. Se prevé que estos aranceles afecten a una amplia gama de productos, con tasas que alcanzarán hasta el 54 % en ciertas importaciones.

La naturaleza agresiva de los nuevos aranceles impuestos por la administración Trump ha provocado una gran agitación en los mercados globales. Este tipo de medidas, al generar incertidumbre económica, pueden desencadenar movimientos bruscos en los precios de las acciones. Inmediatamente después del anuncio de los aranceles, los índices bursátiles estadounidenses, como el S&P 500 y el Nasdaq, experimentaron caídas significativas, reflejando la preocupación de los inversores sobre las repercusiones económicas. En un contexto de alta volatilidad como este, los inversores que habían apostado a la baja (vendiendo en corto) pueden verse atrapados si los precios se revierten rápidamente. Este fenómeno, conocido como short squeeze, ocurre cuando esos inversores se ven obligados a comprar acciones para cubrir sus posiciones, lo que a su vez provoca una subida acelerada en los precios. Así, aunque la caída inicial en los índices refleja la ansiedad por los aranceles, la posterior volatilidad podría generar un «short squeeze», alimentando aún más la presión alcista en ciertos activos.

Reacciones del mercado de divisas

Tras el anuncio de los aranceles, el dólar estadounidense experimentó una notable caída, llegando a perder hasta un 2,2 % de su valor. Esta depreciación es en parte contraria a la teoría arancelaria, dado que se suele esperar que los aranceles fortalezcan una moneda. Sin embargo, la reacción del mercado indica una preocupación más amplia sobre la posible desaceleración económica y las presiones inflacionarias derivadas de los aranceles. Un dólar más débil puede aumentar la competitividad de las exportaciones estadounidenses, pero también reduce el poder adquisitivo de los consumidores estadounidenses, lo que da como resultado un aumento de los costos de los bienes importados.

La dinámica del mercado de divisas se ve influenciada no solo por las balanzas comerciales, sino también por los flujos de capital. Estados Unidos ha atraído históricamente inversión extranjera, lo que sustenta el valor del dólar. Sin embargo, si los inversores perciben a Estados Unidos como un destino menos atractivo debido a la incertidumbre generada por los aranceles, podrían producirse salidas de capital, lo que debilitaría aún más el dólar. Esta interacción entre el comercio y los mercados de capitales subraya la complejidad de predecir las fluctuaciones cambiarias en respuesta a las políticas arancelarias.

Marco teórico y evidencia empírica

La teoría económica postula que los aranceles pueden provocar una apreciación monetaria al generar una demanda de dólares, ya que los importadores convierten divisas para pagar bienes. Un estudio del FMI que abarcó 151 países entre 1963 y 2014 reveló que los aranceles generalmente daban como resultado una apreciación del tipo de cambio real, aunque con impactos leves en las balanzas comerciales. Esto sugiere que, si bien los aranceles pueden influir en el valor de las monedas, sus efectos podrían verse atenuados por otros factores, como la volatilidad del mercado y la confianza de los inversores.

En el caso de los aranceles de Trump, la naturaleza ad hoc de la implementación de la política puede limitar la apreciación monetaria prevista. Los cambios frecuentes en los tipos arancelarios y la posibilidad de que las negociaciones alteren el panorama pueden generar incertidumbre, dificultando que los participantes del mercado predigan con precisión las fluctuaciones monetarias. En consecuencia, la escasez prevista de dólares podría no materializarse con la fuerza que sugiere la teoría económica.

Realidades e implicaciones económicas globales

Uno de los riesgos significativos asociados con la estrategia arancelaria de Trump es la posibilidad de que los países afectados tomen represalias. Si los socios comerciales responden con aranceles, el efecto neto en la economía estadounidense podría ser perjudicial, provocando una disminución de las exportaciones y un mayor debilitamiento del dólar. Por ejemplo, la Unión Europea ha indicado que podría revisar sus medidas arancelarias en respuesta a las acciones de Estados Unidos, lo que podría generar un ciclo de represalias que exacerbe las tensiones económicas.

Un sismo de magnitud 5.1 sacudió este lunes el sur de California y se sintió en la frontera de EE.UU. con México, sin que por el momento se hayan reportado víctimas o daños materiales.

El movimiento telúrico, de magnitud 5.1, se registró en el condado de San Diego poco después de las 10:08 de la mañana del lunes, hora local según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El temblor se produjo a una profundidad de aproximadamente 13 kilómetros al sur de Julian, en el noreste de San Diego.

Se reportaron al menos siete réplicas inmediatamente después del sismo inicial, que se sintió en varios condados del área metropolitana de Los Ángeles, y se dan reportes en la frontera entre México y California.

Aún se desconoce si hay reportes de heridos o daños.

La Casa Blanca aseguró este lunes que no hay límite acordado sobre el número de personas a las que puede expulsar a El Salvador bajo la acusación de ser miembros de la banda criminal Tren de Aragua (TdA) o de las maras, pese a la oposición judicial y de organizaciones de derechos civiles.

«No hay límite para el acuerdo: seguiremos enviando terroristas extranjeros a El Salvador, así como a muchos otros países», explicó a medios Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca y considerado el arquitecto de la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las palabras de Miller se dieron poco antes de que Trump se reúna en la Casa Blanca con su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele.

«Quedan miles de miembros del Tren de Aragua en este país, o sus afiliados y asociados. Así que, obviamente, una parte de ellos irá a El Salvador como parte de nuestro esfuerzo por erradicar esta organización terrorista extranjera de Estados Unidos», añadió Miller.

Tras sellar un contrato que implica una prestación de 6 millones de dólares por parte de Washington y del que se desconocen muchos detalles, El Salvador ha permitido el uso de su prisión de máxima seguridad, el Centro de Confinamiento para el Terroristo (Cecot), para albergar a supuestos miembros de las pandillas Tren de Aragua (TdA) y MS-13 expulsados de EE.UU.

En el marco de la gran ofensiva migratoria de Trump, Washington declaró que el Tren de Aragua está invadiendo su territorio y echó mano de una norma de 1798, la ley de Enemigos Extranjeros, para expeditar procesos de deportación de supuestos miembros de la organización criminal, lo cual los expertos consideran incapaz de acometer semejante asedio sobre la primera potencia mundial.

Esa fue la ley que su Administración abanderó en un polémico operativo el 15 de marzo en el que envió al Cecot a 238 venezolanos y 23 salvadoreños, entre ellos Kilmar Ábrego García, al que las autoridades migratorias reconocieron que expulsaron por error puesto que un juez en 2019 había concedido el bloqueo a su deportación por que devolverlo a su país pone en riesgo su vida.

El pasado jueves, el Tribunal Supremo ordenó asegurar su retorno al Gobierno Federal, que ha puntualizado sus limitaciones en este terreno al no estar ya Ábrego García bajo su custodia.

Por su parte, Miller argumentó hoy mismo que a Ábrego García no se le deportó por error porque «las órdenes de protección (a la deportación) no se aplican a las organizaciones terroristas extranjeras por razones obvias», pese a que el propio Gobierno reconoció que se le expulsó por error y no han aportado pruebas de pertenecer a ninguna organización criminal.

Aún así, el viernes el propio Trump mostró su deseo de acatar lo dicho por el máximo tribunal estadounidense, lo que apunta a que tal vez podría anunciarse su retorno a EE.UU. cuando se reúna hoy con Bukele.

El presidente estadounidense, Donald Trump, sugirió que el canal de televisión CBS pierda su licencia de emisión o sea multado por el regulador federal de las telecomunicaciones por un segmento del programa «60 Minutes» crítico con la postura de su administración hacia Groenlandia y Ucrania.

«Casi todas las semanas 60 Minutes…menciona el nombre de TRUMP de manera derogatoria y difamatoria», indicó Trump anoche en un post en la red social Truth donde dice que uno de los reportajes publicado por el prestigioso programa «muestra a nuestro país, liderado por mí, de manera falsa, sesgada y fraudulenta».

«¡Deberían perder su licencia! Esperemos que la Comisión Federal de las Comunicaciones (FCC), liderada por el altamente respetado presidente Brendan Carr les imponga multas y castigos máximos, algo sustancial, por su comportamiento ilegal», añadió el mandatario.

Trump demandó a CBS en octubre por una entrevista de «60 Minutes» a su rival electoral Kamala Harris en la que el republicano asegura que el programa intentó mostrar a la candidata demócrata de una manera positiva.

Paramount, dueña de CBS News, dijo que la demanda, que les reclama unos $20,000 millones, es una afrenta a la primera enmienda de la Constitución que protege la libertad de expresión.