La estructura jerárquica, las reglas internas y el control territorial que ejercía la Mara Salvatrucha (MS-13) en distintas comunidades de El Salvador fueron detalladas el martes por un perito durante la quinta jornada de la macroaudiencia en contra de más de 480 pandilleros de esa estructura delincuencial.
El analista, basado en entrevistas a testigos, informes de investigación y evidencia extraída de teléfonos celulares, explicó que la organización operaba bajo un esquema vertical de mando, en el que la máxima autoridad recaía en los ranfleros históricos, seguidos por ranfleros en libertad y en centros penales, corredores de programa, corredores de clica, «homeboys» y otros niveles operativos.
Según el peritaje, hasta el año 2022 la pandilla contaba con 34 programas distribuidos a nivel nacional, principalmente en la zona central y metropolitana, además de estructuras en el extranjero, como en Los Ángeles y México. En conjunto, estos agrupaban unas 230 clicas.
Según un comunicado de la Fiscalía General de la República, el experto también expuso la existencia de al menos 103 reglas internas, conocidas como “testamento”, que regulaban el comportamiento de sus miembros. Entre estas, destacó castigos severos por irrespetar a rangos superiores o desobedecer órdenes, que podían ir desde golpizas hasta la muerte.
Asimismo, indicó que la pandilla tenía normas específicas sobre la comisión de delitos. Por ejemplo, hechos como violación debían ser autorizados, y de no ser así, los mismos miembros investigaban y castigaban al responsable, incluso con la muerte.
La Fiscalía cita al perito, quien señaló en la audiencia, que la estructura también imponía restricciones sobre a quién atacar, como la prohibición de agredir a familiares de pandilleros, y la obligación de consultar decisiones en casos relacionados con informantes, rivales o agentes policiales.
En cuanto a los métodos de asesinato, el análisis identificó dos modalidades: una conocida como “H1”, que consistía en desaparecer y enterrar a las víctimas, y otra denominada “asolear”, que implicaba dejar los cuerpos en la vía pública. Ambas acciones, según el peritaje, requerían autorización de niveles superiores.
El experto concluyó que la pandilla operaba como un “estado paralelo”, al ejercer control sobre comunidades bajo su dominio. Entre otras acciones, regulaba el ingreso de personas ajenas a los territorios, limitaba la cantidad de vehículos por residente, controlaba la distribución de productos básicos y realizaba conexiones ilegales de servicios como agua, energía eléctrica e internet, además de usurpar inmuebles.
La audiencia es desarrollada por el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador y forma parte del proceso judicial contra 486 integrantes de la estructura criminal, entre ellos, 22 ranfleros.
