A casi 45 años del magnicidio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdu00e1mez, Tutela Legal “Dra. María Julia Hernu00e1ndez”, denunció este jueves que el caso sigue en impunidad y que la Fiscalía General de la República guarda un silencio total sobre las investigaciones que fueron ordenadas desde que se reabrió el caso en 2017.
El abogado de Tutela Legal, Alejandro Diaz, señaló que en 2018 el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, encargado del caso, solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) ampliar la investigación y presentar acusaciones contra los implicados en el caso, sin embargo, a la fecha siguen sin obtener respuestas por parte del Ministerio Público.
“Seguimos insistiendo que avance el proceso, que el tribunal retome su función de hacer justicia e investigación y hemos a la Fiscalía que llame para decir cual es la investigación que se ha realizado a partir del año 2018, porque desde 2018 el tribunal le pasó copia a la Fiscalía para realizar las investigaciones, hasta la fecha no tenemos a quienes se le estu00e1; investigando, no tenemos referencia de que ha hecho la fiscalía y lamentablemente como en otros casos hay falta de información”, manifestó Díaz en una conferencia de prensa de la Mesa contra la Impunidad en El Salvador (Meces).
La denuncia llega a pocas semanas de que se cumpla su aniversario de muerte; San Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980 mientras oficiaba una misa en la capilla del hospital Divina Providencia de la capital salvadoreña.
El abogado expuso que como parte de los obstu00e1culos que se han visibilizado en el caso ha sido el atentado al juez de la causa, amenazas y la desaparición de un testigo “todo esto evidencia la deliberada intención de estropear el caso, no hacer justicia y proteger a los responsables en el caso”.
El caso
En 1984, el caso había sido cerrado por primera vez cuando se contaba con 238 investigaciones por parte los miembros del tribunal y 21 declaraciones que al final resultaron ineficientes, según el representante de Tutela Legal.
“El caso llega a finales de los años 80 con la investigación de la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos y que logra obtener la declaración del motorista que lleva al tirador que es Armando Garay, y esta persona señala al grupo mencionado y la autoría del excapitán Alvaro Saravia”, detalló el abogado.
En 1987 se emite la orden de captura contra del excapitán de la Fuerza Aérea, Álvaro Saravia por el asesinato de Monseñor Romero, quien aseguran ya habría salido del país.
Posteriormente, con la derogación de la Ley de Amnistía se permitió que los casos de crímenes de guerra sean reabiertos y judicializados.
Actualmente, el caso es conocido por el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador desde que se reabrió el 23 de marzo de 2017 y ese mismo año ordenó nuevamente la captura del excapitán de la Fuerza Aérea.
“Este crimen de lesa humanidad a 45 años se encuentra en la impunidad por todos los obstu00e1culos, por todos los hechos dilatorios en el proceso que implican actos delictivos dentro del mismo proceso estu00e1; denunciado”, sostuvo Díaz.
Nueva documentación
Asimismo, indicó que Tutela Legal ha presentado dentro del proceso documentos que no estaban incluidos en años pasados, como el de la Comisión de la Verdad, un informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), el juicio contra Saravia, donde fue condenado por una corte federal estadounidense a pagar $10 millones de dólares a la familia de Romero en 2004.
“Lamentablemente las dirigencias actuales dentro del proceso y que han sido mu00e1s emblemáticas es la declaración de la doctora Morena Bernabeu en 2020 y en estos años lo único que ha hecho el tribunal es estar solicitando la situación o control migratorio de Alvaro Saravia, tanto en Honduras, República Dominicana y Nicaragua, tanto que la acusación de Tutela Legal ha señalado que talvez este en esos lugares”, añadió el abogado.
Díaz agregó que desde 2019, el Estado nombró a Saravia una defensora pública de la Procuraduría General de la República (PGR) y que a partir de ese año Tutela Legal ha pedido la anulación del proceso debido a la no detención de Saravia, pero también ha obstaculizado diligencias solicitadas al tribunal.
El abogado de Tutela Legal destacó que desde 1993 el caso estu00e1; registrado ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, sin embargo, el Estado salvadoreño sigue sin cumplir con la resolución de ordenar una investigación judicial “parcial y efectiva”.
“Lamentablemente ante el sistema interamericano no se han cumplido estas medidas y también muchas medidas para lo que es la justicia en este caso”, finalizó el abogado.
El asesinato de Monseñor Romero es uno de los crímenes mu00e1s emblemáticos de la historia reciente de El Salvador, ya que el arzobispo condenaba las injusticias y se pronunció contra la represión política en medio de una guerra entre los movimientos de izquierda y derecha en el territorio salvadoreño.
