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Un grupo de al menos 400 mujeres de diferentes comunidades rurales de El Salvador elaboraron un libro de recetas con productos marinos (hidrobiológicos) para batallar contra la inseguridad alimentaria que azota a sus zonas y familias.

El recetario, presentado este martes en San Salvador, es parte del proyecto Manos que Alimentan, desarrollado desde el 2023, financiado por la Cooperación Española en El Salvador y liderado por Asamblea de Cooperación por la Paz y diferentes organizaciones salvadoreñas de mujeres.

«(El documento con las preparaciones) tiene detrás un trabajo importante de capacitación y formación en el cual se desarrollaron una serie de talleres que han llegado a muchas mujeres», dijo a EFE la coordinadora de Manos que Alimentan, Laura Cadenas.

El libro culinario contiene al menos 40 preparaciones que combinan la cocina tradicional salvadoreña con productos del mar, como pescado, cangrejo, camarones, entre otros, para reducir la inseguridad alimentaria de departamentos (provincias) de La Paz (centro), Usulután (este) y San Vicente (oeste) cercanos al mar o manglares.

Realmente, continuó la coordinadora, «es un recetario que viene desde las propias comunidades de intervención y las personas involucradas han propuesto estas recetas desde el rescate cultural y ancestral de las propias comunidades».

De la pesca a la cocina

Además, se busca que las mujeres involucradas fortalezcan los conocimientos sobre los beneficios de los productos hidrobiológicos, su forma de cocción y fomentar el consumo de los alimentos que el mar proporciona para integrarlo en elementos de la canasta básica alimentaria (como tortillas y fríjoles), apuntó Cadenas.

Lupita Galvez, pescadora que contribuyó al recetario una preparación de un pastel de harina de maíz con carne de cangrejo, declaró a EFE que a través de la iniciativa «ha aprendido mucho, porque a pesar de que vivía cerca de la costa desconocía los beneficios que aportan los mariscos».

«Antes de saber un montón de cosas que ahora conocemos, preferíamos comerciarles los productos que pescábamos y no consumirlos, y consumir otros productos muchas veces no beneficiosos para la salud», dijo Galvez, de 53 años y que desde los siete años practica la pesca artesanal.

Cada una de las recetas, en las que también se integran productos agrícolas de huertos familiares liderados por otras mujeres también integrantes de Manos que Alimentan, fueron elaboradas con el asesoramiento de una nutricionista.

El recetario está disponible en las redes sociales de las entidades que los impulsan y también es promocionado para el público en general en cuñas radiales. En El Salvador, la mayoría de productos de la canasta básica llegan de países vecinos como Guatemala, Honduras y Nicaragua para cubrir la demanda local.

Analistas del Laboratorio de Toxinas Marinas de la Universidad de El Salvador (UES) advirtieron este martes sobre la presencia de cianobacterias en el lago de Coatepeque y de sus posibles riesgos que el contacto con estos microorganismos puede ocasionar a la salud de las personas que estén expuestos a ellos.

La analista Ana María Salinas explicó a radio YSKL que el reciente cambio en las condiciones climáticas podrían ser una de las causas directas que están provocando este fenómeno de alteración en el color y la composición química del agua del Lago de Coatepeque.

“Para estos organismos, las altas temperaturas y la disponibilidad de nutrientes son las que favorecen su crecimiento, entonces hace una semana estábamos experimentando lluvias, aparte de eso, la escorrentía que se da por esas lluvias incrementa la disponibilidad de nutrientes en el cuerpo de agua y por eso hemos visto que han iniciado a proliferar”, explicó Salinas a radio YSKL.

Según Salinas, es necesario aprender a identificar las cianobacterias a través de capacitaciones y material bibliográfico para evitar el contacto con este tipo de microorganismos.

“Podemos observarlas a simple vista, pero son microscopistas, se van acumulando, van formando filamentos y si las condiciones son favorables se van acumulando… normalmente son verdecitas”, expresó la investigadora.

La semana pasada, el ministro de Medio Ambiente Fernando López reportó un brote de algas y anticipó que en unos meses podría ocurrir un cambio de coloración, un fenómeno ligado la llegada de las lluvias.

A mediados de 2025, la cianobacteria Limnoraphis cf. birgei fue la más abundante en el sector La Peñona, alcanzando una concentración máxima de 272,880,000 cel/mL en el manto de agua. Además, el Laboratorio toxicológico de la UES reportó también Microcystis cf. wesenbergii en el punto central del lago.

De acuerdo con los valores guía de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para aguas recreativas, la presencia de cianobacterias en concentraciones superiores a las 100,000 cel/mL representa un riesgo alto para bañistas, lo cual se cumple en al menos uno de los puntos analizados.

El lago de Coatepeque, ubicado en Santa Ana, es un espejo de agua denominado una de las 194 áreas naturales protegidas desde febrero de 2023; esto permitió prohibir la descarga directa de aguas en el manto acuático, además de la prohibición de fuegos artificiales.

En abril del año 2024, el ministerio declaró emergencia sobre el lago de Coatepeque debido a su nivel de contaminación, y su vigencia fue de un año, con el objetivo de controlar y apoyar a las poblaciones afectadas y mitigar la contaminación del espejo de agua.

El lago de Coatepeque es de origen volcánico y tiene un desagüe subterráneo que alimenta a los ríos Sucio, Siquiapa, que a su vez tributan con el imponente Río Lempa, el principal manantial de El Salvador.

Organizaciones ambientalistas de Honduras, Guatemala y El Salvador denunciaron que el proyecto minero Cerro Blanco, ubicado en Asunción Mita, Guatemala, cambió de nombre a Era Dorada, recientemente, y aseguran que se trata de una estrategia para confundir a la población.

“Tras dos intentos fallidos de explotación de dos empresas anteriores, ahora surge una nueva amenaza para el pueblo de Asunción Mita: la actual empresa, tratando de ocultar y evadir el historial de corrupción, ilegalidades y conflictividad social, ha decidido cambiar el nombre del proyecto Cerro Blanco a Era Dorada, con el fin de engañar a la población, a inversionistas y accionistas”, señalaron los y las ambientalistas en un comunicado difundido el pasado 24 de abril, cuando realizaron la sexta marcha acuática y ecofestival, en el lago de Güija, Guatemala.

Las organizaciones ambientalistas de los tres países señalaron que la empresa Entre Mares tuvo que vender el derecho minero en 2021 a Bluestone Resources, la cual, cambió su nombre a la subsidiaria Elevar Resources; indicaron que “en 18 años no ha podido extraer oro ni plata”, sin embargo, indican que persisten los riesgos para afectar a las comunidades cercanas.

La mina Cerro Blanco, ahora Era Dorada, está ubicada a tres kilómetros de la ciudad de Asunción Mita en el vecino país y a nueve kilómetros de Metapán, en Santa Ana, El Salvador.

En junio de 2024, el Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala revocó el permiso minero y ordenó tramitar uno nuevo, tras encontrar al menos siete irregularidades en el otorgamiento de la licencia. Para ello, la empresa debía solicitar un nuevo estudio de impacto ambiental para el nuevo proyecto de explotación a cielo abierto.

Las organizaciones sostienen que se deben garantizar los derechos humanos y ambientales de las poblaciones afectadas con el proyecto, a Guatemala le piden que reconozca la consulta popular realizada en 2022 a los pobladores de Asunción Mita, quienes votaron por un “no” para el proyecto.

Además, piden a las autoridades que cancele el proyecto minero, de acuerdo al artículo 53 de la Ley de Minería. A los estados de la región piden proteger las aguas transfronterizas de los proyectos mineros que causan daños irreparables.

En diciembre de 2023, El Salvador derogó su ley contra la minería y avaló una nueva Ley general de minería que permite la extracción en El Salvador, bajo el mandato del actual presidente, Nayib Bukele, quien ha defendido que estos proyectos son parte de la ayuda económica que el país necesita.

Los peritajes realizados a teléfonos celulares incautados a pandilleros han revelado cómo la ranfla histórica de la MS-13 autorizaba distintos crímenes, incluidos asesinatos de policías, según las declaraciones de testigos presentadas en el juicio contra 486 cabecillas de la estructura, indicó este lunes la Fiscalía General de la República (FGR) a través de un comunicado.

Durante la audiencia de este lunes, dos testigos de la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO) de la Policía Nacional Civil expusieron los hallazgos obtenidos del análisis de los dispositivos, en los que, según su testimonio, se evidencia una cadena de mando estricta que operó entre 2012 y 2022.

De acuerdo con uno de los peritos, ningún crimen era ejecutado sin la autorización de los 22 ranfleros históricos.

Las investigaciones indican que los pandilleros identificaban a sus víctimas, tomaban fotografías y las compartían en grupos de comunicación internos, que no revelaron, donde la ranfla, desde centros penales o a través de miembros en libertad, daba «luz verde» a delitos como extorsiones, homicidios, desapariciones y otros.

Entre los casos expuestos en el juicio, los testigos señalaron órdenes directas para asesinar a elementos policiales. Uno de los hechos ocurrió el 3 de noviembre de 2016, cuando un miembro del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPES) de la PNC, fue atacado por pandilleros mientras se encontraba de licencia en un balneario de la hacienda San Cayetano, en el cantón Cutumay Camones, de Santa Ana.

Otro caso corresponde al 16 de noviembre de ese mismo año, cuando un subinspector de la Policía Nacional Civil (PNC) y su hijo fueron asesinados en San Juan Los Planes, en Quezaltepeque, La Libertad, al salir de su vivienda.

Asimismo, se mencionó el homicidio de un agente policial ocurrido el 17 de octubre de 2017 en Antiguo Cuscatlán, La Libertad, cuando la víctima fue atacada mientras se desplazaba en motocicleta.

Los peritajes también revelaron que las víctimas de homicidios eran enterradas en cementerios clandestinos por orden de la ranfla, con el objetivo de evitar la presencia de autoridades en las zonas donde operaban o de «calentar» la zona.

Además, en los dispositivos analizados se encontró información sobre otros delitos, incluyendo agresiones y homicidios, lo que, según la Fiscalía, refuerza la estructura de control que ejercía la dirigencia de la pandilla sobre sus miembros.

La audiencia única abierta sigue este martes y está a punto de cumplir una semana desde que inició; el juicio masivo procesa a 486 pandilleros de la Mara Salvatrucha, entre estos, a 22 ranfleros o jefes nacionales de la pandilla, a quienes se les imputa los homicidios entre 2012 y 2022, incluyendo los 86 homicidios que propiciaron el régimen de excepción.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la condena contra Carlos Sleyter Menéndez Villanueva por el delito de conducción de mercadería de dudosa procedencia, tras ser detenido con cigarrillos ilegales valorados en $176,668.26.

De acuerdo con el informe fiscal, el 20 de mayo de 2025 agentes de la División de Seguridad Fronteriza realizaban un patrullaje en el sector de Santa Rosa Guachipilín, en Santa Ana, cuando detectaron cinco vehículos que aceleraron al notar la presencia policial, lo que levantó sospechas y derivó en una persecución.

Durante el seguimiento, los automotores se dispersaron. Uno de ellos, conducido por Menéndez Villanueva, fue interceptado en una calle del distrito de Santa Rosa Guachipilín. El imputado abandonó el vehículo e intentó huir, pero fue capturado a unos 100 metros.

En el vehículo, las autoridades encontraron 30 cajas de cigarrillos marca Modern, cada una con 50 paquetes, sin documentación que acreditara su procedencia legal.

Tras un rastreo en la zona, las autoridades ubicaron otros vehículos abandonados a pocos kilómetros, en los que también había cigarrillos de origen extranjero, lo que, según la Fiscalía, evidenció una operación coordinada de transporte ilegal.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas que vincularon al acusado con los hechos. Aunque inicialmente fue procesado por contrabando, el tribunal recalificó el delito a conducción de mercadería de dudosa procedencia y emitió la sentencia condenatoria.