Cerca de 8,00o personas acudieron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para solicitar información sobre la condición y estado de salud de sus familiares en prisión entre el periodo de mayo de 2024 y abril de 2025, según se detalla en la más reciente Memoria de Labores presentada por la institución.
De acuerdo con el informe, durante dicho periodo un total de 7,915 personas solicitaron la intervención de la Procuraduría para conocer la situación actual de sus seres queridos que se encuentran detenidos en los centros penitenciarios de El Salvador. De estas, el 86.34 % fueron mujeres y el 12.81 % hombres, lo que refleja una alta participación de mujeres en la búsqueda de información sobre sus parientes encarcelados.
Según se detalló, la mayoría de la población atendida corresponden a madres de familia entre 18 y 60 años de edad (55%), seguido de hermanos o hermanas entre 18 y 60 años (15%), el resto comprende otro tipo de parientes o defensores jurídicos.
Los departamentos donde se identificó la mayor cantidad de atención a usuarios en la PDDH fue en el departamento de San Salvador con 3,603, seguido de Usulután con 1,786 y San Miguel con 910 solicitudes de intervención.
La PDDH aseguró que verificó la condición de 7,227 personas privadas de libertad, de las cuales el 93 % son hombres y el 7% mujeres y las verificaciones que incluyeron visitas a centros de detención, tribunales, hospitales nacionales, consejos criminológicos y otras instituciones a nivel nacional.
En ese sentido, durante el periodo reportado la institución registró 8,251 solicitudes de gestión, siendo las más comunes las relacionadas con el estado de salud con 4,320 y la ubicación de los privados de libertad con 3,645 de la peticiones. También se recibieron solicitudes por situación jurídica y demoras en la entrega de paquetes, que sumaron 286 casos.
En respuesta, la Procuraduría indicó que se ejecutaron 8,486 acciones de verificación, que incluyeron gestiones telefónicas, activación de instituciones y solicitudes de informes. Otras acciones realizadas consistieron en entrevistas, asesorías legales y verificaciones judiciales, de acuerdo a lo expuesto en el informe de labores.
Solicitudes en aumento
Las solicitudes de intervención presentadas por personas que buscan conocer la situación de sus familiares en detención registraron un incremento del 101 % en el último año, al pasar de 3,925 atenciones entre mayo de 2023 y abril de 2024, a 7,915 entre mayo de 2024 y abril de 2025. Esto representa 3,990 casos más que en el periodo anterior, reflejando una creciente preocupación ciudadana por el estado y paradero de personas privadas de libertad.
Las solicitudes se concentraron en el contexto del régimen de excepción implementado por el Estado, como parte de su estrategia de seguridad. En reiteradas ocasiones organizaciones han denunciado sobre la falta de información del paradero de los detenidos, condiciones de detención y acceso limitado a asistencia legal.
La PDDH destaca que constantemente recibe solicitudes tanto de forma presencial como telefónica, a personas usuarias que solicitan su intervención para conocer la situación actual dentro de los centros penitenciarios y el estado en que se encuentran sus familiares.
Inspecciones a centros penales
Por otra parte, la Procuraduría informó que entre mayo 2024 a abril 2025 se realizaron 419 inspecciones a centros penitenciarios para conocer el estado de los privados de libertad, cifra que representa una disminución del 32.2 % respecto al período anterior, cuando se contabilizaron 618 inspecciones.
Segun detalló, del total de inspecciones, 281 fueron en Unidades de Servicios Extraordinarios de la PNC o bartolinas, 99 fueron en Centros de Resguardo y 14 en Centros de Integración Social (CIS).
Además, siete fueron en Centros Preventivos y de Cumplimiento de Penas, conocida como La Occidental, tres fueron en el Pabellones de Reos en Hospitales y 15 en otros lugares que funcionan como centros de detención complementando estas acciones con solicitudes de información a las autoridades penitenciarias y judiciales entre otras. La mayor cantidad en Ahuachapán, Santa Ana y San Miguel.
La PDDH aseguró que tiene la potestad para ingresar, «sin previo aviso» a un centro penitenciario o cualquier otro lugar público en donde se presuma que se encuentra una persona privada de libertad, «a fin de vigilar y cuidar el respeto de sus derechos, además para entrevistar a personas detenidas sin interferencias y en forma privada».
La organización Cristosal publicó esta semana un informe sobre supuestos cobros ilegales o extorsiones a familiares de privados de libertad, donde se exponen casos de pago directo de particulares a contactos directos de centros penales para obtener beneficios ilegales y pagos de hasta $5,000 o $7,000 a abogados como supuestos “intermediarios” para obtener beneficios como visitas o una eventual liberación.
De acuerdo con la organización señala el estudio “no se orienta a realizar generalizaciones concluyentes” sobre la “ocurrencia sistemática de los casos”, pero advierten “un indicio” de condiciones que propician estos actos, mencionando la precarización de las condiciones de internamiento y el régimen de incomunicación.
