La organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH) informó que al menos 537 personas han fallecido en centros penitenciarios de El Salvador tras ser detenidas bajo el régimen de excepción, medida vigente desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas.
La entidad señaló este miércoles que las muertes ocurrieron mientras las personas permanecían bajo custodia estatal y sin haber recibido una condena judicial. La información fue difundida a través de la red social X, donde la organización expresó preocupación por lo que considera una crisis humanitaria vinculada a la aplicación de esta medida extraordinaria.
«La crisis humanitaria en El Salvador es imparable. Durante 52 meses bajo el régimen de excepción, al menos 537 personas han muerto bajo la custodia del Estado sin haber sido vencidas en juicio», publicó la organización.
De acuerdo con el SJH, el 94 % de las personas fallecidas no tenía perfil de pandillero, un dato que considera especialmente preocupante por las circunstancias en las que ocurrieron las muertes y la falta de información oficial disponible sobre los casos.
«Lo que es aún más alarmante es que el 94% de estas personas no tenían perfil de pandilleros, y sus vidas se apagaron en un contexto de total impunidad», agregó la organización.
El organismo sostuvo además que la cifra podría ser mayor debido a las limitaciones para acceder a información oficial relacionada con los procesos judiciales masivos desarrollados durante el régimen de excepción.
«La cifra real podría superar el millar, enfrentando un esfuerzo sistemático por ocultar información en los juicios masivos. Como sociedad civil, no podemos guardar silencio ante lo que constituye una posible violación sistemática a los derechos humanos», indicó.
Según registros del SJH, la mayoría de los fallecimientos se habría producido en los centros penitenciarios que albergan a gran parte de los más de 92,000 detenidos bajo esta medida. La organización afirma que existe poca información pública sobre las condiciones en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot), la principal prisión construida por el Gobierno para recluir a presuntos pandilleros.
Un informe divulgado por la organización a finales de enero señala que la violencia física figura como la principal causa de muerte reportada por familiares de los detenidos, representando el 31.8 % de los casos documentados. La falta de atención médica aparece como la segunda causa más frecuente, con un 31.6 % de los fallecimientos registrados.
El régimen de excepción fue aprobado en marzo de 2022 tras una escalada de violencia atribuida a las pandillas que dejó más de 80 asesinatos en un solo fin de semana. Desde entonces, la medida ha sido prorrogada mensualmente por la Asamblea Legislativa.
El presidente Nayib Bukele ha defendido la continuidad del régimen de excepción y sostiene que ha sido clave para reducir la criminalidad y recuperar el control de comunidades históricamente dominadas por estructuras criminales. La medida mantiene altos niveles de respaldo entre la población y cuenta con el apoyo de la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos continúan denunciando presuntas vulneraciones a garantías fundamentales. Hasta marzo de este año, distintas entidades humanitarias contabilizaban al menos 6,889 denuncias por supuestas violaciones a los derechos humanos, de las cuales el 98 % corresponde a denuncias por detenciones arbitrarias y el 75 % señala como responsables a agentes policiales.
