Categoría: El Mundo

Unas 61.000 personas han accedido a la basílica de San Pedro para dar su ultimo adiós al papa Francisco hasta las 1:00 de la tarde, hora local de este jueves, cuando se cumple la segunda jornada de exposición del féretro, desde que se abrió el velatorio este miércoles a las 11:00 hora local, informó la oficina de prensa del Vaticano.

La Santa Sede, dada la alta afluencia de fieles, decidió ampliar la apertura al público de la basílica, que permaneció abierta esta madrugada hasta las 5:30 horas y cerró sólo para permitir la reorganización y las tareas de limpieza y volvió abrir a las 7:00 horas.

Durante la noche, desde la medianoche hora local hasta las 5.30 (3.30 GMT), fueron 13,000 las personas que rindieron homenaje al pontífice.

El flujo de público que desfila delante del féretro de Francisco es constante y a primera hora de la mañana había miles de personas esperando en distintas filas que se extendían hasta zonas aledañas al Vaticano, en medio de un estricto control de la Policía y la Protección Civil.

A pesar de que este miércoles, en la primera jornada de exposición, la hora prevista de cierre era la medianoche, se decidió dejar la basílica vaticana abierta para permitir que los fieles que habían hecho hasta 3 horas de fila pudieran entrar para homenajear al pontífice argentino, que falleció este lunes a los 88 años.

Este viernes, la basílica cerrará a los fieles a las 7:00 de la noche para la ceremonia del cierre del féretro antes del funeral del sábado.

Francisco yace dentro de un féretro de madera, sin el tradicional catafalco, en una plataforma casi a ras del suelo, como él había indicado y situado en el altar de la Confesión frente a la tumba de San Pedro a los pies del baldaquino de Bernini.

El sábado, tras el funeral, su cuerpo será llevado a la basílica romana de Santa María La Mayor para ser enterrado en una capilla, tal y como el pontífice argentino dispuso en vida por ser muy devoto de la Virgen que custodia, la «Salus populi romani».

El presidente estadounidense, Donald Trump,

firmó este miércoles una orden ejecutiva para transformar el proceso de control de calidad de las universidades, así como otras cinco órdenes dirigidas al sistema educativo del país.

La acreditación universitaria garantiza que una universidad pueda acceder a ayuda financiera y representa una importante fuente de ingresos para las instituciones, pero el Gobierno Trump ha advertido que el proceso está impactado por “ideología progresista”.

En ese sentido, la secretaria del Departamento de Educación de EE. UU., Linda McMahon, dijo en un comunicado que el sistema de acreditación de la educación superior estadounidense “está descompuesto” y la orden ejecutiva le permitirá crear un mercado competitivo basado en el mérito.

La medida se da una semana después de que el Gobierno Trump congelará $2.,200 millones de dólares a la Universidad de Harvard por incurrir presuntamente en conductas antisemitas, lo que ha desembocado en una batalla legal.

A esto se suma, que Trump firmó hoy una orden dirigida a reforzar la ley que exige a las universidades divulgar las donaciones extranjeras.

“Creemos que ciertas universidades, como Harvard, han violado esta ley sistemáticamente, y no se ha aplicado eficazmente”, dijo Will Scharf, secretario de personal de la Casa Blanca, al entregar la orden al mandatario para su firma.

Sobre esta orden, McMahon advirtió que “seguirá la pista del dinero y frenará la infiltración extranjera difamatoria”.

Otra de las órdenes está dirigida a promover la colaboración del sector privado con las universidades históricamente negras (HBCU) para que cumplan con su labor de manera “más eficaz y eficiente posible”.

El fomento del uso de la inteligencia artificial en las aulas escolares y de la disciplina en las escuelas primarias y secundarias completan las iniciativas firmadas por el presidente estadounidense.

Las fuerzas de seguridad de Guatemala arrestaron este miércoles a un exviceministro del Gobierno de Alejandro Giammattei (2020-2024) por el asesinato el pasado 5 de abril del jefe del departamento legal del Congreso.

La Policía Nacional Civil guatemalteca detalló mediante sus canales oficiales de comunicación que el detenido es Carlos Fernando García Rubio, de 39 años, quien fungió como viceministro de Gobernación (Interior) en 2021.

De acuerdo a las autoridades, el exfuncionario asesinó en la madrugada del pasado 5 de abril, con arma de fuego, al jefe del departamento legal del Congreso guatemalteco, Hansel Ernesto Szarata Valdéz.

García Rubio fue durante 2021 el viceministro de Prevención de la Violencia y del Delito en el Ministerio de Interior, en el Gobierno de Giammattei.

«Esta detención se desarrolla como resultado de un análisis forense de video, donde se establece la participación de una persona en el hecho criminal, por lo que se individualiza y posteriormente se sugiere al Ministerio Público la orden de aprehensión», aseveró la policía guatemalteca.

La detención fue «en cumplimiento a una orden emitida por un juzgado» bajo el delito de homicidio, precisó la misma fuente.

Szarata Valdez fue asesinado en la madrugada del 5 de abril en las afueras de un centro comercial en el este de la Ciudad de Guatemala.

La captura de García Rubio tuvo lugar esta noche en un municipio al oeste de la capital del país centroamericano, específicamente en Mixco, perteneciente al departamento (provincia) de Guatemala.

Giammattei y varios de sus funcionarios fueron sancionados por Estados Unidos en enero de 2024, al finalizar su Gobierno, bajo señalamientos de diversos actos de corrupción.

Durante los primeros dos meses de 2025, la Policía Nacional Civil guatemalteca registró 504 homicidios, los cuales representan un aumento del 31 % en comparación a los reportados en 2024 durante el mismo periodo de tiempo.

El cardenal nicaragüense y arzobispo de Managua, Leopoldo José Brenes Solórzano, viajó este miércoles a Roma para participar en el cónclave que se celebrará en el Vaticano para elegir al sucesor del papa Francisco.

Brenes, uno de los dos cardenales centroamericanos que tiene derecho a voto de un total de 135 cardenales que conforman el cónclave, explicó que como cardenal de la Iglesia católica tiene la obligación de participar, tanto en las exequias del papa Francisco, como también en el cónclave.

«Los invito a que nos acompañen con la oración para que el Espíritu Santo ilumine a todo el colegio cardenalicio para escoger a aquella persona que Él quiere que dirija los destinos y la marcha de esta Iglesia que peregrina por el mundo», exhortó Brenes a través de un audio divulgado por la Arquidiócesis de Managua.

También pidió «de todo corazón que sigan orando por el santo padre por su feliz descanso» y, de igual forma, que lo hagan «para que yo pueda cumplir la misión que la Iglesia me pide en este momento como cardenal».

Cuando fue consultado por periodistas en Managua si existen probabilidades de que sea elegido un papa centroamericano, entre los dos cardenales que formarán parte del cónclave que entrará en la capilla Sixtina para elegir al sucesor de Francisco, Brenes respondió: «No, pero mejor que busquen por otro lado, estoy tranquilo aquí en Nicaragua, trabajando con nuestra gente, viviendo en nuestra cercanía y también viviendo tranquilo en el barrio de Altagracia».

Tras su último consistorio, el colegio cardenalicio quedó compuesto por 252 purpurados, 135 de ellos menores de 80 años y por tanto electores, con lo que se estableció un nuevo récord, y será el más concurrido de la historia, ya que las normas decretan que sean 120 purpurados.

Habrá 24 cardenales latinoamericanos posibles electores, aún lejos de los 55 europeos, pero aunque los italianos siguen siendo el grupo más numeroso de un futuro cónclave, su peso relativo ha disminuido con el paso de los años: eran 28 sobre los 115 que en 2013 eligieron a Jorge Bergoglio y ahora serán 18 sobre 141.

Autoridades de Inmigración en colaboración con la policía estatal de Florida han desarrollado un operativo a gran escala dirigido a detener esta semana a unos 800 indocumentados que residen en ese estado, según informó este miércoles el periódico Miami Herald.

El operativo, que comenzó el lunes pasado y se extenderá hasta el sábado, representa el primer esfuerzo coordinado de control migratorio de agentes del Departamento de Seguridad Interna (DHS) con la policía de Florida.

Las redadas se estarían llevando a cabo en los condados de Miami-Dade y Broward, y en las ciudades de Tampa, Orlando, Jacksonville, Stuart, Tallahassee y Fort Myers, según documentos citados por el rotativo.

Las autoridades migratorias se han enfocando en detener a «delincuentes o infractores de inmigración» con órdenes de deportación finales.

Florida, con el gobernador Ron DeSantis a la cabeza, se ha convertido en uno de los principales socios del Gobierno del presidente Donald Trump y su plan de deportaciones masivas.

En febrero pasado, DeSantis firmó dos amplias leyes que endurecen las condiciones de los inmigrantes irregulares y facilitan en este estado la aplicación de la agenda migratoria del mandatario estadounidense.

Las iniciativas establecen penas más severas para los inmigrantes indocumentados que cometen delitos, requisitos de aplicación de la ley más estrictos para los funcionarios locales y cambios en el controvertido programa estatal de transporte de migrantes.

Florida ha dado a su policía poder para cuestionar el estatus legal de los residentes. Sin embargo, esta medida ha generado críticas por el perfil racial que puede generar.

Un ejemplo de esto fue el arresto la semana pasada de Juan Carlos López Gómez, de 20 años, un ciudadano estadounidense al que un agente de la Patrulla de Caminos de la Florida arrestó por supuestamente ser indocumentado.

El joven fue detenido cuando viajaba como pasajero en un vehículo que ingresó al estado desde Georgia.

López Gómez tuvo que presentarse frente a un juez y no fue liberado sino hasta que su madre presentó su certificado de nacimiento.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció ele miércoles que acusó a un presunto miembro de alto rango del Tren de Aragua (TdA) por cargos de terrorismo y narcotráfico, lo que marca el primer caso contra un sospechoso desde que se designó a esa banda criminal como terrorista.

José Enrique Martínez Flores, también conocido como «Chuqui», de 24 años, fue acusado en una corte del Distrito Sur de Texas (SDTX) de cinco cargos federales, que incluyen conspirar para proporcionar y brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada.

El joven, nacido en Venezuela, también está acusado de conspiración para traficar droga en Colombia con la intención de distribuirla en Estados Unidos.

Martínez Flores fue arrestado el pasado 31 de marzo en Colombia en cumplimiento de una orden de arresto expedida por Estados Unidos.

La acusación asegura que Martínez Flores es un alto líder del Tren de Aragua en Bogotá y forma parte del círculo íntimo de sus altos mandos.

Actualmente, el sospechoso se encuentra detenido en Colombia a la espera de los procedimientos legales para su envío a EE.UU.

Sobre este caso, la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, dijo en un comunicado que los cargos presentados contra Martínez Flores representan “un punto de inflexión” en cómo la justicia estadounidense procesará y desmantelará a la banda nacida en una cárcel venezolana.

“TdA no es una pandilla callejera; es una organización terrorista altamente estructurada”, subrayó Bondi.

En febrero pasado el Departamento de Estado designó a TdA, junto a seis carteles mexicanos y la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), como organización terrorista extranjera, lo que le permite a EE.UU. una serie de herramientas legales, económicas y militares en contra de personas o empresas que colaboren de alguna manera con ellos.

De ser declarado culpable, Martínez Flores enfrenta una pena máxima de cadena perpetua y una multa de $10 millones.

Las autoridades migratorias de Costa Rica anunciaron este miércoles el otorgamiento de una categoría especial humanitaria para los migrantes de diversas nacionalidades que llegaron hace dos meses deportados por Estados Unidos, lo que les permite movilizarse libremente fuera del centro migratorio en el que se encuentran.

El director general de Migración, Omer Badilla, dijo desde el pasado lunes rige una categoría especial humanitaria que «regulariza» la situación migratoria de las personas deportadas por Estados Unidos que permanecen desde febrero pasado en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM), ubicado en el sur del país cerca de la frontera con Panamá.

«Eso significa que estas personas tienen libertad de movimiento en el territorio nacional. Es una resolución muy positiva porque le genera mayor confianza para permanecer en Costa Rica. Esta es una prueba y un compromiso para garantizar con mayor efectividad los derechos de las personas migrantes y que puedan sentirse con más comodidad en Costa Rica», declaró Badilla.

Las autoridades han negado reiteradamente que los migrantes deportados por Estados Unidos se encuentren detenidos en Costa Rica, aunque sí han reconocido que para proteger la seguridad de estas personas se les habían limitado sus movimientos.

Los datos de la Dirección General de Migración indican que permanecen en el CATEM un total de 85 migrantes de nacionalidad afgana, angoleña, armenia, azerbaiyana, china, congoleña, georgiana, india, kazaja, nepalí, rusa, turca y uzbeca, quienes se beneficiarán de la categoría migratoria especial humanitaria.

Además, 16 ciudadanos chinos solicitaron refugio y salieron del sitio, mientras que al menos 84 retornaron a sus países de manera voluntaria. Otros salieron del centro.

«La resolución también se orienta en no forzar a ninguna de estas personas a retornar a sus países de origen porque sienten algún temor fundado en su seguridad e integridad física. Costa Rica va a seguir garantizando los derechos de estas personas», afirmó Badilla.

En febrero pasado Costa Rica recibió dos vuelos de migrantes deportados desde Estados Unidos, en los cuales viajaron 200 personas -entre ellas 81 menores de edad- originarios de Nepal, China, Rusia, India, Congo, Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Ghana, Irán, Jordania, Kazajistán, Turquía, Uzbekistán y Vietnam.

El Gobierno costarricense ha informado que el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos proporciona los fondos a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para la ayuda humanitaria y atención a estas personas.

El canciller de Costa Rica, Arnoldo André, ha explicado que la recepción de los 200 migrantes responde a un acuerdo con Estados Unidos y a la tradición costarricense de brindar ayuda humanitaria, y que el país serviría como puente para que estas personas fueran enviadas a sus países de origen o a un tercero.

Diputados y diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch, han criticado las condiciones en que viven los migrantes en el CATEM, e incluso un grupo de abogados anunció que presentó una denuncia ante el Comité de Derechos del Niño de la ONU.

El Gobierno costarricense ha insistido en que no existen violaciones a los derechos humanos de estas personas y que están recibiendo servicios médicos, alimentarios, hospedaje y traducción.

El expresidente brasileño

Jair Bolsonaro fue notificado judicialmente este miércoles, en el hospital en que se recupera de una operación intestinal, del proceso judicial abierto en su contra por la Corte Suprema bajo la acusación de golpismo.

El propio líder de la ultraderecha informó de que un oficial de justicia se presentó en la sala de cuidados intensivos (UCI) en que permanece desde que, hace diez días, fue sometido a una operación en el intestino que se prolongó durante doce horas.

«Increíble», dijo a través de sus portavoces el expresidente,

quien este martes, desde la misma sala, participó en un directo por sus redes sociales con dos de sus hijos y un empresario en el que fue promocionada una nueva marca de cascos de moto.

El proceso penal fue iniciado el pasado 26 de marzo, después de que la Corte Suprema aceptara acusaciones por intento de golpe de Estado y otros delitos formulados por la Fiscalía General.

Por los tiempos judiciales, Bolsonaro debía haber sido notificado oficialmente la semana pasada, pero el trámite se retrasó debido a su estado de salud.

Sin embargo, según explicó la Corte Suprema en una nota, tras su participación en la promoción de esos cascos se entendió que estaba en condiciones de recibir la notificación.

El tribunal también explicó que otros siete acusados por los mismos hechos fueron notificados entre los días 11 y 15 de abril, y que solo restaba cumplir el trámite con Bolsonaro.

La denuncia de la Fiscalía acusa al expresidente y a muchos de sus colaboradores de haber conspirado a fin de impedir la investidura del actual mandatario,

Luiz Inácio Lula da Silva, quien se impuso a Bolsonaro en las elecciones celebradas en octubre de 2022.

Parte de ese plan habrían sido las manifestaciones realizadas frente a muchos cuarteles de todo el país, en las que miles de activistas de las alas más radicales del bolsonarismo exigían una intervención de las Fuerzas Armadas para anular el resultado de los comicios.

La conspiración habría llevado incluso al violento asalto a las sedes de los tres poderes del Estado ocurrido el 8 de enero de 2023,

una semana después de la investidura de Lula, cuando también los manifestantes instaron a los militares a derrocar al nuevo Gobierno y destrozaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y la propia Corte Suprema.

Por esos hechos, unas 500 personas ya han sido condenadas a penas de hasta 17 años de cárcel, tras ser halladas culpables de delitos como golpe de Estado, abolición violenta del Estado democrático de derecho y destrucción del patrimonio público.

El gobernador del estado de Illinois, J.B. Pritzker, anunció este miércoles una serie de medidas contra El Salvador, a raíz de su colaboración con el gobierno del expresidente Donald Trump en la deportación irregular del ciudadano Kilmar Abrego García, quien residía legalmente en Estados Unidos.

Según explicó Pritzker en un comunicado, Ábrego García fue expulsado del país pese a contar con una orden de retención de deportación emitida en 2019, durante la primera administración de Trump. La deportación, reconocida como un “error administrativo” por el propio gobierno federal, se realizó sin que el afectado pudiera ejercer su derecho al debido proceso, en violación de las Enmiendas Quinta y Decimocuarta de la Constitución estadounidense.

A pesar de una orden unánime de la Corte Suprema de EE.UU. para facilitar el regreso de Abrego García, las autoridades salvadoreñas han dicho que no repatriarán a Ábrego.

El gobernador criticó que el gobierno de Trump “doble la apuesta” al desconocer fallos judiciales. “Estamos viendo cómo Donald Trump erosiona nuestros derechos fundamentales en tiempo real. Illinois defenderá el Estado de Derecho y luchará por nuestros principios constitucionales”, declaró.

Entre las acciones anunciadas por el gobierno estatal se incluye una revisión inmediata de las inversiones de los sistemas de pensiones estatales, como ISBI, SURS y TRS, para identificar posibles vínculos con empresas asociadas al gobierno salvadoreño. Con base en esos hallazgos, podrían impulsarse reformas legislativas que prohíban dichas inversiones.

Además, la administración Pritzker ordenó al Departamento de Servicios de Gestión Central del estado revisar los contratos públicos con compañías salvadoreñas, y solicitó al Departamento de Comercio y Oportunidades Económicas un análisis sobre la magnitud del comercio entre Illinois y El Salvador, así como la presencia de productos salvadoreños en las cadenas de suministro locales.

Illinois es el quinto estado en Producto Interno Bruto en Estados Unidos. En ese estado está la ciudad de Chicago, la tercera más grande de Estados Unidos.

“Estados Unidos no puede ser cómplice de abusos constitucionales, ni tampoco quienes colaboran con ellos”, enfatizó el mandatario demócrata, en una declaración que eleva la tensión diplomática entre un estado de la unión y una nación centroamericana.

Casi la mitad de la población de Estados Unidos vive en áreas con niveles peligrosos de contaminación del aire, una problemática que afecta de forma desproporcionada a los hispanos en el país, según revela este miércoles un informe de la Asociación Americana del Pulmón (ALA, en inglés).

El estudio, titulado «Estado del aire 2025», advierte que 156 millones de personas -el 46 % de la población y 25 millones más que el reporte anterior- respiran aire con calificaciones reprobables debido a la presencia de ozono o partículas finas (PM 2.5), niveles considerados perjudiciales para la salud humana.

Uno de los hallazgos más alarmantes del informe es el impacto desigual de la contaminación en comunidades minoritarias, especialmente en la población latina y en estados con alta concentración de esta comunidad como California y Arizona.

En California, el 91 % de los latinos vive en condados con al menos una calificación reprobable en calidad del aire, en comparación con el 85 % de la población blanca. En Arizona, las cifras son del 86 % y 83 %, respectivamente. Otras desigualdades se observan en Pensilvania (82 %-63 %) y Michigan (74 %-63 %).

Además, el informe alerta que una persona de minoría tiene más del doble de probabilidades (2,25 veces) que una persona blanca de residir en comunidades con calificaciones reprobables en las tres medidas clave de contaminación: ozono, partículas finas anuales y partículas a corto plazo.

Estas minorías representan el 41,2 % de la población total de Estados Unidos, pero constituyen el 51,2 % de aquellas que viven en un condado con al menos una calificación negativa en la calidad del aire.

Cambio climático agrava el problema

El informe de este año subraya el papel del cambio climático en el deterioro de la calidad del aire y también muestra el impacto dramático que la contaminación del aire tiene en un número creciente de personas, señaló Harold Wimmer, presidente de la ALA.

«Las familias en todo Estados Unidos enfrentan los impactos de la contaminación del aire en su salud todos los días, y el calor extremo y los incendios forestales lo están empeorando», señaló Wimmer.

«La contaminación del aire está provocando ataques de asma en los niños, enfermando a quienes trabajan al aire libre y contribuyendo al bajo peso al nacer en los bebés», agregó.

Durante el período 2021-2023, analizado por el informe, se registró un aumento histórico en los días con niveles de contaminación por partículas «poco saludables» y «muy poco saludables». En total, 77,2 millones de personas estuvieron expuestas a estos picos contaminantes.

Las ciudades más afectadas por contaminación por partículas a corto plazo son, en su mayoría, del oeste del país, encabezadas por Bakersfield, California; Fairbanks, Alaska; y Eugene, Oregón. En cuanto a los niveles anuales de partículas, la misma ciudad californiana de Bakersfield vuelve a liderar el ranking, seguida por Visalia, Fresno y Los Ángeles.

Por otro lado, la contaminación por ozono -también conocida como esmog- se ha intensificado en muchas regiones, afectando a más de 125 millones de personas, lo que representa un aumento de 24,6 millones respecto al informe anterior. Esta forma de contaminación es particularmente dañina para los pulmones, pudiendo causar dificultades respiratorias, ataques de asma y acortar la esperanza de vida.

Solo dos ciudades del país, Bangor (Maine) y San Juan (Puerto Rico), lograron calificaciones sobresalientes en las tres medidas de calidad del aire, lo que evidencia un deterioro generalizado en la salud ambiental de Estados Unidos.

El informe también destaca una importante limitación: más de 72,8 millones de personas viven en condados donde no existen monitores oficiales para medir ni el ozono ni las partículas finas, lo que impide evaluar completamente su exposición a estos contaminantes.

La Asociación Americana del Pulmón hace un llamado urgente a proteger a la Agencia de Protección Ambiental (EPA), cuyos programas y personal enfrentan recortes y amenazas de reestructuración. Sin la EPA, las familias no sabrán qué hay en el aire que respiran, y los esfuerzos por reducir la contaminación se verán revertidos, advirtió Wimmer.