Categoría: El Mundo

Las redes sociales siguen siendo protagonistas en el multitudinario adiós al papa Francisco, fallecido el pasado lunes a los 88 años, en medio de una creciente polémica por los «selfies» que algunos visitantes han publicado frente a su féretro en la basílica de San Pedro.

Más de cien mil personas han desfilado estos días por el templo vaticano para despedirse del pontífice argentino, entre ellos muchos turistas y curiosos que se han «colado» para fotografías por última vez al papa más «viral» de la historia.

En las últimas horas se han difundido imágenes de personas que, tras horas de espera, aprovechan los pocos segundos que las autoridades dejan detenerse ante el féretro para hacerse una autofoto junto al cuerpo de Francisco dentro del ataúd para luego publicarlas en redes sociales.

Esto ha desatado críticas por parte de numerosos fieles, que denuncian la falta de respeto y solemnidad en un contexto de luto.

“El momento vivido con tanta gente pierde mucho la intimidad; las colas, la rapidez, difuminan esa experiencia”, lamentó a EFE Pedro, que viajó toda una noche en coche desde la localidad española de Murcia para despedirse del papa.

“Muchos vienen más a hacerse fotos que a rezar por el papa”, añadió con amargura.

La cercanía de Francisco con los jóvenes y su activa presencia digital, especialmente a través de la cuenta oficial @Pontifex en X (antes Twitter), marcaron el estilo de un papa que supo adaptarse a los lenguajes contemporáneos y tender puentes con las nuevas generaciones.

Si bien la cuenta fue inaugurada por Benedicto XVI en diciembre de 2012, fue Francisco quien convirtió ese canal en una herramienta habitual de comunicación con millones de fieles.

Fotografías y vídeos generados con IA para darle el último adiós

Cuatro días después de su muerte y en vísperas del funeral multitudinario que se espera para el sábado, las redes sociales siguen llorando su fallecimiento con una avalancha de homenajes, mensajes de cariño y contenidos que consolidan al pontífice argentino como el más «viral» y fotografiado de la historia.

Ahora, esos mismos jóvenes le rinden tributo desde plataformas como TikTok e Instagram con publicaciones emotivas que recopilan sus discursos más recordados y los momentos icónicos de su pontificado.

E incluso hasta videos generados con Inteligencia Artificial (IA) en los que se le ve llegando al cielo, recibido por sus predecesores Juan Pablo II y Benedicto XVI, o incluso por Jesús, con quien aparece tomándose una foto «entre las nubes».

En las primeras 24 horas tras el anuncio de su fallecimiento, se generaron más de 9,7 millones de contenidos relacionados con el papa y cerca de 200 millones de interacciones en redes sociales en todo el mundo, según un análisis de la plataforma SocialCom para Adnkronos.

Una cifra que superó a otros eventos de gran repercusión global, como el intento de asesinato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en 2024.

Muy querido por las nuevas generaciones, Francisco logró conectar con ella gracias a su tono directo, su lenguaje sencillo y su mirada positiva hacia el uso de las redes sociales, que no condenó ni ignoró durante su pontificado.

El cortejo fúnebre que llevará este sábado el cuerpo del papa Francisco desde San Pedro del Vaticano hasta la basílica de Santa María la Mayor, donde será enterrado, atravesará a paso solemne seis kilómetros del corazón de Roma en un trayecto cargado de simbolismo.

La ruta seguirá parcialmente el trazado de la antigua Via Papalis, la procesión que hacían antiguamente los pontífices tras ser designados entre San Pedro del Vaticano y la basílica de San Juan de Letrán, catedral de la diócesis de Roma.

Esta ceremonia, rescoldo de los antiguos desfiles del Imperio romano, constituía el primer acto oficial del pontífice como obispo de Roma.

Según confirmaron a EFE fuentes de la Policía Nacional, el cortejo de Francisco, que supone uno de los mayores retos a nivel organizativo para las autoridades italianas, pasará delante de lugares tan icónicos como el Coliseo romano.

Tras el final del funeral, que comenzará a las 10:00 hora local del sábado, la procesión pasará por la galería Príncipe Amadeo de Saboya, recorrerá el Corso Vittorio Emmanuele y llegará a la plaza Venezia, para luego girar hacia los Foros Imperiales.

Desde ahí, tomará la Via Labicana y la Via Merulana, dejando al fondo San Juan de Letrán, hasta llegar a la plaza de Santa María la Mayor.

Un vehículo transportará «a paso solemne» el féretro de Francisco, seguido por un reducido número de coches que transportarán a algunos cardenales, si bien el tráfico general estará cerrado.

Se colocarán cuatro pantallas gigantes en el área para que los fieles puedan seguir el funeral y el cortejo fúnebre. Tras el entierro, quien lo desee podrá pasar a rendir homenaje por la tumba de Francisco en Santa María la Mayor.

El expresidente brasileño Fernando Collor de Mello fue detenido este viernes en la ciudad de Maceió cuando se disponía a viajar a Brasilia para entregarse a las autoridades, después de que un juez del Supremo ordenara su captura «inmediata» para cumplir una condena por corrupción, informó su defensa.

Collor (1990-1992) fue condenado por el máximo tribunal a una pena de ocho años y diez meses por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, pero aguardaba en libertad el fallo del último de sus recursos.

En una nota enviada a la prensa, los abogados informaron que el exmandatario fue preso a las 4:00 de la mañana (hora local) cuando se trasladaba hacia la capital brasileña para cumplir de forma «voluntaria» la decisión del juez y que está detenido en la Superintendencia de la Policía Federal en Maceió, su ciudad de residencia y capital del estado de Alagoas (noreste).

El exjefe de Estado, de 75 años, fue condenado en mayo de 2023, pero la sentencia nunca llegó a cumplirse porque quedaban pendientes de resolución una serie de apelaciones.

Este jueves, el magistrado Alexandre de Moraes rechazó el último recurso del también exsenador y ordenó el «inicio inmediato de la sentencia condenatoria», en régimen inicialmente cerrado.

Según De Moraes, el recurso fue negado por su carácter «meramente dilatorio», con el que, de acuerdo con el juez, se buscaba evitar el desenlace definitivo del caso.

Collor fue hallado culpable por participar en una trama de corrupción en la empresa BR Distribuidora, antigua subsidiaria de la petrolera estatal Petrobras.

Según la sentencia, el exsenador, con la colaboración de dos empresarios, «recibió 20 millones de reales ($3.5 millones, 3.1 millones de euros al cambio actual) para viabilizar de forma irregular contratos de BR Distribuidora» con una tercera compañía «para la construcción de bases de distribución de combustibles».

El fallo de De Moraes se someterá ahora al escrutinio del pleno del Supremo, compuesto por once jueces, en una sesión virtual programada para este mismo viernes.

Unas 150,000 personas han pasado ante el féretro del papa Francisco en la basílica vaticana para despedirle, durante los últimos tres días y hasta el mediodía de este viernes, víspera de su funeral, la cifra fue confirmada el mediodía de este viernes (hora local de Roma), por el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni.

La capilla ardiente del pontífice argentino, fallecido el pasado lunes a las 88 años, permanecerá abierta hasta las 7:00 de la noche en Roma, para después proceder a la ceremonia del cierre del féretro antes de su funeral solemne, en la mañana del sábado.

Las autoridades italianas prevén la presencia de 200,000 personas en las exequias en la plaza de San Pedro, además de 130 delegaciones de países, con jefes de Estado como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y una decena de soberanos reinantes, entre estos los reyes de España, Felipe VI y Letizia.

Las largas filas de fieles para dar el último adiós al papa Francisco en San Pedro continuaron durante toda la noche y la basílica se mantuvo abierta hasta las 4:00 horas locales y reabrió a las 5:45 horas de Roma, para permitir de nuevo el acceso ante la gran afluencia.

La Protección Civil italiana ha lanzado un mensaje a todos los teléfonos de Roma para informar del cierre de la plaza vaticana desde las 5:00 de la tarde locales de hoy.

El rito del cierre del féretro tendrá lugar después y será privado.

Tras el funeral del sábado, el cuerpo de Francisco será llevado por un cortejo fúnebre cruzando toda Roma hasta la basílica de Santa María La Mayor, donde decidió reposar por ser muy devoto de la Virgen «Salus Populi Romani».

Su sepulcro, de hecho, ha sido preparado junto a la capilla que alberga ese ícono mariano y consistirá en una simple losa de mármol en el suelo con una única inscripción, «FRANCISCUS, su nombre pontificio en latín.

En la pared habrá además una reproducción de su cruz pectoral, en plata y con el Buen Pastor.

A Roma ya han llegado un total de 149 cardenales del total de los 252 que componen el colegio cardenalicio, aunque solo 133 entrarán al cónclave para elegir sucesor por tener menos de 80 años, una regla obligada.

Los cardenales que participarán en el funeral mañana visitarán la tumba del papa argentino el domingo.

Las exequias además marcan el inicio de las «Novendiales», el periodo de nueve días de luto en el Vaticano por la muerte del pontífice.

En cuanto al cónclave, la legislación vaticana establece que debe comenzarse en el plazo máximo de 20 días tras la defunción del papa, que se produjo el 21 de abril.

Por eso se espera que los cardenales se encierren en la Capilla Sixtina entre el día 5 de mayo, cuando termina el luto, y el día 10, cuando se cumple el plazo de los 20 días sin papa.

La Capilla Sixtina ha anunciado su cierre a partir del 28 de abril para prepararse para el cónclave.

El Departamento de Justicia de EE.UU. comunicó oficialmente el jueves al tribunal federal de Nueva York que lleva el caso de Luigi Mangione, que solicitará la pena de muerte si el joven es encontrado culpable de asesinar a Brian Thompson, director ejecutivo de United Healthcare.

Los fiscales federales afirmaron que Mangione merece la pena capital debido al impacto que la muerte de la víctima tuvo en su familia, amigos y compañeros de trabajo.

Además, argumentan que el joven, de 26 años, «expresó su intención de atacar a toda una industria y generar oposición política y social a ella mediante un acto de violencia letal».

La notificación de la justicia estadounidense se hizo poco antes de que Mangione se presente en el tribunal mañana viernes.

Se espera que en la audiencia el joven se declare no culpable de los cuatro delitos federales, incluido el de asesinato con arma de fuego, que conlleva la pena de muerte.

Mangione también está acusado de un delito de uso de armas y dos de acoso, por la muerte de Brian Thompston, quien era director ejecutivo de UnitedHealthcare, la mayor aseguradora médica de EE.UU., el pasado 4 de diciembre, en el centro de Nueva York.

La notificación obedece a la directriz dada por la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, que ordenó a principios de mes solicitar la pena de muerte para el acusado si es condenado, y sus abogados han intentado imposibilitar ese castigo y han advertido de que se está privando a su cliente del «debido proceso».

El caso ha sido muy mediático en EE.UU., pues muchos consideran a Mangione, físicamente atractivo, un héroe frente al negocio de las aseguradoras privadas; en sus citas judiciales ha sido recibido por grupos de fans y una campaña de recaudación para sus gastos legales roza el millón de dólares.

Aparte de la acusación federal, el joven afronta cargos en las jurisdicciones de Manhattan, un total de once delitos con una pena máxima de cadena perpetua, y de Pensilvania, donde fue detenido cinco días después de su fuga; en ambos casos se ha declarado no culpable.

Un juez federal bloqueó este jueves dos órdenes ejecutivas del presidente estadounidense, Donald Trump, para congelar fondos asignados a las llamadas ciudades santuario de inmigrantes, al considerar que la medida del Ejecutivo es probablemente inconstitucional.

El juez federal en San Francisco (California) William Orrick se puso del lado de 16 ciudades y condados que presentaron una demanda contra el mandatario, alegando que no están obligados a que sus policías colaboren con las autoridades migratorias en las labores federales.

Argumentan que esta colaboración podría minar la confianza de las comunidades en la policía local.

Como parte de su plan de deportaciones masivas, Trump instruyó a los departamentos de Justicia y de Seguridad Interna a retener fondos a gobiernos locales y estatales con políticas santuario de inmigrantes.

“Congelar o condicionar los fondos federales asignados a las localidades por el Congreso, violan los principios de separación de poderes de la Constitución y la Cláusula de Gasto”, escribió el juez Orrick en su opinión.

El fallo de Orrick protege a los 16 condados y ciudades que presentaron la querella legal, y que incluye varias zonas de California, como el condado de Monterey y las ciudades de San Francisco, Sacramento, Santa Cruz, Emeryville, Oakland, San Diego, San José, y Santa Clara.

Ciudades y condados de los estados de Washington, Minnesota, Connecticut, Oregón y Nuevo México, también se verán favorecidos por la decisión del juez que bloqueó una medida similar de Trump en su primer periodo presidencial (2017-2021).

Por las órdenes contra las ciudades santuario, Trump enfrenta también una demanda de las ciudades de Chelsea y Somerville, en Massachusetts, que busca frenar sus presiones para que colaboren en operativos de deportación masiva.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, tachó este jueves de «víbora» al excanciller Álvaro Leyva, de quien dijo que le atravesó una daga al revelar una supuesta adicción suya a las drogas.

«Tenía era que insultarme y atravesarme una daga como a veces cierto lumpen bogotano hace por la espalda. Morder la mano, la víbora nunca deja de morder en toda su existencia», dijo Petro, sin citar a Leyva, en un discurso que dio en Soledad, en el departamento del Atlántico, donde instaló los Comités Ciudadanos de la Consulta Popular con la que busca aprobar su reforma laboral hundida en el Senado.

Sin embargo, Petro dejó claro que se refería a Leyva pues señaló que cuando comenzó su Gobierno, por «ingenuo», le dio el cargo en la Cancillería porque pensó que era «la mejor forma para que termine la vida política larga de un conservador que se atrevió a hablar de paz».

Leyva, un político del Partido Conservador con buenos contactos en las guerrillas, que ha participado en numerosos procesos de paz en Colombia, tenía 80 años cuando Petro lo nombró como su primer ministro de Relaciones Exteriores, cargo en el que estuvo desde el 7 de agosto de 2022 hasta comienzos de 2024.

Carta polémica

En una carta de cuatro páginas publicada ayer, Leyva se refirió a un supuesto problema de adicción a las drogas de Petro que dice haber constatado él mismo durante una visita oficial del mandatario a Francia en junio de 2023.

«Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción. ¿Pero qué podía yo hacer? Seguro fui inferior. Lo he debido aproximar, ayudar, asistir oportunamente. Guardo en mi interior la pena de no haber intentado extenderle la mano. Lo cierto es que nunca se repuso usted. Es así. Su recuperación lastimosamente no ha tenido lugar», dijo Leyva en su carta publicada en X.

El excanciller agregó que en ese viaje a París para participar en la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Mundial, convocada por el presidente francés, Emmanuel Macron, Petro «desapareció dos días» y él fue «primer testigo» de hechos que aún le producen «desazón y desconcierto».

«Uno de ellos, la ocasión en que usted se desapareció dos días en París durante una visita oficial. Como si inteligencia francesa fuera incompetente como para no haber conocido su paradero. Momentos embarazosos para mí como persona y como su canciller. Y mucho más cuando supe en dónde había estado», afirmó Leyva.

El excanciller apuntó además a ese supuesto problema como causa de las reiteradas ausencias y retrasos el presidente en actos públicos.

Por eso Petro, que ayer dijo que su adicción es «al amor», afirmó hoy que Leyva es como «todos los oligarcas» que creen que la Presidencia de Colombia no es una democracia «sino una aristocracia hereditaria por derecho divino» y por eso no le agradeció el que lo hubiera nombrado canciller.

«Lo que yo había ofrecido con tanta generosidad él lo intuía como su derecho divino y el de su hijo y el de su nieto y el de su bisnieto», expresó el presidente.

Leyva salió del Gobierno al ser suspendido por la Procuraduría (Ministerio Público) debido a problemas con un contrato para la emisión de pasaportes durante su gestión como canciller y en los últimos meses ha redoblado sus críticas a Petro.

Al menos 35 presuntos miembros de bandas armadas de la coalición Vivre Ensemble (VIvir Juntos) murieron y otros 40 resultaron heridos el miércoles en enfrentamientos con la Policía Nacional de Haití (PNH) y las Fuerzas Armadas en Pacot, un suburbio de Puerto Príncipe, informó este jueves una ONG.

Según el director ejecutivo de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), Pierre Esperance, en los choques contra los pandilleros también participaron miembros de las brigadas de autodefensa.

De igual forma, en su página de Facebook, la Policía comunicó el fallecimiento de seis personas, dos de ellas militares, también en Pacot.

Además, indicó la PNH, «varios delincuentes fueron detenidos», sin precisar la cifra de miembros de los grupos armados arrestados.

Explicó que, tras los repetidos ataques de miembros de bandas en Pacot, el miércoles se llevó a cabo una operativo en la zona y agregó que «la Policía, a través de unidades especializadas, sigue en el lugar para contrarrestar a estas bandas criminales».

Por otro lado, el Consejo Presidencial de Transición (CPT) expresó «su profunda consternación» por un ataque perpetrado ayer contra miembros de la Brigada de Canape-Vert, un suburbio de Puerto Príncipe, por individuos fuertemente armados que «lamentablemente ha costado la vida a varios brigadistas y ha dejado varios heridos».

«Ante esta tragedia», el CPT reitera «su compromiso de combatir la inseguridad en todas sus formas y de hacer todo lo posible para restablecer de forma duradera la paz y la estabilidad en todo el territorio».

También el Gobierno, en un comunicado, expresó su «profunda emoción» por «los brigadistas y policías caídos» ayer en Canape-Vert y Pacot, «mientras cumplían con su deber, protegiendo a la población con riesgo de sus vidas».

«La seguridad del pueblo es una misión sagrada. Se llevará a cabo hasta el final», prometió el Gobierno, que reafirmó que la lucha contra la inseguridad sigue siendo su prioridad absoluta y se declaró firmemente comprometido con el restablecimiento del orden y el triunfo de la paz.

Subrayó que «ninguna banda, ninguna violencia podrá quebrantar la determinación de la República. La respuesta será implacable» y destaca que «estos valientes policías murieron cumpliendo su juramento: proteger y servir. Su valentía inspira respeto y nos recuerda que los servidores del Estado caen de pie».

En 2024 la violencia causó en Haití al menos 5,626 muertos (un millar más que el año anterior), 2,213 heridos y 1,494 secuestrados, según datos verificados por la ONU, en un país con más de un millón de desplazados tras tener que abandonar sus hogares a causa de la inseguridad.

Una juez federal ha bloqueado temporalmente este jueves un mandato del Gobierno del presidente Donald Trump que exige mostrar un pasaporte o documento similar que acredite la ciudadanía estadounidense cuando los electores se registran para votar mediante el formulario federal.

La juez de Distrito de Columbia Colleen Kollar-Kotelly se puso del lado de una coalición de organizaciones que impugnaron la orden ejecutiva argumentando que es «inconstitucional y arrebata el poder a los estados» otorgado por la ley y el Congreso para regular las elecciones.

Trump dio el mes pasado instrucciones para que la Comisión de Asistencia Electoral exija en su formulario de registro de votantes una prueba documental de que se tiene la ciudadanía estadounidense, lo que, según los demandantes, privará a «millones» de ciudadanos, especialmente a aquellos de bajos recursos y minorías, de participar en las elecciones federales.

«Nuestra Constitución confía al Congreso y a los estados —no al presidente— la autoridad para regular las elecciones federales», escribió Kollar-Kotelly en su dictamen de 120 páginas.

La jueza también se refirió a una ley que el Congreso está debatiendo actualmente sobre este mismo tema, y advirtió que ningún estatuto da poder al Ejecutivo de EE.UU. eludir el proceso deliberativo del Legislativo mediante una orden ejecutiva.

Trump ha echado mano de la antigua retórica republicana sobre el fraude electoral para emitir una serie de medidas que transformarían drásticamente la manera como se llevan a cabo las elecciones en el país, advirtió la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que representa a las organizaciones demandantes.

El mandatario ha dicho en numerosas ocasiones que hubo fraude electoral en los comicios presidenciales de 2020, en los que perdió contra el expresidente Joe Biden, y, en concreto, ha asegurado que los ciudadanos votaron de manera ilegal, aunque no hay pruebas de ello.

Sophia Lin Lakin, directora del Proyecto de Derechos del Voto en ACLU, dijo este miércoles en un comunicado que la orden ejecutiva de Trump forma parte de un ataque más amplio contra las elecciones democráticas al promover teorías conspirativas infundadas.

“El tribunal bloqueó hoy una estrategia clave de este ataque. Y seguiremos luchando para garantizar que todos los votantes elegibles puedan hacer oír su voz sin interferencias ni intimidación”, puntualizó la abogada.

Además de la prueba de ciudadanía, la orden exige a los estados dejar de contar las boletas electorales enviados por correo o en ausencia recibidas después del día de elecciones, lo que afecta a estados como California, que cuenta votos recibidos por correo hasta siete días después de la elección.

También requiere modificaciones significativas en los sistemas de votación y las normas de seguridad de los equipos de votación. Si los estados no cumplen, el Ejecutivo ha amenazado con cortar la financiación.

Una jueza federal en Maryland ordenó pausar temporalmente el requisito impuesto al Gobierno estadonidense para dar actualizaciones sobre el caso de Kilmar Ábrego García, un migrante enviado «por error» a una cárcel en El Salvador, tras un acuerdo entre el Departamento de Justicia de EE.UU. y su representación legal.

En una orden emitida en la noche del miércoles, la jueza Paula Xinis instruyó pausar la fase probatoria del caso hasta el 30 de abril, en respuesta a una petición del Gobierno estadounidense que fue presentaba bajo sello.

Xinis, que ha criticado duramente a la Administración de Donald Trump por su falta de transparencia en el caso de Ábrego, ha presionado a los abogados del Gobierno a que entreguen documentos que prueben que están haciendo las gestiones necesarias para devolver al migrante, nacido en El Salvador y afincado en Maryland hace más de 10 años.

Este nuevo acuerdo llega después de que el Gobierno Trump asegurara en declaración jurada que están involucrados en «discusiones diplomáticas apropiadas» con El Salvador sobre Ábrego, pero que se negara a entregar públicamente información específica sobre estos acercamientos.

Ábrego, arrestado en un retén de tráfico en Maryland, fue trasladado hace más de un mes a El Salvador. El Gobierno Trump lo acusa de formar parte de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), a pesar de que no tiene antecedentes penales y sin entregar pruebas que lo vinculen definitivamente con esta organización delictiva transnacional.

Ábrego García fue enviado inicialmente a la prisión de máxima seguridad salvadoreña Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), sobre la que recaen denuncias de abusos a los derechos humanos, y posteriormente fue trasladado a otra cárcel del país centroamericano, según confirmaron funcionarios estadounidenses.

El traslado de Ábrego al CECOT ha desatado una batalla jurídica en Estados Unidos, después de que la Casa Blanca admitiera en un primer momento que lo había deportado por «un error administrativo».

El Gobierno Trump ha iniciado, en cambio, una campaña de descrédito en contra de Ábrego García, al que ha calificado de «terrorista» y al publicar decenas de documentos judiciales de las distintas interacciones que el migrante ha tenido con las autoridades, a pesar de que no ha sido acusado o condenado de algún crimen.

Una serie de legisladores demócratas han viajado a El Salvador para pedir la liberación del migrante y el senador Chris Van Hollen logró que el Gobierno de Nayib Bukele le permitiera conversar con él.

Ábrego es uno de los más de 200 extranjero -en su mayoría venezolanos- que fueron expulsados de EE.UU. y enviados al CECOT sin posibilidad de apelar sus casos ante una corte, lo que grupos de derechos humanos han calificado como «desaparición forzada».

Por su parte, el Gobierno Trump ha defendido las expulsiones acusando a los migrantes de tener vínculos con las organizaciones delincuenciales transnacionales Tren de Aragua y MS-13, calificadas recientemente por Washington como grupos terroristas.

Sin embargo, múltiples investigaciones de medios estadounidenses han demostrado que la mayoría de los migrantes expulsados a El Salvador no tienen antecedentes penales.

A pesar de que el Supremo de EE.UU. emitiera la semana pasada un fallo que respalda la orden de un tribunal de menor instancia en Maryland que instruye al Gobierno a «facilitar» el retorno del salvadoreño, tanto EE.UU. como El Salvador han negado tener la potestad para hacerlo.

El Gobierno de EE.UU. llegó a un acuerdo con Bukele para enviar a migrantes detenidos en EE.UU. hacia el CECOT y como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington pagará a El Salvador seis millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario salvadoreño.