La organización no gubernamental Cristosal reiteró este jueves que el encarcelamiento de la abogada y defensora de derechos humanos Ruth López es «un acto político» y señaló que la decisión del Juzgado Décimo Segundo de Paz de decretar prisión provisional, tras la audiencia inicial de un proceso penal, «representa un grave retroceso en el respeto al debido proceso».
López, detenida desde el pasado 18 de mayo y procesada por el delito de enriquecimiento ilícito, continúa en prisión luego que el Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador así lo dictaminara al finalizar el miércoles la audiencia inicial del proceso penal en su contra.
«La decisión representa una alarmante señal del uso político del sistema judicial en El Salvador. Consideramos que esta medida no solo vulnera los derechos fundamentales de Ruth, sino que confirma un patrón sistemático de criminalización contras quienes defienden la legalidad, la transparencia y los derechos humanos», señaló la ONG en la que la abogada lideraba el área de Anticorrupción.
Cristosal reiteró que «encarcelar a Ruth es un acto político, no una decisión judicial. Es un castigo para quienes se atreven a cuestionar el autoritarismo y denunciar la corrupción». «Su detención demuestra que el actual régimen no busca justicia: busca silencio», apuntó.
La ONG de derechos humanos aseguró que López es inocente y «debe quedar en libertad de inmediato» y exigió que se levante la reserva del caso penal.
Según el abogado defensor, Pedro Cruz, el juzgado ordenó que Ruth López siga detenida durante seis meses provisionalmente, mientras la Fiscalía investiga en la fase de instrucción.
Tras salida de la audiencia, López afirmó ante decenas de periodistas que era una «presa política» y que el proceso se debe a su trabajo contra la corrupción gubernamental.
La abogada, incluida por la BBC en 2024 en su lista de mujeres más influyentes, también exigió un «juicio público» porque «tengo derecho a que la gente sepa que me están enjuiciando por mis opiniones».
La Fiscalía General modificó el cargo contra López, a quien inicialmente acusó desde su cuenta de X de peculado, pero al presentar la acusación formal lo cambió por enriquecimiento ilícito.
Este cambio de cargo había trascendido únicamente en publicaciones de medios locales, porque la defensa de López no lo podía confirmar o desmentir a raíz de que el juzgado puso el caso bajo secreto.
A juicio de Cristosal, «el cambio de delito imputado a Ruth no demuestra una investigación seria, sino una estrategia para criminalizarla por su trabajo como defensora de DDHH».
La detención de López, que ha participado en investigaciones sobre supuestos casos de corrupción en el Gobierno desde Cristosal y es una de las principales voces críticas del Ejecutivo del presidente Nayib Bukele, desencadenó una oleada de rechazo, condenas y exigencias nacionales e internacionales para una pronta liberación y respeto a su integridad.
