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El empresario ecuatoriano Xavier Jordán, imputado junto a otras seis personas como presuntos autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023, fue detenido este miércoles por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Miami (Estados Unidos), donde residía desde hace algunos años, confirmó a EFE su abogado Juan Carlos Salazar.

«Hablé con los abogados de él en Estados Unidos, quienes me informaron que efectivamente se trataba de una detención por autoridades migratorias norteamericanas. Todavía no sabemos a qué centro de detención está siendo llevado o fue llevado», dijo Salazar, quien lo defiende en Ecuador.

Los rumores de la detención de Jordán surgieron por la tarde, cuando empezaron a circular en redes sociales videos en los que se ve que un hombre muy parecido a él y una mujer, quien sería su esposa, están siendo detenidos por agentes estadounidenses.

Sin embargo, su nombre no aparece todavía en la página del Sistema de Localización de Detenidos del ICE.

Salazar aseguró que Jordán había solicitado asilo en Estados Unidos y tiene una cita para resolver ese pedido en mayo del próximo año. «Así que su permanencia era legal durante este tiempo», agregó.

El abogado también descartó que la detención pudiera estar relacionada con la orden de captura que tiene vigente en Ecuador, ya que, dijo, la alerta roja de Interpol «no estaba activa».

«Si bien existe un requerimiento de extradición, eso debe generar un trámite allá y eso no ha ocurrido», aseguró.

En octubre del año pasado, agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI, en inglés) allanaron la casa de Jordán en Miami por una investigación que en ese momento se señaló como «reservada», pero finalmente no lo arrestaron.

Jordán es uno de los siete imputados por la Fiscalía de Ecuador como supuestos autores intelectuales del asesinato de Villavicencio, acribillado a tiros en 2023 a la salida de un mitin en Quito por sicarios colombianos cuando restaban once días para la primera vuelta de las elecciones extraordinarias, que terminó ganando Noboa.

En ese caso también están procesados el exministro de Rafael Correa (2007-2017) José Serrano, recientemente deportado de EE.UU.; el exasambleísta correísta y antiguo cabecilla de los Latin Kings, Ronny Aleaga; el empresario Daniel Salcedo, y tres altos mandos del grupo criminal Los Lobos, entre ellos Wilmer Chavarría (‘Pipo’), máximo líder de la organización criminal, actualmente detenido en España.

Según el Ministerio Público, Jordán fue supuestamente el impulsor del asesinato, que además financió y planificó con el apoyo de los demás implicados.

También está imputado en Ecuador en el caso Metástasis, una gran trama de corrupción judicial, policial y carcelaria creada por el difunto narcotraficante Leandro ‘El Patrón’ Norero, y su nombre salió a la luz cuando fue vinculado a casos de corrupción hospitalaria que se hicieron públicos durante la pandemia de la covid-19.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a prometer este miércoles un pago de 5,000 dólares para cada adulto estadounidense si los republicanos mantienen el control de la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones de noviembre, una propuesta que vinculó nuevamente a los ingresos obtenidos mediante los aranceles.

«Si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado, emitiré lo que todos llamaremos de ahora en adelante el dividendo Trump: cada adulto en Estados Unidos recibirá 5,000 dólares», dijo Trump durante un mitin en Carolina del Norte.

«Y podemos hacerlo, y los demócratas no pueden decir eso, porque no imponen aranceles», añadió el mandatario, quien aseguró que Estados Unidos está recaudando “mucho dinero” gracias a su política comercial.

Trump ya había anunciado la semana pasada, durante la convención republicana celebrada en Dallas, que entregaría ese «dividendo Trump» si su partido conserva ambas cámaras del Congreso.

Entonces aseguró que el dinero tendría que gastarse dentro de Estados Unidos, pero no explicó cómo se financiaría ni cómo se distribuiría.

La propuesta ha generado dudas incluso entre legisladores republicanos. El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, afirmó que el Congreso tendría un papel en su eventual aprobación, mientras que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que el pago necesitaría autorización legislativa.

El coste de entregar 5.000 dólares a todos los adultos estadounidenses podría superar el billón de dólares.

Medios estadounidenses y analistas también han señalado que los ingresos actuales por aranceles no serían suficientes por sí solos para financiar un desembolso de ese tamaño y que Trump ya había planteado anteriormente otros «dividendos» financiados con aranceles que no llegaron a materializarse.

A pesar de mejoras «limitadas», el aparato represivo del Estado venezolano, responsable de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, permanece «intacto», alertó este miércoles la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela.

En su nuevo informe sobre la situación del país en lo que va de 2026, año marcado por la intervención estadounidense que el 3 de enero condujo a la captura del entonces presidente Nicolás Maduro, la misión de expertos ve ciertos avances, pero no acompañados de mejoras institucionales que garanticen su continuidad.

«La reducción de algunas de las formas más severas de represión es significativa, pero de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles», resumió al presentarse el documento la nueva presidenta de la misión, la experta peruana Sofía Macher.

Leyes usadas para criminalizar la disidencia siguen vigentes, los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad conservan las mismas estructuras, y no se ha adoptado ninguna medida para desarmar o desmantelar a los «colectivos», fuente permanente de intimidación y violencia, alerta la misión de tres expertos.

Periodistas y otros actores de la sociedad civil siguen enfrentando obstáculos en su labor cotidiana, y al menos 19 funcionarios que la misión identificó en informes previos como responsables de graves violaciones de derechos humanos continúan ocupando puestos clave en el régimen.

En la parte positiva, la misión observó este año una disminución significativa de las detenciones de larga duración y desapariciones forzadas, además de la excarcelación de cientos de personas detenidas por motivos políticos, así como «un margen algo mayor» para protestas, reuniones públicas y actividades de la sociedad civil.

Persisten las torturas

En cambio, la misión ha seguido documentando patrones de tortura y malos tratos contra detenidos por motivos políticos, citando casos de intubación forzada y confinamiento prolongado en cisternas subterráneas (un método apodado «la máquina del tiempo») en la prisión de máxima seguridad El Rodeo I.

En Fuerte Guaicaipuro, una instalación militar, la misión denunció el confinamiento de personas en celdas similares a fosas subterráneas, así como privación de alimentos, exposición al frío y otras condiciones degradantes.

En total la misión recibió información sobre 64 nuevos casos de tortura desde el 3 de enero, mientras cientos de personas siguen expuestas a «condiciones de detención deplorables», que en algunos casos han tenido como consecuencia la muerte bajo custodia de presos por malos tratos o falta de atención médica.

Pese a la reducción en el número de presos políticos por las excarcelaciones, la misión señaló que entre 300 y 500 personas continúan detenidas por motivaciones ideológicas, según datos de organizaciones no gubernamentales.

Aunque unas 200 de las 214 detenciones arbitrarias por motivos políticos denunciadas en los últimos 12 meses se produjeron antes de la captura de Maduro, tras el 3 de enero la misión ha identificado un patrón recurrente de arrestos de corta duración para intimidar a activistas, opositores, periodistas y otros actores.

«Mientras no se desmantelen las estructuras represivas, se garantice la independencia judicial y se investigue y sancione debidamente a los responsables de violaciones de derechos humanos, cualquier apertura seguirá siendo frágil y reversible», advirtió la presidenta de la misión.

El canadiense Alex Neve, quien junto a Macher y a la mexicana-argentina María Eloísa Quintero completa la misión, pidió a la luz del informe que Estados Unidos y otros «actores influyentes» intensifiquen sus esfuerzos para promover cambios reales en materia de derechos humanos en Venezuela.

No obstante, esos actores deben asegurarse de que sus acciones «no contribuyan a más violaciones de derechos humanos ni faciliten la comisión de crímenes internacionales», agregó.

Estudio profundo de los «colectivos»

Junto al informe sobre 2026, la misión presentará este viernes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU otro centrado en el funcionamiento de los grupos civiles armados conocidos como «colectivos», donde concluye que no son organizaciones marginales o periféricas, sino «parte central del aparato represivo estatal».

Su consolidación y expansión durante los gobiernos de Maduro y Hugo Chávez «no fue fortuita, sino que respondió a una estrategia política orientada a fortalecer las bases de apoyo para su proyecto político, también a través de la violencia y la coacción», indicó este informe.

La relación con instituciones del Estado, añade, está probada con la incorporación de integrantes de esos colectivos en la Policía Nacional Bolivariana, o, a la inversa, con la llegada a esos grupos civiles de miembros retirados o en activo de las fuerzas armadas y de seguridad.

Los combates entre los rebeldes hutíes y las fuerzas del Gobierno yemení respaldadas por Arabia Saudí han reducido sustancialmente la navegación por el mar Rojo y mantienen bajo presión el tránsito por el canal de Suez y el estrecho de Bab el Mandeb, vías de entrada y salida de esa ruta para el transporte entre Asia y Europa.

Los hutíes han consolidado en los últimos días sus posiciones en la costa occidental del Yemen y se han aproximado al estratégico estrecho tras hacerse hace casi una semana con la ciudad portuaria de Moca y las islas de Zuqar, Hanish Mayor y Hanish Menor frente a las costas yemeníes en el mar Rojo.

La evolución del tráfico marítimo refleja el impacto de la situación en plataformas como PortWatch, desarrollada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Universidad de Oxford para monitorizar el tránsito marítimo, y que muestran una clara reducción de buques alrededor de la península Arábiga desde que se intensificaron los combates a lo largo del último mes.

El pasado domingo, último día con datos registrados por PortWatch, un total de 31 buques navegaron por Bab el Mandeb, de los que solo 9 eran petroleros, frente a los casi 50 que lo hicieron el mes anterior, de los que alrededor de 20 eran petroleros.

Este mismo portal muestra una reducción de buques en el Canal de Suez, ubicado en la entrada norte del mar Rojo, en esa misma jornada, en la que cruzaron solo 21 barcos (7 petroleros), frente a los 45 que pasaron un mes antes (15 petroleros).

La reducción del tráfico ha obligado a los productores del Golfo a buscar alternativas para mantener sus exportaciones como hizo Arabia Saudí, que había incrementado el uso de su oleoducto Este-Oeste, que conecta los campos petrolíferos del este del país con Yanbu, en el mar Rojo, para evitar Ormuz.

Sin embargo, Riad anunció el 11 de septiembre el cierre preventivo de esta infraestructura tras varios ataques con drones y, desde entonces, está recurriendo a transferencias de crudo entre buques frente al puerto omaní de Sohar, situado fuera de Ormuz, mientras reorganiza sus cargamentos hacia los mercados asiáticos, según fuentes comerciales citadas por el centro de estudios y análisis egipcio Egypt Oil & Gas.

En este contexto, el estrecho de Ormuz, la otra salida estratégica para los hidrocarburos del golfo Pérsico, sigue bajo bloqueo iraní, cuyas autoridades insisten en que no se reestablecerá el tránsito por la zona hasta que EE.UU. acceda a cumplir con sus exigencias.

Irán mantiene bloqueado el paso desde mediados de julio después de que Washington volviera a bombardear su territorio tras una tregua de 60 días, y condiciona cualquier reapertura al fin de la guerra y al levantamiento del bloqueo sobre sus puertos y buques, entre otras exigencias.

Mientras tanto, Teherán ha mantenido contactos con Omán para crear rutas seguras de navegación por el estrecho que comparten ambos países, así como para establecer mecanismos conjuntos de gestión del tráfico marítimo, pero esos avances técnicos no han supuesto una normalización del tránsito ni una reapertura plena del estrecho.

El pasado lunes estaba prevista una reunión de países del Consejo de Cooperación del Golfo en Omán para abordar la seguridad de la navegación, pero fue aplazada sin nueva fecha ante la falta de consenso entre Irán y los países del Golfo.