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Al menos 110 porciones de marihuana fueron incautadas por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en la vivienda de una mujer en San Vicente.

Como es habitual, la PNC publicó la información en redes sociales, en la que precisó la detención de Rosa Marlene López Aparicio, quien será remitida por el delito de tráfico ilícito de drogas.

La corporación indicó que López Aparicio ocultaba las porciones de marihuana en su vivienda, ubicada en la lotificación San Cristóbal, cantón Dos Quebradas, en San Vicente Sur.

Según el gabinete de Seguridad, al término de 2025 se incautaron 25 toneladas de diferentes tipos de droga, valoradas en $60 millones. De ese total, 22.5 toneladas fueron decomisadas por la Marina Nacional en 16 operativos realizados en el mar.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este sábado sobre la captura de dos hombres que presuntamente se dedicaban a robar pertenencias en el barrio El Calvario, del distrito de La Libertad.

A través de una publicación en la red social X, la PNC detalló que los detenidos fueron identificados como Juan Diego Girón Ayala y Juan Diego Villalta Abarca, ambos de 22 años, quienes robaban las pertenencias de los peatones a bordo de una motocicleta sin placas.

La PNC indicó que recibió una denuncia por parte de las víctimas y procedió a su búsqueda. Al momento de la detención, se les incautó un teléfono celular, una navaja con empuñadura y 95 dólares en efectivo.

“Si usted los reconoce y ha sido víctima de ellos, puede denunciarlos en una de nuestras delegaciones”, invitó la PNC.

En febrero de 2025, la Asamblea Legislativa aumentó las penas de prisión para una veintena de delitos, entre ellos el robo que pasó de seis a 10 años a un rango de 10 a 20 años.

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) destruyeron el viernes 375 kilos de cocaína valorados en más de $9.42 millones.

El Ministerio Público detalló que la droga corresponde a una incautación realizada el 13 de enero de 2026, a 500 metros al suroeste de la desembocadura del río Jiboa, en el departamento de La Paz. En esta operación fueron detenidos Roni Eduardo Morales Fajardo, de nacionalidad guatemalteca, y Ubaldo Reyes Juárez, salvadoreño, ambos bajo prisión provisional.

La droga está valorada en $9,427,500, y ambos detenidos son procesados por el delito de tráfico ilícito de drogas.

Según las autoridades salvadoreñas, los detenidos viajaban en una lancha procedente de Nicaragua y con destino a Guatemala; sin embargo, el gobierno de Managua negó que la embarcación haya salido de su territorio. En la operación también se decomisaron dos teléfonos celulares y un sistema de posicionamiento global (GPS).

En la destrucción, realizada en el predio Changallo, participó la Unidad Especializada de Delitos de Narcotráfico de la Fiscalía y la División Antinarcóticos de la PNC.

El 26 de enero de 2026, el Juzgado de Paz de San Luis La Herradura, en La Paz, ordenó en audiencia inicial que los dos hombres capturados permanezcan en detención provisional mientras el caso avanza a la etapa de instrucción.

Un voraz incendio registrado la madrugada de este sábado destruyó al menos 10 unidades de transporte colectivo y cuatro vehículos tipo sedan que se encontraban guardadas en un predio de la colonia Antekirta, en Soyapango, informaron el Cuerpo de Bomberos y Comandos de Salvamento.

El incendio, que también fue atendido por la Policía Nacional Civil (PNC) y otros cuerpos de socorro, generó alarma entre los habitantes de la colonia por la magnitud de las llamas, mientras consumía las unidades de transporte de las rutas 301 y 306.

“El fuego fue destruyendo una a una los autobuses estacionados, alarmando a los habitantes cercanos por la intensidad de las llamas”, indicó Comandos de Salvamento.

Por su parte, Bomberos detalló que el incendio destruyó seis buses, así como dos coaster, dos microbuses y cuatro sedanes.

Comandos señaló que, por el momento, se desconoce la causa del siniestro, mientras que Bomberos descartó personas lesionadas.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, del 1 al 26 de enero de 2026 se han registrado 569 incendios, de los cuales un 64 % fueron sofocados en maleza seca.

El Gobierno de Chile descartó solicitar a El Salvador el traslado de delincuentes para ser recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel construida por la administración del presidente Nayib Bukele.

Durante un intercambio con la prensa, una periodista preguntó a Bukele si su Gobierno estaría dispuesto a recibir en el CECOT a integrantes de la banda criminal Tren de Aragua y si ese tema había sido parte de conversaciones con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast. El mandatario salvadoreño respondió que no se trató ese asunto y evitó pronunciarse sobre escenarios hipotéticos.

“No, no hablamos de eso y no quisiera hablar de hipotéticos”, afirmó.

Por su parte, Kast aseguró que la política de su país es que las personas que cometan delitos en territorio chileno cumplan sus condenas dentro del sistema penitenciario nacional.

“Cualquier persona que cometa un delito en Chile va a pagar su condena en Chile y, una vez que haya dado cumplimiento a la condena que le corresponda, va a ser extraditado al país de origen”, sostuvo.

Las declaraciones se producen en un contexto regional en el cual El Salvador cooperó con el gobierno de los Estados Unidos para el confinamiento de presuntos miembros del Tren de Aragua en el CECOT. De acuerdo con información divulgada por organizaciones civiles, el Gobierno salvadoreño recibió pagos del Gobierno estadounidense como parte de un acuerdo para recluir a integrantes de esa estructura criminal en dicha prisión, que según cifras oficiales tendría capacidad para albergar a 40,000 internos.

El envío de ciudadanos venezolanos al CECOT también ha generado cuestionamientos de organismos internacionales. Human Rights Watch ha denunciado presuntas torturas y violaciones a derechos humanos contra personas trasladadas desde Estados Unidos a esa cárcel, señalamientos que el Gobierno de El Salvador ha rechazado. Medios de comunicación como The New York Times y BBC también publicaron reportajes sobre supuestas torturas, luego de entrevistar a venezolanos que estuvieron detenidos en el CECOT y que finalmente fueron intercambiados, en julio de 2025, por presos políticos de Venezuela cuando todavía Nicolás Maduro –capturado en enero por Estados Unidos– dirigía el régimen venezolano.

Hasta ahora, Chile ha reiterado que no contempla acuerdos similares y que mantendrá su política de que los delitos cometidos en su territorio se sancionen conforme a su legislación interna.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, aseveró ayer en una conferencia de prensa que el 70 % de los presos de El Salvador saldrán libres “en menos de una década”. El mandatario no detalló cuántos reos hay en El Salvador y cuántos corresponderían a ese porcentaje que saldría libre.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó el 27 de enero al Consejo de Ministros que ha habido “más de 91,000 terroristas” capturados bajo el régimen de excepción, es decir, desde el 27 de marzo de 2022. Estos son generalmente acusados del delito de agrupaciones ilícitas, que castiga la pertenencia a las pandillas y es castigado con penas de 20 a 30 años de prisión.

El censo poblacional 2024 registró un total de 107,055 internos en El Salvador, se desconoce cuánto es la población penitenciaria actual.

En conferencia de prensa, Bukele destacó que el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) “es la cárcel más dura” para “personas que han matado diez o incluso más” personas pero que en el resto del sistema penitenciario tienen “programas de capacitación” y por cada día que trabajan se les descuenta a los reos dos días de su condena.

“El 70 por ciento de los presos en El Salvador van a salir libres en menos de una década. Y todos están en un programa de reforma y, si ustedes ven, con buena actitud, contentos, están en las calles, reparando escuelas, limpiando playas, construyendo los pupitres con los que estudian sus hijos”, expresó.

El CECOT fue visitado ayer por el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien aseguró que “es duro pero es necesario”. “No necesariamente tenemos que hacer lo mismo porque las condiciones son distintas”, comentó, en la misma conferencia de prensa. “Es el nivel de medicina que tenemos que aplicar”, había asegurado Bukele.

“Este es un sistema penitenciario que tiene una parte dura pero que también tiene una parte de rehabilitación. Las cárceles para delitos comunes tienen rehabilitación incorporada y vemos cómo esas personas colaboran en la confección de los artículos que van a recibir los jóvenes para su educación”, dijo el presidente electo de Chile.

El subjefe de fracción de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, aseguró esta semana que aprobarán el régimen de excepción hasta que todos los pandilleros estén “condenados en el sistema judicial y que no vuelvan a ver la luz del día”.

En diciembre de 2025, Bukele aseguró que se había capturado “un 95 %” de los pandilleros. “Capturamos a prácticamente, aún faltan algunos que se han escondido, pero me atrevería que a un 95 % de los pandilleros y los demás están inactivos; pueden estar escondidos o huyeron”, expresó en entrevista a un youtuber.