La Fiscalía General de la República (FGR) presentó el jueves la solicitud de imposición de medidas contra 55 personas (32 presentes y 23 ausentes), donde piden prisión provisional, luego de ser acusados en una segunda etapa del caso denominado “Escudo Virtual”.
Este proceso ya registra 2,000 denuncias que ha afectado económicamente con estafas en más de $215,000, según la Fiscalía.
Esta segunda acusación es por los delitos de estafa, agrupaciones ilícitas, lavado de dinero y activos, así como por hurto por medios informáticos. La solicitud de imposición de medidas fue presentada el jueves ante el Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Los imputados fueron detenidos en el marco de la fase 2 del caso denominado «Escudo Virtual», realizado a mediados de octubre donde las autoridades judiciales ejecutaron 51 órdenes de captura en contra de personas vinculadas a esta organización.
La FGR informó que los acusados son miembros de una red digital transnacional involucrada en actividades ilícitas como el lavado de dinero y activos, además de usar las cuentas bancarias de salvadoreños como «mulas financieras».
Según la investigación fiscal, una porción de los fondos obtenidos de las víctimas fue transformada en criptoactivos y se asoció a billeteras digitales. Otra parte se empleó para efectuar compras o para la circulación de dinero en efectivo. Adicionalmente, se realizaron transferencias personales entre distintas entidades bancarias con el propósito de “borrar huellas”.
Asimismo, la Fiscalía relató en su investigación que la presunta red delictiva digital estaba organizada jerárquicamente, con cabecillas a cargo, quienes dirigían a reclutadores, mulas financieras y receptores. Entre los acusados, se encuentran individuos de nacionalidad colombiana y mexicana, mientras que el resto son salvadoreños.
Detenidos
En su primera fase, exceptuando las capturas de mediados de octubre, la FGR reportó que hasta septiembre, 84 individuos fueron capturados en la primera fase de una operación donde los acusados empleaban redes sociales y plataformas como Telegram para captar personas. Estas actuarían como intermediarios en la transferencia de fondos a cuentas bancarias, utilizando la banca electrónica..
Asimismo, las investigaciones arrojan que también engañaban a víctimas con falsas promesas de maletas, oportunidades de inversión en la Bolsa de Valores, empleos de gestores de cobros, y sitios web fraudulentos que simulaban ser de entidades financieras reconocidas.
La investigación de la Fiscalía también reveló que algunos de los acusados lavaron dinero mediante la compra de tarjetas de juego, las cuales luego vendían por un valor inferior al de adquisición.
