Categoría: El Mundo

  • Aumentan las protestas en Guatemala contra un seguro obligatorio a vehículos

    Aumentan las protestas en Guatemala contra un seguro obligatorio a vehículos

    Casi una treintena de bloqueos en carreteras se realizan este miércoles en Guatemala en protesta, por segundo día consecutivo, por un seguro obligatorio por daños a terceros que deben pagar los propietarios de vehículos en el país centroamericano.

    Las autoridades reportaron que los motociclistas y taxistas, principalmente, tienen bloqueadas las rutas no solo de ingreso a la capital guatemalteca, sino carreteras del interior del país, entre ellas la de la frontera con México y Belice.

    Los manifestantes, previa mediación de la Policía Nacional Civil (PNC), solo dejan circular por espacio de 10 minutos a los vehículos particulares, al transporte de carga y motocicletas y luego cortan las vías.

    Una de las principales exigencias es que el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo derogue los reglamentos que obligan a los propietarios de los vehículos a pagar un seguro por daños a terceros ante un eventual accidente.

    La medida fue anunciada el pasado lunes por el ministro de Gobernación (Interior), Francisco Jiménez, aunque la obligatoriedad está contemplada en la Ley de Tránsito desde 1996.

    Las cámaras empresariales exigen al Gobierno garantizar la libre locomoción ante las millonarias pérdidas que representan los bloqueos en las carreteras.

    Mientras el Gobierno se apresta a mantener una reunión con los inconformes con los nuevos reglamentos, la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal de justicia de Guatemala, otorgó este miércoles un amparo provisional a varios diputados que buscan dejar sin efecto la adquisición del seguro obligatorio.

    La Corte ha dado un plazo de 12 horas al poder Ejecutivo para que le envíe un informe sobre el pago del seguro obligatorio, el cual se debe cumplir en un plazo de 45 días, según los acuerdos publicados en el diario oficial.

    El panorama en Guatemala es complicado y es una de las primeras crisis que afronta el Gobierno de Arévalo, quien asumió el poder el 14 de enero de 2024 para un periodo de cuatro años.

  • Estudiantes de Estambul protestan contra detención del alcalde, rival de Erdogan

    Estudiantes de Estambul protestan contra detención del alcalde, rival de Erdogan

    Cientos de estudiantes se congregaron este miércoles ante la Universidad de Estambul para protestar contra la detención del alcalde socialdemócrata de la ciudad,

    Ekrem Imamoglu, esta mañana, y la cancelación de su diploma universitario.

    Los estudiantes habían convocado la marcha ya la víspera, después de la decisión del rectorado de anular la licenciatura en Administración empresarial de Imamoglu, obtenida en 1994 por el hoy alcalde, que se está perfilando como principal rival del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en las próximas elecciones.

    Aunque las elecciones presidenciales están previstos para 2028, numerosos sectores políticos exigen adelantarlas, y el partido socialdemócrata CHP, el mayor de la oposición, iba a formalizar la candidatura de Imamoglu, de 54 años, en unas primarias convocadas para este domingo.

    Según la Universidad, el traslado «horizontal» de Imamoglu desde una universidad privada norchipriota en 1990 fue irregular, pero los estudiantes consideran esta decisión «ilegal» y dicen que ha sido adoptada por presiónes del Gobierno.

    Cientos de estudiantes de la institución, acompañados por alumnos de varias otras, como la Universidad de Bogazici, la de Yildiz Teknik y la Politécnica de Estambul, todas públicas, se reunieron ante la sede universitaria, custodiada por un fuerte contingente policial.

    Cuando los manifestantes echaron abajo una de las barricadas, entre gritos que exigían la dimisión del Gobierno, la Policía intervino con gas lacrimógeno para dispersar la marcha.

    Al mismo tiempo, el CHP pidió a sus simpatizantes reunirse ante las sedes del partido en todo el país, al tiempo que sus figuras más destacadas se dirigían a Estambul, entre ellos el jefe del partido, Özgür Özel, y el alcalde de Ankara, Mansur Yavas, rival interno de Imamoglu, a quien ya ha asegurado su apoyo.

    El ministerio del Interior turco ha decretado una prohibición de cuatro días de manifestaciones o protestas en Estambul, pese a lo cual miles de simpatizantes se están congregando delante de la alcaldía de la ciudad, mientras otros acuden a las sedes del partido en Ankara y Esmirna.

    En señal también de protesta, los diputados del CHP boicotearon hoy con gritos y aplausos el trabajo en el Parlamento, por lo que el vicepresidente del hemiciclo, el izquierdista Sirri Süreyya Önder, suspendió la sesión y la aplazó hasta el jueves, subrayando que la Cámara no puede funcionar en las actuales condiciones.

  • Sociedad Interamericana de Prensa tacha de «intimidación» la demanda penal del Gobierno de Honduras contra periodista

    Sociedad Interamericana de Prensa tacha de «intimidación» la demanda penal del Gobierno de Honduras contra periodista

    La u003Cstrongu003ESociedad Interamericana de Prensa (SIP) tildó este miércoles de intimidación una demanda penal del Gobierno hondureño contra el periodista Dagoberto Rodríguezu003C/strongu003E «en represalia por la publicación de un reportaje sobre presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos».

    La querella fue presentada el martes por lau003Cstrongu003E Secretaría de Finanzas de Honduras (Sefin) contra el director de Radio Cadena Voces (RCV) por supuestas injurias y calumnias.u003C/strongu003E

    Acusó también al medio de difundir información sin pruebas como parte de una «campaña de desprestigio basada en información falsa, inexacta o inexistente».

    Se trata de «un mecanismo de censura que vulnera los principios democráticos y contraviene los estándares internacionales de libertad de expresión», declaró u003Cstrongu003EJosé Roberto Dutriz,u003C/strongu003E presidente de la SIP.

    «Acciones judiciales de este tipo tienen un claro efecto intimidatorio y buscan desalentar el ejercicio del periodismo investigativo, fundamental para la rendición de cuentas y la transparencia gubernamental», aseguró Dutriz.

    u003Cstrongu003E»Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la prensa»,u003C/strongu003E dijo u003Cstrongu003ECarlos Jornet,u003C/strongu003E presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

    «En lugar de recurrir a acciones judiciales en el ámbito penal, las autoridades deben garantizar un ambiente propicio para el ejercicio del periodismo independiente», agregó.

    u003Cstrongu003EEn enero pasado, la SIP se pronunció contra una querella del Sistema Nacional de Emergencia 911 por injurias contra periodistas del diario El Heraldo.u003C/strongu003E

    En febrero, condenó una campaña de intimidación contra la prensa en Honduras de parte del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien inició acciones legales contra 12 medios para obligarlos a revelar sus fuentes de información. Posteriormente, el militar anunció que retiraría las denuncias,u003Cstrongu003E pero aún no lo ha concretado.u003C/strongu003E

  • Nicaragua se retira de la Corte Centroamericana de Justicia

    Nicaragua se retira de la Corte Centroamericana de Justicia

    La dictadura de Nicaragua denunció el Convenio del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) y anunció su salida de ese órgano judicial, al que solo pertenecía junto a El Salvador y Honduras, según una nota oficial divulgada este miércoles.

    «La dictadura de la República de Nicaragua transmite su decisión soberana e irrevocable de denunciar el Convenio del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, aprobado el 10 de diciembre de 1992, y retirarse de la Corte Centroamericana de Justicia a partir de la fecha», indicó el canciller nicaragüense, Valdrack Jaentschke, en una carta fechada el 18 de marzo.

    En la misiva dirigida al salvadoreño César Ernesto Salazar Grande, magistrado presidente en funciones de la CCJ, el canciller nicaragüense explicó que el 10 de diciembre de 1992, en ocasión de la XIII Cumbre de Jefes de Estado de Centroamérica, los presidentes de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá aprobaron el Convenio del Estatuto de la CCJ.

    «En estos 32 años, desde su creación, la Corte Centroamericana de Justicia únicamente ha estado integrada por magistrados/as de las Repúblicas de Nicaragua, Honduras y El Salvador, no logrando cumplir con los propósitos originales para su creación como órgano judicial de carácter regional», anotó el ministro de Exteriores nicaragüense.

    Asimismo, tanto el Estatuto como el Reglamento de la CCJ «no responden a la realidad de la composición de la misma, ya que contra toda lógica, la Corte está sometida a las decisiones del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, que no forma parte del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)», sostuvo el jefe de la diplomacia nicaragüense.

    También está sometida «a decisiones de países que, a pesar de haber aprobado el Estatuto, no han materializado su voluntad de integrarse a la Corte Centroamericana de Justicia o a países que no forman parte del Estatuto», afirmó.

    Por tanto, «esta situación es claramente incoherente y no permite el desarrollo de una Corte que responda a una verdadera integración regional», argumentó el canciller Jaentschke.

    En diciembre pasado, el régimen nicaragüense presentó una solicitud de opinión consultiva ante la CCJ para que se pronunciara sobre la negativa del SICA de convocar a sesión para la elección del nuevo secretario de esa instancia.

    La Secretaría General del SICA se encuentra vacante desde que a mediados de noviembre de 2023 el abogado nicaragüense Werner Vargas renunciara al cargo para el periodo 2022-2026, para el que fue nombrado como propuesta de Nicaragua.

    El SICA, creado en Tegucigalpa en 1991, lo integran Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana como miembros de pleno derecho, mientras que México, Estados Unidos y otros países tienen la categoría de observadores regionales.

  • Fiscal general de EEUU califica vandalismo contra Tesla de «terrorismo interno»

    Fiscal general de EEUU califica vandalismo contra Tesla de «terrorismo interno»

    La fiscal general de Estados Unidos,

    Pam Bondi, sostuvo que una reciente ola de ataques al fabricante de automóviles eléctricos Tesla, propiedad del aliado clave de Donald Trump, Elon Musk, califica como «terrorismo interno», y prometió imponer penas severas a los responsables.

    «La serie de ataques violentos en la propiedad de Tesla es nada menos que terrorismo interno», dijo Bondi en un comunicado el martes por la noche.

    Bondi afirmó que el Departamento de Justicia «ya ha acusado a varios implicados con eso en mente, incluso en casos que involucran cargos con sentencias mínimas obligatorias de cinco años».

    «Continuaremos las investigaciones que imponen severas penas a los implicados en estos ataques, incluidos los que operan tras bastidores para coordinar y financiar estos crímenes», agregó.

    Bondi hizo sus declaraciones luego del más reciente incidente, un incendio en un taller especializado de Tesla en Las Vegas que dañó cinco vehículos, según la policía de la ciudad.

    «Al llegar los agentes, localizaron varios vehículos envueltos en llamas y la palabra «Resistir» pintada con aerosol en el edificio», declaró la policía el lunes.

    Musk también compartió un video del incendio de Las Vegas en su plataforma de redes sociales X, calificándolo de «terrorismo interno».

    «Tesla solo fabrica autos eléctricos y no ha hecho nada para merecer estos atroces ataques», escribió.

    Musk, la persona más rica del mundo, invirtió más de 270 millones de dólares en donaciones para la campaña presidencial de Trump el año pasado.

    El multimillonario fue nombrado por el mandatario republicano para dirigir el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), encargado de recortar drásticamente el gasto público.

    Desde entonces, se ha embarcado en el desmantelamiento de varias agencias gubernamentales, a las que acusa de fraude y gestión descontrolada, dejando sin trabajo a miles de funcionarios.

    En las últimas semanas, varios vehículos, concesionarios y estaciones de carga de Tesla fueron vandalizados en Estados Unidos y Europa.

    Una estación de carga de Tesla en el estado estadounidense de Massachusetts fue incendiada intencionalmente a principios de marzo, según informaron las autoridades, mientras que en Colorado la policía declaró el mes pasado haber arrestado a una mujer por vandalizar un concesionario con artefactos incendiarios.

    Trump expresó su apoyo a Musk la semana pasada, al afirmar que los responsables serían capturados y «pasarían por un infierno».

    El valor bursátil de Telsa se ha desplomado desde diciembre. Y algunos propietarios en Estados Unidos incluso han colocado pegatinas en sus autos diciendo que los compraron «antes de saber que Elon estaba loco».

    Esta semana, el Salón del Automóvil de Vancouver, Canadá, retiró a Tesla de su programación. Según su director, Eric Nicholl, se trata de razones «puramente de seguridad» y no políticas.

  • Putin mantiene la suspensión de ataques energéticos pese a las «provocaciones» de Ucrania

    Putin mantiene la suspensión de ataques energéticos pese a las «provocaciones» de Ucrania

    El presidente de Rusia,

    Vladímir Putin mantiene su orden de suspender durante 30 días los ataques contra las infraestructuras enérgicas ucranianas, pese a que Kiev continuó los bombardeos contra las instalaciones rusas, según informó hoy el Kremlin.

    «El presidente no ha impartido nuevas órdenes», dijo portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria al contestar una pregunta sobre si Rusia mantenía la suspensión de dichos ataques ante la falta de reciprocidad exhibida por Ucrania.

    Recalcó que el ataque ucraniano con drones contra un depósito de petróleo en la región de Krasnodar se produjo después de que se conociera ampliamente la orden de Putin, que fue ejecutada «inmediatamente» por los militares rusos.

    Lea además >>>>Pánico e indignación entre venezolanas en EE.UU. dejan las deportaciones a El Salvador

    «El régimen de Kiev no hizo nada por impedirlo», dijo Peskov, que destacó la actuación de los militares rusos, que, subrayó, derribaron siete drones propios que se dirigían contra instalaciones energéticas ucranianas al recibir la orden de Putin.

    La suspensión por Rusia y Ucrania de los ataques contra infraestructuras energéticas por espacio de 30 días fue una iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentada en la conversación telefónica que mantuvo ayer con Putin y que Ucrania ha declarado su disposición a estudiarla.

    El portavoz del Kremlin subrayó que el ataque contra el depósito de petróleo apunta a torpedear los esfuerzos conjuntos de Rusia y Estados Unidos para conducir el conflicto hacia el cauce de un arreglo.

  • Pánico e indignación entre venezolanas en EE.UU. dejan las deportaciones a El Salvador

    Pánico e indignación entre venezolanas en EE.UU. dejan las deportaciones a El Salvador

    Inmigrantes venezolanos en Estados Unidos están aterrados e indignados con la deportación masiva de sus compatriotas a una cárcel de alta seguridad en El Salvador y el trato que se les da como delincuentes peligrosos, y alegan que muchos eran simplemente indocumentados que estaban buscando una vida mejor en Estados Unidos.

    La Casa Blanca los describe como «monstruos atroces» y «terroristas», mientras activistas, abogados y familiares de algunos de los deportados los defienden.

    Además, denuncian que menos de la mitad de los 238 venezolanos deportados a El Salvador tienen supuestos vínculos con la banda transnacional de crimen organizado Tren de Aragua, la excusa dada para las deportaciones expeditas y sin el debido proceso legal.

    Sin embargo, nada resuena tan fuerte como el temor de las familias de los inmigrantes venezolanos. Una higienista dental en Miami que espera recibir asilo político contó a EFE que tiene un hijo de 22 años con un tatuaje en el cuello, una de las características que une a la mayoría de los deportados a El Salvador.

    «Él está trabajando en construcción en Texas. Está en peligro de que en cualquier momento lo consideren Tren de Aragua y me lo manden para allá», dijo visiblemente aterrorizada. Quisiera prohibirle salir, pero entre los dos mantienen al resto de su familia en Venezuela.

    «Él estuvo protestando contra (Nicolás) Maduro ¿Cómo saber que, en cuanto pise Venezuela, será un preso político más?», expresó antes de romper en llanto.

    Familias de venezolanos viven un terror similar desde que el Gobierno de Trump anunció que no renovaría el Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de venezolanos. Este 7 de abril, 348,000 venezolanos que llegaron al país en 2023 quedan a merced de las autoridades migratorias. En septiembre pierden la protección otros 300,000.

    «Estamos armando una red de psiquiatras y psicólogos pro bono para ayudar a personas que están sufriendo graves crisis de salud mental con esta situación», dijo a EFE Adelys Ferro, confundadora y directora ejecutiva del grupo Venezuelan-American Caucus.

    Mencionó casos sobre intenciones de suicidio, crisis nerviosas, agorafobia y depresión severa. Hay padres «que ya prepararon documentos notariados para dar la custodia de sus hijos a amigos en caso de que sean deportados, y que los niños (nacidos en Estados Unidos) no queden bajo la custodia del Gobierno».

    «Tambien tienen miedo de qué pasaría con sus bienes en caso de ser deportados bajo esta medida», dijo Ferro.

    El nuevo temor a los tatuajes

    Familiares de los migrantes expulsados los han comenzado a reconocer en un video publicado por el presidente salvadoreño, Nayib Bkele, celebrando la llegada de los migrantes a sus cárceles.

    La cuenta en X de la Casa Blanca publicó un video enfocado en dos jóvenes muy tatuados destacando las deportaciones.

    Las familias de Mervin José Yamarte y Ysqueibel Peñaloza dijeron en las redes sociales haberlos reconocido. Otras familias aseguran que sus hijos o esposos están entre los migrantes, porque han desaparecido de las listas públicas de la población en los centros de detención de migrantes.

    Tal es el caso de Sebastián García Casique, quien estaba detenido en Texas y hablaba a menudo con su familia.

    «Una señora me habló de su esposo, que estaba en uno de esos centros (donde estaban recluidos los indocumentados en EE.UU.). Él ya le había dicho que le estaban preguntando si era Tren de Aragua porque tiene un reloj tatuado en el brazo», contó Ferro.

    «Ella me dijo que 'el reloj tiene 20 años y se lo hizo cuando nació nuestra hija'», agregó para el analista político y productor de la Reason Foundation Andrés Baiz.

    Este episodio «ha marcado un antes y un después en cómo la comunidad venezolana percibe a la Administración Trump», enfatizó.

    «Muchos tenía la esperanza de que se expandiera el TPS mediante una orden judicial y seguir con la idea de que Trump solo perseguiría a 'los criminales'. Ahora se están dando cuenta de que cualquier venezolano, incluso los residentes legales, pueden ser deportados.

  • Robert Kennedy, el secretario de Salud de EEUU, comienza con el pie izquierdo

    Robert Kennedy, el secretario de Salud de EEUU, comienza con el pie izquierdo

    El secretario de salud estadounidense, Robert F. Kennedy Jr, ha tenido un complicado comienzo al frente de esa cartera mientras lucha con un brote mortal de sarampión,

    renuncias entre su personal y desaires en el Senado.

    Kennedy asumió el cargo a mediados de febrero en medio de una crisis de salud de grandes proporciones, con una epidemia de sarampión, una enfermedad altamente contagiosa que se había declarado como erradicada en Estados Unidos.

    Más de 300 personas, la mayoría niños, se han contagiado de sarampión en los estados de Texas y Nuevo México, y dos enfermos no vacunados fallecieron, las primeras muertes por esta enfermedad en una década.

    «Algunos años hemos tenido cientos de brotes de sarampión, hay brotes cada año», dijo en una entrevista reciente con la cadena Fox News en un restaurante de comida rápida.

    En las últimas semanas ha alertado y enfurecido a los profesionales de la salud con comentarios que minimizan la gravedad de la crisis, con afirmaciones ambiguas sobre la vacunación y otras promoviendo remedios alternativos.

    «Él no podría hacer un trabajo peor del que está haciendo», aseguro Paul Offit, un reconocido pediatra que se especializa en enfermedades infecciosas, vacunas, inmunología y virología.

    «La gente asume que cuando se convirtió en secretario de Salud sería algo más responsable con la salud pública, y se equivocó», dijo Offit a la AFP.

    Manejo de la crisis

    «Las vacunas no solo protegen a los niños del sarampión, sino que también contribuyen a la inmunidad de la comunidad, al proteger a aquellos que no pueden ser vacunados por razones médicas», escribió en un editorial publicado a inicios de este mes por Fox News.

    Sin embargo, el mismo Kennedy ha generado dudas y despertó la ira de muchos al seguir cuestionando la seguridad de las vacunas.

    En Fox News, en una entrevista a mediados de este mes afirmó que la vacuna del sarampión es responsable de fallecimientos «cada año».

    «Esta (vacuna) causa todas las enfermedades que causa el mismo sarampión, encefalitis y ceguera, etc. Y la gente debe ser capaz de tomar esa decisión por sí misma».

    El pediatra Offit no está de acuerdo.

    «Él dice que la vacuna del sarampión puede causar ceguera y pérdida de audición. Afirma que la inmunidad al sarampión se reduce en los adultos. Todas esas cosas son claramente falsas», afirmó. Y también rechazó la sugerencia de Kennedy de usar vitamina A como alternativa para el tratamiento de esta enfermedad.

    Algunos republicanos e incluso los propios colaboradores del secretario habrían criticado su pericia para el manejo de la crisis. Esa sería la razón de la renuncia de uno de sus portavoces, según reportes de prensa.

    La semana pasada, la Casa Blanca retiró en el último minuto la candidatura de David Weldon, cercano a Kennedy, para dirigir los Centros de Control y Prevención de Enefermedades (CDC), la mayor agencia de salud en Estados Unidos, luego de concluir que no sería confirmado en una votación del Senado.

    Transparencia y sebo

    El sarampión regresa en medio de un declive de las tasas de vacunación, mientras más estadounidenses prevenidos sobre la seguridad de los biológicos ignoran las advertencias de las autoridades sanitarias para vacunarse.

    A Kennedy se le acusa de aumentar el problema al sugerir una relación entre la vacuna para el sarampión, la rubéola y las paperas (MMR) con el autismo, una teoría desmentida basada en un estudio sobre datos manipulados y descartada por investigaciones posteriores.

    Sin embargo, el departamento de Salud de Kennedy ordenó recientemente un nuevo estudio sobre ese presunto vínculo. Un portavoz dijo a la AFP que «la tasa de autismo en niños estadounidenses se había disparado. Los CDC no dejará piedra sin voltear en su misión de descubrir lo que está pasando exactamente».

    El pedido de transparencia es una especie de mantra para Kennedy, sobrino del asesinado presidente demócrata John F. Kennedy, que prometió hacer a los estadounidenses saludables de nuevo, en parte al combatir el consumo de comidas fuertemente procesadas.

    Kennedy ha impuesto mayores controles a los aditivos alimenticios pero al tiempo ha apoyado a las cadenas de comida rápida que cocinen papas fritas con sebo vacuno o grasa fundida, consideradas perjudiciales para la salud hace décadas.

    Los críticos de Kennedy afirman que ha logrado justo lo opuesto al eliminar una política que permitía al público expresarse sobre la medidas sanitarias.

    Bajo la dirección de Kennedy, las reuniones a nivel de expertos han sido canceladas y se han anunciado nuevas políticas sin discusiones internas en esa cartera.

  • Se multiplican ataques contra propiedades de Tesla y Trump los califica de «terrorismo doméstico»

    Se multiplican ataques contra propiedades de Tesla y Trump los califica de «terrorismo doméstico»

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este martes de «terrorismo doméstico» los ataques contra propiedades del fabricante de vehículos eléctricos Tesla, cuyo consejero general, Elon Musk, es uno de sus asesores más cercanos.

    Trump hizo esas declaraciones en una entrevista en la cadena Fox News. Cuando la periodista Laura Ingraham le preguntó si consideraba esos ataques como terrorismo doméstico, el mandatario respondió: «Creo que sí».

    «Creo que, cuando atrapen a los responsables, y espero que lo hagan, y ya han detenido a algunos, se descubrirá que están siendo pagados por personas con una fuerte motivación política de izquierdas», afirmó Trump.

    Este martes, la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, también consideró que este tipo de ataques son terrorismo doméstico, lo que podría llevar a penas mucho más duras para los acusados de esos crímenes.

    En un comunicado, el Departamento de Justicia apuntó que varias personas ya han sido acusadas bajo esa consideración en casos que implican sentencias mínimas obligatorias de cinco años de cárcel.

    «Continuaremos las investigaciones que impongan severas consecuencias a los implicados en estos ataques, incluidos los que operan entre bastidores para coordinar y financiar estos delitos», subrayó Bondi.

    Los vehículos, concesionarios y propiedades de Tesla han estado en el punto de mira desde que su consejero general, Elon Musk, se puso al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), encargado de recortar gastos y burocracia en el Gobierno federal.

    Los ataques se han registrado en distintos puntos del país, como los estados de Massachusetts, Washington y Carolina del Sur.

    Los dos más recientes tuvieron lugar este martes en concesionarios de Tesla en Las Vegas (Nevada) y Kansas City (Misuri), donde varios vehículos fueron incendiados.

    Según el diario The Washington Times, el FBI en Las Vegas está investigando lo sucedido como un posible acto de terrorismo.

    «A quienes consideren justificable o incluso admirable algo así, queremos informarles de que se trata de un delito federal. Los perseguiremos, los encontraremos y los procesaremos con todo el peso de la ley», advirtió el agente especial Spencer Evans.

  • Cientos de guatemaltecos protestan contra el pago de un seguro obligatorio vehícular

    Cientos de guatemaltecos protestan contra el pago de un seguro obligatorio vehícular

    Cientos de guatemaltecos bloquearon este martes varias calles de la capital y de poblados aledaños para rechazar la exigencia de un seguro obligatorio para vehículos motorizados, que los propietarios deberán pagar debido a los frecuentes accidentes de tránsito.

    Los bloqueos viales ocurrieron un día después de que el gobierno del presidente Bernardo Arévalo publicara en la gaceta oficial las normas que dan vida al seguro de responsabilidad civil por accidentes de tránsito.

    «Estamos totalmente en desacuerdo con ese seguro obligatorio que quiere poner el gobierno porque no hay un salario digno para pagar ese seguro», afirmó una mujer que protestaba en una calle cercana al centro histórico y que prefirió no identificarse.

    Uno de los principales argumentos de los manifestantes, que en algunos lugares quemaron neumáticos y atravesaron autos como barricada, es que la situación económica es precaria en Guatemala, donde la pobreza alcanza al 60% de los 17,7 millones de habitantes, según cifras oficiales.

    Los opositores exigen que se dé marcha atrás a la aplicación del seguro, que entrará en vigor el próximo 1 de mayo.

    Los bloqueos se extendieron a municipios aledaños y algunas ciudades de la provincia, mientras gremios de transportistas convocaron nuevos bloqueos para el miércoles en Ciudad de Guatemala.

    El gobierno dio luz verde a la aplicación del seguro obligatorio después de que el 10 de febrero un autobús de pasajeros cayera a un barranco en el ingreso norte de la capital, con un saldo de 54 muertos.

    Aunque el seguro obligatorio está contemplado en la Ley de Tránsito desde 1996, carecía de reglamentación para obligar a los propietarios de vehículos a adquirirlo para cubrir casos de responsabilidad civil.