Categoría: El Mundo

  • Noboa y la ‘correísta’ González llegan en empate técnico a la segunda vuelta de las presidenciales de Ecuador

    Noboa y la ‘correísta’ González llegan en empate técnico a la segunda vuelta de las presidenciales de Ecuador

    El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y la candidata del ‘correísmo’, Luis González, se disputan este domingo la Presidencia del país en una segunda vuelta electoral a la que ambos llegan en empate técnico, con encuestas favorables para cada aspirante y en un contexto de inestabilidad política y social, también en lo económico por los aranceles impuestos por Estados Unidos.

    Noboa y González lograron el pase a la segunda vuelta electoral ambos con un 44 por ciento de los votos, distanciados por poco más de 16.000 papeletas a favor del actual presidente. Ahora, las encuestas están divididas entre ambos candidatos, y las más favorables para cada uno apenas marcan diferencias del dos por ciento de los votos.

    En los más de dos meses de margen entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones, los candidatos han protagonizado una intensa campaña electoral con temas de seguridad, justicia social y economía en la mesa, estos últimos aún con más motivo tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer un 10 por ciento de aranceles a los productos ecuatorianos.

    Noboa: soluciones para las crisis en su mandato

    Durante sus escasos 17 meses de mandato, Noboa ha tenido que hacer frente a una creciente crisis de seguridad, que culminó con el asalto de un grupo de encapuchados a una cadena de televisión durante una emisión en directo en enero de 2024. Además, la fuga del narcotraficante ‘Fito’ terminó por hacer saltar las alarmas y el Gobierno abogó por decretar el estado de emergencia por el «conflicto armado interno» en el que vive el país.

    Así pues, el programa electoral de Noboa gira en torno a cuatro ejes principales que han supuesto un problema durante su primer mandato y han dado alas a la oposición. Uno de ellos son las políticas sociales, un asunto sobre el que el presidente se ha comprometido a «mejorar la calidad de las prestaciones», así como garantizar el acceso de toda la población a los principales servicios básicos del Estado.

    Respecto a los asuntos económicos, el mandatario buscará promover un «desarrollo económico sostenible» a través del fortalecimiento de la innovación tecnológica en los principales sectores productivos, a la vez que se facilita la inversión extranjera. En el panorama institucional, el mandatario propone fomentar la transparencia de su administración y fortalecer la participación ciudadana.

    La situación energética es uno de los principales retos a los que se ha tenido que enfrentar Noboa, que a lo largo de su mandato se ha visto obligado a programar apagones nocturnos ante la falta de abastecimiento. De cara a evitar que esto se vuelva a producir, propone crear una infraestructura a nivel nacional que «promueva el desarrollo equitativo y reduzca la vulnerabilidad ante los riesgos».

    Noboa se ha decantado por María José Pinto como aspirante a vicepresidenta, con quien tratará de pasar página a los desencuentros con la que fuera su ‘número dos’ en las anteriores elecciones, Verónica Abad. Casi desde el principio del mandato, ambos evidenciaron fuertes tensiones que han derivado con la salida de Abad de la Vicepresidencia y una denuncia por «violencia política» en su contra.

    González, la sucesora de Rafael Correa

    Por otro lado, González se postula como candidata de Revolución Ciudadana (RC) de la mano de Diego Borja y con el objetivo de certificar el regreso del ‘correísmo’ a la Presidencia de Ecuador tras este breve mandato de Noboa, los años de Guillermo Lasso en el poder y la última etapa de Lenín Moreno, quien fuera designado como sucesor de Rafael Correa.

    Amparada en su experiencia como legisladora y trabajadora pública durante la década de mandato de Correa, González busca convertirse en la primera mujer en llegar a la Presidencia de Ecuador, a excepción de Rosalía Arteaga, quien fungió como mandataria encargada durante apenas cinco días en febrero de 1997.

    Su programa electoral también se fundamenta en cuatro pilares, con la economía también como punta de lanza para diferenciarse de Noboa. La aspirante progresista aboga por un Estado más fuerte y una mayor intervención en la economía con la que buscará reducir el endeudamiento público a través de la renegociación de la deuda; así como reforzar la producción nacional con el fortalecimiento de la industria local.

    Además buscará reactivar los créditos para que la inversión social sea más asequible y también se ha comprometido a implementar un ingreso básico universal. Al igual que Noboa, ha prometido luchar contra la crisis de seguridad que azota al país con políticas de prevención de la violencia acompañado de una reforma de la Policía Nacional con un enfoque basado en el respeto a los Derechos Humanos.

    González también ha fijado la lucha contra la corrupción como uno de sus principales áreas de trabajo, y para ello se ha comprometido a impulsar unidades especializadas en la lucha contra delitos como blanqueo de capitales, ciberdelincuencia y trata de personas. Respecto a la administración, la aspirante ‘correísta’ buscará implementar políticas de transparencia para acabar con la corrupción a nivel institucional.

    Apoyos externos

    En la primera vuelta de las elecciones participaron otra decena de candidatos, entre los que destacaron Leónidas Iza como aspirante del movimiento indígena, quien se hizo con unos 538,000 votos; y Andrea González, candidata del populista Partido Sociedad Patriótica, que logró convencer a más de 275,000 electores.

    Tras aquella votación, y tras varias semanas de negociaciones, el partido Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), anunció su respaldo a la candidatura de González en un movimiento vital para las aspiraciones de la candidata ‘correísta’, que se ha comprometido a atender a las principales demandas de los pueblos originarios.

    Este paso marca un hecho histórico en las relaciones entre el ‘correísmo’ y el movimiento indígena, que en los últimos compases del mandato de Correa habían protagonizado notables desencuentros. De hecho, en aquellos años los pueblos originarios protagonizaron movilizaciones masivas contra proyectos petroleros y mineros defendidos por el mandatario pero que afectaban a sus tierras.

    Por otro lado, Andrea González aún no se ha pronunciado explícitamente sobre su apoyo a uno u otro candidato, aunque sí ha manifestado votará a quien le garantice «más libertad» y que, en su opinión, esa fórmula no es la del «socialismo del siglo XXI», en alusión a González. Sin embargo, también sido contundente contra la gestión de Noboa.

    La postura de la aspirante populista refleja la complejidad de la segunda vuelta electoral, donde los votos que recibieron los candidatos que quedaron fuera del balotaje serán los que terminen por decantar en manos de quién recae el poder en Ecuador para los próximos cuatro años.

  • Miles piden boicotear a aerolínea que firmó contrato con EE.UU. para vuelos de deportación

    Miles piden boicotear a aerolínea que firmó contrato con EE.UU. para vuelos de deportación

    Más de 30,000 personas han pedido en una campaña digital boicotear a la aerolínea texana de ultra bajo costo Avelo por haber firmado un contrato con el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. para comenzar a operar vuelos de deportación, según muestra este sábado la plataforma Change.org.

    La cifra de firmantes supera hoy los 30,200, cerca del objetivo de 35,000 que se ha propuesto la campaña, «¡No volaremos con Avelo hasta que detengan los vuelos de ICE!» abierta el pasado 7 de abril en la mencionada plataforma.

    La compañía, con sede en Houston, comenzará a operar a partir de mayo para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) vuelos para transportar a personas que el Gobierno federal haya decidido deportar, o bien a instalaciones de detención intermedias en EE.UU., o a los destinos finales de expulsión.

    La firma del contrato, considerado poco convencional porque el Gobierno estadounidense suele subcontratar a fletadores privados de vuelos chárter, ha deparado, además de la campaña en internet, la condena de muchos congresistas demócratas.

    La compañía ha defendido por su parte que el acuerdo es vital para garantizar su estabilidad financiera medio plazo.

    El contrato, por un valor un mínimo estipulado de $67.6 millones, implica operar vuelos desde el aeropuerto de Mesa Gateway de la localidad de Mesa, en Arizona, donde ICE tiene su centro estratégico de operaciones.

    Grupos de defensa de los derechos humanos han denunciado las pésimas condiciones de estos vuelos para deportaciones que está fletando el Gobierno del presidente Donald Trump en un momento en el que la Administración está centrada en el endurecimiento de la política migratoria, una de las grandes promesas del magnate neoyorquino en las presidenciales del año pasado.

  • Gobierno de EEUU confirma que salvadoreño Kilmar Ábrego está «vivo» y detenido en el Cecot

    Gobierno de EEUU confirma que salvadoreño Kilmar Ábrego está «vivo» y detenido en el Cecot

    El Gobierno estadounidense confirmó este sábado que el salvadoreño Kilmar Ábrego García «está vivo» e ingresado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en su país natal, después de admitir que lo expulsó de EE.UU. por error y de que el Supremo haya instado a retornarlo.

    “Está vivo y seguro en ese centro. Está detenido de conformidad con la autoridad soberana y nacional de El Salvador”, aseguró un alto funcionario del Departamento de Estado, Michael Kozak, en una declaración escrita de dos páginas remitida a la juez federal Paula Xinis, que el viernes exigió al Gobierno que facilitara información sobre su estado.

    El jueves, el Tribunal Supremo emitió además un fallo respaldando una orden de la propia Xinis que pedía al Gobierno «facilitar» el regreso de Ábrego García a EE.UU. La Administración estadounidense ha subrayado desde entonces su limitada capacidad en el asunto, puesto que Ábrego García ya no se encuentra bajo custodia estadounidense.

    El escrito de Kozak no incluye ninguna información con respecto a las labores que se estén llevando a cabo para traerlo de vuelta a EE.UU.

    El pasado 15 de marzo, abanderando una norma de 1897 llamada la ley de Enemigos Extranjeros, el Gobierno del presidente Donald Trump activó un polémico operativo en el que envió al Cecot a 238 venezolanos y 23 salvadoreños, entre ellos Ábrego García, a los que acusó, sin haber publicado pruebas, de ser pandilleros.

    Posteriormente, las autoridades migratorias estadounidenses admitieron haber deportado por error a Ábrego García, residente en Maryland, casado con un ciudadana estadounidense y al que un juez había prohibido devolver a su país.

    Pese a la poca iniciativa mostrada hasta el momento por el Gobierno de EE.UU. para retornarlo, el viernes el propio Trump mostró su deseo de acatar lo dicho por el Supremo. Esto podría apuntar a que él y el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, podrían anunciar su regreso este próximo lunes en la reunión que ambos tienen prevista en la Casa Blanca para hablar de la cooperación del país centroamericano en materia migratoria con Washington.

  • Empresarios estadounidenses proponen a Trump que Estados Unidos sea propietario de una parte del CECOT

    Empresarios estadounidenses proponen a Trump que Estados Unidos sea propietario de una parte del CECOT

    Contratistas militares estadounidenses han propuesto al presidente de Estados Unidos Donald Trump que el país norteamericano sea propietario de una parte del Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT) según información publicada en exclusiva por el medio estadounidense Político, información en la que asegura que la propuesta fue hecha por el exdirector ejecutivo de Blackwater, Erik Prince, y un equipo de contratistas de defensa.

    «La propuesta, obtenida en exclusiva por POLITICO, afirma que se centraría en ‘inmigrantes ilegales delincuentes’ y que intentaría evitar impugnaciones legales al designar parte de la prisión —que ha generado acusaciones de violencia y hacinamiento por parte de grupos de derechos humanos— como territorio estadounidense», publicó el medio este 11 de abril.

    La información también agrega que esperan que este tema sea discutido por el presidente Nayib Bukele y Trump en la visita que hará el mandatario salvadoreño, este lunes 14 de abril, a la Casa Blanca.

    El pasado 16 de marzo, El Salvador recibió tres vuelos procedentes de Estados Unidos que traían consigo a 238 venezolanos, supuestos miembros del Tren de Aragua, y 23 salvadoreños, miembros de la MS-13, todos fueron enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una cárcel que ha sido publicitada por el gobierno salvadoreño, como la más segura de la región.

    El envío ocurrió luego que el presidente Donald Trump invocara la ley de Enemigos Extranjeros y expulsara a los supuestos maleantes. Esto ocurrió cuando una noche antes, un juez federal había suspendido la ejecución de esta ley por unos días.

    La noche del domingo 30 de marzo EE.UU. a otros 17 miembros del Tren de Aragua y de la Mara Salvatrucha (MS-13) a El Salvador.

  • Noboa prohíbe el uso de recursos públicos para financiar «milicias urbanas» en Ecuador

    Noboa prohíbe el uso de recursos públicos para financiar «milicias urbanas» en Ecuador

    El presidente de Ecuador y candidato a la reelección, Daniel Noboa, prohibió este sábado al Ministerio de Economía y Finanzas y a toda entidad de la Función Ejecutiva entregar fondos, recursos o bienes públicos a «milicias urbanas, colectivos o comités de defensa con ideologías políticas».

    El decreto sobre la prohibición lo emitió pocos días después de que se desatara una polémica en Ecuador tras el señalamiento de la candidata presidencial, Luisa González, de que en su plan de seguridad en caso de ganar las elecciones del domingo figuran los llamados «gestores de paz».

    Se trata de «gestores de paz en los barrios, que recibirán un salario, pero que estarán organizando a la comunidad, organizando a los ciudadanos, a los barrios. Nadie cuida mejor su barrio que el que vive allí», explicó recientemente González, del movimiento Revolución Ciudadana (RC), liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017).

    Tras la propuesta de González, ciudadanos usaron las redes sociales para hacer similitudes con otros países.

    Diana Jácome, asambleísta oficialista electa, se refirió a «ejemplos como Venezuela, Nicaragua, Cuba» y opinó que con los «gestores de paz» se pretende tener «gente que esté dentro de la ciudadanía para hacer lo que han hecho en otros países y tener esos líderes que generen oposición o que estén vigilantes de los ciudadanos».

    Noboa destina $72 millones

    Un día antes de que termine la campaña electoral, Noboa anunció el pasado miércoles que destinará $72 millones a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para garantizar la seguridad en el país, la misma cantidad que González plantea invertir en la creación de los llamados «gestores de paz».

    «A todos los jóvenes ecuatorianos que quieran proteger a sus país, con esos 72 millones incrementaremos los cupos en la Policía y Fuerzas Armadas, para que puedan hacerlo desde el honor que representa su uniforme», escribió entonces Noboa en su cuenta de X.

    «Tienes 72 millones de dólares para seguridad, ¿Dónde los enviarías? Opción 1: «Gestores de paz», grupos paramilitares de ex pandilleros rebautizados, ahora armados y leales solo al partido. Opción 2: Policía Nacional y Fuerzas Armadas, que han enfrentado al crimen real y defendido a las familias ecuatorianas», escribió.

    Y agregó: «No debería ser difícil. Ecuador no necesita milicias armadas como las de Venezuela y Nicaragua».

    «Este modelo, copiado de Venezuela y Nicaragua, en el que se forman grupos civiles que responden a un partido político, reprimen a la ciudadanía y que son solventados por financiamiento estatal», señaló un comunicado remitido por el equipo de prensa de la campaña electoral de Noboa, del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN).

    Policía Nacional

    El Gobierno ratificó este sábado que la Policía Nacional es la «única entidad» responsable de planificar y ejecutar la política pública de seguridad ciudadana y convivencia pacífica, bajo la rectoría del Ministerio competente y conforme a la normativa vigente.

    Estas funciones deben cumplirse «con imparcialidad, sin favorecer indebidamente a personas o grupos que pretendan atribuirse competencias exclusivas del Estado», indicó la Presidencia en un comunicado.

    Agregó que experiencias «en otros países latinoamericanos han demostrado que permitir este tipo de acciones, fuera del marco institucional, terminaron consolidando grupos armados irregulares».

    El Gobierno expresó su confianza en el profesionalismo de las fuerzas del orden y recordó que ha respaldado su labor fortaleciendo sus capacidades y robusteciendo su accionar con cooperación internacional.

    «Esta administración no permitirá que se deleguen responsabilidades a actores sin control institucional ni garantías sobre su actuación», reza el escrito.

    Noboa suscribió el decreto la víspera de las elecciones en las que busca el apoyo popular para gobernar hasta 2029, mientras que González podría convertirse en la primera presidenta de Ecuador electa en las urnas.

  • La CIDH pide la liberación «inmediata» de más de 900 presos políticos, muchos de ellos incomunicados

    La CIDH pide la liberación «inmediata» de más de 900 presos políticos, muchos de ellos incomunicados

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió este viernes al Gobierno de Venezuela que libere «inmediatamente» a las 903 personas «presas políticas» que continúan detenidas «arbitrariamente» y ha denunciado que «al menos 64 familias no han recibido una comunicación formal» sobre el estado de los reclusos, hecho que contraviene el Derecho Internacional.

    «La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y los prolongados períodos de incomunicación a los que han sido sometidas las personas presas políticas. El Estado debe adoptar medidas urgentes para liberar a estas personas de forma incondicional y garantizar su contacto inmediato con familiares», reza un comunicado compartido por este organismo.

    Desde la CIDH, han denunciado que, en buena parte de los casos, los familiares de los reclusos solo conocen si sus allegados continúan con vida y que, en ocasiones, «cuando se acercan a los centros de reclusión son maltratados por funcionarios del personal penitenciario», que se niegan «deliberadamente a permitir visitas o a dar información del estado de salud» de estos presos.

    «El régimen venezolano no solo castiga arbitrariamente a personas opositoras por ejercer legítimamente las libertades de expresión, reunión y asociación, sino que también reprende a sus familiares como forma de castigo. Esto genera temor y angustia en familiares de las personas presas políticas», ha apostillado la Comisión en su escrito.

    La CIDH atribuye esta situación a la «absoluta falta de independencia del Poder Judicial», así como a la «instrumentalización del Ministerio Público para asegurar los fines del régimen» del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

    Así las cosas, la Comisión ha reiterado su llamamiento a la liberación de todas las personas encarceladas por motivos políticos «garantizando al mismo tiempo el respeto y la protección de su vida e integridad personal», entre otras, mediante la adopción de medidas que permitan «verificar su estado de salud» y la visita de su «defensa técnica de confianza».

    «Asimismo, deben tomarse medidas urgentes para restablecer la independencia y separación de los poderes públicos, condición esencial para asegurar un sistema de justicia que opere de manera imparcial y autónoma, con plena observancia de los Derechos Humanos», ha sentenciado la CIDH.

  • La expulsión de EEUU de extranjeros con CBP One agudiza el desánimo de migrantes en México

    La expulsión de EEUU de extranjeros con CBP One agudiza el desánimo de migrantes en México

    La orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de expulsar a extranjeros beneficiados por el programa CBP One desanima a migrantes varados en las fronteras de México, donde albergues temen una mayor saturación ante la creciente incertidumbre.

    La zozobra se elevó esta semana, cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) canceló el permiso para cerca de 1 millón de migrantes que ingresaron a Estados Unidos con la aplicación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que permitía solicitar asilo desde los límites norte y sur de México.

    En Ciudad Juárez, epicentro del fenómeno migratorio en la frontera con Estados Unidos, organizaciones de derechos humanos y refugios como la Casa del Migrante reportan a EFE un aumento «alarmante» en la desesperación de los migrantes y dicen que esto «está afectando» tanto a quienes ya cruzaron como a quienes esperan en México.

    «Muchos de ellos se están comunicando con nosotros (desde Estados Unidos) pidiendo ayuda porque no saben qué está pasando», explicó el padre Francisco Javier Bueno Guillén, director de la Casa del Migrante en Juárez. «Nos están enviando capturas de pantalla de lo que les llegó a ellos como notificación».

    El religioso detalló que entre 50,000 y 70,000 personas cruzaron por la frontera de Juárez mediante esta aplicación tras estar en este refugio.

    Krista Minelli Saso, de Guatemala, relató a EFE con voz quebrada que esto les «rompe un poco».

    «Muchas personas vienen ya sea por sus sueños o porque definitivamente no pueden estar en sus países. Yo no puedo regresar a Guatemala», contó la joven, quien llegó a la frontera con su hijo menor. «Es como jugar con los sentimientos, con nuestra esperanza (tras sentir) que ya estamos, lo logramos», agregó.

    Pese a todo, mantiene viva la fe y se quedará en México en espera de una nueva oportunidad.

    «El tiempo se va volando, entonces yo pienso que seguramente más adelante se abrirán nuevos programas, pienso yo que eso ha de ser temporal y pues eso es lo que me mantiene a mí de pie», manifestó.

    Por ahora, la Casa del Migrante opera con una capacidad muy por debajo de lo habitual, con solo 40 personas en los espacios disponibles para más de 500, pero ya se prepara para un repunte ante el aumento de retornos forzados.

    Un impacto hasta el sur

    El impacto de la medida se resiente hasta Tapachula, la mayor ciudad de la frontera de México con Centroamérica, donde los migrantes ya estaban desmotivados desde que Trump canceló en enero las solicitudes del CBP One, que permitía a migrantes pedir asilo en Estados Unidos desde esta zona.

    «Hay una especie de «shock», un golpe duro en el ánimo de la población migrante de cualquiera de las nacionalidades, porque el efecto Trump fue devastador y catastrófico porque sigue endureciendo su política migratoria», mencionó a EFE Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana.

    Durante la presidencia de Joe Biden (2021-2025), la hondureña Dilsia Esperanza esperaba llegar a Estados Unidos, pero tras el arribo de Trump sus ilusiones acabaron y ahora prioriza regularizarse en México.

    La centroamericana ya cuenta con su residencia permanente y recibió apoyo de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

    «La verdad, (es) muy triste porque esos permisos (de Estados Unidos) no son como México, que nos da la oportunidad de que podamos trabajar y podamos estar alojados aquí, entonces él (Trump) no debería hacer eso también porque se siente triste», resaltó a EFE.

    La hondureña Mirna Estela Ramírez también coincidió en que la revocación del CBP One ha motivado a los migrantes a abandonar su camino hacia Estados Unidos, por lo que ahora gestionan documentos para laborar en México.

    «Están muchas deportaciones y es injusto porque hay muchos migrantes que lo que queremos es ir a trabajar dignamente y limpiamente, pero no se nos permitió, entonces nos quedamos. México es un país acogedor, me encanta México, las personas, el ambiente laboral y dan mucha ayuda», describió.

  • Cancillería de Perú informó sobre restricciones de ingreso a Ecuador por elecciones

    Cancillería de Perú informó sobre restricciones de ingreso a Ecuador por elecciones

    El gobierno peruano, a través de la cancillería, informó sobre la disposiciones de Ecuador que limitan el ingreso por vía terrestre a ese país vecino desde el 11 al lunes 14 de abril, debido a la segunda vuelta electoral programada para este domingo, según se reportó este sábado.

    Un comunicado de la cancillería precisó que la regulación especial temporal aprobada por el gobierno ecuatoriano fijó limitar el ingreso de extranjeros, por vía terrestre, desde las 4:00 de la tarde del viernes 11 a las 23:59 horas del lunes 14 para reforzar la seguridad pública en esa nación.

    El decreto ejecutivo de Ecuador dispuso además que el ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas ecuatorianas implementarán las medidas necesarias para garantizar el transporte de mercancías y actividades de comercio durante el período de vigencia de esta regulación especial temporal.

    Ecuador celebra este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en las que debe decidir si reelige al actual presidente, Daniel Noboa, o si devuelve al correísmo al poder tras ocho años en la oposición, de la mano de Luisa González, que se convertiría en la primera presidenta de la historia del país en ser elegida en las urnas.

    Por segunda vez en año y medio, los ecuatorianos escogen entre Noboa y González, como en las elecciones extraordinarias de 2023, donde el empresario, heredero de una de las mayores fortunas del país, se convirtió en el presidente más joven de Latinoamérica y de la historia democrática de Ecuador.

  • Noboa decreta el estado de excepción en seis provincias, incluida Quito, a horas de las elecciones

    Noboa decreta el estado de excepción en seis provincias, incluida Quito, a horas de las elecciones

    El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, emitió un Decreto Ejecutivo con Número 599 por el que se declara el estado de excepción durante un plazo de 60 días en seis provincias, incluida Quito, apenas unas horas del inicio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales prevista para este domingo, 13 de abril.

    Las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, Sucumbíos, el Distrito Metropolitano de Quito de la provincia de Pichincha y el cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia del Azuay, así como todas las cárceles del país, estarán así en estado de excepción.

    «La declaratoria se fundamenta en el incremento de los índices de violencia, cometimiento de delitos e intensidad de la perpetración de ilícitos por parte de grupos armados organizados», explica el texto.

    Según datos oficiales del Ministerio del Interior, solo en el primer trimestre de 2025 se han registrado más de 1,200 homicidios violentos, muchos de ellos vinculados a disputas entre bandas organizadas que buscan controlar rutas del narcotráfico y extorsiones a comerciantes.

    El decreto faculta a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para ejecutar operaciones conjuntas con el fin de recuperar el control territorial, tanto en las zonas afectadas como en los centros penitenciarios. Además suspende los derechos a la inviolabilidad de domicilio y correspondencia en el marco de las intervenciones autorizadas.

    Además, y también por decreto, Noboa ha declarado festivo el próximo 17 de abril, Jueves Santo. En el sector público esta jornada laboral será recuperada conforme a lo establezca la autoridad de cada institución. El sector privado determinará por su cuenta el mecanismo de recuperación de la jornada laboral.

    Prohibición de entrada a observadores

    Por otra parte, la candidata presidencial opositora a las elecciones de este domingo en Ecuador, Luisa González, ha denunciado que el cierre de fronteras ordenado por el Gobierno de su rival y presidente, Daniel Noboa, impide la entrada de los equipos de observadores internacionales.

    «Alertamos al país, otra grave amenaza a la democracia. (…). Ahora el gobierno de Noboa impide el ingreso al país de delegaciones políticas y observadores internacionales que vienen para observar y garantizar la transparencia de la elección de este domingo 13 de abril», ha destacado González en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

    La candidata considera que se está utilizando el decreto 597 «para bloquear la veeduría (supervisión) ciudadana y restringir derechos». «Son ellos los que intentan sembrar la idea de fraude, cuando están atentando contra el último vestigio de democracia que nos queda», ha reprochado.

    También el líder histórico del Movimiento Ciudadano de González, el expresidente Rafael Corre ha denunciado este cierre de fronteras. «¿Es en serio? Nunca he visto algo así. Este inepto va de mal en peor. #NosGobiernanDelincuentes», ha espetado.

    El Gobierno ha justificado el cierre para «salvaguardar el bienestar de la población y la soberanía del país» en el marco de la segunda vuelta electoral, prevista para este domingo 13 de abril.

    Esta «regulación especial temporal» limitará «el ingreso al territorio nacional de toda persona extranjera desde las 16.00 (21.00 GMT) del viernes 11 de abril y hasta las 23;59 del lunes 14 de abril de 2025», en las zonas de seguridad de frontera norte y sur del país, según un comunicado de la Presidencia difundido en redes sociales.

  • «Nos vamos a quedar sin nada»: el robo y sacrificio de vacas se ceba con el campo de Cuba

    «Nos vamos a quedar sin nada»: el robo y sacrificio de vacas se ceba con el campo de Cuba

    Julio, un campesino cubano de 71 años, decidió vender el año pasado todas sus vacas, cansado de los «vándalos» que se las robaban en las noches para luego comercializar la carne en el mercado negro.

    «Han matado mucho ganado a muchos campesinos. A mí me empezaron a matar (vacas) cada dos o tres días, luego cada 15 días. ¡Me mataron hasta ocho! Y yo le dije al hermano mío: «Mira, yo no puedo seguir. Vamos a quitarlo todo porque a este paso nos vamos a quedar sin nada y ya estamos viejos», cuenta a EFE con rostro cansado.

    El estrés por no lograr la cuota de leche que debía entregar al Estado y la falta de recursos como para pagar a un guardia fue la gota que colmó el vaso para este par de campesinos del poblado de Vegas, en las afueras de Cárdenas (occidente de la isla).

    Su caso no es aislado. El robo y sacrificio ilegal de ganado –una práctica tipificada como delito en el país– ha sido un problema de tiempo atrás que vuelve a escena de la forma más cruda cada vez que una nueva crisis económica golpea.

    Sin embargo, para Julio, con varias caídas del PIB a su espalda, nunca se había llegado a este nivel.

    Delito en aumento

    No existen cifras actualizadas, pero los pocos datos disponibles –desperdigados en la hemeroteca de la prensa oficial y la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI)– reflejan que su percepción no está alejada de la realidad.

    En 2022, Cuba notificó la pérdida de 82.000 vacas por hurto y sacrificio ilegal, un 145 % más que el año anterior. En ese mismo año, Matanzas fue la tercera provincia en el que más se detectó ese delito: 8.150, casi tres veces más que en 2021.
    Otro campesino de Vegas, que pidió permanecer en el anonimato, asegura a EFE que el incremento de los robos de ganado, sobre todo con violencia, no solo se puede explicar por el coste social de la crisis.

    «Después de que pasó la covid hemos tenido unas dificultades inmensas en nuestro país, y a partir de esa fecha la mentalidad de muchos ha sido totalmente errónea. Han querido coger las cosas con lo más fácil: ir contra un campesino, que se levanta a las 3 de la mañana a ordeñar su vaca, y, cuando llega adonde la tiene trancada, aparece desmembrada», lamenta.

    Esta situación es, por sí misma, un drama con tres patas: significa menos producción láctea en un país con un desabastecimiento crónico de leche; lleva a la ruina a trabajadores del campo, muchos con tierras en usufructo y con un limitado margen de ganancia; y evidencia el músculo del mercado negro como única vía para conseguir cárnicos.

    De acuerdo con datos oficiales citados por el medio estatal Tribuna de La Habana en 2023, los cubanos consumen actualmente el 7 % de la proteína animal que deberían ingerir al mes.

    Robos con violencia

    Un campesino joven, que también pidió no dar sus datos, asegura a EFE que entre los «guajiros» de Vegas ya se han sufrido ataques con armas de fuego improvisadas.

    «En los últimos años ha empeorado a una velocidad enorme. Siempre había pasado, pero lo mínimo. No a esta categoría. Y mucha gente se está deshaciendo de los animales. ¿Qué vas a hacer? O desgraciarte tú o desgraciar a alguien», dice frustrado.

    Ya sea por malnutrición, sacrificio ilegal o por edad, el número de cabezas de ganado vacuno se ha reducido en los últimos años.

    Según datos oficiales citados en la prensa cubana, el país pasó de 3,2 millones en febrero de 2024 a 2,9 millones en enero de este año. En 2019, el número se encontraba en el entorno de los 4 millones.

    A este respecto, el Gobierno cubano ha reiterado un discurso de mano dura: de enero a agosto del año pasado los tribunales cubanos juzgaron a 1.615 personas por «conductas asociadas al delito de sacrificio ilegal de ganado mayor y tráfico de sus carnes».

    Pero a Julio no le parece suficiente: «No es fácil. Hay que cogerlos en el acto. Porque muchas veces se levanta el acta (de la denuncia) y lo único que hay es una vaca muerta».