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Organizaciones ambientalistas de Honduras, Guatemala y El Salvador denunciaron que el proyecto minero Cerro Blanco, ubicado en Asunción Mita, Guatemala, cambió de nombre a Era Dorada, recientemente, y aseguran que se trata de una estrategia para confundir a la población.

“Tras dos intentos fallidos de explotación de dos empresas anteriores, ahora surge una nueva amenaza para el pueblo de Asunción Mita: la actual empresa, tratando de ocultar y evadir el historial de corrupción, ilegalidades y conflictividad social, ha decidido cambiar el nombre del proyecto Cerro Blanco a Era Dorada, con el fin de engañar a la población, a inversionistas y accionistas”, señalaron los y las ambientalistas en un comunicado difundido el pasado 24 de abril, cuando realizaron la sexta marcha acuática y ecofestival, en el lago de Güija, Guatemala.

Las organizaciones ambientalistas de los tres países señalaron que la empresa Entre Mares tuvo que vender el derecho minero en 2021 a Bluestone Resources, la cual, cambió su nombre a la subsidiaria Elevar Resources; indicaron que “en 18 años no ha podido extraer oro ni plata”, sin embargo, indican que persisten los riesgos para afectar a las comunidades cercanas.

La mina Cerro Blanco, ahora Era Dorada, está ubicada a tres kilómetros de la ciudad de Asunción Mita en el vecino país y a nueve kilómetros de Metapán, en Santa Ana, El Salvador.

En junio de 2024, el Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala revocó el permiso minero y ordenó tramitar uno nuevo, tras encontrar al menos siete irregularidades en el otorgamiento de la licencia. Para ello, la empresa debía solicitar un nuevo estudio de impacto ambiental para el nuevo proyecto de explotación a cielo abierto.

Las organizaciones sostienen que se deben garantizar los derechos humanos y ambientales de las poblaciones afectadas con el proyecto, a Guatemala le piden que reconozca la consulta popular realizada en 2022 a los pobladores de Asunción Mita, quienes votaron por un “no” para el proyecto.

Además, piden a las autoridades que cancele el proyecto minero, de acuerdo al artículo 53 de la Ley de Minería. A los estados de la región piden proteger las aguas transfronterizas de los proyectos mineros que causan daños irreparables.

En diciembre de 2023, El Salvador derogó su ley contra la minería y avaló una nueva Ley general de minería que permite la extracción en El Salvador, bajo el mandato del actual presidente, Nayib Bukele, quien ha defendido que estos proyectos son parte de la ayuda económica que el país necesita.

Los peritajes realizados a teléfonos celulares incautados a pandilleros han revelado cómo la ranfla histórica de la MS-13 autorizaba distintos crímenes, incluidos asesinatos de policías, según las declaraciones de testigos presentadas en el juicio contra 486 cabecillas de la estructura, indicó este lunes la Fiscalía General de la República (FGR) a través de un comunicado.

Durante la audiencia de este lunes, dos testigos de la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO) de la Policía Nacional Civil expusieron los hallazgos obtenidos del análisis de los dispositivos, en los que, según su testimonio, se evidencia una cadena de mando estricta que operó entre 2012 y 2022.

De acuerdo con uno de los peritos, ningún crimen era ejecutado sin la autorización de los 22 ranfleros históricos.

Las investigaciones indican que los pandilleros identificaban a sus víctimas, tomaban fotografías y las compartían en grupos de comunicación internos, que no revelaron, donde la ranfla, desde centros penales o a través de miembros en libertad, daba «luz verde» a delitos como extorsiones, homicidios, desapariciones y otros.

Entre los casos expuestos en el juicio, los testigos señalaron órdenes directas para asesinar a elementos policiales. Uno de los hechos ocurrió el 3 de noviembre de 2016, cuando un miembro del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPES) de la PNC, fue atacado por pandilleros mientras se encontraba de licencia en un balneario de la hacienda San Cayetano, en el cantón Cutumay Camones, de Santa Ana.

Otro caso corresponde al 16 de noviembre de ese mismo año, cuando un subinspector de la Policía Nacional Civil (PNC) y su hijo fueron asesinados en San Juan Los Planes, en Quezaltepeque, La Libertad, al salir de su vivienda.

Asimismo, se mencionó el homicidio de un agente policial ocurrido el 17 de octubre de 2017 en Antiguo Cuscatlán, La Libertad, cuando la víctima fue atacada mientras se desplazaba en motocicleta.

Los peritajes también revelaron que las víctimas de homicidios eran enterradas en cementerios clandestinos por orden de la ranfla, con el objetivo de evitar la presencia de autoridades en las zonas donde operaban o de «calentar» la zona.

Además, en los dispositivos analizados se encontró información sobre otros delitos, incluyendo agresiones y homicidios, lo que, según la Fiscalía, refuerza la estructura de control que ejercía la dirigencia de la pandilla sobre sus miembros.

La audiencia única abierta sigue este martes y está a punto de cumplir una semana desde que inició; el juicio masivo procesa a 486 pandilleros de la Mara Salvatrucha, entre estos, a 22 ranfleros o jefes nacionales de la pandilla, a quienes se les imputa los homicidios entre 2012 y 2022, incluyendo los 86 homicidios que propiciaron el régimen de excepción.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la condena contra Carlos Sleyter Menéndez Villanueva por el delito de conducción de mercadería de dudosa procedencia, tras ser detenido con cigarrillos ilegales valorados en $176,668.26.

De acuerdo con el informe fiscal, el 20 de mayo de 2025 agentes de la División de Seguridad Fronteriza realizaban un patrullaje en el sector de Santa Rosa Guachipilín, en Santa Ana, cuando detectaron cinco vehículos que aceleraron al notar la presencia policial, lo que levantó sospechas y derivó en una persecución.

Durante el seguimiento, los automotores se dispersaron. Uno de ellos, conducido por Menéndez Villanueva, fue interceptado en una calle del distrito de Santa Rosa Guachipilín. El imputado abandonó el vehículo e intentó huir, pero fue capturado a unos 100 metros.

En el vehículo, las autoridades encontraron 30 cajas de cigarrillos marca Modern, cada una con 50 paquetes, sin documentación que acreditara su procedencia legal.

Tras un rastreo en la zona, las autoridades ubicaron otros vehículos abandonados a pocos kilómetros, en los que también había cigarrillos de origen extranjero, lo que, según la Fiscalía, evidenció una operación coordinada de transporte ilegal.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas que vincularon al acusado con los hechos. Aunque inicialmente fue procesado por contrabando, el tribunal recalificó el delito a conducción de mercadería de dudosa procedencia y emitió la sentencia condenatoria.

La planta potabilizadora que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) construye junto a la cooperación china lleva ya un 90 % de avance, reveló el presidente de la autónoma, Dagoberto Arévalo.

El titular también reveló, en la entrevista de canal 21, que esperan que esta planta esté funcionando en sus primeras pruebas en el próximo mes de julio.

“En el área metropolitana tenemos varios proyectos en desarrollo, con la cooperación China estamos desarrollando una planta potabilizadora en el lago de Ilopango, que va a producir 300 litros por segundo”.
Dagoberto Arévalo, presidente de ANDA.

Arévalo recordó que en la planta se han perforado ocho pozos en los alrededores del lago de Ilopango y detalló que las tuberías distribuirán agua hacia San Martín y San Bartolo, en Ilopango, asimismo a Santiago Texacuangos, San Francisco Chinameca, San Marcos y Santo Tomás, distritos históricamente afectados por la falta de agua.

En diciembre reciente, el mismo presidente de ANDA dijo que la labor de instalar tuberías para esta nueva planta potabilizadora llevaba un 95 % de avance, y que, esperaban inaugurar la nueva planta en el último trimestre del año.

La construcción de la planta potabilizadora fue anunciada en octubre de 2022, cuando ANDA firmó un convenio, que forma parte del Acuerdo de Ejecución con la Agencia para Cooperación Económica y Tecnológica entre los gobiernos de China y El Salvador con una inversión de $40 millones de parte de la Embajada de China.

En julio del 2023, la autónoma le adjudicó a la empresa china, Hebei Construction Group la perforación de ocho pozos, la construcción de la planta de tratamiento para la remoción de metales pesados y la instalación de equipos electromecánicos.

El proyecto contempla la perforación de ocho pozos alrededor del lago de Ilopango con la que se pretende abastecer de agua potable a los siete distritos de San Salvador ya mencionados. En diciembre del mismo año, se colocó la primera piedra de la obra.

En agosto de 2024, el proyecto procedió a instalar una mega tubería de 800 metros en la carretera de oro. Para realizar estos trabajos, se cerraron las calles desde el puente Ticsa hasta la Planta de Rebombeo Altavista 2.