Categoría: Nacionales

  • Vientos del Norte llegan hoy con velocidades entre 30 y 60 kilómetros por hora

    Vientos del Norte llegan hoy con velocidades entre 30 y 60 kilómetros por hora

    En medio de un incremento del calor, durante la época seca, El Salvador recibiru00e1 este lunes uno de los últimos eventos de vientos del norte que provocaru00e1n ru00e1fagas con velocidades entre los 30 hasta 60 kilómetros por hora, en lugares elevados, anunciu00f3 el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, durante el pronóstico diario.

    El informe añade que los vientos fuertes seru00e1n sensibles también en lugares «escampados», incluso de mayor velocidad que la anunciada.

    Durante el día, Medio Ambiente espera que el ambiente se mantenga cu00e1lido, pero la noche y madrugada podría ser fresca. No obstante, advierte que la presencia del viento «generaru00e1 una ligera sensación de descenso térmico.»

    De momento, el ministerio espera temperaturas mu00e1ximas de hasta 39 grados Celsius en San Miguel, 37 grados en La Unión, 36 grados en Nueva Concepción y La Libertad, 35 grados en Acajutla; en San Salvador y Santa Ana estaru00e1 cu00e1lido con 34 grados Celsius.

    Estos vientos del norte son producto de un sistema de alta presión ubicado en el Golfo de México, y que empuja uno de los últimos frentes fríos sobre el Caribe.

    Por la tarde se prevé alguna nubosidad, pero descartan las lluvias.

  • CSJ comprará más de 4,500 vales de calzado para empleados

    CSJ comprará más de 4,500 vales de calzado para empleados

    La Corte Suprema de Justicia (CSJ) comprará más de 4,500 vales de calzado para los empleados de la institución y del órgano judicial por $182,880, según la oferta de compra publicada el 6 de marzo de 2025 en la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (Bolpros).

    De acuerdo con el documento, el contrato de compra contempla la adquisición de 4,572 vales de calzado, cada uno por un valor de $40, sumando un total de $182,880, que serán financiados con fondos del Estado.

    Según las especificaciones, los vales de canje tendrán una vigencia de dos años, a partir de la fecha en que sean entregados en el Almacén General de la Dirección de Planificación Institucional (DCPI).

    Asimismo, se deberá anexar el listado de las tiendas asignadas para el canje de los vales y la garantía del calzado seleccionado por el empleado, no debe ser menor a cuatro meses desde la fecha del canje.

    Las empresas deberán seguir el modelo ofrecido por la Corte para realizar los respectivos vales de calzado y la muestra de estos deberán ser aprobados, de lo contrario tendrán que ser modificados.

    Compra de zapatos

    Por otra parte, la CSJ también ofertó el 14 de marzo, $54,741 para la compra de calzado para el personal que realiza funciones de protección a funcionarios y magistrados y para realizar funciones operativas.

    La Corte destinará $8,601 para la compra de 183 pares de zapatos de vestir para la protección a funcionarios y magistrados, es decir, un valor de $47 por cada calzado.

    Según detallaron, los zapatos deberán cumplir las siguientes especificaciones:

    • Cuero lustrable y durable
    • Color negro y de amarrar
    • Suela cosida y/o pegada
    • Plantilla completa, acolchonada y absorbente
    • Horma amplia
    • Suela resistente
    • Tacón independiente o unido a suela.

    Además, se contempla la compra de 769 pares de botas tipo táctico para realizar funciones operativas, por un costo de $46,140, que equivale a $60 por cada par de zapatos.

    El calzado deberá contar con:

    • Altura 8″
    • Material piel vacuno lustrable y nylon de amarrar
    • Caña alta, reforzada y acolchonada para con cremallera lateral para fácil ajuste
    • Costuras reforzadas
    • Acolchonada
    • Poliuretano
    • Antideslizante
    • Respiraderos laterales
    • Entresuela amortiguada
    • Antipunzante
    • Plantilla completa, acolchonada y absorbente.

    El total de inversión para la compra de 952 pares de zapatos será de $54,741 que serán financiados con fondos del gobierno.

    La semana pasada, Diario EL MUNDO publicó que la CSJ también planea adquirir un seguro hospitalario y de vida para sus empleados y magistrados por $6.4 millones.

  • Así fue la llegada de los más de 200 miembros del Tren de Aragua al CECOT

    Así fue la llegada de los más de 200 miembros del Tren de Aragua al CECOT

    Un amplio y fuerte dispositivo de seguridad les dio la bienvenida a 238 miembros del Tren de Aragua y a 23 pandilleros de la Mara Salvatrucha que arribaron a El Salvador durante la madrugada del domingo 16 de marzo, en el aeropuerto internacional San Óscar Arnulfo Romero procedentes de Estados Unidos, bajo el instrumento de la Ley de Enemigos Extranjeros invocada por el presidente de ese país, Donald Trump.

    Al menos dos videos divulgados por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y por la Secretaría de Prensa de la Presidencia muestran el traslado de los reos al Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT), principalmente en buses, pero también tanquetas militares.

    El dispositivo militar y policial, por tierra y aire, finalizaba al ingreso del CECOT donde los reos eran recibidos por los custodios de Centros Penales, cuya bienvenida fue ponerlos «de rodillas» para raparles la cabeza y barbas. Todo el traslado ocurre mientras los reos estuvieron esposados de pies y manos.

    Posteriormente fueron registrados con sus nombres al ingreso de la megacárcel, escaneados sus cuerpos, luego fueron rapados y uniformados con camisetas, pantalones cortos, calcetines y sandalias tipo crocs, todo en color blanco, para luego -uno a uno- ser encerrados en las celdas de la prisión que el gobierno ha publicitado como la más segura y de la cual nadie puede escapar.

    El gobierno anunció que los miembros del Tren de Aragua permanecerán en el país por un año, es decir hasta el 16 de marzo de 2026, pero este trato con Estados Unidos puede ser prorrogable.

    Durante este año, Estados Unidos pagará una tarifa baja para ellos, pero alta para El Salvador, según Bukele, ayudará a hacer autosostenible el sistema penitenciario, que según el mandatario cuesta $200 millones al año.

    Según un informe de la agencia AP, Estados Unidos pagará $20,000 anuales por cada reo enviado a El Salvador.

    Ayer, el gobierno de Venezuela y sus aliados condenaron la decisión de Estados Unidos de enviar a venezolanos a El Salvador. El gobierno de Nicolás Maduro dijo que era una criminalización de la migración venezolana y acusó a los opositores de aconsejar a las autoridades estadounidenses.

    Organizaciones estadounidenses también cuestionaron la legalidad de enviar reos por cargos en Estados Unidos a El Salvador, considerando que el sábado un juez federal suspendió la ejecución de la Ley de Enemigos Extranjeros invocada por Trump, pero que aún así fue realizada. «¡Ups!, demasiado tarde», escribió en inglés el presidente Bukele en reacción a esta decisión judicial.

    En enero, tras la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a El Salvador, Bukele reveló que había ofrecido a Estados Unidos extender su brazo carcelario para mantener en prisión a convictos a cambio de un pago. Estados Unidos aseguró que analizaría la propuesta y agradeció el ofrecimiento, sin embargo, no anunció la resolución.

    El Tren de Aragua es una peligrosa banda originaria de Venezuela que se formó en un penal llamado Tocaron, a su favor son imputados cantidad de homicidios, trata de personas, extorsiones, robos, secuestros, en al menos siete países pues se internacionalizaron gracias a la crisis migratoria de ese país del sur.

  • Iglesia católica entregará el martes a la Asamblea firmas para solicitar derogación de Ley de Minería

    Iglesia católica entregará el martes a la Asamblea firmas para solicitar derogación de Ley de Minería

    El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, anunció que entregarán a la Asamblea Legislativa las firmas recolectadas para solicitar la derogación de la Ley General de la Minería Metálica.

    La entrega se realizará el próximo martes 18 de marzo por parte de la Conferencia Episcopal de El Salvador, de la iglesia católica, aseguró el arzobispo.

    «No haremos marcha, sino que llegaremos directamente al portón de la Asamblea, para entregar las firmas. No se las entregaremos por medio de alguno de los señores diputados, sino que serán entregadas en la ventanilla de la Asamblea», dijo Escobar Alas en un video difundido en la cuenta de YouTube de la televisión Católica.

    La recolección de firmas para derogar la ley comenzó en enero de 2025, en una serie de actividades que la iglesia y movimientos sociales realizan para evitar que se lleve a cabo la extracción minera en diferentes puntos del país, como Chalatenango y Cabañas.

    A la solicitud de firmas se han unido creadores de contenido en redes sociales y grupos como Voces del futuro, que exigen se revierta la Ley General de la Minería Metálica.

    Con respecto a la entrega de firmas ante el órgano Legislativo, Escobar Alas aseguró que no se trata de una actividad política, sino una «una acción pastoral».

    Esta es una acción pastoral que hacemos sin ningún interés político partidista o de ideologías, ni tampoco por intereses de grupos de poder, sino que nos mueve únicamente el bien del pueblo, principalmente el bien de los más vulnerables»
    José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador

    La llegada a la Asamblea estará acompañada de «obispos, sacerdotes, religiosos y hermanos laicos de todo el país, para representar a toda la iglesia», sin embargo, el arzobispo invitó a la población a unirse a esta solicitud.

    A finales de enero de 2025, la iglesia Elim se sumó a la recolección de firmas con el mismo objetivo en jornadas realizadas en Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, La Paz y San Miguel.

    La Ley General de la Minería Metálica fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 23 de diciembre de 2024, con 57 votos: 54 de Nuevas Ideas, dos del PCN y uno del PDC.

  • Mandan a prisión a cuatro acusados de falsificar medicamentos

    Mandan a prisión a cuatro acusados de falsificar medicamentos

    El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador determinó que cuatro personas señaladas de falsificar medicamentos y lavado de dinero sigan detenidos.

    Sin embargo, otros dos están prófugos y el juez giró órdenes de captura en su contra.

    Contra una séptima persona, la Fiscalía General de la República no clarificó cual fue la medida.

    Según la investigación fiscal, los acusados comercializaban medicamentos falsos y adulterados y a uno de ellos se le decomisó una fuerte cantidad de dinero, cerca de $11,000.

    “Se está procesando a las personas por violación de distintivos comerciales en perjuicio de la empresa Boehringer Ingelheim Promeco S.A. de C.V., ya que esta red de falsificadores de medicamentos realizaba ventas en el sector del Mercado Central de San Salvador, en donde comercializaban medicamentos que no contaban con los registros sanitarios”, explicó la Fiscalía el día de la acusación.

    Los procesados son:

    Edwin David Fuentes Canales,

    María De Los Ángeles Pineda Zavaleta,

    Briseyda Lisbeth Melara Pineda,

    Tirsa Nayely Pérez de Morales,

    Walter Mauricio Fuentes Canales,

    Walter René Arévalo Canales

    y Tirsa Nayely Pérez de Morales.

    Todos vendían, distribuían, adulteraban las cajas y detalles de los empaques de los medicamentos.

    De acuerdo al fiscal del caso, la institución fue alertada de dicha red por una empresa especializada en la lucha contra la falsificación de marcas, piratería y otros asuntos de propiedad intelectual.

  • Acusados de formar una red de prostitución en el centro de San Salvador seguirán detenidos

    Acusados de formar una red de prostitución en el centro de San Salvador seguirán detenidos

    El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador decidió el viernes en la tarde que una presunta estructura dedicada a someter a la prostitución a mujeres en el centro de San Salvador, siga detenida.

    En el caso son procesadas 10 personas por los delitos de trata de personas agravada, en modalidad de explotación sexual, y agrupaciones ilícitas. Dos de las procesadas identificadas como Amanda del Carmen Cárcamo, presunta cabecilla, y su hija Jacqueline Elizabeth Rivera Cárcamo, son procesadas por lavado de dinero.

    Esta red fue capturada el pasado martes 25 de febrero, en varios puntos del Área Metropolitana de San Salvador, y son acusados de los delitos de trata de personas agravada en modalidad de explotación sexual y agrupaciones ilícitas, informaron las autoridades.

    Las 10 personas acusadas responden a los nombres de:

    • Amanda del Carmen Cárcamo Barrera (presunta cabecilla)
    • Óscar Mauricio Estrada García
    • Ana Patricia Ramírez
    • Jocelyn Carolina López Ramírez
    • Cecia Jacoby Vásquez Ramírez
    • Jessica Suyapa Hernández
    • Henry Francisco Martínez Deleón
    • Mélida Martínez Maye
    • Jacqueline Elizabeth Rivera Cárcamo
    • Marcos Rivera Alfaro.

    Además de estos 10 acusados, también se procesa por el delito de lavado de dinero a Jacqueline Elizabeth Rivera Cárcamo, quien es la hija de la presunta cabecilla de la estructura, Amanda del Carmen Cárcamo Barrera, a quien también se les acusa de dicho delito.

    Según las investigaciones, una de las víctimas de esta red fue interceptada en mayo de 2024 mientras estaba con su hijo en un parque del centro de San Salvador. En ese momento, una mujer se le acercó y le ofreció empleo como trabajadora doméstica.

    Al aceptar la propuesta, la víctima fue llevada a un negocio, donde la separaron de su hijo con la promesa de que lo cuidarían. Poco después, le proporcionaron ropa y la obligaron a recibir clientes para prestar servicios sexuales, detalló la FGR.

    Durante seis meses, la víctima no tuvo contacto con su hijo ni recibió ningún pago por la explotación a la que fue sometida. Como consecuencia del maltrato y las condiciones en las que vivía, su salud se deterioró. En busca de atención médica, acudió a una clínica y aprovechó para pedir ayuda.

    Tras regresar al lugar donde la forzaban a prostituirse, un familiar la encontró y la ayudó a escapar. Posteriormente, se interpuso una denuncia para lograr recuperar a su hijo.

  • Presentan segunda acusación contra un hombre por hurtar más de $36,000 en criptomonedas

    Presentan segunda acusación contra un hombre por hurtar más de $36,000 en criptomonedas

    La Fiscalía General de la República acusó ante el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador, el viernes, a Carlos Alberto Campos Martínez por cuatro delitos luego que, presuntamente sustrajera $36,990 en criptoactivos bajo custodia del Estado.

    «El señor Carlos Alberto Campos Martínez, aprovechando sus conocimientos en materia de criptoactivos recreó una serie de contraseñas para sustraer criptoactivos que se encontraban en custodias del Estado y que habían sido declarados por un juez en favor de este rompiendo las medidas de seguridad informática con las cuales se protegían estos fondos y procediendo sustraerlos y desobedeciendo las medidas cautelares de protección que tenían estos activos virtuales», explicó un fiscal en un corto video que la Fiscalía General envió a periodistas.

    Por ello, Campos Martínez es acusado de hurto por medios informáticos, acceso indebido a los programas informáticos, violación de seguridad del sistema informáticos y desobediencia en caso de medida cautelar.

    La Fiscalía no explicó cuál billetera de criptoactivos se trataba, ni porqué ésta había pasado a manos del Estado por orden de un juez.

    Segunda acusación

    No obstante Campos Martínez ya había sido acusado el año anterior por presuntamente pertenecer a una red que «pirateaba» señal de televisión.

    Lo hechos imputados datan desde marzo de 2023, cuando ejecutivos de la compañía se percatan de anuncios en redes sociales sobre la venta de servicio digitales, a un precio más bajo del que ofrece la empresa y sobre los cuales tienen los derechos de propiedad intelectual, entre ellos, los eventos deportivos en vivo “pirateando” la señal de esta empresa.

    Según la fiscalía los costos de la suscripción a la aplicación oscilaba entre los $5 a $10, que era cobrado por medio de transferencias electrónicas a cuenta bancaria y Chivo Wallets.

    La acusación asegura que a parte de los eventos deportivos de El Salvador, Centroamérica y canales de Estados Unidos y Canadá, también distribuían de forma ilegal acceso a plataformas como Star Plus, Prime Video.

    La Fiscalía sostiene que el monto que los sujetos habrían obtenido de forma ilícita alcanza los $153,000. Las ventas de las aplicaciones las realizaban en Facebook e Instagram.

    La captura de los nueve procesados presentes se realizó el pasado 26 de enero de 2024, y que durante el operativo se les decomisó $17,695 en efectivo en denominaciones de $50 y $100, y «billeteras frías o monederos de criptomonedas», así como discos duros y tarjetas de créditos y computadoras, elementos con las que Fiscalía busca probar la acusación.

    Por este primer proceso, el acusado está detenido.

  • Mañana anunciarán fecha del juicio por asesinato de periodistas holandeses

    Mañana anunciarán fecha del juicio por asesinato de periodistas holandeses

    Este lunes, 17 de marzo, se cumplen 43 años del homicidio de los cuatro periodistas holandeses que fueron asesinados durante el conflicto armado en El Salvador, y será la fecha en la que organizaciones que representan a las familias, informen la fecha en la que la justicia salvadoreña iniciará el juicio del proceso.

    En este caso son procesados el exministro de la Defensa Guillermo García, el exdirector de la Policía de Hacienda Francisco Antonio Morán, y el excomandante de la cuarta Brigada de Infantería,Mario Adalberto Reyes Mena, este último recién requerido por la Corte Suprema de Justicia en extradición a Estados Unidos.

    «Estamos esperando el día del juicio, el día de la elevación a plenario, eso mañana va a ser informado públicamente. La jueza ya dictaminó, ya resolvió la fecha del día de la elevación a plenario que es el día del juicio», informó Óscar Pérez, de la Fundación Comunicándonos., organización que se ha encargado de darle seguimiento al caso.

    Pérez dijo que se han encargado de comunicar la fecha del juicio a las familias de los cuatro periodistas holandeses pero que «públicamente será informado hasta este lunes 16 de marzo cuándo se cumplen 43 años de impunidad».

    Los periodistas holandeses Koos Jacobus Andries Koster, Jan Cornelius Kuiper Joop, Hans Lodewijk ter Laag y Hohannes Jan Wilemsen, fueron asesinados el 17 de marzo de 1982 por una patrulla del Batallón Atonal que salió de la Cuarta Brigada de Infantería, de El Paraíso, Chalatenango.

    Fueron emboscados por esa patrullaque en Santa Rita, del mismo departamento, cuando se dirigían a una zona controlada por la guerrilla durante su cobertura periodística para la cadena IKON TV.

    «Este es un juicio histórico porque ese primer caso del Informe de la Comisión de la Verdad. Es un caso importante porque se van a juzgar alto mandos militares que estuvieron implicados en este crimen de lesa humanidad. Es un caso histórico porque va a impactar a los demás casos que demandan verdad y justicia en El Salvador».
    Óscar Pérez,
    Director de Comunicándonos.

    «No se puede perseguir periodistas …porque sean incómodos»

    Pérez agregó que el precedente va más allá de un juicio, ya que tiene que impactar en la vida de todos los periodistas, no solo de El Salvador sino a nivel internacional ya que«no se puede perseguir o matar a periodistas porque sean incómodos, porque no les guste la fotografía o el video, o lo que escriben o locutan para radio»aseguró.

    «El asesinato de los cuatro periodistas holandeses ha sido un caso paradigmático, de violación a la libertad de expresión y prensa en El Salvador y una sentencia ejemplarizante en este caso es muy importante, no solo para El Salvador, sino para toda la región porque nadie puede estar asesinando periodistas porque son incómodos, porque no le caen bien. Por eso se reviste de mucha importancia en este caso, porque tiene que ver con cuidar la vida de otros periodistas también y hacer justicia a más de 30 periodistas que fueron asesinados durante la guerra en El Salvador», enfatizó.

  • «El Greñas» es uno de los dos cabecillas de la MS-13 enviados por EEUU a El Salvador

    «El Greñas» es uno de los dos cabecillas de la MS-13 enviados por EEUU a El Salvador

    César Humberto López Larios, alias «El Greñas de Stoner», es uno de los dos cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) que el gobierno de Estados Unidos envió a El Salvador este domingo 16 de marzo, en vuelos donde fueron enviados al menos 23 pandilleros de esa estructura criminal, junto a 238 miembros de la peligrosa banda venezolana Tren de Aragua.

    En un video publicado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, con el que anunció el traslado de los miembros del Tren de Aragua, aparecen dos de los trasladados a quienes les pregunta: «¿Nombre?» y el primer reo responde: «César Humberto López Larios», mientras que el segundo dice: «César Eliseo Sorto Amaya», un pandillero de la MS-13 cuyo nombre ya había sido revelado por un informe de la agencia AP.

    Previamente, el video publicado por Bukele muestra cómo al primero le quitan la barba mientras que el segundo es rapado de su cabeza.

    López Larios es uno de los cabecillas, miembro de la ranfla nacional de la MS-13 y que ha sido acusado por cargos de terrorismo en una corte de Nueva York.

    López Larios fue detenido el 9 de junio de 2024 en el aeropuerto de Houston, Texas, a su arribo; medios de comunicación han informado que el pandillero fue detenido inicialmente en México por la Fiscalía de Chiapas, pero fue capturado por el la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) e Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en un vuelo de repatriación.

    «Específicamente, López-Larios está acusado de conspiración para proporcionar y ocultar apoyo material a los terroristas, conspiración para cometer actos de terrorismo que trascienden las fronteras nacionales, conspiración para financiar el terrorismo y conspiración de narcoterrorismo», explicó en su momento el departamento de Justicia.

    Esta no es la primera vez que Estados Unidos expulsa a «El Greñas» de su territorio, en 2017 este pandillero había sido entregado a las autoridades salvadoreñas y ya era buscado el delito de conspiración para el cometimiento de homicidio en el país.

    En ese momento, el director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, expuso a los periodistas que López Larios era considerado el principal planificador de los delitos que comete esa clica en el municipio santaneco y de otras localidades de la zona occidental del país.

    «El Greñas» fue acusado por la Fiscalía General de la República en el caso Operación Tecana, en donde expusieron que fue uno de los que infiltró el Órgano Judicial, la misma Fiscalía y la Policía. Los fiscales aseguraron, en ese momento, que la Operación Tecana fue el punto de partida para desbaratar una estructura que ha tenido la capacidad de lavar $1.9 millones y cuyo brazo financiero, de al menos 75 personas, ha generado grandes ganancias y permitido que varios de sus miembros lleven una vida de lujos y derroche.

    También aseguraron que López Larios tenía como aliados a abogados, por medio de los cuáles, tenía conexiones en los tribunales para acceder a proceso judiciales contra pandilleros. En 2019, algunos de los acusados de este caso fueron condenados hasta por 130 años de cárcel, sin embargo, en ese reporte de condena no figuró el nombre de El Greñas.

    Otro cabecilla

    Por otro lado, este domingo, El Salvador también recibió a César Eliseo Sorto Amaya, de aproximadamente 28 años, a quien señalan de ser un cabecilla de la MS-13. Sorto Amaya fue condenado en ausencia en abril de 2024 a 50 años de prisión por el asesinato de una pareja de esposos en Chilanga, Morazán.

    En marzo de este año, fue acusado por las autoridades de Estados Unidos de haber ingresado ilegalmente a su territorio.

    Según el historial de Sorto en Estados Unidos, en 2015 ya había sido deportado a El Salvador por haber ingresado al país norteamericano en tres ocasiones diferentes.

    En una de esas ocasiones, fue deportado luego de ser encontrado culpable de los delitos de posesión de armas en la ciudad de Elizabeth, en New Jersey.

    Junto a estos dos pandilleros, Estados Unidos también mandó a 21 miembros de la MS-13 a El Salvador y según Bukele ayudarán a recopilar datos de inteligencia «y perseguir a los últimos remanentes de la MS-13, incluidos sus antiguos y nuevos miembros, dinero, armas, drogas, escondites, colaboradores y patrocinadores».

    El gobierno salvadoreño inició una «guerra contra las pandillas» durante la primera administración de Bukele y con la vigencia del régimen de excepción, el sistema permitió hacer capturas masivas. Las autoridades de Seguridad han explicado que aún hay remanentes de pandilleros pendientes de ser capturados.

    En contraparte, también estas capturas en masa han incluido detención de civiles, por quienes las organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado la vigencia del régimen de excepción, por ir en detrimento de garantías constitucionales de los salvadoreños. Bukele ha cuestionado que las organizaciones defienden pandilleros.

  • EEUU expulsó a pandilleros de la MS y del Tren de Aragua en base a Ley de Enemigos Extranjeros

    EEUU expulsó a pandilleros de la MS y del Tren de Aragua en base a Ley de Enemigos Extranjeros

    El gobierno de Estados Unidos expulsó a más de 200 miembros de la banda criminal venezolana El Tren de Aragua y a miembros de la Mara Salvatrucha invocando a Ley de Enemigos Extranjeros para poder enviarlos a El Salvador donde están recluidos en el CECOT desde este domingo.

    «La Administración Trump ha tomado otra medida histórica para hacer que Estados Unidos sea más seguro. Bajo la dirección del Presidente, su administración invocó la Ley de Enemigos Extranjeros para iniciar la expulsión de cientos de miembros peligrosos de Tren de Aragua (TdA), una organización terrorista extranjera (FTO) viciosa y violenta, que ha estado amenazando a nuestra nación, llevando a cabo una guerra irregular y aterrorizando a los estadounidenses», dijo el Secretario de Estados Unidos, Marco Rubio en un comunicado difundido este domingo.

    La Ley de enemigos extranjeros de 1798 es una autoridad en tiempos de guerra que permite a un presidente detener o deportar a ciudadanos de una nación enemiga. Ha sido invocada tres veces: durante la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y, sobre todo, la Segunda Guerra Mundial, entre 1942 y 1946, para detener a unos 120.000 japoneses y estadounidenses de origen japonés.

    Un juez federal había bloqueado el sábado temporalmente el uso de la Ley de Enemigos extranjeros invocada por Trump, para acelerar las deportaciones contra miembros de la banda transnacional Tren de Aragua. Pero las deportaciones igual sucedieron y llegaron a El Salvador.

    Rubio dijo que «cientos de criminales violentos fueron enviados fuera de nuestro país» y aseguró que con «este paso crucial» que nunca habría ocurrido bajo ningún otro presidente de los Estados Unidos, «el presidente Trump está cumpliendo las promesas que hizo al pueblo estadounidense».

    El Secretario de Estado expresó su agradecimiento al presidente Nayib Bukele de El Salvador «por desempeñar un papel fundamental en esta transferencia».

    «(Bukele) Se ha ofrecido como voluntario para encarcelar a estos criminales violentos. Como parte de este proceso, Bukele también ha solicitado a los Estados Unidos que devuelvan a dos peligrosos líderes de alto nivel de MS-13 más 21 de sus más buscados para enfrentar la justicia en su tierra natal. Una vez más, el presidente Bukele ha demostrado que no solo es el líder de seguridad más fuerte de nuestra región, sino que también es un gran amigo de los Estados Unidos», subrayó Rubio.

    Bukele informó este domingo que Estados Unidos envió a 238 criminales que serán recluidos en el CECOT. El mandatario aseguró que Estados Unidos «pagará una tarifa muy por ellos, pero una tarifa alta por nosotros».

    Este sábado, la agencia de noticias Associated Press (AP) reveló que Estados Unidos había llegado a un acuerdo con El Salvador para trasladar a un aproximado de 300 miembros de la pandilla Tren de Aragua.

    Según el reporte, el acuerdo incluía un costo de $20,000 anuales por cada prisionero y ademas que un documento del Departamento de Estado revelaba que Estados Unidos destinaría $15 millones adicionales, si requería albergar a más miembros de la pandilla en El Salvador.

    El Tren de Aragua es una banda criminal que nació en las entrañas de la cárcel Tocorón, en el estado de Aragua, en Venezuela, y actualmente podría estar compuesta por 5,000 hombres. Sus operaciones van desde los robos, la extorsión, secuestros, narcotráfico y prostitución, sin embargo, en su natal país también tienen actividades de explotación de oro.

    La presencia del Tren de Aragua en varios países ha sido objeto de seguimiento por parte de las autoridades internacionales. La organización criminal se expandió durante la crisis migratoria venezolana. A pesar de las afirmaciones del gobierno de Nicolás Maduro de haber desmantelado la pandilla, diversos gobiernos han reportado detenciones de sus miembros, tal es el caso de Estados Unidos.

    La administración de Trump ha calificado al Tren de Aragua como una “organización terrorista extranjera” y ha argumentado que representa una amenaza significativa para la seguridad de su país.