Un hombre identificado como Rolando Isaac Sánchez Cortez fue detenido durante la mañana de este martes en San Miguel Centro, debido a que se le encontraron varias porciones de marihuana, informó la Policía Nacional Civil (PNC) en su cuenta de la red social X.
Las autoridades policiales informaron que a Sánchez Cortez se le incautó marihuana y una motocicleta que utilizaba para transportar las drogas, debido a que trabajaba como repartidor de comidas a domicilio para evadir la justicia.
La PNC informó que el sujeto fue detenido en el caserío Cantora, en San Miguel Centro, en el oriente del país. Asimismo, confirmaron que será procesado ante las autoridades judiciales por los delitos de posesión y tenencia de drogas.
Por el delito de posesión y tenencia de drogas, nuestras Fuerzas Especiales capturaron a Rolando Isaac Sánchez Cortez.
A este sujeto se le incautó marihuana y la motocicleta que utilizaba para transportar el ilícito, tras fingir trabajar como delivery para evadir la justicia.… pic.twitter.com/UXYO8CPfgW
En otra captura por un delito similar, el pasado 20 de septiembre, la PNC capturó a Melvin Emmanuel Martínez Pérez, de 22 años de edad, quien llevaba consigo varias porciones de marihuana. Este sujeto fue arrestado en la calle El Progreso de la colonia Juanita, en Mejicanos, San Salvador Centro.
La PNC detalló en su momento que también sería puesto ante las autoridades para que responda por los delitos de posesión y tenencia de drogas.
El XLVI Congreso Nacional de Cardiología reunió a especialistas nacionales e internacionales para actualizar al gremio salvadoreño sobre los avances más recientes en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares, la principal causa de muerte en el mundo.
Uno de los ponentes principales fue el Dr. Ramón Quesada, cardiólogo intervencionista salvadoreño y director de innovación en cardiología intervencionista y estructural del Baptist Health Miami Cardiac & Vascular Institute, quien destacó la evolución de los tratamientos cardíacos en el país.
Quesada, pionero en procedimientos de cateterismo en El Salvador, recordó que hace más de tres décadas, junto al Baptist Health, impulsó el primer laboratorio de cateterismo en un hospital privado salvadoreño. Desde entonces, dijo, la atención ha mejorado de forma significativa: “Hoy hablamos de la democratización del cuidado médico. Gracias a la comunicación y a los avances tecnológicos, pacientes críticos tienen más opciones y mejor calidad de vida”.
El especialista subrayó que entre los temas abordados en el congreso estuvieron las técnicas de diagnóstico coronario, las intervenciones para tratar obstrucciones totales y los procedimientos estructurales complejos en válvulas cardíacas. Varios de estos tratamientos fueron aprobados recientemente por la FDA en Estados Unidos y ya comienzan a implementarse en la región.
Aunque muchos procedimientos siguen siendo invasivos, tienen menos riesgo que una cirugía a corazón abierto. “En El Salvador ya se realiza reemplazo valvular aórtico en el sistema público, y con el tiempo se ampliará el acceso a otras terapias más novedosas”, señaló Quesada, quien también atiende pacientes de Centroamérica y el Caribe en Miami.
El cardiólogo compartió casos clínicos de pacientes mayores de 90 e incluso 100 años que han recuperado funcionalidad tras intervenciones de este tipo. “La edad ya no es un límite. El objetivo es mejorar la calidad de vida, no solo prolongarla”, afirmó.
El congreso también contó con la participación de los doctores Juan G. López, especialista en diagnóstico e imagen coronaria, y Carlos E. Alfonso, experto en obstrucciones coronarias totales. Los tres conforman el equipo multidisciplinario del Baptist Health que desde hace más de 16 años colabora con la Asociación Salvadoreña de Cardiología para actualizar a los médicos del país.
En un país donde la hipertensión arterial sigue siendo uno de los principales factores de riesgo, el Dr. Quesada recordó la importancia de la prevención primaria y el control temprano. “La hipertensión mata y debe ser tratada cuanto antes”, advirtió.
El especialista concluyó que la actualización continua de los cardiólogos salvadoreños es clave para ampliar el acceso a terapias innovadoras que ya transforman la medicina cardiovascular a nivel mundial.
El Juzgado de Sentencia de Zacatecoluca condenó a 30 años de cárcel a cinco pandilleros del Barrio 18 por ser coautores en el asesinato de una persona en Santiago Nonualco, municipio de La Paz Centro.
La Fiscalía General de la República (FGR) dijo que Edenilson Antonio Martínez Alcántara, Wilber Galán Alcántara, Brayan Oswaldo Molina Martínez, Walter de Jesús Alvarenga Ramos y Oscar Alejandro Galán Alcántara fueron los responsables del homicidio de una persona en julio de 2018.
Las investigaciones de la Fiscalía apuntan a que los pandilleros ingresaron al patio de la casa de la víctima cuando esta se encontraba en el interior de la vivienda.
Al escuchar ruidos fuera de su hogar, la persona salió y fue interceptada por los hombres con armas de fuego.
La víctima recibió varios disparos e intentó protegerse.
Según la FGR, la persona logró refugiarse en su vivienda y recibir atención médica. Sin embargo, murió debido a la gravedad de las lesiones.
Las autoridades fiscales señalaron que el medio que movió el crimen fue una sospecha de que la víctima era informante.
#CombateAPandillas I A 30 años de cárcel han sido condenados cinco pandilleros del Barrio 18, por ser coautores de un asesinato cometido en julio de 2018, en Santiago Nonualco, La Paz Centro.
De acuerdo a las investigaciones, la víctima se encontraba en su vivienda cuando los… pic.twitter.com/KAXYjjpYFR
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 29, 2025
Antecedente
Publicaciones previas de la FGR apunta a que Alvarenga Ramos fue condenado en el 2020 a pasar 27 años de cárcel por el delito de homicidio agravado tentado.
El hombre también tuvo que pagar $1,500 en concepto de responsabilidad civil de la víctima y testigo clave “CaifasZ18”, quien fue atacado a balazos por el hombre en julio de 2018.
El delito se cometió en el ahora distrito de Santiago Nonualco. La FGR dijo que Alvarenga Ramos buscaba a Neri Alexander Molina Ventura y al no encontrarlo decidió dispararle a CaifasZ18, quien resultó con lesiones.
Posteriormente, se movilizaron a la vivienda de Molina Ventura en donde le quitaron la vida con armas de fuego.
La FGR dijo en ese momento que, sobre este último delito, Molina ventura recibió una sentencia absolutoria por parte del Juzgado Segundo de Sentencia de Zacatecoluca, es decir que se le declaró inocente, pero se aseguró que se pediría apelación por parte de la Unidad de Vida e Integridad Física de la Fiscalía.
La Justicia salvadoreña condenó a penas de 77 y 55 años de prisión a tres integrantes de una red dedicada al tráfico ilegal de personas hacia Estados Unidos, informó este lunes la Fiscalía General de la República (FGR).
Los sentenciados fueron identificados como José Francisco Centeno, condenado a 77 años, y Julio César Gómez y José Balbino Baires, ambos con penas de 55 años de cárcel, por los delitos de tráfico ilegal de personas y agrupaciones ilícitas.
Según la investigación fiscal, “los imputados llevaban a las víctimas hasta la zona del lago de Güija, en Santa Ana. Luego, las trasladaban a Guatemala, donde otros miembros de la estructura las retomaban y finalmente las llevaban a territorio estadounidense”.
La FGR detalló que la red cobraba entre $3,500 y $12,000 por persona, y hasta ahora se han contabilizado 22 víctimas de distintas zonas del país trasladadas en diferentes medios de transporte. La estructura operaba en los departamentos de La Paz, San Salvador, La Libertad y Santa Ana.
Fuentes consultadas explicaron que los llamados coyotes salvadoreños mantienen vínculos con traficantes de Honduras y Guatemala, dentro del denominado Triángulo Norte de Centroamérica, y actúan bajo la venia de carteles de droga en México.
De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en 2024 fueron 14,195 los salvadoreños deportados desde Estados Unidos, frente a los 13,357 de 2023.
Cada año, más de 500,000 personas de El Salvador, Guatemala y Honduras emprenden el viaje irregular hacia Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, pese a los riesgos de las rutas controladas por el crimen organizado.
Una mujer de aproximadamente 25 años de edad murió durante la noche del lunes tras ser atropellada en la carretera que conduce de Acajutla hacia Sonsonate, en dicho departamento, reportó Cruz Verde Salvadoreña por medio de su cuenta de Facebook.
La institución confirmó que, al llegar al lugar de la emergencia, la víctima ya no presentaba signos vitales. Dicho cuerpo de socorro no confirmó la identidad del conductor responsable del hecho ni las circunstancias.
Esta no fue la única emergencia reportada en las últimas horas, ya que durante la madrugada de este martes, Comandos de Salvamento seccional Ciudad Arce informaron que dos motociclistas resultaron lesionadas debido a un accidente e en la carretera Antigua a Santa Ana a la altura de entrada a la zona conocida como Santa Rosa.
La institución confirmó en la publicación realizada en su cuenta de Facebook que los lesionados sufrieron lesiones leves, por lo que no fue necesario su traslado a otro centro hospitalario.
De acuerdo a las estimaciones del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONASEVI), del 1 de enero hasta el 28 de septiembre se han reportado 15,956 accidentes que han dejado 9,602 personas lesionadas y 877 muertos.
El Viceministerio de Transporte (VMT) sancionó con una multa de $150 a una coaster de la ruta 16, por llevar pasajeros colgados en la puerta de la unidad.
La sanción es el resultado de una denuncia ciudadana que se compartió al VMT en donde terceros grabaron al microbús placas MB1416 con saturación de pasajeros.
En el video, difundido posteriormente por el VMT, se observa a una persona intentaba agarrarse de la puerta trasera y detener su peso en una parrilla de la unidad, esto mientras el vehículo estaba en marcha en las cercanías de un paso a desnivel.
En ese momento varias personas se transportaban en las gradas de la unidad.
El VMT dijo que la multa corresponde a la infracción de permitir que los usuarios u operarios se transporten en las gradas, parrillas o fuera de la unidad.
Las autoridades también hicieron un llamado a los pasajeros a “evitar comportamientos” que pongan en peligro sus vidas.
En atención a denuncia ciudadana, sancionamos a conductor de la ruta 16, placas MB1416, por permitir que los usuarios se transporten fuera de la unidad.
Instamos a los usuarios evitar comportamientos que pongan en peligro su integridad. pic.twitter.com/mfnBSROGH1
A través de redes sociales, el VMT informó sobre la imposición de una multa de $150 a un bus de la ruta 101, placas AB71-309 por circular en sentido contrario y poner en peligro a los automovilistas.
El 25 de septiembre el VMT informó sobre la imposición de una multa de $100 a una unidad de la ruta 16 por no respetar el derecho de vía o interceptar la vía.
El Viceministerio de Transporte dijo que la medida fue en atención a otra denuncia ciudadana en donde se exponía la situación de una unidad placas MB4973.
La sentencia fue impuesta la tarde de este lunes, luego que en las primeras horas del día se instalará el juicio en su contra, donde fue procesado de los delitos de homicidio simple, robo agravado y hurto de vehículo automotor.
Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) determinaron que el imputado junto a otras cuatro personas (las víctimas) se encontraba departiendo bebidas alcohólicas en una casa cuando Villalta Vargas disparó en contra de las personas.
Los hechos ocurrieron el 27 de diciembre de 2023, cuando la corporación policial informó de la escena de un cuádruple homicidio ocurrido en una vivienda del barrio Santa Anita, en San Salvador. Tras cometer los asesinatos, el imputado huyó en el vehículo de una de las víctimas y condujo por las calles de la capital.
Las víctimas fueron identificadas como: Noé Emmanuel Henríquez Ramírez, Joseline Magali López Rivas, Gloria Guadalupe Villalta Laines y William Antonio Hernández Villalta. Las últimas dos víctimas fueron reconocidas como tía y primo del condenado.
Posteriormente, alrededor de las 7:00 de la noche en una cervecería, Villalta Vargas le robó a una mujer su celular y cartera al apuntarle en la cabeza un arma de fuego, según relató la víctima durante la vista pública.
Por estos hechos, el juez del tribunal impuso una pena de 64 años de cárcel (16 años por cada uno de los asesinatos), 8 años por robo agravado y 10 años por el delito de hurto de vehículo automotor, sumando un total de 82 años de prisión.
Ademas, se ordenó al imputado a pagar $3,000 en concepto de responsabilidad civil por cada homicidio, más $175 de compensación por robo a la otra víctima. La Fiscalía había solicitado una pena de 144 años de cárcel.
La captura de Villalta Vargas se realizó el mismo día de los asesinatos tras una persecución policial, que finalizó en el Paseo General Escalón, cerca de la plaza Beethoven, en San Salvador, donde fue neutralizado por agentes de la PNC.
El juicio
Durante la vista pública, se presentaron exámenes forenses determinaron que las víctimas sufrieron heridas “penetrantes” de bala en las zonas de cráneo y tórax a causa de las heridas del arma de fuego utilizada. Además de exámenes toxicológicos revelaron que dos de las víctimas habían consumido drogas.
Asimismo, se conoció la declaración de dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes inspeccionaron la escena del crimen y participaron en la persecución policial en contra del condenado.
Al igual, se presentó la declaración anticipada de una menor de edad que estuvo presente al momento del delito, quien identificó al imputado en la vivienda donde ocurrieron los asesinatos.
Estados Unidos reconoció esfuerzos significativos del gobierno salvadoreño en el último año en combatir en el tráfico de personas aunque advierte que el país aún no cumple con los estándares mínimos para eliminar este flagelo, según el informe difundido el lunes por el Departamento de Estado
«Estos esfuerzos incluyeron el enjuiciamiento de más sospechosos, la condena de más tratantes, la asistencia a más víctimas infantiles en el albergue especializado del gobierno y el aumento de la capacitación contra la trata para los funcionarios de justicia penal”, afirma el Informe sobre la trata de personas 2025, divulgado el lunes.
El Departamento de Estado de Estados Unidos mantuvo a El Salvador en el Nivel 2 del Informe sobre la trata de personas 2025.
El reporte destacó que el Gobierno aumentó las condenas a tratantes, brindó mayor asistencia a víctimas menores en albergues especializados e intensificó las capacitaciones en el sistema judicial. Además, las capturas masivas de presuntos pandilleros bajo el régimen de excepción desmantelaron redes criminales vinculadas a la explotación sexual y laboral.
Washington advirtió que las autoridades salvadoreñas aún presentan deficiencias graves. Entre ellas, la falta de procedimientos para identificar víctimas entre detenidos por vínculos con pandillas, la ausencia de hombres adultos y extranjeros en los registros oficiales, y una reducción de investigaciones y víctimas identificadas en comparación con 2023.
“El gobierno no cumplió con los estándares mínimos en varias áreas clave. Las autoridades no contaban con procedimientos para identificar a las víctimas de trata entre las personas que detuvieron por afiliación a pandillas. Las autoridades iniciaron menos investigaciones e identificaron a menos víctimas. El gobierno no identificó a ninguna víctima masculina adulta ni a ninguna víctima extranjera”, señala el reporte estadounidense.
El informe detalla que en 2024, las autoridades abrieron 18 nuevos casos de trata —13 de explotación sexual, 2 de trabajo forzado y 3 no especificados—, lo que representa una disminución frente a los 38 de 2023. Aun así, el número de procesados aumentó significativamente, con 504 sospechosos llevados a juicio, incluidos líderes de la MS-13 acusados de múltiples delitos, entre ellos trata de personas.
El documento reconoció la condena de 11 tratantes, con penas que oscilaron entre 5 y 26 años de prisión, lo que marca un contraste con 2023, cuando no se dictó ninguna sentencia. Sin embargo, criticó la falta de un sistema de gestión de casos electrónicos y el escaso conocimiento de los jueces sobre la complejidad del delito.
El reporte documenta que en materia de protección, el Gobierno identificó 27 víctimas, todas salvadoreñas, frente a las 40 del año anterior. La mayoría fueron niñas y adolescentes explotadas sexualmente. No se reportaron víctimas extranjeras ni hombres adultos. El único albergue especializado atendió a ocho menores y dos de sus hijos, pero solo admitió a quienes participaron en procesos judiciales.
Un grupo de acusados por tráfico de personas en una audiencia en el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de Santa Ana.
Recomendaciones
El reporte instó a El Salvador a intensificar investigaciones y procesar casos de trata con condenas ejemplares, además pide ampliar los servicios especializados e informados en trauma para todas las víctimas.
Estados Unidos también llama a asegurar que la atención a víctimas se base en su interés superior, y no dependa de procesos judiciales y a actualizar las leyes y políticas para que la definición de trata sea coherente con estándares internacionales.
También pide prevenir la explotación en el sector turismo mediante sanciones a negocios que faciliten delitos de trata.
Nuevas dinámicas delictivas
El informe también alertó sobre nuevas dinámicas delictivas: el uso de redes sociales para captar víctimas, el aprovechamiento del turismo para explotación sexual y la vulnerabilidad de más de 140,000 niños cuyos padres han migrado o están detenidos bajo el régimen de excepción.
Washington destaca que los traficantes explotan a hombres, mujeres y niños salvadoreños para la trata sexual y el trabajo forzoso en Belice, Guatemala, México, Estados Unidos y posiblemente Europa.
“Explotan a algunos salvadoreños que emigran ilegalmente a Estados Unidos para realizar trabajos forzosos, actividades delictivas forzadas y trata sexual durante el viaje o al llegar. Explotan a algunas víctimas extranjeras de Asia, Sudamérica u otros países centroamericanos para la trata sexual y laboral en El Salvador. Las personas sin documentos de identificación personal son altamente vulnerables a la trata. Se observó corrupción y complicidad entre algunos funcionarios gubernamentales”, concluye el informe.
Sin mencionar el nombre de la empresa contratada, el ministro de Obras Públicas y Transporte, Romeo Rodríguez, aseguró que en octubre de este año empezará la construcción de la obra gris del El que conectará a Mejicanos con el Centro de San Salvador.
El funcionario confirmó que este primer circuito de metrocable o teleférico iniciará en Mejicanos, pasará por la Universidad de El Salvador y el centro de gobierno hasta llegar a un tramo del Centro Histórico de la capital.
«Ya en unos días esperamos que en el mes de octubre se empiece a ver la obra civil ya del proyecto, de hecho parte de lo que se ha fabricado ya vino al país, de la parte de este nuevo sistema», confirmó Rodríguez en la entrevista de Frente a Frente.
Según el funcionario este proyecto tendrá una ejecución de 18 meses y se financia con fondos propios.
Rodríguez dijo que hay otros circuitos que tienen financiamiento externo como de la Unión Europea, pero tampoco los detalló.
A inicios de este año, el gobierno reveló que el sistema de metrocable a construir entre Mejicanos y San Salvador espera mover a 3,500 pasajeros por hora-sentido y que el viaje entre ambos puntos tardará 14 minutos, en un recorrido de unos 3.36 kilómetros.
Otro circuito de metrocable se pretende construir para conectar desde la zona del redondel Masferrer hasta el Boquerón, y un tercero desde Panchimalco a Santo Tomás.
La polémica
A inicios de año, el gobierno entró en polémica con la Universidad de El Salvador, cuando Obras Públicas pidió la autorización del Consejo Superior Universitario para construir al menos tres torres al interior del campus para sostener los cables del nuevo sistema de transporte.
Tras varios intercambios de correspondencia, la autoridad universitaria denegó el permiso. El gobierno dijo que reorientarían los planos para construir el metrocable en las cercanías de la universidad.
¿El metrocable es una idea propia?
En julio del año 2023, la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica El Salvador) entregó un Plan Maestro de Transporte Urbano al gobierno salvadoreño donde planteó la idea de construir teleféricos a especie de alimentadores hacia el gran San Salvador.
El sistema de teleférico que propuso Corea fue en distintos municipios para conectar con San Salvador. Así uno estaría para viajar a los Planes de Renderos y Panchimalco desde la terminal del Sur; otro desde Soyapango y Ciudad Delgado hasta las inmediaciones de La Tiendona; otro sistema funcionaría para viajar de Cuscatancingo hacia las cercanías de la Universidad de El Salvador, y en ese mismo circuito conectará con un teleférico hacia Ayutuxtepeque y San Luis Mariona.
Además Corea fue quien propuso conectar uno desde el redondel Masferrer hacia el Volcán de San Salvador.
Este plan maestro también propuso al gobierno salvadoreño la creación de un monorriel como sistema de transporte masivo en la capital de la siguiente manera:
Circularía por todo el bulevar del Ejército hasta llegar al Reloj de Flores, donde se desviaría sobre la avenida Independencia, la avenida Cervantes y sobre la 2ª calle Oriente, calle Rubén Darío; además pasaría sobre la Alameda Roosevelt, pasando por la plaza en honor al Divino Salvador del Mundo, la alameda Manuel Enrique Araujo y la calle Panamericana, hasta finalizar en Santa Tecla, en otra terminal de transferencia.
En el pasado, El Salvador tuvo un sistema de transporte masivo denominado Sistema de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss) que aunque en su momento fue exitoso, no daba abasto al 100 % a toda la demanda en horas pico.
La defensa del empresario del transporte colectivo, Catalino Ezequiel Miranda Arteaga, informó que solicitará el sobreseimiento definitivo, es decir su absolución, de los procesos judiciales en su contra, una vez se acredite y formalice ante las instancias judiciales su fallecimiento.
“Procede un sobreseimiento de carácter definitivo que corresponde con él”, afirmó el abogado defensor, Rolando Aparicio, quien explicó que se encuentran a la espera del acta de defunción oficial para presentar la petición ante las autoridades judiciales competentes.
«Necesitamos un acta de defunción para establecer el fallecimiento del señor Miranda, y ya teniendo esa acta de defunción nos vamos a avocar a las instancias correspondientes solicitando el sobreseimiento definitivo que corresponda según derecho». Rolando Aparicio, abogado de Catalino Miranda.
El empresario de transporte colectivo Catalino Miranda falleció alrededor de las 4:45 de la mañana, dijo el abogado Rolando Aparicio.
El abogado explicó que tras el fallecimiento de Miranda deberán de presentar la documentación para iniciar el proceso para solicitar el… pic.twitter.com/YXKMFvwwTh
En este caso también son procesados José Braulio Miranda, Adalberto Antonio Miranda, y Josué Adalberto Segovia, quienes presuntamente junto al empresario de transporte público hicieron un préstamo por la referida cantidad donde pusieron como garantía dos inmuebles y 78 buses, y que en el año 2021 dejaron de pagar.
Dicho proceso habría sido conocido este lunes por el Juzgado Cuarto de Instrucción en una audiencia de instrucción, sin embargo, ante el reciente fallecimiento del acusado principal se deberá proceder con la documentación para desestimar las acusaciones.
Según la defensa, con la muerte de Miranda se altera significativamente el desarrollo de los casos e implica un giro en la estrategia de defensa, en la cual se tenía previsto la participación activa del empresario con la presentación de pruebas documentales, periciales y testimoniales durante las audiencias, «la cual no vamos a poder incorporar, entonces vamos a replantear esa defensa con los demás imputados».
«Es un motivo que nos ha venido a distorsionar todo lo que eran los instructivos de defensa tanto técnica como material porque él iba hacer uso de ese derecho por mandato constitucional, sin embargo, nos ha venido a mover el escenario porque Fiscalia necesita tener por establecido el fallecimiento y eso tiene que ser documentado con un acta de defunción, la cual en razón de las horas no contamos con dichas actas», expuso el abogado Aparicio.
Catalino Miranda falleció la madrugada del 29 de septiembre de 2025, luego que fuera ingresado para recibir tratamiento médico debido a su grave estado de salud por una insuficiencia renal grave y metástasis producto de un cáncer, condiciones que habían deteriorado su estado de salud.
El empresario del empresario de las rutas de buses y microbuses 42 y 142 llevaba 25 días bajo libertad tras obtener medidas alternas a la detención de parte del Juzgado Cuarto de Instrucción y el Tribunal Quinto de Sentencia, el 3 y 4 del presente mes, debido a su misma situación de salud.
Catalino Miranda fue detenido el 12 de marzo de 2022 en la noche,por incrementar ilegalmente el pasaje en las rutas 42 y 152, de su empresa Acostes de R.L., y por obstruir la vía pública con sus microbuses.
Por este delito fue condenado a tres años de cárcel, en mayo de 2023, mediante un juicio abreviado, donde confesó que aumentó el costo del pasaje en las rutas 42 y 152. El empresario estuvo en prisión en el centro penitenciario La Esperanza, conocido como «Mariona».
