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La dictadura de Nicaragua denunció el Convenio del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) y anunció su salida de ese órgano judicial, al que solo pertenecía junto a El Salvador y Honduras, según una nota oficial divulgada este miércoles.

«La dictadura de la República de Nicaragua transmite su decisión soberana e irrevocable de denunciar el Convenio del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, aprobado el 10 de diciembre de 1992, y retirarse de la Corte Centroamericana de Justicia a partir de la fecha», indicó el canciller nicaragüense, Valdrack Jaentschke, en una carta fechada el 18 de marzo.

En la misiva dirigida al salvadoreño César Ernesto Salazar Grande, magistrado presidente en funciones de la CCJ, el canciller nicaragüense explicó que el 10 de diciembre de 1992, en ocasión de la XIII Cumbre de Jefes de Estado de Centroamérica, los presidentes de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá aprobaron el Convenio del Estatuto de la CCJ.

«En estos 32 años, desde su creación, la Corte Centroamericana de Justicia únicamente ha estado integrada por magistrados/as de las Repúblicas de Nicaragua, Honduras y El Salvador, no logrando cumplir con los propósitos originales para su creación como órgano judicial de carácter regional», anotó el ministro de Exteriores nicaragüense.

Asimismo, tanto el Estatuto como el Reglamento de la CCJ «no responden a la realidad de la composición de la misma, ya que contra toda lógica, la Corte está sometida a las decisiones del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, que no forma parte del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)», sostuvo el jefe de la diplomacia nicaragüense.

También está sometida «a decisiones de países que, a pesar de haber aprobado el Estatuto, no han materializado su voluntad de integrarse a la Corte Centroamericana de Justicia o a países que no forman parte del Estatuto», afirmó.

Por tanto, «esta situación es claramente incoherente y no permite el desarrollo de una Corte que responda a una verdadera integración regional», argumentó el canciller Jaentschke.

En diciembre pasado, el régimen nicaragüense presentó una solicitud de opinión consultiva ante la CCJ para que se pronunciara sobre la negativa del SICA de convocar a sesión para la elección del nuevo secretario de esa instancia.

La Secretaría General del SICA se encuentra vacante desde que a mediados de noviembre de 2023 el abogado nicaragüense Werner Vargas renunciara al cargo para el periodo 2022-2026, para el que fue nombrado como propuesta de Nicaragua.

El SICA, creado en Tegucigalpa en 1991, lo integran Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana como miembros de pleno derecho, mientras que México, Estados Unidos y otros países tienen la categoría de observadores regionales.

La fiscal general de Estados Unidos,

Pam Bondi, sostuvo que una reciente ola de ataques al fabricante de automóviles eléctricos Tesla, propiedad del aliado clave de Donald Trump, Elon Musk, califica como «terrorismo interno», y prometió imponer penas severas a los responsables.

«La serie de ataques violentos en la propiedad de Tesla es nada menos que terrorismo interno», dijo Bondi en un comunicado el martes por la noche.

Bondi afirmó que el Departamento de Justicia «ya ha acusado a varios implicados con eso en mente, incluso en casos que involucran cargos con sentencias mínimas obligatorias de cinco años».

«Continuaremos las investigaciones que imponen severas penas a los implicados en estos ataques, incluidos los que operan tras bastidores para coordinar y financiar estos crímenes», agregó.

Bondi hizo sus declaraciones luego del más reciente incidente, un incendio en un taller especializado de Tesla en Las Vegas que dañó cinco vehículos, según la policía de la ciudad.

«Al llegar los agentes, localizaron varios vehículos envueltos en llamas y la palabra «Resistir» pintada con aerosol en el edificio», declaró la policía el lunes.

Musk también compartió un video del incendio de Las Vegas en su plataforma de redes sociales X, calificándolo de «terrorismo interno».

«Tesla solo fabrica autos eléctricos y no ha hecho nada para merecer estos atroces ataques», escribió.

Musk, la persona más rica del mundo, invirtió más de 270 millones de dólares en donaciones para la campaña presidencial de Trump el año pasado.

El multimillonario fue nombrado por el mandatario republicano para dirigir el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), encargado de recortar drásticamente el gasto público.

Desde entonces, se ha embarcado en el desmantelamiento de varias agencias gubernamentales, a las que acusa de fraude y gestión descontrolada, dejando sin trabajo a miles de funcionarios.

En las últimas semanas, varios vehículos, concesionarios y estaciones de carga de Tesla fueron vandalizados en Estados Unidos y Europa.

Una estación de carga de Tesla en el estado estadounidense de Massachusetts fue incendiada intencionalmente a principios de marzo, según informaron las autoridades, mientras que en Colorado la policía declaró el mes pasado haber arrestado a una mujer por vandalizar un concesionario con artefactos incendiarios.

Trump expresó su apoyo a Musk la semana pasada, al afirmar que los responsables serían capturados y «pasarían por un infierno».

El valor bursátil de Telsa se ha desplomado desde diciembre. Y algunos propietarios en Estados Unidos incluso han colocado pegatinas en sus autos diciendo que los compraron «antes de saber que Elon estaba loco».

Esta semana, el Salón del Automóvil de Vancouver, Canadá, retiró a Tesla de su programación. Según su director, Eric Nicholl, se trata de razones «puramente de seguridad» y no políticas.

El presidente de Rusia,

Vladímir Putin mantiene su orden de suspender durante 30 días los ataques contra las infraestructuras enérgicas ucranianas, pese a que Kiev continuó los bombardeos contra las instalaciones rusas, según informó hoy el Kremlin.

«El presidente no ha impartido nuevas órdenes», dijo portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria al contestar una pregunta sobre si Rusia mantenía la suspensión de dichos ataques ante la falta de reciprocidad exhibida por Ucrania.

Recalcó que el ataque ucraniano con drones contra un depósito de petróleo en la región de Krasnodar se produjo después de que se conociera ampliamente la orden de Putin, que fue ejecutada «inmediatamente» por los militares rusos.

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«El régimen de Kiev no hizo nada por impedirlo», dijo Peskov, que destacó la actuación de los militares rusos, que, subrayó, derribaron siete drones propios que se dirigían contra instalaciones energéticas ucranianas al recibir la orden de Putin.

La suspensión por Rusia y Ucrania de los ataques contra infraestructuras energéticas por espacio de 30 días fue una iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentada en la conversación telefónica que mantuvo ayer con Putin y que Ucrania ha declarado su disposición a estudiarla.

El portavoz del Kremlin subrayó que el ataque contra el depósito de petróleo apunta a torpedear los esfuerzos conjuntos de Rusia y Estados Unidos para conducir el conflicto hacia el cauce de un arreglo.

Inmigrantes venezolanos en Estados Unidos están aterrados e indignados con la deportación masiva de sus compatriotas a una cárcel de alta seguridad en El Salvador y el trato que se les da como delincuentes peligrosos, y alegan que muchos eran simplemente indocumentados que estaban buscando una vida mejor en Estados Unidos.

La Casa Blanca los describe como «monstruos atroces» y «terroristas», mientras activistas, abogados y familiares de algunos de los deportados los defienden.

Además, denuncian que menos de la mitad de los 238 venezolanos deportados a El Salvador tienen supuestos vínculos con la banda transnacional de crimen organizado Tren de Aragua, la excusa dada para las deportaciones expeditas y sin el debido proceso legal.

Sin embargo, nada resuena tan fuerte como el temor de las familias de los inmigrantes venezolanos. Una higienista dental en Miami que espera recibir asilo político contó a EFE que tiene un hijo de 22 años con un tatuaje en el cuello, una de las características que une a la mayoría de los deportados a El Salvador.

«Él está trabajando en construcción en Texas. Está en peligro de que en cualquier momento lo consideren Tren de Aragua y me lo manden para allá», dijo visiblemente aterrorizada. Quisiera prohibirle salir, pero entre los dos mantienen al resto de su familia en Venezuela.

«Él estuvo protestando contra (Nicolás) Maduro ¿Cómo saber que, en cuanto pise Venezuela, será un preso político más?», expresó antes de romper en llanto.

Familias de venezolanos viven un terror similar desde que el Gobierno de Trump anunció que no renovaría el Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de venezolanos. Este 7 de abril, 348,000 venezolanos que llegaron al país en 2023 quedan a merced de las autoridades migratorias. En septiembre pierden la protección otros 300,000.

«Estamos armando una red de psiquiatras y psicólogos pro bono para ayudar a personas que están sufriendo graves crisis de salud mental con esta situación», dijo a EFE Adelys Ferro, confundadora y directora ejecutiva del grupo Venezuelan-American Caucus.

Mencionó casos sobre intenciones de suicidio, crisis nerviosas, agorafobia y depresión severa. Hay padres «que ya prepararon documentos notariados para dar la custodia de sus hijos a amigos en caso de que sean deportados, y que los niños (nacidos en Estados Unidos) no queden bajo la custodia del Gobierno».

«Tambien tienen miedo de qué pasaría con sus bienes en caso de ser deportados bajo esta medida», dijo Ferro.

El nuevo temor a los tatuajes

Familiares de los migrantes expulsados los han comenzado a reconocer en un video publicado por el presidente salvadoreño, Nayib Bkele, celebrando la llegada de los migrantes a sus cárceles.

La cuenta en X de la Casa Blanca publicó un video enfocado en dos jóvenes muy tatuados destacando las deportaciones.

Las familias de Mervin José Yamarte y Ysqueibel Peñaloza dijeron en las redes sociales haberlos reconocido. Otras familias aseguran que sus hijos o esposos están entre los migrantes, porque han desaparecido de las listas públicas de la población en los centros de detención de migrantes.

Tal es el caso de Sebastián García Casique, quien estaba detenido en Texas y hablaba a menudo con su familia.

«Una señora me habló de su esposo, que estaba en uno de esos centros (donde estaban recluidos los indocumentados en EE.UU.). Él ya le había dicho que le estaban preguntando si era Tren de Aragua porque tiene un reloj tatuado en el brazo», contó Ferro.

«Ella me dijo que 'el reloj tiene 20 años y se lo hizo cuando nació nuestra hija'», agregó para el analista político y productor de la Reason Foundation Andrés Baiz.

Este episodio «ha marcado un antes y un después en cómo la comunidad venezolana percibe a la Administración Trump», enfatizó.

«Muchos tenía la esperanza de que se expandiera el TPS mediante una orden judicial y seguir con la idea de que Trump solo perseguiría a 'los criminales'. Ahora se están dando cuenta de que cualquier venezolano, incluso los residentes legales, pueden ser deportados.

El secretario de salud estadounidense, Robert F. Kennedy Jr, ha tenido un complicado comienzo al frente de esa cartera mientras lucha con un brote mortal de sarampión,

renuncias entre su personal y desaires en el Senado.

Kennedy asumió el cargo a mediados de febrero en medio de una crisis de salud de grandes proporciones, con una epidemia de sarampión, una enfermedad altamente contagiosa que se había declarado como erradicada en Estados Unidos.

Más de 300 personas, la mayoría niños, se han contagiado de sarampión en los estados de Texas y Nuevo México, y dos enfermos no vacunados fallecieron, las primeras muertes por esta enfermedad en una década.

«Algunos años hemos tenido cientos de brotes de sarampión, hay brotes cada año», dijo en una entrevista reciente con la cadena Fox News en un restaurante de comida rápida.

En las últimas semanas ha alertado y enfurecido a los profesionales de la salud con comentarios que minimizan la gravedad de la crisis, con afirmaciones ambiguas sobre la vacunación y otras promoviendo remedios alternativos.

«Él no podría hacer un trabajo peor del que está haciendo», aseguro Paul Offit, un reconocido pediatra que se especializa en enfermedades infecciosas, vacunas, inmunología y virología.

«La gente asume que cuando se convirtió en secretario de Salud sería algo más responsable con la salud pública, y se equivocó», dijo Offit a la AFP.

Manejo de la crisis

«Las vacunas no solo protegen a los niños del sarampión, sino que también contribuyen a la inmunidad de la comunidad, al proteger a aquellos que no pueden ser vacunados por razones médicas», escribió en un editorial publicado a inicios de este mes por Fox News.

Sin embargo, el mismo Kennedy ha generado dudas y despertó la ira de muchos al seguir cuestionando la seguridad de las vacunas.

En Fox News, en una entrevista a mediados de este mes afirmó que la vacuna del sarampión es responsable de fallecimientos «cada año».

«Esta (vacuna) causa todas las enfermedades que causa el mismo sarampión, encefalitis y ceguera, etc. Y la gente debe ser capaz de tomar esa decisión por sí misma».

El pediatra Offit no está de acuerdo.

«Él dice que la vacuna del sarampión puede causar ceguera y pérdida de audición. Afirma que la inmunidad al sarampión se reduce en los adultos. Todas esas cosas son claramente falsas», afirmó. Y también rechazó la sugerencia de Kennedy de usar vitamina A como alternativa para el tratamiento de esta enfermedad.

Algunos republicanos e incluso los propios colaboradores del secretario habrían criticado su pericia para el manejo de la crisis. Esa sería la razón de la renuncia de uno de sus portavoces, según reportes de prensa.

La semana pasada, la Casa Blanca retiró en el último minuto la candidatura de David Weldon, cercano a Kennedy, para dirigir los Centros de Control y Prevención de Enefermedades (CDC), la mayor agencia de salud en Estados Unidos, luego de concluir que no sería confirmado en una votación del Senado.

Transparencia y sebo

El sarampión regresa en medio de un declive de las tasas de vacunación, mientras más estadounidenses prevenidos sobre la seguridad de los biológicos ignoran las advertencias de las autoridades sanitarias para vacunarse.

A Kennedy se le acusa de aumentar el problema al sugerir una relación entre la vacuna para el sarampión, la rubéola y las paperas (MMR) con el autismo, una teoría desmentida basada en un estudio sobre datos manipulados y descartada por investigaciones posteriores.

Sin embargo, el departamento de Salud de Kennedy ordenó recientemente un nuevo estudio sobre ese presunto vínculo. Un portavoz dijo a la AFP que «la tasa de autismo en niños estadounidenses se había disparado. Los CDC no dejará piedra sin voltear en su misión de descubrir lo que está pasando exactamente».

El pedido de transparencia es una especie de mantra para Kennedy, sobrino del asesinado presidente demócrata John F. Kennedy, que prometió hacer a los estadounidenses saludables de nuevo, en parte al combatir el consumo de comidas fuertemente procesadas.

Kennedy ha impuesto mayores controles a los aditivos alimenticios pero al tiempo ha apoyado a las cadenas de comida rápida que cocinen papas fritas con sebo vacuno o grasa fundida, consideradas perjudiciales para la salud hace décadas.

Los críticos de Kennedy afirman que ha logrado justo lo opuesto al eliminar una política que permitía al público expresarse sobre la medidas sanitarias.

Bajo la dirección de Kennedy, las reuniones a nivel de expertos han sido canceladas y se han anunciado nuevas políticas sin discusiones internas en esa cartera.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este martes de «terrorismo doméstico» los ataques contra propiedades del fabricante de vehículos eléctricos Tesla, cuyo consejero general, Elon Musk, es uno de sus asesores más cercanos.

Trump hizo esas declaraciones en una entrevista en la cadena Fox News. Cuando la periodista Laura Ingraham le preguntó si consideraba esos ataques como terrorismo doméstico, el mandatario respondió: «Creo que sí».

«Creo que, cuando atrapen a los responsables, y espero que lo hagan, y ya han detenido a algunos, se descubrirá que están siendo pagados por personas con una fuerte motivación política de izquierdas», afirmó Trump.

Este martes, la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, también consideró que este tipo de ataques son terrorismo doméstico, lo que podría llevar a penas mucho más duras para los acusados de esos crímenes.

En un comunicado, el Departamento de Justicia apuntó que varias personas ya han sido acusadas bajo esa consideración en casos que implican sentencias mínimas obligatorias de cinco años de cárcel.

«Continuaremos las investigaciones que impongan severas consecuencias a los implicados en estos ataques, incluidos los que operan entre bastidores para coordinar y financiar estos delitos», subrayó Bondi.

Los vehículos, concesionarios y propiedades de Tesla han estado en el punto de mira desde que su consejero general, Elon Musk, se puso al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), encargado de recortar gastos y burocracia en el Gobierno federal.

Los ataques se han registrado en distintos puntos del país, como los estados de Massachusetts, Washington y Carolina del Sur.

Los dos más recientes tuvieron lugar este martes en concesionarios de Tesla en Las Vegas (Nevada) y Kansas City (Misuri), donde varios vehículos fueron incendiados.

Según el diario The Washington Times, el FBI en Las Vegas está investigando lo sucedido como un posible acto de terrorismo.

«A quienes consideren justificable o incluso admirable algo así, queremos informarles de que se trata de un delito federal. Los perseguiremos, los encontraremos y los procesaremos con todo el peso de la ley», advirtió el agente especial Spencer Evans.

Cientos de guatemaltecos bloquearon este martes varias calles de la capital y de poblados aledaños para rechazar la exigencia de un seguro obligatorio para vehículos motorizados, que los propietarios deberán pagar debido a los frecuentes accidentes de tránsito.

Los bloqueos viales ocurrieron un día después de que el gobierno del presidente Bernardo Arévalo publicara en la gaceta oficial las normas que dan vida al seguro de responsabilidad civil por accidentes de tránsito.

«Estamos totalmente en desacuerdo con ese seguro obligatorio que quiere poner el gobierno porque no hay un salario digno para pagar ese seguro», afirmó una mujer que protestaba en una calle cercana al centro histórico y que prefirió no identificarse.

Uno de los principales argumentos de los manifestantes, que en algunos lugares quemaron neumáticos y atravesaron autos como barricada, es que la situación económica es precaria en Guatemala, donde la pobreza alcanza al 60% de los 17,7 millones de habitantes, según cifras oficiales.

Los opositores exigen que se dé marcha atrás a la aplicación del seguro, que entrará en vigor el próximo 1 de mayo.

Los bloqueos se extendieron a municipios aledaños y algunas ciudades de la provincia, mientras gremios de transportistas convocaron nuevos bloqueos para el miércoles en Ciudad de Guatemala.

El gobierno dio luz verde a la aplicación del seguro obligatorio después de que el 10 de febrero un autobús de pasajeros cayera a un barranco en el ingreso norte de la capital, con un saldo de 54 muertos.

Aunque el seguro obligatorio está contemplado en la Ley de Tránsito desde 1996, carecía de reglamentación para obligar a los propietarios de vehículos a adquirirlo para cubrir casos de responsabilidad civil.

El capo Emanuele Gregorini, cabeza de un sistema de mafias italianas como la poderosa «Ndrangheta y encargado del tru00e1fico de drogas a Europa, fue capturado en la ciudad de Cartagena, en el norte de Colombia, anunciaron las autoridades este martes.

Gregorini, alias Dollarino, era «responsable del envío de grandes cargamentos de cocaína desde Colombia, Panamu00e1 y Brasil hacia Europa» y operaba «desde los principales puertos de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta», con salida al Caribe, informó la policía local en una nota de prensa.

La captura «es el resultado de la fluida cooperación» entre los agentes locales y «autoridades del Reino Unido, el Nu00facleo Investigativo de los Carabineros de Milu00e1n y el Servicio de Cooperación Internacional del Ministerio del Interior de Italia», explicó en la nota el director de la policía nacional, general Carlos Fernando Triana.

Gregorini contaba con una circular roja de la Iniciativa de la Interpol para la Cooperación contra la «Ndrangheta, una de las organizaciones delictivas mu00e1s extendidas y poderosas del mundo, informó la policía. Fungía como «cabecilla del Sistema Mafioso Lombardo, integrado por las mafias Camorra, Cosa Nostra y «Ndrangheta» y era buscado en 196 países, precisa la nota.

«Capturado Emmanuelle Grigorini, el mu00e1s importante capo de la mafia italiana en América Latina», escribió el presidente colombiano, Gustavo Petro, en la red X, acompañado de un video de uniformados armados en el momento de la detención.

De acuerdo con la policía, Gregorini fue inicialmente capturado en 2020 en Roma por «asociación criminal mafiosa y blanqueo de capitales, contribuyendo al crecimiento financiero de las mafias italianas».

Fue declarado prófugo en 2023.

«Logramos la ubicación de un extraditable (…) Una captura supremamente importante», señaló Triana en un video difundido a la prensa.

Estados Unidos amenazó este martes a Venezuela con «nuevas sanciones duras» si su presidente, Nicolás Maduro, no acepta a «sus ciudadanos repatriados» y le advirtió que no es un tema negociable.

«A menos que el régimen de Maduro acepte un flujo constante de vuelos de deportación, sin más excusas ni demoras, Estados Unidos impondrá nuevas sanciones duras y crecientes», adelantó el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, en la red social X.

«Venezuela está obligada a aceptar a sus ciudadanos repatriados desde Estados Unidos. Este no es un tema de debate ni negociación. Tampoco merece recompensa alguna», insistió.

El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó una operación con el propósito de expulsar del país a los migrantes en situación irregular, a quienes acusa de ser delincuentes por haber entrado sin visa, y exige que los países colaboren.

Dice que su prioridad son los miembros de los cárteles de la droga mexicanos, la banda venezolana Tren de Aragua y la pandilla M-13 y los declaró organizaciones «terroristas» globales.

Tras regresar a la Casa Blanca el 20 de enero, el republicano mandó a su enviado especial Richard Grenell a Caracas y a Rubio a varios países latinoamericanos para incitarlos a aceptar la repatriación de sus nacionales.

Algunos como El Salvador, cuyo presidente Nayib Bukele libra una guerra contra las pandillas, se prestaron de buena gana. El salvadoreño incluso propuso detener a migrantes expulsados en una megacárcel en su país.

Otros, como Guatemala, aceptaron un aumento del número de vuelos de repatriación, pero Washington está descontento con el venezolano Maduro, a quien no reconoce como presidente legítimo del país caribeño.

Estados Unidos lo acusa de haber incumplido el ritmo de vuelos «acordado» y en represalia revocó la licencia que permitía a la petrolera estadounidense Chevron operar en Venezuela.

El 13 de marzo, Estados Unidos anunció que Venezuela aceptó reanudar los vuelos de repatriación, pero al día siguiente el gobierno venezolano dijo que no se concretó por problemas meteorológicos.

Tensa relación

Ambos países no mantienen relaciones diplomáticas desde el primer mandato de Trump en 2019, cuando impuso una batería de sanciones al país caribeño.

Trump, al igual que su predecesor demócrata Joe Biden, apoya al opositor venezolano exiliado Edmundo González Urrutia, quien reivindica el triunfo en los comicios de julio y asistió a su investidura el 20 de enero.

La relación se tensó aún más este fin de semana después de que el mandatario republicano invocara una ley de guerra de 1798 contra el Tren de Aragua y enviara en aviones a 238 venezolanos a El Salvador para ser encarcelados en una megacárcel.

El lunes Maduro tildó la decisión de «anacrónica».

«Estos migrantes venezolanos, que fueron secuestrados, que no se les dio derecho a la defensa, que son catalogados como asesinos, terroristas (…), que fueron metidos en un campo de concentración en El Salvador, tienen derecho a la defensa y no descansaré hasta que logremos su rescate y su regreso sanos y salvos», dijo el gobernante izquierdista.

«No son terroristas, no son delincuentes, no son asesinos, nuestros migrantes son gente de bien», manifestó.

Los venezolanos sufrieron de lleno la embestida antimigratoria de Trump, cuyo gobierno revocó la extensión de un amparo migratorio conocido como TPS, que cobijaba a más de 600.000 venezolanos.

El TPS es un programa establecido por el Congreso para ciudadanos extranjeros que no pueden regresar de manera segura a su país.

En 2023, aproximadamente 770.000 migrantes venezolanos vivían en Estados Unidos, según el Instituto de Políticas Migratorias (MPI), con sede en Washington.

Los astronautas Barry Wilmore y Sunita Williams regresaron este martes a la Tierra en una cápsula de SpaceX tras pasar más de nueve meses en la Estación Espacial Internacional (EEI) debido a los fallos de una nave de Boeing que los llevó en junio pasado y no los pudo regresar a la semana siguiente como estaba previsto.

La Dragon en la que regresaron, la 'Freedom', logró hoy con éxito un suave amerizaje con ayuda de cuatro paracaídas en la costa de Tallahassee, la capital de Florida, hacia las 17:57 EST (21:57 GMT), como estaba previsto y en medio de los aplausos en el centro de operaciones.

La cápsula desplegó sus paracaídas sin inconvenientes y tocó el agua con precisión en la zona designada, donde un equipo de recuperación de SpaceX y la NASA aguardaba para asistir a los tripulantes, a los que además se sumaron delfines.

Junto con Wilmore y Williams llegaron también Nick Hague y el cosmonauta Aleksandr Gorbunov, quienes habían viajado en la Freedom a la EEI en septiembre pasado con dos sillas vacías para los dos astronautas del vuelo de prueba de la cápsula Starliner de Boeing, que en junio tuvo problemas en varios propulsores y filtraciones de helio.

Los cuatro tripulantes lograron con éxito una zambullida en el mar de Florida después de un viaje de aproximadamente 17 horas desde que se desmontaron de la EEI, a la que llegaron el viernes pasado cuatro relevos que permitieron el regreso de hoy.

El plan de una semana de Williams y Wilmore se alargó a una aventura de unos 285 días, pero muy lejos del récord que tiene el estadounidense de origen salvadoreño Frank Rubio, quien acumuló 371 días en la EEI entre 2022 y 2023, también por un fallo, pero de una cápsula rusa.

Así como Rubio se ha recuperado de la larga estadía en la microgravedad, la NASA ha dicho que prevé que Williams y Wilmore lo hagan porque los astronautas están preparados para ello.

La demora de nueve meses supuso un problema para los científicos y directivos de la NASA, Boeing y SpaceX que siempre rechazaron que los astronautas estuvieran «varados».

Tampoco hablaban de que se tratara de una misión de «rescate», al considerar que es parte de las pruebas que están haciendo varias compañías como parte del programa comercial de la NASA.

La nave de prueba Starliner de Boeing, con la que esta empresa esperaba acumular puntos para una certificación y competir así con SpaceX, presentó varios problemas al llegar al laboratorio orbital.

Starliner llegó a principios de junio de 2024 a la EEI con ambos astronautas de la NASA y por precaución se devolvió sola a la Tierra.

A finales de septiembre pasado, partió la Crew-9 en la 'Freedom' con solo dos de los cuatro astronautas habituales a la EEI para que una vez terminara la misión de seis meses, tiempo habitual, se regresara con los tripulantes de Starliner.

Después de la exitosa zambullida de hoy, SpaceX espera comenzar a recibir tripulaciones en el océano Pacífico como una nueva alternativa a Florida.

Williams y Wilmore, que durante la extensa misión realizaron diversas actividades científicas, pueden presentar pérdida de masa ósea y muscular, alteraciones en la visión y cambios en el sistema cardiovascular.

Sin embargo, la NASA implementó un protocolos de ejercicio y revisión médica para mitigar estos efectos.

Con 371 días consecutivos Rubio es el astronauta de la NASA que más tiempo ha tenido en el espacio en una sola misión espacial, superando a Mark Vande Hei, quien tenía 355 jornadas (2021-2022).

La misión de Rubio fue más larga de lo previsto debido a una fuga de refrigerante en la nave Soyuz MS-22.

El récord espacial en general sin embargo lo tiene el ruso Valeri Polyakov, con 437 días (1994-1995) en la ya desarticulada estación soviética Mir.