El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) prevé para este viernes un ambiente caluroso y lluvias restringidas, principalmente en sectores del centro y occidente del país, debido a la influencia del flujo del este acelerado y condiciones poco favorables para el desarrollo de tormentas.
Para este viernes, durante la madrugada se espera cielo despejado en todo el territorio nacional. En la mañana habrá poca nubosidad sobre la cordillera Apaneca-Ilamatepec y la zona norte de Santa Ana y Chalatenango, mientras que en el resto del país predominará el cielo despejado.
Por la tarde, el cielo estará parcialmente nublado sobre la cordillera volcánica y la zona norte, con lluvias breves en sectores de la cordillera Apaneca-Ilamatepec, algunos tramos de la cordillera del Bálsamo y el norte de Santa Ana y Chalatenango. Para la noche, el MARN prevé lluvias de corta duración en sectores de la zona central y la costa occidental.
El viento soplará del noreste y sureste, con velocidades entre 10 y 22 kilómetros por hora. Según el MARN, las condiciones atmosféricas mantendrán las precipitaciones limitadas principalmente al centro y occidente del país.
En cuanto a las temperaturas pronosticadas, San Miguel alcanzaría una máxima de 38 °C, seguido de La Unión con 37 °Cy Nueva Concepción con 36 °C. En Acajutla y La Libertad se esperan hasta 35 °C, mientras que San Salvador y Santa Ana llegarían a 34 °C.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares, este 28 de julio, a favor del salvadoreñoElmer Concepción Romero Yanes, quien fue deportado por Estados Unidos a El Salvador el 31 de marzo de 2025 junto a un grupo de más de 200 venezolanos trasladados al país, al considerar que existe una situación de gravedad y urgencia para sus derechos a la vida e integridad personal.
En una resolución emitida el 28 de julio, la CIDH solicitó al Estado salvadoreño proteger a Romero Yanes, precisar formalmente su situación jurídica, garantizar que sus condiciones de detención se ajusten a estándares internacionales, poner fin a su incomunicación y permitir el contacto con sus familiares y abogados.
La Comisión aclaró que el otorgamiento de medidas cautelares no constituye un pronunciamiento sobre posibles violaciones de derechos humanos, sino una decisión preventiva mientras analiza el caso.
La solicitud fue presentada por la organización Migration In Action ante la CIDH, que sostuvo que Romero Yanes permanece privado de libertad desde su llegada a El Salvador sin que sus familiares o representantes legales conozcan oficialmente su situación jurídica, su estado de salud o el lugar donde permanece detenido.
Según la resolución, la familia del salvadoreño afirmó haber reconocido a su hijo en imágenes difundidas por el Gobierno sobre la llegada del vuelo procedente de Estados Unidos y posteriormente presentó solicitudes de información ante la Dirección General de Centros Penales, la Fiscalía General de la República (FGR), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y un hábeas corpus ante la Sala de lo Constitucional.
La CIDH también cita una constancia emitida por la Fiscalía, según la cual hasta el 16 de mayo de 2025 no existían investigaciones penales activas contra Romero Yanes, por lo que los denunciantes sostuvieron que no conocían la existencia de un proceso penal en su contra.
Romero Yanes fue detenido por autoridades migratorias de Estados Unidos antes de ser deportado a El Salvador el 31 de marzo de 2025, en un vuelo que también trasladó a más de 200 ciudadanos venezolanos.
Según la información remitida por el Estado salvadoreño a CIDH, el salvadoreño permanecía bajo custodia luego de haber sido detenido por intentar reingresar ilegalmente a Estados Unidos, motivo por el que enfrentó un proceso penal y fue condenado a prisión, pena que terminaba de cumplir el 21 de marzo de 2025.
¿Qué respondió El Salvador?
Durante el trámite, el Estado salvadoreño pidió rechazar la solicitud al considerar que no se cumplían los requisitos para dictar medidas cautelares y sostuvo que los solicitantes pretendían discutir una presunta desaparición forzada, asunto que, según ellos, corresponde al análisis de fondo de una eventual petición internacional.
Además, informó a la CIDH que Romero Yanes se encuentra detenido en el Centro Industrial de Cumplimiento de Penas y Rehabilitación de Santa Ana, donde, según el Gobierno, recibe alimentación, atención médica periódica, seguimiento psicológico y permanece bajo monitoreo de las autoridades penitenciarias.
El Estado también señaló que, de acuerdo con información pública, de la cuál se desconoce el origen, a la que dijo haber tenido acceso, Romero Yanes habría sido señalado por un delito de homicidio en Estados Unidos.
¿Qué dijo la CIDH?
Aunque la Comisión tomó nota de la información proporcionada por el Gobierno sobre el lugar de detención, concluyó que persistían elementos de riesgo.
La resolución señala que el Estado no explicó las razones jurídicas de la privación de libertad ni informó si el beneficiario había sido acusado formalmente o presentado ante un juez. También observó que no existían elementos suficientes para verificar de manera independiente su estado de salud ni que hubiera cesado la incomunicación denunciada por sus familiares.
Por ello, la CIDH consideró que el caso reunía los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad previstos en su reglamento y otorgó las medidas cautelares.
Romero Yanes formó parte del grupo de salvadoreños que llegó a El Salvador el 31 de marzo de 2025 en un vuelo procedente de Estados Unidos junto con más de 200 venezolanos que las autoridades estadounidenses señalaron inicialmente como integrantes del Tren de Aragua.
Meses después, los ciudadanos venezolanos fueron trasladados a Venezuela tras un intercambio entre ambos gobiernos.
En cuanto al grupo de salvadoreños, las autoridades no divulgaron un listado oficial de identidades.
Un hombre identificado como Luis Alberto Laínez fue condenado el martes a tres años y seis meses de prisión por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla. Según informó Centros Judiciales de El Salvador, el sujeto fue encontrado culpable del delito de estafa en perjuicio de una víctima.
Además de recibir este período en prisión, dicho tribunal le ordenó el pago de $8,500 en concepto de responsabilidad civil, informaron los Juzgados de la Corte Suprema de Justicia por medio de una publicación en su cuenta de la red social X.
De acuerdo con los elementos probatorios validados durante la vista pública, los hechos se remontan a octubre de 2023. En esa fecha, el afectado estableció comunicación con el procesado mediante una plataforma digital, sitio donde el sujeto publicitaba sus servicios profesionales de arquitectura y la representación de una firma constructora.
Tras pactar la remodelación de un inmueble en Santa Tecla, jurisdicción de La Libertad Sur, por una suma total de 16,500 dólares, el denunciante efectuó un desembolso inicial de $8,500 destinado al arranque del proyecto y la compra de suministros.
Pese a que el imputado inició las labores retirando la techumbre del inmueble, posteriormente cortó todo contacto y se ausentó definitivamente. El afectado, al dirigirse a la ubicación de la supuesta oficina corporativa suministrada por el sujeto, verificó la inexistencia de dicha compañía, procediendo así a interponer la denuncia correspondiente.
En la resolución condenatoria, la instancia judicial ponderó los elementos de prueba documental que confirmaron el ingreso de los $8,500 a las cuentas bancarias del procesado, junto a la declaración testimonial de la parte ofendida, con la cual se comprobó la maniobra de engaño y la afectación económica sufrida, informó la entidad judicial.
#JusticiaSV ⚖️| Condenan a más de tres años de prisión a falso arquitecto
—El procesado engañó a la víctima mediante redes sociales y ofreció servicios de construcción para obtener 8,500 dólares.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a Luis Alberto Laínez a… pic.twitter.com/QZ7C9igbN1
— Centros Judiciales El Salvador (@JuzgadosSV) July 29, 2026
En otras condenas, la sede del Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla decretó la apertura a juicio contra una mujer identificada como Ana Calixta M. G., quien enfrenta un proceso judicial tras ser acusada por el delito de estafa agravada cometido en perjuicio de una persona.
De acuerdo con el dictamen de acusación, los hechos iniciaron en septiembre de 2024, cuando la víctima estableció contacto con la imputada para la ejecución de obras de remodelación en una propiedad recientemente adquirida en Santa Tecla, jurisdicción de La Libertad Sur. Pese a que la parte ofendida efectuó transferencias bancarias que superan los $46,000 para el desarrollo del proyecto, las labores nunca fueron finalizadas, informó Juzgados.
Temprano, las autoridades universitarias desarrollaron un acto cultural en el cineteatro del campus central, en San Salvador, donde recordaron los orígenes de la masacre.
«Aquella tarde del 30 de julio de 1975, un contingente de estudiantes salió a las calles para exigir algo que hoy nos pareciera elemental: que se respetara la autonomía universitaria, violentada días antes por la intervención militar del centro universitario de occidente de Santa Ana y que se garantizara el derecho a la educación pública frente a un estado autoritario, que veía en cada aula un foco de sospecha», rememoró el rector, Juan Rosa Quintanilla, quien recordó que el alma máter sigue siendo un punto de conciencia social.
El rector de la UES, Juan Rosa Quintanilla, en el evento del 30 de julio. / Alexander Montes
El rector lamentó que hasta la fecha no hay un número de víctimas que se puedan contabilizar, dado que el Estado sigue teniendo protegidos los archivos militares sobre la barbarie. «El Estado decidió que era preferible exterminar a la juventud antes que escuchar sus razones y darle un presupuesto justo a esta universidad para formar a los hijos e hijas de los más pobres de este país», añadió.
Durante el evento se reprodujo un video de la vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Andrea Pochak, quien recordó que la entidad documentó la masacre, luego que trascendiera las fronteras.
Una obra teatral fue presentada en honor a los estudiantes asesinados el 30 de julio de 1975. / Alexander Montes
«Dos años y medio después, en enero de 1978, la comisión interamericana realizó una visita in loco a El Salvador, ahí escuchó testimonios de víctimas, familiares y testigos de la masacre y reunió información que permitió documentar la situación de los derechos humanos en El Salvador…La comisión documentó que la masacre del 30 de julio de 1975 se produjo en un contexto más amplio de violaciones a derechos humanos», dijo este jueves Pochak a los asistentes y señaló que el Estado salvadoreño no solo negó la masacre sino que la facilitó.
La comisionada indicó que el Estado tiene la obligación de investigar y juzgar esa masacre, porque se trata de hechos imprescriptibles.
¿Qué pasó el 30 de julio de 1975?
Hace 51 años ocurrió de la masacre estudiantil del 30 de julio de 1975 donde un número, aún indeterminado de estudiantes y trabajadores organizados de la Universidad de El Salvador (UES), fueron masacrados por militares durante la marcha, contra el gobierno del entonces presidente coronel Arturo Armando Molina. A la fecha aún se busca identificar con nombres y apellidos a las víctimas de ese hecho.
La protesta se gestó porque cinco días antes, un desfile bufo del Centro Universitario de Occidente fue reprimido por el ejército. Ese día, los universitarios pedían respeto al coronel Molina, que ganó las elecciones de 1972.
El “desfile bufo” fue suspendido por órdenes militares, y la Asociación General de Estudiantes Universitarios Salvadoreños (Ageus) solicitaba una interpelación contra el Ministro de Defensa y Seguridad Pública, tras la intervención militar del 25 de julio en la sede de occidente.
El 30 de julio de 1975 estudiantes de la UES realizaron la manifestación para protestar por las medidas que adoptó el gobierno, dejando heridos, fallecidos y desaparecidos, donde se logró identificar solo a José María López, estudiante de Medicina de la UES, la universidad fue cerrada desde el 31 de julio a mediodía.
Esta fotografía de horas después de la masacre se publicó en la edición del 31 de julio de 1975 con esta descripción: “Momentos después de los graves sucesos registrados ayer tarde en las inmediaciones del ISSS, nuestros fotógrafos captaron estas escenas en que se ve a grupos de jóvenes comentando los hechos de que muchos de ellos fueron testigos”. / Archivo DEM
Esta matanza no fue un hecho aislado, el 5 de julio de 1975 el presidente de esa época, Arturo Armando Molina, prometió parar “el terrorismo” en el país.
Ese día el presidente explicó que analizaban medidas para reprimir “la violencia, los secuestros, los asaltos” y toda clase de hechos que acontecían en esa época.
El 9 de julio Molina anunció que se descartaba un estado de sitio en el país, sin embargo, el presidente expresó a un periodista internacional que se tenían “tomadas medidas concretas de seguridad para eliminar todas las olas de violencia”.
Mientras todo esto ocurría, en el país se gestaba el concurso de Miss Universo, por primera vez realizado en suelo salvadoreño, avalado y apoyado por el gobierno.
Hasta el año 2022, se habían identificado 17 personas que fueron masacradas y otras 38 personas desaparecidas. Así mismo, contabilizan 19 personas que resultaron heridas.
Como medida de reparación, la UES ha entregado títulos póstumos a estudiantes universitarios que fallecieron en la escena represiva, que fueron identificados porque tras la masacre hubo un levantamiento de cadáver por las autoridades de ese entonces.
Estudiantes y organizaciones sociales participaron en la marcha en honor a la masacre estudiantil del 30 de julio de 1975. Alexander Montes.
Las estaciones meteorológicas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) registraron una temperatura de 42.5 grados Celsius en la ciudad de Santa Rosa de Lima, en La Unión, en el oriente salvadoreño este jueves 30 de julio.
Según el listado de temperaturas máximas de esta jornada, este es el registro más cálido del día, solo seguido por la ciudad de San Miguel donde el termómetro alcanzó los 39.2 grados Celsius.
San Francisco Gotera, en Morazán, fue el tercer lugar más cálido de este jueves, alcanzando los 39.1 grados y Jucuarán en Usulután, el cuarto, con 39 grados Celsius.
El resto de temperaturas cálidas registradas este jueves fueron:
38.6 grados Celsius en La Unión
38.2 grados Celsius en Jiquilisco, Usulután
38.1 grados Celsius en Conchagua, La Unión
37.9 grados Celsius en Santa Cruz Porrillo, San Vicente
37.8 grados Celsius en Acahuapa, San Vicente
37.6 grados Celsius en Osicala, Morazán
37.5 grados Celsius en el Puente Cuscatlán, entre San Vicente y Usulután
37.1 grados Celsius en Puerto Parada, Usulután
36.4 grados Celsius en San Luis Talpa, en La Paz
36.2 grados Celsius en Güija, Santa Ana; y Nueva Concepción, Chalatenango
35.7 grados Celsius en Apastepeque, San Vicente
35.5 grados Celsius en la Chorrera del Guayabo, en Cabañas
35.4 en el Cerrón Grande, Cabañas
35 grados Celsius en Acajutla, Sonsonate
34.8 grados Celsius en Chalatenango y Santa Ana
34.7 en Candelaria de la Frontera, en Santa Ana
34.5 en La Libertad
34 grados Celsius en San Andrés, La Libertad y La Hachadura, Ahuachapán
33.8 grados Celsius en Concepción Quezaltepeque, en Chalatenango.
El pronóstico del MARN había adelantado una jornada calurosa para este jueves, con posibilidades de lluvias puntuales pero para la noche, solo en el centro y occidente del país.
Mientras tanto, el oriente salvadoreño sigue bajo una sequía, que hasta este martes, ya era calificada como sequía fuerte y moderada con más de 15 días secos consecutivos.
La Embajada de Estados Unidos en El Salvador entregó este jueves equipo tecnológico, médico, de protección personal y de atención a emergencias a la Alcaldía Municipal de Ahuachapán Norte, como parte del Programa de Asistencia Humanitaria (HAP) ejecutado por el Grupo Militar estadounidense. La donación asciende a $21,209.86.
La ceremonia de entrega fue encabezada por el alcalde de Ahuachapán Norte, David Regalado, y el capitán Diego Chávez, representante del Grupo Militar de la Embajada de Estados Unidos. Durante el acto, ambas partes destacaron la cooperación bilateral para fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias en las comunidades salvadoreñas.
«Quiero hacer un reconocimiento especial a las mujeres y los hombres de la Unidad Municipal de Protección Civil y Emergencias. Ustedes son los primeros en responder cuando una comunidad enfrenta una emergencia. Mientras otros buscan ponerse a salvo, ustedes salen a ayudar, a rescatar y a brindar apoyo a quienes más lo necesitan. Ese compromiso habla de valentía, de entrega y de una profunda vocación de servicio», expresó el capitán Diego Chávez.
La donación beneficiará directamente al Centro de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM), fortaleciendo su capacidad para responder a desastres naturales y otras contingencias que puedan afectar a la población del municipio.
Entre los equipos entregados se encuentran computadoras portátiles, impresoras multifuncionales, pizarrones móviles, bombas para extracción de agua, motosierras, botiquines de emergencia, equipo de protección personal y diversas herramientas destinadas a mejorar las labores de prevención, preparación y atención de emergencias.
Las autoridades informaron que los recursos serán utilizados en los distritos de El Refugio, Atiquizaya, Turín y San Lorenzo, con el propósito de mejorar la coordinación de los equipos de primera respuesta y reducir los tiempos de atención durante situaciones de riesgo.
La Embajada de Estados Unidos destacó que esta iniciativa forma parte del apoyo permanente que brinda al fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión integral del riesgo y la protección de las comunidades frente a desastres naturales y otras emergencias.
La Fiscalía General de la República (FGR) asumió este jueves el control de 1,362 kilos de cocaína incautados a 947 millas náuticas de la costa salvadoreña, con el objetivo de realizar los peritajes para determinar el peso y valor exacto del estupefaciente.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, informó que los tripulantes de la embarcación, identificados como los ciudadanos ecuatorianos Jhony Garay Velis, de 42 años, y Pedro Delgado Piligua, de 31, serán remitidos ante los tribunales correspondientes en un plazo de 15 días. Ambos enfrentarán cargos por el delito de tráfico internacional de drogas, en un proceso dirigido por la Unidad Especializada en Narcotráfico del Ministerio Público.
De acuerdo con Delgado, a partir de la recepción de la droga inicia la fase de investigación para robustecer la prueba científica y técnica que se presentará ante los juzgados.
Dos ecuatorianos fueron detenidos con la incautación de 1.3 toneladas de droga. / FGR
El funcionario indicó que el trabajo de la institución no se limitará a la incautación del cargamento, cuyo valor estimado es de $34 millones, sino que el objetivo será «perseguir el dinero, identificar las redes logísticas, judicializar a todos los responsables y desarticular las estructuras financieras».
Por su parte, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, explicó que tras el operativo marítimo se activa el sistema de justicia en coordinación con la Fiscalía. Villatoro aseguró que, hasta la fecha, los extranjeros procesados por este tipo de delitos en el país no han recuperado su libertad para regresar a sus lugares de origen.
En cuanto a las estadísticas de judicialización, el ministro de la Defensa Nacional, René Merino, detalló que un total de 208 personas han enfrentado a la justicia salvadoreña por vínculos con el narcotráfico internacional durante la actual administración. De esta cifra, 91 capturados son de nacionalidad ecuatoriana, 40 son colombianos y 30 son mexicanos.
La interceptación de la droga fue realizada el pasado 17 de julio por la Fuerza de Tarea Naval Tridente, al suroeste de la bocana El Cordoncillo.
Las autoridades confirmaron que la embarcación zarpó desde el Puerto San Mateo, en Ecuador. Previo a la captura, los tripulantes arrojaron dos de los cuatro motores al mar debido a desperfectos mecánicos, lo que disminuyó su velocidad de navegación.
Dos embarcaciones fuera de borda fueron decomisadas con el alijo. / FGR
La novena caminata hacia la cuna de San Óscar Romero, Ciudad Barrios, en San Miguel, está lista para partir este próximo sábado 1 de agosto, y para ello, al menos 700 personas ya se han registrado, aseguró el padre Belisario Hernández este jueves, quien es uno de los organizadores del evento.
«Algunas estadísticas, hasta el momento llevamos alrededor de 700 inscritos formalmente; yo explicaba el fenómeno del río, seguramente de catedral saldrá mucha gente, y luego en los autobuses los que se han inscrito, y luego en oriente nos acompañará más gente, entonces es como un río, un caudal grande, un caudal pequeño y luego grande nuevamente, y sin duda, el domingo se nos va a desbordar para entrar a la cuna de monseñor Romero», señaló el prelado.
El padre Hernández indicó que de momento tienen registradas a 11 personas que vienen de Estados Unidos para participar en la caminata y dos que han viajado de Colombia para ello.
El sacerdote explicó que no es la primera ocasión en la que extranjeros participan en la caminata, sino que siempre llegan delegaciones de Guatemala y Honduras, pero también de Estados Unidos y otras partes del mundo.
Relató que tienen registrados participantes de otras nacionalidades como Haití, ya que en el país hay seminaristas de esa nacionalidad, que participarán en la celebración. El sacerdote destacó que el 40 % de los inscritos son personas que por primera vez participarán en la caminata.
La caminata a Ciudad Barrios, pueblo natal del santo salvadoreño Monseñor Óscar Arnulfo Romero, es organizada todos los años por la Iglesia Católica en el país y la Fundación Monseñor Romero, para recordar al santo en los días previos al aniversario de su natalicio.
El evento se realizará este 1 y 2 de agosto e iniciará a las 5:00 de la mañana después de una misa de envío en Catedral Metropolitana y llegarán el siguiente día a Ciudad Barrios, San Miguel, cuna del santo salvadoreño.
La caminata, que tiene por nombre «San Óscar Romero vive y camina con su pueblo» tendrá tres intenciones inspiradas en la encíclica del papa León XIV, Magnifica Humanitas: la oración por los migrantes, el cuidado del medio ambiente, la dignidad de las personas y la búsqueda de la paz.
En el primer día, los peregrinos caminarán desde Catedral Metropolitana hasta el distrito de Ilopango, siempre en San Salvador, de ahí partirán en buses hasta El Triunfo, Usulután, donde almorzarán. Posteriormente avanzarán hasta Moncagua, desde donde caminarán 13 kilómetros hasta llegar a Chapeltique, San Miguel, ahí pasarán la noche.
El domingo 2 de agosto empezarán a caminar desde Chapeltique, a las 7:00 de la mañana hasta Ciudad Barrios, y concluyendo con una misa en la cuna del profeta a las 2:00 de la tarde, donde se espera a la Conferencia Episcopal.
¿Cómo me inscribo?
La inscripción para la caminata iniciará el 13 de julio en la Fundación Romero y en la parroquia San Francisco, de San Salvador.
En la fundación los horarios de inscripción son de lunes a sábado de 8:30 de la mañana a 5:00 de la tarde, mientras que en la parroquia de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a las 12:00 del medio día. La inscripción cuesta $2 y este fondo está destinado a la logística del transporte y alimentación.
Para más información pueden llamar al 7352-0511 o a través de la página de Facebook «Camino de Monseñor Romero».
Preparación
Los organizadores invitan a los peregrinos a no solo prepararse físicamente si no también espiritualmente para participar en el evento, para ello, recuerdan a los participantes que durante el camino, rezarán el rosario y habrá confesiones. También recordaron que a la entrada de Chapeltique encenerán farolitos, como «signo de protesta contra la minería y pedir por el cuidado del medio ambiente»
Los accidentes de tránsito de la mañana de este jueves dejaron al menos tres personas lesionadas en el departamento de La Libertad, según informaron Cruz Verde Salvamento y Comandos de Salvamento.
Este último cuerpo de socorro reportó en el distrito de Ciudad Arce, en la carretera que conduce desde San Salvador hacia Santa Ana, donde dos personas entre ellas una motociclista, resultaron lesionadas de gravedad.
Tras el accidente, las víctimas fueron trasladadas hacia un centro asistencial junto con elementos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), aseguró el cuerpo de socorro a través de su cuenta de Facebook.
Por otro lado, un vehículo volcó en el kilómetro 25 de la carretera al Puerto de la Libertad, en el municipio de La Libertad Este en el que un hombre resultó lesionado. La entidad aseguró que la víctima fue trasladada hacia un centro asistencial tras estabilizarse.
Asimismo, mediante diversas plataformas digitales se notificó sobre un percance vial que involucró a un camión de carga y un pick-up en el bulevar Monseñor Romero durante este jueves. De acuerdo con los reportes ciudadanos, este incidente habría ocasionado heridas en al menos dos ciudadanos.
El Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi) reportó que entre el 1 de enero hasta el 29 de julio, los 13,159 accidentes de tránsito han dejado a 9,088 lesionados y 838 personas lesionadas, por dichos siniestros viales.
Una corte de El Salvador condenó a penas de más de 1,000 años de prisión a tres hombres señalados de liderar un grupo dedicado a la venta de drogas mediante aplicaciones de mensajería, informó este miércoles la Fiscalía General de la República (FGR).
«El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de Santa Ana impuso condenas ejemplares por más de 81 casos de tráfico de drogas y más de 12 casos de proposición y conspiración para cometer el delito de tráfico de drogas a los principales cabecilla», acotó la Fiscalía.
Además, el tribunal identificó a los señalados de encabezar esta estructura como Miguel Ángel Mazariego Martínez y Leopoldo Ernesto Ramírez Godoy, quienes recibieron cada uno la condena de 1,048 años de cárcel, y René Ernesto Martínez Salgado, que fue condenado a 1,038 años.
La Fiscalía señaló que en total fueron condenados «28 integrantes de la estructura criminal denominada El Gremio, dedicada al tráfico de drogas, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas» en el occidental departamento de Santa Ana.
También, apuntó que «de acuerdo con las investigaciones, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024, esta red operaba en Santa Ana Centro comercializando cocaína mediante aplicaciones de mensajería para recibir los pedidos».
Según cifras oficiales, en 2025 las incautaciones al narcotráfico por parte de autoridades salvadoreñas sumaron un poco más de 25 toneladas de droga, la mayoría cocaína, que fueron valoradas en más de 618,7 millones de dólares, mientras que en 2024 fueron decomisadas más de 17.2 toneladas valoradas en 422,7 millones de dólares.
