Al menos 130 activistas de derechos humanos y periodistas han tenido que salir de El Salvador en los últimos cinco años por su seguridad y para «proteger su integridad», según revelaron organizaciones humanitarias este miércoles en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ursula Indacochea, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, en inglés), dijo que «80 personas ha salido tan solo en los últimos tres meses: al menos 33 personas defensoras de derechos humanos y 47 periodistas, según datos de las organizaciones solicitantes y de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES)».
«En la búsqueda de seguridad y condiciones que les permitan continuar su trabajo y proteger su integridad y la de sus familias, muchas personas defensoras se han visto forzados a huir de El Salvador. Cifras de la sociedad civil indican que al menos 130 personas han salido del país en los últimos 5 años».
Ursula Indacochea, de la Fundación para el Debido Proceso.
Apuntó que «el éxodo de personas salvadoreñas se ha incrementado significativamente en los últimos meses» tras la detención de al menos cuatro defensores de derechos humanos.
Se trata del líder comunitario y pastor evangélico José Ángel Pérez, el abogado ambientalista Alejandro Henríquez, la abogada anticorrupción Ruth López, y el abogado constitucionalista y crítico del Gobierno de Nayib Bukele, Enrique Anaya.
A estas detenciones, precisó Indacochea, se suma «la vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros, que graba con un impuesto del 30 % las donaciones internacionales y que eleva a un 50 % los impuestos a las organizaciones, además de ser calificada como «confiscatoria».
Lamentó que «desde el año 2020 a la fecha, cuando toma fuerza una nueva forma de autoritarismo en el país, muchas personas han sido objeto de persecución como consecuencia directa de su labor de defensa de derechos humanos o periodística, particularmente al exponer abusos de poder, corrupción a gran escala, violaciones de derechos humanos y actividades de grupos criminales».
«En ese escenario, los únicos caminos posibles para quienes son perseguidos parecen ser la autocensura, la cárcel o el exilio», alertó.
En esta audiencia, en la que el Gobierno de Bukele se negó a participar por estar en desacuerdo con el título de la sesión, las organizaciones humanitarias pidieron a la CIDH «priorizar el trámite de medidas cautelares y peticiones individuales relacionadas».
También llamaron a instar al Estado salvadoreño a derogar un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 «debido a que está siendo utilizado para criminalizar y perseguir personas defensoras de derechos humanos, ambientalistas, periodistas y voces críticas».
Además pidieron exhortar al Estado salvadoreño a «garantizar el retorno seguro de quienes se han visto forzados al exilio por temor a la criminalización».
