El Tribunal Supremo estadounidense pidió este jueves a la Administración de Donald Trump «facilitar» la vuelta a Estados Unidos del salvadoreño Kilmar Abrego García, enviado a la megacárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en su país natal por un «error administrativo».
El fallo del Supremo mantiene «parcialmente» una orden de una corte en menor instancia, señalando que el Gobierno debe traer de vuelta a Abrego y permitir que su caso migratorio continúe siendo procesado «como si no lo hubiera enviado de manera impropia a El Salvador».
Sin embargo, los jueces no precisaron un plazo límite para ello y pidieron al tribunal del Distrito de Columbia que aclare cómo el Ejecutivo debe «efectuar» este traslado, para que la orden judicial no choque con el privilegio del Ejecutivo «para manejar la política exterior del país».
El caso de Abrego García ha sido señalado por políticos y organizaciones para criticar la campaña de deportaciones masivas de Trump.
El salvadoreño, de 24 años, tenía un estatus legal en EE.UU. que lo protegía de la deportación y está casado con una ciudadana estadounidense.
Abrego, quien residía en el estado de Maryland, huyó de El Salvador por las extorsiones y amenazas que él y su familia recibieron por parte de la pandilla Barrio 18, de acuerdo con documentos judiciales presentados por su defensa.
La decisión del Supremo, redactada por tres de los jueces liberales del tribunal, critica duramente los argumentos judiciales del Gobierno para justificar su deportación y detención.
«La justificación del Gobierno implica que pueden deportar y encarcelar a cualquier persona, incluyendo a ciudadanos sin consecuencias legales, antes de que una corte pueda intervenir», señala el documento.
Las autoridades migratorias estadounidense calificaron el envío de Abrego como un «error administrativo», pero alegan que no tienen potestad para devolverlo a Estados Unidos porque ahora está bajo custodia de un gobierno extranjero.
La Administración de Trump sostiene además que «Ábrego García, quien no tiene antecedentes judiciales en EE.UU. que lo vinculen con el crimen organizado, es un miembro de la pandilla MS-13 y que no debe regresar al país.
El Gobierno de Trump llegó a un acuerdo con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para poder enviar a migrantes detenidos en EE.UU. hacia el CECOT, una prisión notoria por las denuncias de abusos a derechos humanos.
Como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington pagará a El Salvador 6 millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario.
Los abogados de Abrego defienden que la decisión de enviar a su cliente a El Salvador viola la Constitución de EE.UU. ya que no se le garantizó un debido proceso.
Si no se permite su retorno a EE.UU., subrayó a EFE Ama Frimpong-Houser, una de las abogadas del caso, se envía una señal de que el Gobierno «simplemente puede secuestrar a alguien en las calles, desaparecerlo en cuestión de días a otro país y lavarse las manos».
«Es un precedente muy grave y todos estamos en riesgo», subrayó.
El Gobierno de Trump ha enviado al CECOT a un total de 232 migrantes, en su mayoría venezolanos, acusándolos de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua.
Sin embargo, según un análisis publicado este jueves por el portal Bloomberg, un 90 % de los más de 200 hombres que EE.UU. tiene encarcelados en el país centroamericano no tienen antecedentes penales en territorio estadounidense.
