Policías y agentes anticorrupción surcoreanos intentaron arrestar el viernes al presidente suspendido Yoon Suk Yeol por la imposición de una ley marcial hace un mes, pero abortaron la operación ante la resistencia de los servicios de seguridad en la residencia del dirigente.
El líder conservador, que sumió al país en una grave crisis al declarar por primera vez en democracia una ley marcial el 3 de diciembre, podría convertirse en el primer presidente surcoreano en ser arrestado en el cargo.
Suspendido de sus funciones por la Asamblea Nacional y con su destitución en manos del Tribunal Constitucional, Yoon también se expone a acusaciones por presunta «insurrección», punibles con la cadena perpetua o la pena de muerte.
Investigadores de la Oficina de Investigación de la Corrupción (OIC), encargada de la causa, accedieron este viernes a su residencia en Seúl, donde Yoon lleva encerrado desde que la justicia emitió esta semana una orden de arresto contra él.
El equipo se vio bloqueado inicialmente por una decena de vehículos en la carretera de acceso. Finalmente consiguieron entrar en la propiedad «tomando una ruta por la ladera», declaró un funcionario de la OIC en una rueda de prensa.
El centenar de agentes de policía y miembros de la OIC se encontraron entonces con «más de 200 personas con los brazos entrelazados para bloquear el paso», prosiguió, añadiendo que se habían producido «altercados físicos menores y mayores» entre ambas partes.
Tras unos cuarenta minutos de tenso enfrentamiento con los guardaespaldas presidenciales, la OIC decidió retirarse, temiendo por su seguridad.
La colaboración de los guardaespaldas de Yoon en la investigación era incierta desde el comienzo. En las últimas semanas, sus miembros habían bloqueado varias veces las órdenes de registro de las dependencias presidenciales.
Desde su encierro, Yoon prometió combatir a las autoridades que buscan detenerlo e interrogarlo por haber declarado la ley marcial y haber enviado al ejército a la Asamblea Nacional.
Los abogados de Yoon argumentaron que la policía no tenía derecho a intervenir en la residencia presidencial, clasificada como «instalación secreta de defensa».
Uno de sus abogados, Yoon Kap-keun, insistió este viernes que la orden de arresto es «ilegal e inválida» y que, por lo tanto, su ejecución «es ilegítima». «Se tomarán acciones legales respecto a la ejecución ilegal de la orden», afirmó.
Fuerte despliegue policial
Los investigadores tienen hasta el lunes para ejecutar la orden de detención, que expira a los siete días.
La zona está acordonada por un importante dispositivo policial. En los alrededores de la residencia están concentrados cientos de partidarios de Yoon, algunos de los cuales pasaron allí toda la noche.
En medio de un fuerte despliegue judicial y mediático, los partidarios del presidente coreaban su nombre y entonaban cánticos como «La orden de captura ilegal no es válida».
Lee Hye-sook, un simpatizante de Yoon de 57 años, aseguró que los líderes opositores «intentan transformar el país en un Estado socialista, similar a Corea del Norte», un vínculo establecido varias veces por el presidente.
Yoon sumió al país en una grave crisis política al declarar por sorpresa la ley marcial por primera vez en la historia democrática de Corea del Sur en la noche del 3 de diciembre.
Horas más tarde se vio obligado a dar marcha atrás presionado por los diputados opositores mayoritarios en la Asamblea Nacional y por miles de manifestantes que se echaron a las calles.
Tanto el presidente como algunos de sus colaboradores enfrentan ahora una investigación por «insurrección».
El viernes, la fiscalía imputó por insurrección a dos altos cargos militares, entre ellos el general nombrado comandante de la ley marcial, que ya estaban bajo arresto.
En el caso de Yoon, los investigadores lo citaron sin éxito en tres ocasiones para ser interrogado y finalmente optaron por pedir a la justicia una orden de arresto contra él.
El equipo legal de Yoon presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional para intentar bloquear la orden de arresto que consideran «inválida e ilegal».
Pero el jefe de la oficina anticorrupción, Oh Dong-woon, alertó que si alguien intenta impedir la detención puede ser perseguido judicialmente.
Según los medios surcoreanos, los responsables de este organismo quieren arrestar a Yoon y trasladarlo a su oficina en Gwacheon, cerca de Seúl, para un interrogatorio.
Después, el presidente suspendido puede seguir retenido hasta 48 horas en virtud de la orden de arresto actual. Para mantenerlo más tiempo bajo arresto, los investigadores deben solicitar otra orden a la justicia.
