El Juzgado Primero de Paz de Santiago de María, en Usulután sentenció a 10 años de cárcel a un hombre identificado como Óscar René Gómez Rodríguez por el delito de hurto agravado, ocurrido en el departamento de Usulután.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el imputado fue captado a través de una cámara de seguridad cuando se llevó una motocicleta estacionada frente a un negocio. La víctima interpuso la denuncia a la Policía Nacional Civil (PNC) y en las grabaciones se logró visualizar las características físicas del procesado.
Posteriormente, Gómez fue ubicado en un control de la PNC en la 3a calle Oriente, de la colonia 9 de noviembre, donde fue identificado al interior de un taller con la motocicleta que tenía reporte de hurto.
El Gabinete de Seguridad informó, a través de una conferencia de prensa, que durante el año 2025 se contabilizaron 4,638 delitos de mayor incidencia, de los cuales el hurto encabezó la lista con 1,997 casos y 100 por hurto agravado.
Otras condenas
Por otra parte, Tribunal de Sentencia de Usulután condenó a 8 años de cárcel a un hombre identificado como Mario Ernesto Rodríguez Rodríguez por el delito de extorsión agravada en grado de tentativa.
Durante el juicio se determinó que Rodríguez, junto a otros pandilleros de la clica Normandies Locos Salvaruchos, extorsionaron a tres empresarios en el distrito de Berlín, en Usulután, en el año 2015.
Los pandilleros le exigieron a los comerciantes el pago mensual de la renta, a cambio de dejarlos trabajar y no asesinarlos.
Según la acusación fiscal, el 18 de febrero de dicho año, la PNC realizó un operativo de entrega de dinero controlada y logró la detención de Rodríguez y otros pandilleros, ya condenados, cuando recogían el dinero de la extorsión.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador instaló, el lunes, el juicio en contra de ocho personas de nacionalidad de Ecuador y México, tras ser acusados de tráfico ilícito de drogas valorada en más de $38 millones.
Los imputados fueron identificados como Vicente Teodoro Vélez García y Jimmy Efrén Bravo Villegas, de nacionalidad ecuatoriana, así como Lisandro Hernández García, Agustín Girón Domínguez, Marcos Agreda Villegas, Santiago López Gutiérrez, Ider Camacho Luján y Jonathan Bartolo Ortiz, de nacionalidad mexicana. Todos son acusados del delito de tráfico ilícito de drogas.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados fueron acusados de traficar 1,550 kilogramos de cocaína. La representación fiscal estiman que el valor de la droga asciende a $38,967,000.
Los extranjeros fueron detenidos el 29 de julio de 2024, en un procedimiento marítimo desarrollado por la Marina Nacional a 445 millas náuticas al sur del estero de Jaltepeque, San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
En el operativo fueron incautadas tres embarcaciones, donde transportaban las drogas en 52 bultos, de acuerdo con las autoridades.
El Gabinete de Seguridad informó, a través de una conferencia de prensa, que durante el año 2025 las autoridades incautaron 25 toneladas de droga, con un valor estimado de $620 millones.
Por su parte, el ministro de Defensa, René Merino, detalló que la Marina Nacional fue responsable de la incautación de 22.5 toneladas de este total, logradas a través de 16 operativos realizados en el mar.
El Tribunal de Sentencia de Chalatenango condenó a 11 años de cárcel a un hombre identificado como Mauricio Antonio Salguero por el delito de violación agravada en contra de una menor de edad en el departamento de Chalatenango.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos ocurrieron en el distrito de Tejutla, Chalatenango Centro, durante el año 2011. Salguero interceptó a la víctima cuando se dirigía a su vivienda.
«La víctima intentó huir, pero este la tomó por la fuerza y la llevó hacia una habitación de la vivienda y procedió a abusarla sexualmente. La amenazó para que guardara silencio y por miedo calló un tiempo», describió la FGR.
Durante el juicio se presentaron pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por la representación fiscal que determinaron la participación del imputado en los hechos de violación agravada, razón por la que se impuso dicha pena.
Inspectores del Ministerio de Vivienda han identificado hundimientos, taludes inestables y filtraciones de agua en muros de viviendas del quartier 11 de Ciudad Marsella II, en San Juan Opico, como parte de las inspecciones técnicas tras las inundaciones registradas a inicios de enero.
De acuerdo con la institución, especialistas en infraestructura del Sistema de Vivienda y Obras Públicas realizan verificaciones en muros colindantes y áreas cercanas al corredor biológico del residencial, donde también se han detectado secciones hidráulicas variables y material residual de la construcción, elementos que deberán ser contrastados con los planos originales del proyecto.
El Ministerio de Vivienda informó que las inspecciones incluyen el uso de drones especializados, con los que se analiza el recorrido y manejo de las aguas lluvias provenientes de zonas altas que desembocan en el residencial.
Las evaluaciones se intensificaron luego de que, el sábado 10 de enero, una lluvia provocara inundaciones en el quartier 11, afectando a decenas de familias y causando pérdidas materiales. Posteriormente, el Ministerio de Obras Públicas concluyó que las viviendas de ese sector fueron entregadas con calles y drenajes inconclusos.
Ante esta situación, el Ministerio de Vivienda reiteró que solicitó a la empresa Global Developers S.A. de C.V., del grupo Salazar Romero, desarrolladora del proyecto, la limpieza y revisión de todos los drenajes, así como la presentación de un plan de mitigación para las zonas aledañas.
Además, la institución anunció que equipos del Ministerio de Vivienda, el Fondo Social para la Vivienda y la Defensoría del Consumidor brindarán asesoría técnica a las familias afectadas desde el martes 14 hasta el viernes 16 de enero, a partir de las 4:00 de la tarde, directamente en el quartier 11 de Ciudad Marsella II.
Según informó la cartera de Estado, durante estas jornadas también se atenderán denuncias, se revisarán pagos realizados por las familias y se orientará sobre los procesos administrativos y legales que pueden seguir los afectados.
El Movimiento de Trabajadores Despedidos advierte el despido de 2,022 trabajadores de instituciones de gobierno para 2026 y demanda la suspensión «inmediata» de esos despidos y supresión de plazas.
Esas 2,022 plazas menos, sin contar los despidos que se dieron en el Hospital Nacional Rosales, que según dijo uno de los representantes del movimiento, Héctor Rodríguez, «esa supresión no aparece contemplada en el presupuesto de 2025 y tampoco en el presupuesto 2026».
Los miembros del Movimiento también demandan un «cese al acoso laboral, solución a la sobrecarga de trabajo que afecta, en el caso de la salud, a la atención que se brinda a los pacientes», dice el comunicado.
Específicamente sobre los despidos que se dieron en diciembre en el Hospital Rosales, y a lo largo del año en otros centros hospitalarios la representante del Sindicato de Trabajadores de la Salud (Sitrasalud), Silvia Navarrete dijo que ya habían advertido que esto solo traería deterioro en la atención a los pacientes.
«Lo advertimos desde un principio que iba esto a precarizar aún más la atención a los pacientes, y están sufriendo los que padecen enfermedades crónicas que no hayan a qué hospital acudir», dijo aunque informó que no tienen un número concreto de estos pacientes afectados.
Demanda, en este sentido, a que el ministro de Salud, Francisco Alabi «cese los despidos ilegales, demandan respeto al debido proceso y un alto a la campaña de odio y maltrato contra el personal de salud».
Por último, también demandan a que el ministro de Trabajo, Rolando Castro realice inspecciones urgentes en los unidades de salud como la de Zacamil Barrios, Ahuachapán, Región de Salud Centro, en San Miguel en donde «funcionarios han ordenando suspensiones con proceso de despido de manera ilegal contra sindicalistas y personal de salud».
Estas son el número de plazas que suprime este año estas 13 instituciones:
Casa Presidencial: 68
Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos: 92
La Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES) de la comunidad Santa Marta, en Victoria, Cabañas denunció este martes el retraso en la entrega de la sentencia escrita por parte del Tribunal de Sentencia de San Vicente, que absolvió a ocho personas acusadas del asesinato de una mujer durante el conflicto armado de El Salvador.
De acuerdo con el representante de ADES Santa Marta, Alfredo Leiva, dicha demora corresponde a una “estrategia de dilatación” por parte del referido tribunal que a pesar de haber exonerado a los acusados, aún no se hace efectiva la entrega de la documentación que podría cerrar el proceso definitivamente.
«Nosotros estamos preocupados en la comunidad por esta estrategia de dilatación que solo alarga el proceso y no permite que los compañeros se puedan integrar en plenas condiciones a las labores que realizaban en defensa de los bienes comunes. Consideramos que esto es una manera de mantener la zozobra tanto para los compañeros, la familia y la comunidad, y que eso no permite que gocen de pleno su libertad». Alfredo Leiva, representante de ADES Santa Marta.
El Tribunal de Sentencia de San Vicente reprogramó en cuatro ocasiones la entrega de la sentencia escrita por el caso denominado Santa Marta, el cual se tenía previsto entregar desde octubre de 2025, debido a que aún se encuentra en etapa de revisión del documento. La nueva fecha de la entrega del escrito fue señalada para el próximo 30 de enero a las 2:00 de la tarde.
En la sentencia escrita constan los argumentos de la absolución de los procesados, y que habilita el plazo para que la Fiscalía General de la República (FGR) pueda apelar si así lo desean.
Ante este posible panorama, la comunidad de Santa Marta exigió a la Fiscalía a que se abstenga de apelar la resolución del tribunal, debido a que sostienen que no existen elementos de que incriminen a los procesados y habitantes de dicha comunidad en Cabañas.
«Exigimos a la Fiscalía que en caso de que se entreguen las copias (de la resolución) se abstengan de apelar y de esa manera se cierre el proceso y que los compañeros no solo se incorporen a la comunidad, sino que gocen de la libertad que les corresponde», indicó el representante de la comunidad Santa Marta.
Además, miembros de la comunidad expresaron que de no hacerse la entrega de la sentencia escrita, el próximo 30 de enero, considerarán denunciar al tribunal por los retrasos en el proceso. «Nosotros estamos preocupados y a partir de esa preocupación pensamos recurrir a las instancias correspondientes para denunciar a este tribunal por estos retrasos».
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, José Eduardo Sancho Castañeda, Alejandro Laínez García, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez y Arturo Serrano Ascencio del asesinado a una mujer identificada como María Inés Alvarenga, el 22 de agosto de 1989, cuando ellos eran miembros de la Resistencia Nacional, durante el conflicto armado salvadoreño.
Durante la etapa de vista pública, el Ministerio Público presentó la declaración de un testigo protegido de nombre clave «Soriano», quien habría señalado la participación de los procesados en el secuestro, tortura y asesinato de la mujer en un campamento guerrillero en la Hacienda Guayabal, en Santa Marta.
No obstante, los jueces resolvieron que las pruebas presentadas en el juicio fueron «insuficientes» para establecer la responsabilidad de los ocho acusados, motivo por el que fueron absueltos y ordenaron levantar las órdenes de captura tras ser declarados imputados en rebeldía por no presentarse al inicio del juicio.
Tras la lectura del fallo, miembros de ADES Santa Marta revelaron que los ambientalistas involucrados en el caso se encuentran fuera del país, y que no tienen pensado regresar hasta que la sentencia absolutoria quede firme.
Los acusados del caso Santa Marta fueron absueltos por segunda vez, luego que la Cámara Penal de Cojutepeque ordenara repetir el juicio, donde en octubre de 2024, el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque también los declaró inocentes de los delitos por el mismo caso.
Una pareja de ancianos murió este martes en la mañana luego de ser atropellados por un vehículo, en el kilómetro 27 de la carretera que conduce al Puerto de La Libertad.
Los ancianos, de 80 y 85 años de edad, eran esposos según un reporte de Cruz Verde, pero no fueron identificados porque no portaban documentos.
El señor, de 85 años, murió primero mientras que la señora recibió atención de emergencia pero no sobrevivió. Además de Cruz Verde, el siniestro también fue atendido por el Sistema de Emergencias Médicas.
El reporte indica que un vehículo atropelló a los dos adultos mayores y se fugó. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el responsable.
En otro hecho, la Policía Nacional Civil sí reportó la captura de Gerardo Larios Calderón, de 27 años, quien es señalado de causar la muerte de otro automovilista en el kilómetro 26 de la carretera Panamericana Este, en el distrito de Quezaltepeque, La Libertad Norte.
Este hecho ocurrió debido a que, presuntamente, Larios Calderón colisionó contra un camión tras no guardar la distancia reglamentaria, posteriormente, el vehículo que iba manejando chocó contra otro que venía en sentido contrario, que provocó la muerte inmediata de este conductor, informaron las autoridades policiales.
La División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC) arrestó en la mañana del lunes a tres personas (dos guatemaltecos) y un salvadoreño señalados de transportar al menos un kilo de cocaína, una porción de marihuana que tenían un valor estimado en el mercado de $25,175, y $7,900 en efectivo, respectivamente.
Esta captura fue divulgada a través de la cuenta de Facebook del ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, quien aseguró que los sujetos utilizaban “equipaje” de turistas para trasladar la droga desde Guatemala.
Los detenidos identificados como Selvin Omar Guevara Paredes, guatemalteco Wendy Daniela Juárez Martínez, guatemalteca y Francisco Antonio Díaz Hernández, de nacionalidad salvadoreña, informó el funcionario.
Tras la detención, Villatoro arremetió contra los acusados y advirtió que quienes intenten desafiar la ley serán presentados ante la justicia y deberán cumplir su pena en prisión.
“No permitiremos que delincuentes ingresen a nuestro país para traficar drogas. El Salvador no es ni será un puente para el narcotráfico ni para ningún otro tipo de delito”, escribió el titular de Seguridad en la publicación.
Esta no ha sido la única captura por traficar drogas en los últimos días, ya que el sábado anterior, por la mañana, las autoridades detuvieron a dos salvadoreños y un ciudadano nicaragüense mientras presuntamente transportaban varias porciones de droga destinadas a su posterior venta en Mejicanos.
Los tres detenidos serán procesados por el delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico, según informó la PNC.
La semana pasada, el ministro de la Defensa, René Merino, destacó que el 2025 fue el año más eficiente en la historia de El Salvador en la lucha contra el narcotráfico. Según el gabinete de Seguridad, durante ese año se incautaron 25 toneladas de diferentes tipos de droga, con un valor estimado de $620 millones.
Merino detalló que la Marina Nacional fue responsable de la incautación de 22.5 toneladas de este total, logradas a través de 16 operativos realizados en el mar.
El ministro subrayó que las incautaciones del 2025 superaron en casi ocho toneladas la cantidad decomisada durante el año 2024.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) arrestaron este martes a un joven conductor identificado como Gerardo Larios Calderón, de 27 años, quien es señalado de causar la muerte de otro automovilista en el kilómetro 26 de la carretera Panamericana Este, en el distrito de Quezaltepeque, La Libertad Norte.
Este hecho ocurrió debido a que, presuntamente, Larios Calderón colisionó contra un camión tras no guardar la distancia reglamentaria, posteriormente, el vehículo que iba manejando chocó contra otro que venía en sentido contrario, que provocó la muerte inmediata de este conductor, informaron las autoridades policiales.
Por este hecho, Larios será remitido ante los tribunales por el delito de homicidio culposo, informó la PNC a través de una publicación en su cuenta de la red social X, donde también informaron que el pasado en el sector fue habilitado.
Por otro lado, en las fotografías divulgadas por la autoridad policial se muestra a uno de los vehículos completamente deshecho tras el impacto. Además al hecho llegaron elementos de Comandos de Salvamento.
Gerardo Larios Calderón, de 27 años, ocasionó un accidente de tránsito esta mañana que dejó a una persona fallecida, por lo que será remitido por el delito de homicidio culposo.
Ocurrió sobre el km 26 de la carretera Panamericana Este, en Quezaltepeque, La Libertad Norte.… pic.twitter.com/K0SL5GR2u5
Esta no fue la única víctima que dejaron los accidentes de tránsito en la mañana de este martes, ya que una pareja de esposos de la tercera edad, de 85 y 80 años, fueron atropellados este en el kilómetro 27 de la carretera hacia el Puerto de La Libertad, informó Cruz Verde por medio de su cuenta de Facebook.
Además, elementos de Cruz Verde seccional San Martín también atendieron este martes a un motociclista que resultó gravemente lesionado tras accidentarse en la calle a Mariona frente al Punto de Buses de la ruta 2A, en el distrito de Mejicanos.
Según detallaron las autoridades, la motociclista fue estabilizada por equipos de la institución y posteriormente fue llevada hacia un centro asistencial, informó la entidad.
El Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi) detalló que entre el 1 al 12 de enero se han reportado 699 siniestros viales, 437 personas lesionadas y 39 muertos por los accidentes vehiculares.
Cerca del mediodía del 13 de enero de 2001, el crujir de las estructuras dio paso a un breve silencio y antes de que las nubes de polvo terminaran de asentarse, llegaron los gritos de auxilio. 25 años después, El Salvador no olvida uno de los terremotos más potentes de su historia, que dejó casi 1.000 muertos.
Edgar Jhonny Ramos, rescatista de Comandos de Salvamento, corrió ese día hacia los llamados de socorro, que vuelven a su memoria tras más de dos décadas.
Ese sábado, las vibraciones de la tierra vinieron desde el Océano Pacífico, donde la subducción de las placas tectónicas de Cocos y Caribe generaron el terremoto de magnitud 7,6 a 39 kilómetros de profundidad y que cambió la vida de miles de familias salvadoreñas.
Un veterano
Ramos ingresó a Comandos de Salvamento siendo un adolescente y apenas a los 16 años obtuvo su primer carnet de aspirante a socorrista en 1983, cuando el país vivía los años más cruentos de la guerra civil (1980-1992).
Poco antes del sismo, Ramos y un compañero se disponían a comer fuera de la base de Comandos cuando la tierra se movió.
«A almorzar íbamos cuando sucedió el temblor. Nos quedamos parados, vi que el plato de sopa que sirvieron se me cayó en la mesa. Entonces, nos levantamos y corrimos para la base a ver en qué podíamos apoyar», recordó en una conversación con EFE.
Su primera misión era acudir a verificar un edificio en la Zona Rosa, un lugar exclusivo de la capital salvadoreña, pero en el camino los reasignaron y enviaron a la colonia Las Colinas, en la central localidad de Santa Tecla, lugar que se convirtió en el símbolo de la tragedia.
Un alud de tierra de la cordillera El Bálsamo sepultó con toneladas de tierra a más de 200 viviendas de esta colonia de clase media. Las cifras oficiales hablan de unos 600 fallecidos, pero antiguos directivos de la comunidad dicen que su recuento supera las 900 víctimas en este lugar.
Pero este no era el primer terremoto que Ramos atendía como socorrista. El 10 de octubre de 1986, con 16 años, fue testigo de primera mano de los estragos en la capital de un sismo de magnitud 5,6 que dejó más de 1.500 muertos. Recuerda que para atender esta emergencia no contaban con tanta preparación.
Sobrevivientes y familiares de víctimas del terremoto ocurrido el 13 de enero de 2001, participan en una misa conmemorativa el 11 de enero de 2026 en Santa Tecla (El Salvador). Cerca del mediodía del 13 de enero de 2001, el crujir de las estructuras dio paso a un breve silencio y antes de que las nubes de polvo terminaran de asentarse, llegaron los gritos de auxilio. 25 años después, El Salvador no olvida uno de los terremotos más potentes de su historia, que dejó casi 1.000 muertos. EFE/Rodrigo Sura
Los datos del terremoto
Según cifras oficiales, el terremoto de 2001 dejó 944 fallecidos, 5,565 lesionados y 193 soterrados. Se sumaron 1.3 millones de damnificados y 68,777 evacuaciones. Resultaron 108.261 viviendas destruidas y 169.692 dañadas.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estimó los daños y pérdidas económicas en 1,255 millones de dólares.
Según publicaciones oficiales, el sismo del 13 de enero de 2001 es el segundo sismo de mayor magnitud del que se tienen registro, solo por detrás de uno de 7,9 de 1902.
Rescates indelebles
El socorrista recordó que para 2001, a diferencia de 1986, ya había recibido su primer curso de búsqueda y rescate de estructuras colapsadas.
«Cuando nosotros llegamos (a Las Colinas) vimos que el escenario era bastante extenso, y que ahí habían muchas personas soterradas. Entonces, vimos algunas personas que estaban allí atrapadas, entre los escombros, que las pudimos sacar», relató.
Uno de los rescates que más recuerda Ramos es el de Sergio Moreno, un músico del entonces reconocido grupo de música tropical Algodón.
«Empezamos a mover escombros, carros y empezamos a sacar esas personas, para llevarlas hacia el hospital. Entonces, nos dieron el aviso de que había una persona (soterrada con vida): era Sergio Moreno», contó.
A Moreno, que en ese momento se volvió un símbolo de esperanza de poder encontrar a más personas con vida, lo salvó un lavadero que evitó que le cayera completamente una pared, pero tenía atrapada su cadera.
«Él nos pedía que, por favor, no lo dejáramos solo», recordó. Tras unas 36 horas bajo tierra, a Moreno lo sacaron con vida, pero falleció en el hospital.
Quince días permanecieron los socorristas en el lugar. Los primeros siete días buscando sobrevivientes y el resto en labores de localización de cuerpos.
Entre los recuerdos duros que lleva Ramos en su memoria están las imágenes de familias que fueron encontradas fundidas en un abrazo en los patios de las casas.
Un mes después, el 13 de febrero, un segundo terremoto golpeó a El Salvador. El sismo de magnitud 6,6 dejó 315 muertos, 3.399 lesionados y 275.013 damnificados.
