El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor emitió una resolución final, en diciembre de 2025, en la que ordena a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) la devolución exacta de $462,914.53 a un grupo de 25 ahorrantes.
La medida responde a las denuncias de los consumidores, quienes comprobaron que la cooperativa no les permitió retirar los fondos de sus cuentas de ahorro a la vista y depósitos a plazo fijo una vez que estos vencieron.
En lugar de entregar el dinero en los términos originalmente pactados, la institución aplicó restricciones de retiro de manera unilateral.
Uno de los afectados habló con Diario El Mundo y relató cómo inició la retención de los fondos tras un aviso de la cooperativa: «Tenían problemas de liquidez y empezaron a restringir no solamente de las cuentas de ahorro, sino que los depósitos a plazos», dijo el ahorrante quien pidió anonimato.
Él junto a su esposa depositaron los ahorros de su vida en dos plazos fijos, con la esperanza de generar ganancias en un año, ambas cantidades sobrepasan los $80,000.
Sobre el mecanismo aplicado al finalizar los contratos, explicó: «El depósito a plazo, usted llegaba, se daba el vencimiento, usted lo quería liquidar, ¿sabe con qué le salían? De que el monto total del depósito eso lo tiraban a la cuenta de ahorro», relató el afectado.
En dichas cuentas de ahorro, la disponibilidad del dinero quedó sujeta a límites, permitiendo a los usuarios disponer de $1,000 mensuales, dependiendo del flujo de efectivo de la institución.
Ante el desacuerdo con estas condiciones, los 25 ahorrantes interpusieron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor.
Durante el proceso conciliatorio inicial, la cooperativa no se presentó: «Mandan a citar a la parte demandada… le hacen dos citatorios y en este caso nunca llegó», indicó la fuente.
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Al pasar el caso a la fase sancionatoria, el Tribunal determinó que Coaspae de R.L. incurrió en la infracción tipificada en el artículo 43, letra e), de la Ley de Protección al Consumidor, por no entregar los servicios en los términos contratado, la cual estipula que «Son infracciones graves, las acciones u omisiones siguientes: e) No entregar los bienes o prestar servicios en los términos contratados».
Durante la etapa inicial de conciliación ante la Defensoría del Consumidor, COASPAE no respondió ni se presentó a ninguno de los dos citatorios realizados en enero de 2025.
Posteriormente, en la etapa ante el Tribunal Sancionador, la cooperativa sí contestó por escrito y presentó pruebas a través de su apoderado general judicial. En su defensa, COASPAE intentó justificar la retención del dinero argumentando falta de liquidez, para lo cual aportó sus Estatutos (específicamente los artículos 20, 21, 22 y 85) y una resolución de INSAFOCOOP que detallaba la desvalorización del patrimonio de las aportaciones sociales de los cooperativistas.
A través de esta documentación, la institución pretendía demostrar que sus estatutos le permitían condicionar la devolución de los haberes a su propia situación financiera, trasladando así el riesgo empresarial a los consumidores.
Sin embargo, el Tribunal Sancionador determinó que esta respuesta y su documentación probatoria fueron insuficientes.
El análisis jurídico concluyó que la iliquidez interna, los problemas con el capital aportado por los socios y las reglas de sus estatutos no constituyen causas de fuerza mayor ni razones legales válidas para incumplir con las obligaciones de los contratos de depósitos y cuentas de ahorro.
Adicional a la respuesta legal en el expediente, representantes de COASPAE argumentaron ante el Tribunal que no tienen dinero para cumplir con las devoluciones debido a que los socios morosos no están pagando sus créditos, lo que los ha obligado a llevar a cabo procesos de embargo contra ellos.
Por esta razón, sumado a la orden de restituir los $462,914.53, y se le impuso a la cooperativa una multa de $201,480, que debe repartir entre los afectados.
La resolución otorga un plazo de diez días hábiles a partir de su notificación para que la institución cumpla con lo dictaminado. De no acatarse en este periodo, el documento señala la siguiente acción legal: «caso contrario, la secretaría de este Tribunal certificará la presente resolución para ser remitida a la Fiscalía General de la República para su ejecución forzosa».
El grupo de consumidores se mantiene a la espera del cumplimiento del pago o de la remisión del caso a la Fiscalía. Como resumió uno de los involucrados respecto a los fondos retenidos: «son los ahorros de nuestra vida», y lamentó que «en este rollo ya llevamos más de 2 años sin ver la luz».
Se informó de manera extraoficial a los afectados que el representante legal de COASPAE no estuvo de acuerdo y presentó una apelación, lo cual es visto por los consumidores como una «táctica dilatoria» para frenar temporalmente la ejecución forzosa del pago a través de la Fiscalía General de la República.
El 7 de mayo de 2025, la cooperativa convocó a una asamblea de socios, donde éstos aprovecharon para denunciar la falta de entrega de sus dineros a los medios de comunicación, el día siguiente, el director ejecutivo de COASPAE, Julio Alberto Linares, reconoció públicamente que la entidad atravesaba una crisis de liquidez, aunque aseguró que existen condiciones para superar la situación.
«Sí, en efecto, hay muchos asociados que están generando una corrida de retiros y eso no permite un normal funcionamiento de Coaspae», declaró Linares en conferencia de prensa ese día, y agregó que «todo el dinero que está aquí no se ha perdido, porque si algo hubiéramos hecho mal, ya estuviéramos intervenidos».
En esa ocasión, Linares aseguró que la situación se originó por el pánico desatado tras el caso COSAVI, lo que llevó a cerca de 200 de los 1,260 socios a solicitar el retiro de sus fondos.
En ese entonces, Linares explicó que COASPAE tenía $108 millones en activos y una trayectoria de 47 años, pero admitió que esta es «la primera vez que ve una crisis de este tipo» en sus 18 años al frente de la institución.
Los socios aseguraron que este año, la cooperativa no ha llamado a una asamblea de socios y tampoco conocen la actual situación financiera de la misma.
