Categoría: El Mundo

El Gobierno del presidente Donald Trump presentó este jueves un recurso de emergencia ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos pidiéndole que le permita acabar con un programa migratorio que concede un estatus legal en el país a más de medio millón de venezolanos.

En concreto, los abogados del Ejecutivo solicitan al Supremo que anule una orden de un juez en menor instancia en California en contra de la decisión de acabar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los migrantes de este país suramericano.

En el documento legal, la Administración argumenta que el TPS para Venezuela va en contra del «interés nacional» de EE.UU. y que el Judicial no tiene la potestad de decidir asuntos de política migratoria «urgentes».

El TPS es un programa migratorio gestionado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y que da un estatus migratorio a las personas de países que están atravesando situaciones humanitarias graves o desastres naturales.

Poco después de asumir el poder en enero, el Gobierno de Trump decidió acabar con el TPS para los venezolanos y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó a los beneficiarios de este programa como «desgraciados» y criminales.

A finales de marzo, un juez federal en California decidió bloquear el intento del Ejecutivo por acabar con el TPS, alegando que la decisión causa un «daño irreparable» a los miles de migrantes que se han acogido al programa y sus familias.

Bajo la Administración de Joe Biden (2021-2025), el secretario de Seguridad Nacional (DHS) decidió extender este beneficio a los venezolanos, argumentado que el país está pasando por una «emergencia humanitaria» causada por una crisis política y económica.

La decisión fue celebrada entonces por varios legisladores del partido de Trump, incluyendo el entonces senador Marco Rubio, ahora secretario de Estado.

Durante años, y especialmente durante el primer mandato del republicano (2017-2021), los políticos conservadores en EE.UU. abanderaron la causa venezolana, presionando para que se impusieran sanciones económicas y se le extendieran beneficios migratorios a las personas que han huido del país, en la que es ahora la mayor diáspora del continente.

El giro del Gobierno de Trump, que ha ido detrás de los venezolanos en EE.UU. vinculándolos con la banda criminal transnacional Tren de Aragua, ha provocado críticas entre activistas de Venezuela en EE.UU.

La organización de servicios de atención médica sexual y reproductiva Planned Parenthood anunció este jueves que cinco de sus filiales en EE.UU. han presentado una demanda contra la Administración de Donald Trump por «ataques» al programa de prevención de embarazos adolescentes.

La denuncia fue interpuesta ante el Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia y busca proteger el Programa de Prevención de Embarazos Adolescentes (TPP, en inglés).

Durante los últimos 15 años, según recuerdan, ese plan «ha brindado información y las herramientas necesarias para vivir con seguridad, confianza y bienestar en sus vidas y relaciones a personas jóvenes y adultas».

Planned Parenthood alega que los jóvenes necesitan información médica precisa sobre sus cuerpos porque las libertades más básicas comienzan con el conocimiento.

«Debemos preparar a las personas jóvenes para que tomen las mejores decisiones para sus vidas y su futuro, y eso comienza con este programa que ha demostrado efectividad y éxito durante mucho tiempo. Por eso estamos llevando al gobierno Trump a los tribunales y luchando para garantizar que los adolescentes puedan obtener lo que necesitan para vivir vidas saludables», dijo en un comunicado.

Su demanda impugna en concreto los requisitos emitidos a finales de marzo por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés), que Planned Parenthood califica de «vagos y de última hora».

Esas directrices exigen que los beneficiarios de subvenciones de «Nivel 1», incluyendo a las filiales de Planned Parenthood, demuestren su «alineación con órdenes ejecutivas presidenciales actuales» como parte de una solicitud para renovar la subvención que debía presentarse el 15 de abril.

La ley requiere que las subvenciones de Nivel 1 implementen programas sanitarios precisos y adecuados para cada grupo de edad que reduzcan los embarazos no planificados y las infecciones de transmisión sexual en adolescentes, replicando programas que hayan demostrado su eficacia mediante evaluaciones rigurosas.

Para Planned Parenthood, los requisitos anunciados en marzo «buscan incorporar preferencias ideológicas» en planes aprobados por el HHS y basados en pruebas, lo que en su opinión contradice el objetivo del programa TPP y deja su futuro en un plano incierto.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este jueves el nombramiento de Mike Waltz como embajador de Estados Unidos ante la ONU, después de que se filtrara en los medios que iba a sacar del Ejecutivo a su hasta ahora asesor de Seguridad Nacional como consecuencia del escándalo «Signalgate».

«Desde su tiempo en el campo de batalla, en el Congreso y como mi asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz ha trabajado arduamente para priorizar los intereses de nuestra nación. Sé que hará lo mismo en su nuevo cargo», dijo el líder republicano en su plataforma, Truth Social.

En este tiempo, añadió, el secretario de Estado, Marco Rubio, ejercerá como asesor de Seguridad Nacional mientras «mantiene su firme liderazgo» en su Departamento.

«Me honra profundamente continuar mi servicio para el presidente Trump y nuestra gran nación», dijo Waltz en X tras el anuncio del mandatario.

El cambio de rol se produce después de que la prensa adelantara que Trump planeaba echar tanto a Waltz como a su adjunto, Alex Wong.

El supuesto desencadenante fue el escándalo bautizado como «Signalgate», que salió a la luz después de que Waltz incluyera, aparentemente por error, al editor jefe de la Revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, a una sala de chat de la aplicación Signal en la que durante cuatro días varios miembros del gabinete chatearon sobre los preparativos de un ataque militar efectuado en Yemen el 15 de marzo.

En dicho chat el secretario de Defensa, Pete Hegseth, acabó revelando información sensible, incluyendo objetivos, activos militares desplegados y, con dos horas de antelación, el cronograma de un ataque sobre rebeldes hutíes, lo que pudo poner en peligro a militares estadounidenses.

El propio Waltz reconoció el error cuando el caso salió a la luz: «Asumo toda la responsabilidad. Yo creé el grupo. Es vergonzoso. Vamos a llegar al fondo del asunto», dijo en la cadena Fox News.

Pero según el diario Wall Street Journal (WSJ), Trump y altos cargos del Ejecutivo estaban descontentos con él ya antes de esa polémica.

Altos cargos gubernamentales apuntan que a Waltz se le había apartado ya de negociaciones clave, como la de la búsqueda de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, y aunque estaba previsto que el pasado martes acompañara a Trump en Míchigan en el acto para conmemorar los primeros 100 días de su segundo mandato, finalmente no acudió.

Trump había nominado anteriormente como embajadora ante la ONU a la legisladora republicana Elise Stefanik, pero dio un paso atrás a finales de marzo alegando la estrecha mayoría que los conservadores tienen en la Cámara Baja.

A diferencia de su hasta ahora cargo como asesor de Seguridad Nacional, para ejercer como embajador Waltz sí deberá pasar la aprobación del Senado, donde los republicanos tienen la mayoría.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, reiteró este jueves la

<soberanía de Panamá sobre el Canal interoceánico y auguró que quienes buscan un empleo "pronto" lo

conseguirán, en un mensaje por el Día del Trabajador, que este país celebra inmerso en una huelga indefinida

impulsada por los sindicatos de maestros y obreros de la construcción.

«A toda la fuerza laboral del Canal de Panamá gracias por hacerlo crecer en plena eficiencia, y tengan plena

seguridad de que el Canal seguirá siendo panameño», expresó Mulino en un video difundido en su cuenta de X y en

otras de instituciones públicas panameñas.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, tiene meses diciendo que va a recuperar para su país el Canal,

argumentando una supuesta influencia china dado que dos de los cinco puertos que lo rodean son operados por una

empresa de Hong Kong, lo que el Gobierno de Mulino ha negado afirmando que a la vía por la que pasa alrededor

del 3 % de comercio mundial solo la controla Panamá.

EE.UU. construyó el Canal en el siglo pasado y lo explotó hasta su traspaso a Panamá el 31 de diciembre de

1999.

La administración panameña amplió la vía mediante un proyecto de 5,500 millones de dólares que está en

servicio desde 2016 y que ha multiplicado sus ingresos y valor estratégico.

El jefe de Estado panameño también se dirigió «a todos los panameños que trabajan y a los que buscan empleo

y muy pronto lo conseguirán» para desearles «un feliz día», en un mensaje en el que mencionó proyectos de

infraestructura cuyo desarrollo retomó su Administración, iniciada en julio pasado.

De acuerdo con las cifras oficiales, la tasa de desempleo en Panamá es del 9.5 %, mientras que la de

economía informal alcanza el 49.3 %.

«Quiero felicitar a cada mujer y hombre trabajador, cada uno de ustedes es parte fundamental del motor que

mueve nuestra Patria», dijo Mulino que también agradeció «a los maestros que quieren un país mejor» para los

estudiantes panameños «que son el presente y el futuro de nuestra nación».

Los sindicatos de docentes del sector público iniciaron el pasado 23 de abril una huelga indefinida de

labores contra una reforma de la seguridad social ya vigente, y el pasado día 28 se sumó el sindicato de la

construcción Suntracs, el mayor del país.

Esta medida de fuerza se ha cumplido de manera irregular, con muchas escuelas abiertas recibiendo a

profesores y alumnos y proyectos de construcción operando.

La organización civil Sal de las Redes también está convocando manifestaciones de calle contra iniciativas del

Gobierno y rechazó un llamado del presidente a dialogar.

Mulino ha pedido a todos los sectores del país trabajar para impulsar la economía y el desarrollo, porque

Panamá «no está para pararlo por caprichos, no necesitamos más paros, más protestas, sino todo lo

contrario.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, advirtió este jueves que el sistema electoral del país «se encuentra en riesgo» y exhortó a la ciudadanía, en especial a la clase trabajadora, a exigir la celebración de elecciones generales «libres, justas, pacíficas y democráticas» el próximo 30 de noviembre.

“Hoy que se encuentra en riesgo nuestro sistema electoral por las irresponsables declaraciones de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (Cossette López), hago un llamado a todos los sectores de la sociedad, especialmente a las clases trabajadoras, a exigir la organización y realización de las elecciones generales el domingo 30 de noviembre, libres, justas, pacíficas y democráticas”, afirmó Castro en un mensaje transmitido en cadena nacional con motivo del Día del Trabajo.

Las declaraciones de la mandataria surgen luego de que López, representante del opositor Partido Nacional en el CNE, asegurara la semana pasada que no existen condiciones para garantizar el proceso electoral de noviembre.

«Si ustedes me preguntan hoy a mí, montar unas elecciones generales está muy difícil desde el Consejo Nacional Electoral, sea o no una situación que se ha solventado, lo cierto es que hoy en el CNE no existen condiciones para que podamos avanzar con la tranquilidad que se estaba avanzando», aseguró López en una comparecencia ante una comisión del Parlamento hondureño que investiga las irregularidades registradas durante los comicios primarios de marzo pasado.

Durante su alocución, Castro reafirmó su compromiso con la democracia y el proceso de refundación que impulsa desde su llegada al poder en 2022.

“A democracia nos hace libres. Hoy reafirmo mi compromiso con ustedes: seguiré cumpliendo, seguiré luchando y defendiendo este proceso de refundación y socialismo democrático que iniciamos juntos”, aseguró la presidenta hondureña.

En esta jornada electoral, los hondureños serán convocados a elegir un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldes, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 al Parlamento Centroamericano.

La persona que salga electa será la sucesora de Xiomara Castro, quien concluirá su mandato el 27 de enero de 2026.

Estados Unidos y Ucrania han firmado el acuerdo que permitirá la explotación conjunta de minerales ucranianos. Este acuerdo es clave para el futuro de la guerra en Ucrania y las negociaciones impulsadas por Donald Trump para lograr un acuerdo de paz en ese país tras la invasión rusa.

«Este acuerdo demuestra claramente a Rusia que la Administración Trump está comprometida con un proceso de paz centrado en una Ucrania libre, soberana y próspera a largo plazo», dijo en el comunicado tras la firma el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

También dijo que esta alianza «demuestra el compromiso de ambas partes con la paz y la prosperidad duraderas en Ucrania». «Y, para que quede claro, ningún estado ni persona que financió o suministró a la maquinaria bélica rusa podrá beneficiarse de la reconstrucción de Ucrania», concluyó.

Qué tiene Ucrania que tanto le interesa a EEUU

En el subsuelo de Ucrania hay unos 10.000 yacimientos con 95 tipos de minerales distintos con valor comercial, según el inventario de Reservas Minerales de Ucrania. Antes de la guerra estaban en producción 3.055 yacimientos.

En total, incluyendo los que no se explotan, Ucrania tiene el 5% de los recursos minerales del mundo y ocupa el puesto número 40 entre los productores de minerales en todas las categorías, según la edición de 2024 de World Mining Data.

Asimismo se sitúa como un proveedor potencial clave de minerales como titanio, litio, berilio, manganeso, galio, uranio, circonio, grafito, apatita, fluorita y níquel, según los datos del Centro de Seguridad Energética de la OTAN.

Todos ellos desempeñan un papel clave en la fabricación de una amplia variedad de productos tecnológicos, desde semiconductores para sistemas de defensa hasta paneles solares y baterías para vehículos eléctricos.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de EEUU y la Kiev School of Economics, las regiones ocupadas de Ucrania contienen el 42% de los metales del país, el 33% de sus tierras raras, el 63% de los depósitos de carbón o el 20% de los yacimientos de gas.

El valor de los minerales situados en las partes de Ucrania ocupadas por Rusia es de, al menos, $12.4 billones cantidad que supone casi el 50 % del valor de todas las reservas de Ucrania.

Los expertos prevén que la demanda de litio aumente en las próximas décadas más de cuarenta veces, y la de grafito, cobalto y níquel suba más de veinte veces.

El país también cuenta con grandes reservas de otros minerales, como el hierro y el manganeso de alta calidad, que son fundamentales para la producción de acero ecológico, e importantes depósitos de metales no ferrosos como cobre (cuarto de Europa), plomo (quinto), zinc (sexto) y plata (noveno) en Europa.

EEUU, interesado en reducir la dependencia de China

Las reservas minerales de Ucrania son relevantes para que EEUU y otros países del G7 reduzcan su dependencia de China, pero esto no ocurrirá a corto o medio plazo debido a las condiciones logísticas sobre el terreno, afirma un estudio publicado esta semana por la entidad financiera Unicredit.

Además, se tarda una media de 18 años en desarrollar una mina y cuesta 500 millones de dólares construirla y $1,000 millones poner en pie una planta de separación; y hay que tener en cuenta que la guerra ha reducido sustancialmente la fuerza laboral en Ucrania.

China es actualmente el productor líder de 33 de los 51 recursos minerales vitales para la economía del siglo XXI, que representan con frecuencia más del 50 % de la producción global. Asimismo controla el 75 % de las reservas de tierras raras en el mundo.

La dependencia de estos minerales se hizo evidente cuando el Gobierno chino decidió parar las exportaciones de algunas tierras raras a EEUU en respuesta a los aranceles, según UniCredit.

El gigante asiático es además el mayor comprador de estos materiales y se encarga del 70 % de la producción mundial.

La dependencia de EEUU de China es mayor que la de la Unión Europea (UE), según el Servicio Geológico de EEUU.

El 72 % de las importaciones de tierras raras de EEUU procede de China, 11 % de Malasia, 6 % de Japón y el resto de otros países.

Un juez federal de Texas prohibió este jueves al Gobierno de Donald Trump usar la Ley de Enemigos Extranjeros del siglo XVIII para expulsar de Estados Unidos por la vía rápida a un grupo de venezolanos detenidos en un centro migratorio en ese estado sureño.

El juez Fernando Rodríguez, que fue nombrado por Trump en su primer mandato, emitió el fallo en respuesta a una demanda colectiva de varios de los afectados y después de que el pasado 19 de abril el Tribunal Supremo ya bloqueara esas mismas expulsiones bajo esa particular normativa de 1798.

En su fallo, el magistrado prohíbe «permanentemente» al Gobierno el uso de esta ley, utilizada previamente solo en tiempos de guerra, que Trump invocó el 14 de marzo para expulsar a cientos de venezolanos a los que acusa de pertenecer a la organización criminal transnacional Tren de Aragua.

En la opinión que sustenta el fallo, Rodríguez explica que «el registro histórico deja claro que la invocación del presidente de la (Ley de Enemigos Extranjeros) a través de una proclamación excede el alcance del estatuto y es contraria al significado sencillo y ordinario de los términos del estatuto».

No obstante, matiza que el Gobierno de Trump puede proceder con las expulsiones del grupo de venezolanos amparándose en otra ley distinta, la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Tres de los denunciantes son venezolanos detenidos en el centro de detención El Valle de Raymondville (Texas), que niegan pertenecer al Tren de Aragua y argumentan que el uso de la ley centenaria les está privando del debido proceso recogido en la Constitución estadounidense.

El 19 de abril, el Tribunal Supremo bloqueó las expulsiones de venezolanos detenidos en ese centro bajo la ley centenaria ante los recursos de emergencia interpuestos por una organización que denunciaba que el Gobierno de Trump intentaba expulsar a más inmigrantes a El Salvador.

El Senado mexicano aprobó este miércoles la Estrategia de Seguridad Pública 2024-2030 propuesta por la presidenta, Claudia Sheinbaum, que se basa en cuatro ejes: atención a las causas, la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de la inteligencia e investigación y la coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad con las entidades federativas.

La estrategia, apuntó el Senado, «representa una guía para la planeación y ejecución de las políticas y acciones, enfocadas en su conjunto a prevenir, investigar y combatir los hechos delictivos y la impunidad».

Además, «considera la necesidad de reforzar las instituciones encargadas de la seguridad pública en los tres órdenes de gobierno (municipal, estatal y federal) y la necesaria coordinación entre autoridades, con pleno respeto a la soberanía de los gobiernos locales y estricto apego a los derechos humanos.

En el dictamen se precisa que la estrategia está construida bajo cuatro ejes que buscan garantizar la seguridad y la paz social en el país y esos ejes «guiarán los planes, políticas, programas, estrategias y acciones enfocadas a disminuir la incidencia delictiva».

Además de «neutralizar a los generadores de violencia y grupos delictivos, fortalecer la prevención y proximidad social de las policías locales para lograr un México con justicia, libre de violencia y de delincuencia».

También se fortalece la prevención y la investigación del delito, ya que, al incorporar el uso intensivo de las nuevas tecnologías en materia de investigación e inteligencia, se anticiparán las conductas delictivas y las cometidas por el crimen organizado.

En la estrategia se destaca que, para la construcción de la paz «no es suficiente la persecución del delito, pues es primordial atender sus causas, recuperar el espacio público y ampliar las oportunidades de desarrollo, educación y empleo digno para fortalecer la cohesión social».

Sheinbaum asumió la presidencia el 1 de octubre después del récord de más de 196.000 asesinatos durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), del mismo partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), mientras que los homicidios repuntaron un 1,1 % anual en 2024 al superar los 30,000, según las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El país registró 6,799 asesinatos de enero a marzo pasados, 361 menos que los 7,160 del mismo lapso de 2024, además de una reducción trimestral del 6,9 % frente al periodo de octubre a diciembre de 2024, los primeros tres meses de la Administración de Sheinbaum, cuando hubo 7,303 víctimas.

En los primeros seis meses del Gobierno de Sheinbaum hubo 14.102 homicidios, 1,481 menos que en el último semestre de la Administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), exponen los documentos del SESNSP.

Siete de los 32 estados del país concentran más de la mitad de los homicidios en estos seis meses de la gestión de Sheinbaum, según el SESNSP, con más de 7,200: Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Jalisco.

Yorely Bernal y Raida Inciarte, madre y abuela de una niña venezolana de dos años que, denuncian, está «secuestrada» en Estados Unidos, exigieron este miércoles, desde Caracas, al Gobierno del presidente Donald Trump la devolución de la menor, cuyo padre, aseguran, es uno de los más de 200 migrantes del país caribeño deportados en marzo a El Salvador.

«Lo único que pido es que me devuelvan a mi hija y a mi esposo», dijo Bernal en un acto televisado junto al fiscal general, Tarek William Saab, durante el que la mujer aseguró desconocer la ubicación de su hija, aunque presume que se encuentra en el estado Texas (EE.UU.), desde donde ella fue deportada en un vuelo que llegó a Caracas el viernes.

Según Bernal, ella se entregó junto con su esposo e hija el 14 de mayo de 2024, cuando la menor tenía un año y tres meses, en la frontera entre la mexicana Ciudad Juárez y la estadounidense El Paso, en Texas, tras lo que estuvo «cinco días detenida».

«Me dicen unos oficiales que tengo que entregar a mi hija,… yo digo que no …y a mi esposo se la quitan de los brazos, se la arrebataron, y nos esposaron a los dos», relató la mujer, quien dijo que posteriormente fue trasladada junto con su pareja al «Processing Center» en Texas, donde permaneció «10 meses detenida, sin una explicación, solamente porque tenía tatuajes».

La abuela de la niña advirtió que se trata de «un secuestro» y afirmó que a ella la llamó «la mamá sustituta», quien le había dicho que «tenía las maletas preparadas de la niña» para su regreso a Venezuela.

«Le pido al Gobierno cruel de Estados Unidos que me devuelva a mi nieta, … mi nieta es venezolana y aquí tiene una mamá y una abuela esperando por ella», expresó en la actividad, transmitida por el canal privado Globovisión.

Por su parte, el fiscal indicó que a Bernal le dijeron que iba a ser deportada a su país «con la niña» y que «incluso ella vio la lista» que confirmaba esa información.

El titular del Ministerio Público (MP, Fiscalía) explicó que en este caso se han cometido «múltiples delitos», entre los que mencionó el «secuestro» de la niña y la «detención ilegal» de los padres «sin explicarles la razón», aunque el funcionario insistió en que el motivo es que ambos tienen tatuajes.

Se trata, denunció Saab, de una «vulgar, macabra y criminal acción realizada por el Gobierno de Estados Unidos» a esta familia venezolana, lo que -sostuvo- «no tiene antecedentes» en el país caribeño «ni en el hemisferio occidental», por lo que exigió también la devolución de la niña e instó a Unicef a tomar «cartas en el asunto».

El fiscal anunció el martes la apertura de una investigación sobre el caso de la niña, quien, según la versión del Gobierno del presidente Nicolás Maduro, fue apartada de su madre antes de abordar el vuelo de repatriación que llegó al país suramericano el pasado viernes.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el ministro de Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, mantuvieron conversaciones telefónicas separadas con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en medio de la creciente tensión entre los vecinos con armas nucleares tras el atentado en Cachemira india.

Sharif rechazó en la conversación que tuvo lugar anoche cualquier vinculación de su país con el atentado y denunció «el comportamiento provocador y escalatorio” de la India, que consideró «profundamente decepcionante y preocupante», según un comunicado del gobierno paquistaní publicado este jueves.

Sharif también advirtió sobre el peligro de que India «instrumentalice el agua», un recurso vital para 240 millones de paquistaníes, y reiteró que el Tratado de Aguas del Indo, un pacto histórico para compartir el agua del rio entre las dos naciones, «no permite a ninguna parte incumplir unilateralmente sus compromisos».

La India anunció hace una semana la suspensión de este acuerdo como medida punitiva contra Islamabad, si bien la medida no ha tenido de momento consecuencias materiales.

Por su parte, el ministro de Exteriores de la India publicó en la red social X que aseguró que «los autores, patrocinadores y planificadores» del ataque «deben ser llevados ante la justicia».

En un comunicado la portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Tammy Bruce, indicó que Rubio «urgió a Pakistán a cooperar con la investigación» de este ataque.

El secretario de Estado además alentó a ambos países a «restablecer canales de comunicación directa y mantener la paz y la seguridad en Asia Meridional», indicó la portavoz.

La región vive momentos de alta tensión desde la masacre en Cachemira en la que murieron 25 indios y un nepalí, ataque que la India atribuye a Pakistán mientras Islamabad rechaza las acusaciones y pide una investigación independiente.

La disputa amenaza con empeorar los ya frágiles vínculos entre las dos potencias nucleares vecinas.