La Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla, La Libertad, rechazó el recurso de apelación presentado por los abogados defensores del presidente de la cooperativa El Bosque, Ángel Pérez, y el abogado del Foro del Agua, Alejandro Henríquez, informó el equipo de la defensa.
Según la resolución de la Cámara, si bien la manifestación comenzó de forma pacífica, «pero en horas de la noche se tornó desordenada y amenazante a punto que por temor a que las personas ingresaran a la Residencial Las Piletas o causarán daños en la infraestructura, se procedió a cerrar los accesos de ingreso y salida de la residencial», se lee en la resolución de la que Diario El Mundo tuvo acceso.
«Estos hechos evidencian una alteración del orden público, no solo por la afectación del libre tránsito vehicular y peatonal hacia la residencial, sino por el temor real que se generó en los residentes ante la posibilidad de una incursión no autorizada», dice el documentó.
Por último, la Cámara argumentó que la etapa procesal de la audiencia inicial era todavía temprana para hacer valer las solicitudes de diligencias de la defensa, y que para eso se tenía la etapa de instrucción.
La defensa argumentó una «inexistencia del hecho delictivo», pues sostuvo que nunca se demostró la existencia de una obstaculización de vías públicas o instalaciones, así como tampoco actos de violencia durante la manifestación como atribuyó la Fiscalía General de la República (FGR) a los acusados.
La Fiscalía acusó a Pérez y a Henríquez de los delitos de resistencia agresiva y desórdenes públicos en calidad de coautores en perjuicio de la paz pública. Según el planteamiento de la representación fiscal, los imputados tenían la intención de ingresar a la Residencial Los Sueños, donde vive el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
El recurso fue presentado el pasado 9 de junio, bajo la argumentación de que la defensa consideró que la juzgadora resolvió «contrario a derecho, haciendo una incorrecta y arbitraria aplicación de las reglas de la sana crítica e interpretación de los hechos», según explicó el vocero del Foro del Agua, Carlos Fuentes.
Fuentes señaló que los argumentos y las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República no tenían elementos que muestran la participación de Ángel y Alejandro en los supuestos delitos que se les imputan a Pérez y Henríquez.
«Lo que hizo fue una incorrecta interpretación de los hechos, entonces lo que encontramos es que la jueza está inventando una nueva categoría penal, porque ella rompe los criterios que establece el Código Penal y concluye que ellos exceden el ejercicio del derecho de reunión y manifestación», expresó el vocero del Foro del Agua.
Tras conocer la decisión del juzgado, la defensa apeló y solicitó que se anulara la resolución emitida en la audiencia y se diera sobreseimiento definitivo del caso, o que de continuar con el proceso, los imputados recibieran medidas cautelares a la detención, sin embargo, dicha petición fue negada.
Ambos detenidos enfrentaron el 30 de mayo de 2025 la audiencia inicial ante el Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla, donde se ordenó detención provisional y que el caso pase a fase de instrucción, donde seguirá la investigación en su contra.
Ángel Pérez y Alejandro Henríquez fueron trasladados al centro penitenciario La Esperanza, conocido como «Mariona», donde deberán guardar prisión hasta que el caso pase a fase de instrucción.
Los hechos
La noche del 12 de mayo, los habitantes de la cooperativa El Bosque participaron en un plantón frente al centro comercial Las Piletas y de la Residencial Los Sueños, para pedir ayuda al presidente a cancelar una orden de desalojo dirigida para 300 habitantes de la comunidad.
En dicha concentración fue detenido Ángel Pérez, en medio del forcejeo con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) y demás de los habitantes trataban de impedir la detención, según se observa en la transmisión realizada por Radio Bálsamo TV.
Un día después, se reportó la captura del abogado Alejandro Henríquez en las afueras de las instalaciones de la organización para la que laboraba, en la colonia Miramonte de San Salvador, según informaron miembros de la misma organización.
