Los pobladores de la remota localidad de Santa Marta y la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES) pidieron el viernes a una sección de la Corte Suprema de Justicia que investigue un posible conflicto de intereses de uno de los jueces que conoce la causa penal de cinco líderes ambientalistas.
Según indicaron en un comunicado, el juez Hugo Bánzer Flores Alas, quien preside el Tribunal de Sentencia de San Vicente, la instancia encargada de repetir el juicio contra los ambientalistas, perteneció a un cuerpo de seguridad de corte militar durante la guerra civil salvadoreña.
El conflicto, de acuerdo con la organización, surge a partir de que los ambientalistas procesados pertenecieron a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
«Flores Alas fue miembro de la extinta Guardia Nacional, uno de los cuerpos represivos de seguridad estatal durante la guerra; es decir, perteneció al bando contrario al de los compañeros ambientalistas y, por tanto, estaría ética y legalmente inhabilitado para participar en el nuevo juicio», indicaron.
Llamaron al juzgador a que «se abstenga de participar en el juicio, renuncie a este caso y permita que otro juez asuma su rol».
«También pedimos a la Dirección de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia que investigue el conflicto de interés de este juez«, apuntaron. Las organizaciones habían denunciado el conflicto de interés la semana pasada, pero fue hasta esta que piden a la Corte que investigue.
La Guardia Nacional fue un cuerpo de seguridad de corte militar abolido en 1992 con la firma de los Acuerdos de Paz (1992) y es reconocido por su participación en violaciones a derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas.
La Fiscalía señaló en su momento que «todos los procesados» son excombatientes del FMLN y los acusó del asesinato de María Inés Alvarenga Leiva, el 22 de agosto de 1989, sin que haya dado mayores detalles del caso, que permanece bajo reserva.
Los ambientalistas Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pacheco y Saúl Rivas son procesados desde enero de 2023 y pertenecen a la ADES, además de Fidel Recinos, que no pertenece a la remota comunidad de Santa Marta, en Cabañas.
Los ambientalistas residen en dicha comunidad, ubicada en el distrito de Victoria, que es reconocida por la lucha de sus pobladores contra la minería metálica.
Igualmente, son procesados Eduardo Sancho, alias Fermán Cienfuegos -uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz de 1992 que pusieron fin a la guerra interna- y Arturo Serrano Ascencio.
El proceso contra los ambientalistas fue sobreseído el 18 de octubre del año pasado por un juzgado de sentencia de la localidad de Sensuntepeque (noreste), pero una corte de apelaciones revirtió el fallo y ordenó que se realizara un nuevo juicio.
