Categoría: El Mundo

El exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas (2013-2018), en prisión desde su detención en la Embajada de México en Quito en 2024, afrontará un nuevo juicio por peculado –apropiación indebida de fondos públicos–, un tipo de delito por el que ya fue condenado en 2021.

El juez de la Corte Nacional de Justicia Marco Boris Aguirre ha resuelto que «hay motivos suficientes» para presumir la participación de Glas y del exsecretario del Comité de la Reconstrucción, Carlos Bernal, como autores del delito presuntamente cometido tras el terremoto de 2016, según recoge el diario ecuatoriano «Primicias».

Aguirre ha considerado que el antiguo vicepresidente, «conociendo el alcance de sus atribuciones y el objetivo de la Ley de Solidaridad», aprobada para responder a la catástrofe del terremoto, «permitió que se prioricen proyectos que no guardan relación con ésta».

Además, el magistrado ha señalado que para la retirada de escombros se contratase a una empresa relacionada con la familia de Carlos Bernal, secretario del Comité de Reconstrucción entre 2016 y 2017.

En cuanto a Glas, el juez Aguirre ha aceptado la solicitud de su defensa para que se le haga una evaluación médica psiquiátrica, para lo que ha dado un plazo de doce días. En febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre «un estado de especial gravedad» en cuanto a la salud mental del exvicepresidente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó que el exmandatario Joe Biden retrasó de alguna forma la publicación de su diagnóstico de cáncer de próstata y ha apuntado además a esfuerzos de la Administración de su predecesor para encubrir detalles sobre su estado de salud, también a nivel «cognitivo».

«Me sorprende que el público no fuera notificado hace mucho tiempo, ya que hace falta mucho tiempo para llegar al estadío cuatro», señaló, mezclando aparentemente el sistema de puntuación de Gleason –que mide la agresividad de las células cancerosas– con el estadío.

La oficina de Biden explicó el domingo al anunciar el diagnóstico que las pruebas revelaban que sufre un cáncer en estadío cuatro, el más grave de los cuatro posibles, con una puntuación de nueve en el sistema de Gleason, lo que indica que se trata de un cáncer agresivo que se ha extendido ya incluso a sus huesos.

Trump, que en su primer mensaje tras el anuncio del diagnóstico se mostró «triste» por este hecho y expresó su deseo de que su predecesor tenga «una rápida y satisfactoria recuperación», ha manifestado ante la prensa que la presunta falta de información sobre la salud de Biden ha sido «peligrosa para el país».

«Es muy peligroso, no es algo correcto políticamente», ha sostenido, al tiempo que ha apuntado a la invasión rusa de Ucrania como ejemplo, al tiempo que ha reiterado que el conflicto no hubiera estallado si él hubiera estado en la Casa Blanca, una afirmación que ya ha formulado en numerosas ocasiones en el pasado.

«¿Por qué se ha tardado tanto (en publicar los resultados de las pruebas)?», se ha preguntado. «Se tardan años en llegar a este nivel de peligro», ha insistido el mandatario, que ha indicado que «hay alguien que no está contando los hechos, lo que supone un gran problema».

Una situación muy “triste”

De esta forma, ha hecho hincapié en que la situación «es muy triste» y ha destacado que considera que las pruebas para el cáncer de próstata son algo «estándar» en los exámenes físicos a los que son sometidos los presidentes de Estados Unidos.

«Me acabo de hacer las pruebas médicas, ya vieron los resultados. Creo que es una prueba estándar para todos. Yo hice una prueba muy completa, incluidas pruebas cognitivas. Estoy muy orgulloso de decir que lo clavé. Las respondí todas bien», ha apuntado.

Trump ha manifestado además que el médico que estaría detrás de estas pruebas y los análisis físicos «es el mismo». «Se ha demostrado que ha sido una situación triste», ha recalcado, al tiempo que ha defendido que «todos» los políticos que se presenten a las presidenciales «se hagan una prueba cognitiva».

«Dicen que es inconstitucional, pero diría que en este caso concreto hacerse una no es tan malo», ha explicado, antes de insinuar que altos cargos de la Administración Biden estuvieron gestionando asuntos políticos de alto nivel usando una máquina de firmar para rubricar documentos con la firma del exmandatario.

Por ahora, ni Biden ni su oficina han respondido a las palabras de Trump a raíz de su diagnóstico. El exmandatario estadounidense expresó el lunes su agradecimiento a todos los que le han trasladado su «amor y apoyo» después de ser diagnosticado con una «forma agresiva» de cáncer de próstata.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha trasladado a Biden sus mejores deseos. «Conozco a Joe desde hace 45 años. Una cosa es segura. Joe es un luchador y un superviviente», ha dicho en su cuenta en X, donde ha resaltado que desea al expresidente estadounidense «una rápida y total recuperación».

Las autoridades de Estados Unidos anunciaron este lunes que 64 personas, 38 hondureños y 26 colombianos, viajaron desde el estado de Texas (sur) a sus países de origen a bordo del primer vuelo con migrantes «que decidieron autodeportarse voluntariamente», en el marco del proyecto «Vuelta a Casa» con el que el presidente, Donald Trump, pretende acelerar la expulsión de extranjeros sin documentación.

«Hoy, el Departamento de Seguridad Interior realizó su primer vuelo chárter del proyecto Regreso a Casa con 64 personas que decidieron autodeportarse voluntariamente a sus países de origen, Honduras y Colombia», ha declarado en su cuenta de la red social X la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem.

En el mismo mensaje, ha amenazado con «multas, arresto (y) deportación» a aquellas personas que se encuentren «ilegalmente» en territorio estadounidense si desisten de emplear la aplicación CBP «para gestionar su salida y recibir apoyo financiero para regresar a casa».

«Depórtese usted mismo ahora y preserve su oportunidad de regresar potencialmente de la manera legal y correcta», ha declarado.

Rusia confía en que en Kiev se imponga el «instinto de conservación de los restos del Estado» y ello obligue a la parte ucraniana a ocupar una postura constructiva, afirmó hoy la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova, en una comparecencia de prensa.

«Desde luego, no esperamos sentido común de la Bánkova (sede la Presidencia ucraniana), pero quisiéramos confiar en que allí se imponga al menos el instinto de conservación de los restos del Estado y ello obligue a adoptar una postura constructiva», dijo la diplomática rusa.

Con esas palabras se refirió Zajaróva a la situación tras la conversación telefónica que mantuvieron este lunes los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladímir Putin.

«Ahora le toca el turno a Kiev. Este es un momento importante para que tome decisiones, dadas las declaraciones, pasos y acciones histéricas y contradictorias que hemos visto estos días y a lo largo de este tiempo, incluidas las especulaciones anteriores de (el presidente ucraniano, Volodímir) Zelenski sobre su afán de paz», subrayó.

Zajárova insistió en que la tesis que promueven Ucrania y sus aliados occidentales acerca de la imposibilidad de celebrar negociaciones en condiciones de guerra «no resiste ninguna crítica».

Agregó que a los ultraliberales de Europa occidental no les interesa el logro de la paz, sino conseguir a cualquier precio un respiro para las Fuerzas Armadas de Ucrania y continuar la confrontación con Rusia.

El Departamento de Justicia de EE.UU. presentó cargos este lunes contra la congresista demócrata LaMonica McIver después de que se enfrentara días atrás con agentes federales durante una visita a un centro de detención de inmigrantes en Newark (Nueva Jersey).

«Nadie está por encima de la ley, ni políticos ni nadie … Es responsabilidad de esta oficina defender la justicia con imparcialidad, independientemente de quién seas. Ahora dejaremos que el sistema judicial funcione», dijo hoy la fiscal federal Alina Habba en un comunicado.

McIver está acusada de «agredir, obstaculizar e interferir con la aplicación de la ley» por parte de los agentes tras su visita a un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) junto con otros dos congresistas demócratas el pasado 9 de mayo.

Por otra parte, las autoridades han retirado el cargo de allanamiento contra el alcalde de Newark, Ras Baraka, derivado de ese mismo incidente.

De hecho, fue el arresto de Baraka, que luego fue liberado, lo que precipitó el enfrentamiento con los agentes federales después de que intentara unirse a los legisladores en su recorrido por el centro de detención, pero se le denegó la entrada.

Habba, exabogada de Trump, afirmó días atrás que el alcalde «ignoró múltiples advertencias» para «abandonar el centro de detención de ICE», pero Baraka declaró poco después a la prensa estadounidense que su detención parecía tener «objetivo» político.

«Después de que finalmente nos pidieran que nos fuéramos, y yo les dije que me iba, salieron por la puerta y me arrestaron. Así que parecía que era un objetivo», añadió.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, manifestó en el Capitolio la semana pasada que los congresistas demócratas implicados «no merecen estar en la Cámara».

El pueblo quiere la paz y yo, con el corazón en la mano, les digo a los líderes del pueblo: ¡reunámonos, hablemos, negociemos!», fueron las palabras del papa León XIV en uno de sus primeros discursos y que han proseguido con reuniones a alto nivel en un intento de relanzar la diplomacia vaticana para resolver los conflictos, empezando por el de Ucrania.

«Para que esta paz se extienda, haré todo lo posible», dijo en la misma ocasión – el Jubileo de las Iglesias orientales – y agregó, que «la Santa Sede está disponible para que los enemigos se encuentren y se miren a los ojos, para que se devuelva a las personas la esperanza y la dignidad que merecen, la dignidad de la paz».

Un ofrecimiento de la Santa Sede como mesa de negociaciones en un Estado completamente neutral y sin ningún tipo de interés que el de conseguir la paz, con experiencia en resolución de conflictos, aunque en los últimos años haya perdido influencia.

León XIV no se ha quedado solo en las palabras sino que el ofrecimiento del Vaticano como sede de negociaciones ha sido presentado en las reuniones que mantuvo con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, con quien conversó telefónicamente pocos días después de su elección el pasado 8 de mayo y que también recibió este domingo tras la misa de inicio de pontificado.

Y también en la posterior con el vicepresidente estadounidense, el católico JD Vance, también presente en la misa, con quien abordó este lunes la necesidad de negociaciones para la resolución de conflictos, explicó el Vaticano en una nota.

Trump, tras su conversación de este lunes con el presidente ruso Vladimir Putin, consideró «una gran idea» que el Vaticano albergue las eventuales negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, al considerar que hay mucha «rabia» entre las partes y que el simbolismo del lugar podría ayudar.

Una opción que también aprobó Zelenski: «El Vaticano está listo para hacer las invitaciones y organizar la reunión con todos nosotros, incluidos los europeos».

Sin embargo, como explica el teólogo George Weigel , fundador del Centro de Ética y Políticas Públicas y biógrafo de Juan Pablo II, en una entrevista en el diario «La Repubblica», «dudo que Putin acepte el Vaticano como sede de las negociaciones sobre Ucrania, porque se sentiría bajo un severo escrutinio moral».

Para Weigel, será importante el patriarcado ortodoxo de Moscú y máximo representante Cirilo, quien se había alejado del papa Francisco en los últimos tiempos, y que «es un instrumento del poder estatal ruso, no funciona como una Iglesia. Si lo hiciera, podría ayudar a crear una situación en la que Putin se sentiría obligado a negociar seriamente, pero hasta ahora no ha ayudado».

No sólo Ucrania, ¿Negociaciones con la ELN?

Este lunes León XIV recibió al presidente colombiano, Gustavo Petro, que aprovechó la llegada de un nuevo papa, ya lo había hecho con Francisco, para relanzar una idea de «retomar las negociaciones de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), suspendidas desde enero pasado»

Y para ello propuso a la Ciudad del Vaticano como sede de los diálogos: «Hay una segunda oportunidad. Ellos (el ELN) quieren mantener las reuniones en Cuba, en Venezuela (…) Hablé con el papa de este tema: ¿Cómo podría el Vaticano ser la sede de las nuevas conversaciones de paz bajo, puede ser una ingenuidad mía, la creencia de que el espíritu del amor eficaz cubra la codicia y nos lleve a la paz?».

Parolin defiende en la ONU el papel mediador de la Iglesia católica

«La Santa Sede, bajo el liderazgo de León XIV, se ha comprometido a trabajar junto a los representantes de las naciones para promover la dignidad humana, proteger a los vulnerables y construir puentes allí donde de otro modo podría prevalecer la desconfianza», subrayó en la tarde del lunes el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, en un discurso en la ONU en Nueva York, durante una recepción con motivo de la elección del papa,

La elección de un nuevo pontífice, declaró, es una oportunidad «de renovación, no sólo para los católicos sino para todos aquellos que buscan un mundo de mayor justicia, solidaridad y paz».

El cirujano francés Jöel Scouarnec, juzgado por abusar sexualmente de 299 menores en 30 años, admitió este martes que «nada más que la prisión» pudo frenarle, según dijo en su última declaración ante el tribunal.

«Para mí la cárcel fue una liberación. Nada más me impidió continuar en estos 30 años (…) porque estaba dominado por estos impulsos y perversiones que habitan en mí», ha relatado el acusado con un tono de voz monótono.

Ha reconocido que, «si consideramos que sigo siendo el mismo hombre que fui, debería dictarse cadena perpetua».

Tras doce semanas de audiencias en Vannes, en el noroeste francés, hoy finaliza la declaración del septuagenario, que reconoció el pasado 20 de marzo, a puerta cerrada, haber abusado sexualmente de todas las víctimas por las que se le juzga, en el que se considera el mayor caso de pederastia en Francia.

El tribunal investiga también la actuación de las autoridades médicas, que permitieron a Le Scouarnec continuar con su carrera en contacto con niños después de una primera condena por posesión de pornografía infantil en 2005.

El cirujano digestivo de 74 años, jubilado desde hace una década, apuntaba con detalle en un cuaderno todos los delitos y sus víctimas, de una media de 11 años, lo que permitió a los investigadores identificar a los 299 pacientes de los que abusó de 1989 a 2014.

Sin embargo, se ha abierto una nueva investigación preliminar para identificar a más víctimas potenciales, cuya existencia no ha descartado Le Scouarnec durante las audiencias. Varios abogados de las acusaciones particulares han mostrado su satisfacción por esta decisión.

El cirujano cometía sus abusos cuando sus pacientes estaban bajo los efectos de la anestesia, y en 2020 ya fue condenado a 15 años de cárcel por abusar y violar a cuatro menores, dos de ellas sobrinas suyas.

Después de tres meses de interrogatorios y escabrosos detalles, como los abusos del cirujano hacia su nieta cuando era una niña, la presidenta de la Corte Criminal de Morbihan, Aude Buresi, le ha planteado qué conclusión saca de todo el proceso judicial.

Con voz mecánica y sin atisbo de emoción ha respondido: «El sufrimiento de las víctimas producido por mis actos».

Buresi le ha recordado que las acusaciones se han quejado en numerosas ocasiones a lo largo del juicio del tono «estereotipado o mecánico» de sus respuestas. Él ha achacado la repetición a la sucesión de víctimas y a que sus sentimientos «son siempre los mismos».

Las disculpas encadenadas como una grabación, en respuesta a los testimonios de dos tercios de las víctimas, con verdaderos relatos de terror, hacen del acusado, según una abogada de varias víctimas, Cécile de Oliveira, un «hombre misterioso sin apenas emociones».

Tras las últimas palabras de Le Scouarnec, durante el resto de la semana se realizarán los alegatos de las acusaciones particulares y, el viernes, le tocará el turno a las conclusiones y petición de pena por parte de la Fiscalía.

El próximo lunes tendrá lugar el alegato final de la defensa, antes del veredicto del tribunal el miércoles 28 de mayo.

Las críticas que ha recibido Donald Trump por su intención de aceptar un Boeing de Catar como nuevo avión presidencial Air Force One han llevado al mandatario estadounidense a amenazar con acciones legales, al no entender que se le cuestione por recibir un aparato que, dice, es gratis.

El primer ministro de Catar, Mohamed bin Abdulrahmán, aseguró este mismo martes que la oferta, que todavía se está revisando, es algo «normal entre aliados» y no un «soborno». Desde la cadena CNN, contradiciendo la versión oficial, se precisó hoy además que fue la Administración republicana quien contactó inicialmente con el reino catarí.

Sobre el papel, al líder republicano le salen las cuentas: la familia real catarí donaría al Departamento de Defensa un Boeing 747-8 valorado en unos 400 millones de dólares.

«Podría ser un estúpido y decir: ‘No, no queremos un avión gratis y carísimo’, pero me pareció un gran gesto», ha dicho Trump, quien niega que se trate de un regalo personal y asegura que, al concluir su mandato, dejaría de usarlo y lo depositaría en su biblioteca presidencial.

El republicano está decepcionado con varios retrasos que acumula Boeing en la fabricación de un nuevo Air Force One para reemplazar el actual, que considera anticuado.

Durante su primer mandato (2017-2021), Trump ordenó al Pentágono desembolsar 3.900 millones para un par de Boeing 747-8 que servirían como la próxima generación del Air Force One. La Casa Blanca declaró este febrero que el proyecto «lleva cinco años de retraso, pospuesto hasta 2029 o más tarde, a pesar de que el contrato se adjudicó en 2018».

Suspicacias por la adquisición

Pero convertir el avión de lujo obsequiado por Catar en uno apto para la función presidencial que se le encomendaría podría costar potencialmente cientos de millones de dólares y requerir hasta dos años, mientras se le instalan el equipo de seguridad, las comunicaciones y capacidades defensivas necesarias.

Para el senador republicano Ted Cruz, de Texas, aceptar ese avión «plantea importantes problemas de espionaje y vigilancia», una opinión compartida por legisladores demócratas como Jack Reed, que ha alertado de los riesgos de otorgar a una nación extranjera acceso potencial a sistemas y comunicaciones sensibles.

Según la CNN, un 747 convencional no tiene, además, la capacidad de reabastecerse de combustible en el aire, lo que sería necesario en caso de que Trump debiera permanecer en vuelo durante un tiempo considerable, por ejemplo, en caso de un ataque nuclear.

No es la única consideración sobre la mesa. «Primero hay que recordar quién es Catar. Tiene un largo historial de jugar a dos bandas. Apoyan a Hamás. Apoyaron a Al Qaeda. De hecho, Catar ha financiado protestas a favor de Hamás en campus universitarios por todo Estados Unidos», ha dicho Mike Pence, quien fuera vicepresidente de Trump en su primer mandato.

Este lunes, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, introdujo un proyecto de ley que busca vetar el uso de un avión extranjero como Air Force One.

Amenaza a ABC News

La prensa estadounidense se ha hecho eco de los argumentos a favor y en contra, pero Trump ha cargado especialmente contra la cadena ABC News.

El medio recordó la semana pasada que la Cláusula de Emolumentos Extranjeros del Artículo I de la Constitución prohíbe a los funcionarios federales, incluido el presidente, aceptar sin el consentimiento del Congreso cualquier regalo, emolumento, cargo o título de un Estado extranjero o de sus gobernantes o representantes.

Trump ha exigido al canal que deje de decir que Catar le está dando gratis el avión.

«Como Noticias Falsas ABC sabe y entiende perfectamente, ese respetado país lo está donando a la Fuerza Aérea y al Departamento de Defensa y no a mí. Al hacerlo, le están ahorrando a nuestro país y al contribuyente estadounidense cientos de millones», dijo en su red, Truth Social, recalcando que su mensaje se trata de una «advertencia justa» y que ya les ha ganado en el pasado demandas por difamación.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, intentó esta semana zanjar el asunto.

«La familia catarí ha ofrecido donar este avión a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, donde dicha donación será aceptada conforme a todas las obligaciones legales y éticas. Será reacondicionado con los más altos estándares. Este avión no es una donación personal ni un regalo al presidente. Y todos los que escribieron esto la semana pasada deberían corregir sus historias», advirtió el lunes.

Un informe del panel de expertos independientes de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, publicado este lunes, acusó al Gobierno de Caracas de atacar sistemáticamente a su población.

«De la detención a la tortura y la desaparición: la consolidación del terror de Estado en Venezuela», el cuarto estudio elaborado por ese grupo, fue presentado en la sede de la OEA con la presencia del secretario general saliente del organismo, Luis Almagro, y miembros del panel como Santiago Cantón, Joanna Frivet y Manuel Ventura Robles.

«El Panel concluye que la represión electoral marca un punto de inflexión crítico: el momento en el que el Estado venezolano avanzó desde la comisión sistemática de graves crímenes de lesa humanidad hasta la consolidación de una infraestructura autoritaria plenamente madura que mantiene el poder a través del miedo, la violencia y la supresión», recoge el documento.

Los expertos destacaron «la desaparición forzada como política de Estado, la escalada sin precedentes de detenciones arbitrarias, que se haya ampliado el perfil de las víctimas con el objetivo de desarticular cualquier forma de organización social y las ejecuciones de manifestantes desarmados», entre sus evidencias más relevantes.

Según dijeron, al menos 51 personas han sido desaparecidas por agentes estatales desde las elecciones de julio de 2024, más de 2,400 personas fueron detenidas en un lapso de nueve días tras los comicios y al menos 25 civiles fueron asesinados durante las protestas postelectorales.

Por su parte, Almagro declaró su «compromiso ético», y el de la organización, «con la víctimas de lesa humanidad».

«La voz que queda expresada en los informes es la de las víctimas y la de sus familias. Son las voces que gritan y nos interpelan. Son las voces que dicen que necesitamos justicia en este continente», aseguró.

El Instituto Casla, organización que ha denunciado presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI), también presentó la semana pasada en la OEA un nuevo informe sobre la situación en Venezuela.

Allí, el secretario general, que está a punto de concluir su mandato, acusó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de estar en el nivel más alto de «la cadena de mando de la comisión de crímenes de lesa humanidad».

Almagro instó a la CPI a que ordene la «detención del mandatario».

Alrededor de 350,000 inmigrantes venezolanos se han quedado en un limbo migratorio y con riesgo a la deportación, tras una decisión de la Corte Suprema este lunes considerada por expertos como la «más grande privación» de estatus legal a extranjeros en la historia moderna de Estados Unidos.

La decisión de tan sólo dos párrafos emitida por el máximo tribunal estadounidense anula una orden de emergencia de un juez en menor instancia en California que bloqueaba la decisión de la Casa Blanca de acabar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los migrantes venezolanos, otorgado por la anterior administración.

El fallo supone un duro golpe para los cientos de miles de ciudadanos del país caribeño que perderán su permiso de trabajo y la protección contra la deportación que otorga el amparo, a pesar de que la batalla legal emprendida por seis venezolanos y la Alianza TPS continúa.

«La pérdida inmediata de nuestro TPS nos causa un daño extraordinario. Ahora tememos ser deportados y tendremos dificultades para mantenernos», dijo este lunes en un comunicado una de las venezolanas demandantes en el caso identificada como E.R.

La Administración del presidente Donald Trump ha argumentado que el TPS para Venezuela va en contra del «interés nacional» de EE.UU. y que la Justicia no tiene la potestad de decidir asuntos de política migratoria «urgentes».

La falta de un pronunciamiento claro del Supremo ha sumido a los inmigrantes en la incertidumbre y a los abogados demandantes a la espera del siguiente paso del Gobierno de Trump.

Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política de Inmigración de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) y uno de los abogados que presentó la demanda, explicó en una conferencia de prensa que la Casa Blanca tiene ahora en su poder la posibilidad de eliminar de inmediato la protección, dar un plazo de 60 días, o esperar que se resuelva la querella legal.

«El impacto humanitario y económico de la decisión de la Corte se sentirá de inmediato y repercutirá durante generaciones», señaló el abogado.

Decisión histórica

Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), una de las organizaciones que ha apoyado el litigio, dijo a EFE que esta es «la primera vez en la historia moderna» que le quitan el estatus legal a tantos inmigrantes en Estados Unidos.

El activista puso en tela de juicio la decisión de los máximos magistrados advirtiendo que pareciera estar influenciada por la «política» y la campaña del presidente Trump contra los venezolanos.

«Todo esto hace parte de una campaña para infundir miedo y terror, porque el Ejecutivo estadounidense ya había dado esa protección que está definida por la ley a países con conflictos políticos o estragos naturales, y ahora está revirtiéndola sin razón», señaló Alvarado.

En ese sentido, E.R. manifestó que para ella y para su hija «es imposible» regresar de forma segura a Venezuela.

Por su parte, Emi MacLean, abogada de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) del Norte de California, que también representa a los demandantes, indicó que el Supremo «también desmanteló» las protecciones legales diseñadas para limitar la discreción ejecutiva y «politizar la toma de decisiones sobre la ayuda humanitaria generalizada».

José Palma, coordinador de la Alianza Nacional por el TPS, conformada en 2018 tras el intento de Trump de poner fin a la protección a más de 400.000 inmigrantes, dijo que la decisión contra el amparo de los venezolanos era interpretada como un ataque a todos los beneficiarios.

Actualmente, inmigrantes de unos 16 países están protegidos por el TPS, incluido unos 200,000 salvadoreños que tienen el amparo desde 2001.

Adelis Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus, advirtió que, aunque este fue un día «muy difícil», marca una nueva etapa de la lucha. «No están solos, la casa de todos es aquí», valoró.

El Tribunal Supremo evalúa otra apelación de emergencia de la Administración Trump derivada de sus esfuerzos por revocar el permiso humanitario, conocido como CHNV, que permitió el ingreso dado a Estados Unidos cerca de 500.000 inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.