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Representantes de los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre de más de 200 civiles en El Salvador en 1982, conocida como masacre de El Calabozo, en el marco de la guerra civil (1980-1992), denunciaron este miércoles una «grave retardación» de la justicia en el proceso penal seguido contra altos mandos retirados del Ejército.

Se trata del Centro para la Promoción de los Derechos Humanos 'Madeleine Lagadec' (CPDH), Fundación Cristosal y la Asociación de Víctimas de San Esteban Catarina.

«Estamos elevando una denuncia pública por el retraso y la omisión de las autoridades de investigar la masacre de más de 200 personas civiles, entre ellos niñas y niños, en el lugar denominado El Calabozo»,
David Morales,
Abogado de Cristosal.

De acuerdo con Morales, en este caso opera un «sistema de impunidad» en el que los tribunales y la Fiscalía «no han mostrado interés para profundizar en las investigaciones».

Indicó que se han dado irregularidades como la conversión del juzgado que conoce el caso en un tribunal civil y mercantil, y la sustitución de cinco jueces por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Además, los jueces que han conocido el proceso han rechazo solicitudes para requerir planes militares de la época y han dejado por varios meses sin respuesta la solicitudes hechas por la querella, señaló el abogado.

Indicó también que la Fiscalía no ha presentado resultados de investigaciones contra los acusados.

Entre tanto, Carolina Constanza, de CPDH, indicó que han pasado cuatro décadas de la masacre y que desde 1992 se ha buscado justicia, por lo que exigen que opere «a favor de las víctimas».

«Familias enteras fueron masacradas en ese lugar» y «no podemos permitir que siga operando la impunidad, queremos justicia, paz y reconciliación» para las víctimas, sostuvo.

Esta masacre, perpetrada por el Ejército salvadoreño en el municipio de San Esteban Catarina, a 70 kilómetros de San Salvador, fue ejecutada el mismo año en que las Fuerzas Armadas perpetraron la matanza de cientos de civiles y la desaparición forzada de más de 150 niños en la llamada «guinda (escape o carrera) de mayo».

Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1993, el 7 de agosto de 1982 el Batallón Atlacatl comenzó un «vasto operativo militar antiguerrillero» con unos 6,000 hombres que terminó el 22 de agosto de ese año con la masacre de El Calabozo.

De acuerdo con expertos, la intervención militar en esta zona del país fue mayor a la realizada durante la masacre de El Mozote, perpetrada contra más de 1,000 civiles en su mayoría mujeres, ancianos y niños.

Entre los procesados por la masacre de El Calabozo se encuentran el general retirado y exministro de la Defensa en los primeros años de la guerra, Guillermo García, y Rafael Bustillo, exjefe de la Fuerza Aérea.

El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, reprochó este miércoles que todos los casos de asesinatos de sacerdotes, religiosas, laicos y catequistas de la Iglesia Católica siguen en la impunidad y que no ha existido justicia para ellos.

Muestra de esto es que ayer se cumplieron 48 años desde el asesinato de los beatos salvadoreños, el padre Rutilio Grande, Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus, y que nada se sabe de los hechores.

«Estamos para cumplir 50 años del martirio de nuestros mártires aquí presentes porque fue en el 77, eso quiere decir que en 2027 serían 50 años. No se sabe nada de los asesinos, nada. San Óscar le exigió al gobierno que aclarara este punto, no se aclara. Y ninguno de los asesinatos de todos los sacerdotes, las religiosos, los laicos, los catequistas, ninguno se ha aclarado. Quedan impunes, tristemente, no hay justicia, no hay verdad«, reprochó ayer el arzobispo salvadoreño durante la misa del aniversario de los tres beatos.

El padre Grande y sus dos acompañantes se conducían en un jeep tipo safari hacia El Paisnal, al norte de San Salvador, donde el sacerdote oficiaría una misa por la novena de San José. Fueron ametrallados a eso de las 5:00 de la tarde del 12 de marzo de 1977.

Las investigaciones de aquel entonces determinaron que el sacerdote jesuita recibió 19 impactos de bala, calibre 12, tipo “doble cero”, un proyectil blindado de uso militar. El asesinato fue atribuido a escuadrones de la muerte, y la iglesia concluyó que fue odio a la fe, pero no hay nombres de responsables.

Escobar Alas recordó que hay una larga lista de mártires de la Iglesia Católica salvadoreña, de ellos, en al menos 39 han empezado un proceso de canonización tal es el caso de los seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras que fueron asesinados en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), el 16 de noviembre de 1989, durante la ofensiva final.

En noviembre del año pasado, un juzgado envió a juicio a varios militares retirados, además del expresidente Alfredo Cristiani, y del exdiputado Rodolfo Parker.

Escobar Alas también reveló que en la lista de las mártires en proceso de canonización está la secretaria del padre Grande, Ercilia Martínez, quien fue asesinada después junto a su prima, Corina Martínez. Su error fue: haber estado cerca del padre «Tilo».

El 1 de octubre de 2023, la iglesia reveló que había 47 procesos de canonización de mártires del conflicto armado, y entre estos, los sacerdotes arquidiocesanos, las cuatro monjas de Estados Unidos, Maura Clarke, Ita Ford, Dorothy Kazel y la misionera Jean Donovan, así como Luis Torres, un niño que era acompañante del padre Alfonso Navarro, asesinados en mayo de 1977.

De igual manera, están «los cuatro jóvenes que acompañaban al sacerdote Octavio Ortiz y tenemos, también, a personas adultas laicas, que son catequistas que murieron por predicar la palabra de Dios», aseguró Escobar Alas en ese entonces.

Sobre todos esos casos, ninguno ha conocido una investigación profunda ni tampoco ha dado con el paradero de los responsables.

Lo mismo ocurre con el magnicidio de San Óscar Romero, quien desde hace siete años, la Fiscalía no ha respondido en la investigación que lleva el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador.

Recientemente, Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, denunció que el caso sigue en impunidad y que la Fiscalía General de la República guarda un silencio total sobre las investigaciones que fueron ordenadas desde que se reabrió el caso en 2017.

La organización de derechos humanos Tutela Legal «María Julia Hernández» señaló este miércoles que el Estado de El Salvador «protege» a los «autores intelectuales» del asesinato del padre Rutilio Grande, perpetrado en 1977 por el grupo paramilitar de extrema derecha llamado los escuadrones de la muerte del Ejército.

Tras «48 años de su martirio, el Estado salvadoreño sigue protegiendo a los autores intelectuales de este crimen de lesa humanidad», publicó la ONG en sus redes sociales a propósito del 48 aniversario del hecho.

La organización indicó que este día «conmemoramos y reivindicamos el martirio del padre Rutilio Grande, Manuel Solórzano y el joven Nelson Rutilio Lemus», estos dos últimos asesinados junto a Grande.

«Rutilio acompañó y denunció toda arbitrariedad y abuso contra un pueblo vulnerable, desprotegido y oprimido, siendo una luz de esperanza para las grandes mayorías», reseñó.

Tutela Legal, una organización que brinda asistencia legal a familiares de víctimas de la guerra civil, añadió que «el padre Grande nos invita a seguir denunciando todos los atropellos e injusticias contra el pueblo salvadoreño y que seamos símbolo de lucha y resistencia para construir un país donde se respeten y garanticen los derechos humanos y el medio ambiente».

El asesinato de Grande y sus compañeros, que lo acompañaban el día del hecho, se dio a las puertas de la guerra civil salvadoreña (1980-1992), que en 12 años de conflicto interno se saldó con 75,000 muertos y 8,000 desaparecidos.

El religioso se dirigía a la remota localidad de El Paisnal (norte) su lugar de nacimiento y donde vivía, a celebrar un acto religioso cuando fue emboscado y asesinado.

Hasta el momento, se desconoce si la Fiscalía salvadoreña investiga el asesinato de Rutilio Grande y sus compañeros.

Grande fue asesinado por escuadrones de la muerte el 12 de marzo de 1977 y fue beatificado en 2022 por el papa Francisco.

Los escuadrones de la muerte fueron grupos paramilitares de extrema derecha conformados por militares y policías sin uniforme que ejecutaron acciones en contra de opositores políticos o de sospechosos de ser guerrilleros.

El ambiente caluroso continuará hasta el domingo 16 de marzo, advirtió el observatorio del Ministerio de Medio Ambiente, por lo que recomiendan usar protector solar e hidratarse.

Las temperaturas estarán por encima de los 30 grados Celsius gran parte del día, según el pronóstico. Precisamente el miércoles, Santa Rosa de Lima tuvo temperaturas máximas de 39.5 grados Celsius, mientras que Nueva Concepción, San Miguel, Puente Cuscatlán y La Unión tuvo arriba de 37 grados. Para este jueves, las temperaturas no serán muy diferentes.

Según el pronóstico, durante la madrugada, es posible que el cielo esté nublado en casi todo el país, con lluvias puntuales en varios sectores, variando entre débiles y ocasionalmente moderadas.

Por la mañana, el cielo estará entre medio nublado y nublado, perdurando hasta la tarde, cuando se esperan algunas lluvias puntuales, generalmente débiles, en sectores de la cordillera volcánica y zona norte. En la noche, cielo medio nublado y se estima baja probabilidad de lluvias.

La principal influencia proviene del flujo del este, con bajo contenido de humedad, lo que favorece la formación de nubosidad que genera precipitaciones aisladas, variando entre débiles y moderadas.

El cambio de plataforma comercial de AES El Salvador ha ocasionado deficiencias en sus servicios, informó la compañía por medio de un comunicado en su cuenta de X.

Las áreas más afectadas son los tiempos de atención y las gestiones comerciales, aseguró la institución, señalando que «la magnitud y complejidad de la operación» ha ocasionado dicho percance.

«Nuestros equipos están plenamente dedicados a estabilizar el nuevo sistema comercial para reestablecer, lo antes posible, la calidad de servicio que nuestros clientes merecen», aseguró AES en la publicación.

La compañía manifestó que debido a los inconvenientes presentados durante la transición del sistema, han optado por reforzar los canales de atención, «minimizando así las molestias» ocasionadas.

Brindan teléfono para denuncias

Por su parte, la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas brindó un número telefónico para que la población realice sus denuncias en caso de verse afectada por el cobro irregular del servicio eléctrico.

En caso de detectar problemas en el cobro de la factura de energía, la institución gubernamental pidió llamar al 22346128, para hacer la respectiva denuncia.

Las autoridades salvadoreñas recibieron este miércoles a Daniel Alejandro Guzmu00e1n Rodríguez, alias «Pitufo», quien ha sido calificado por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro como el principal proveedor de drogas para las pandillas.

Guzmu00e1n Rodríguez fue extraditado de Guatemala a El Salvador, la mañana de este miércoles, luego de ser detenido en septiembre del año pasado en San Lucas Sacatepéquez, del vecino país, bajo otra identidad que utilizaba presuntamente para esconderse.

Este miércoles, el ministro Villatoro aseguró que Guzmu00e1n Rodríguez operaba un laboratorio desde hace 14 años, en Ahuachapu00e1n, en el occidente salvadoreño, «donde almacenaba y procesaba drogas para distribuirlas en distintos vehículos en la zona occidental y central de El Salvador».

Eliminaremos de nuestra sociedad a quienes se dedican a fabricar y vender el veneno de las drogas. Ahora les caerá todo el peso de la ley y nos aseguraremos, como Estado, de que no vuelvan a ver la luz del sol.

En un trabajo conjunto entre nuestra @PNCSV, @FGR_SV,… pic.twitter.com/vPCBTzAs9U

— Gustavo Villatoro (@Vi11atoro) March 12, 2025

Al ser recibido por las autoridades salvadoreñas, un oficial le leyó órdenes de captura por homicidio y por tru00e1fico de drogas.

«Ahora que ha sido extraditado desde Guatemala y se encuentra en nuestro territorio, deberá cumplir una condena de 30 años por homicidio y enfrentar cargos por tru00e1fico ilícito y agrupaciones ilícitas en los juicios post guerra, debido a su pertenencia a una organización criminal», escribió Villatoro en su cuenta de red social X, sin clarificar si esos 30 años de cu00e1rcel ya han sido dictados por un juez.

Eliminaremos de nuestra sociedad a quienes se dedican a fabricar y vender el veneno de las drogas. Ahora les caerá todo el peso de la ley y nos aseguraremos, como Estado, de que no vuelvan a ver la luz del sol.

En un trabajo conjunto entre nuestra @PNCSV, @FGR_SV,… pic.twitter.com/vPCBTzAs9U

— Gustavo Villatoro (@Vi11atoro) March 12, 2025

Correos de El Salvador alertó a la población, este miércoles, por intentos de estafa, a través de la aplicación de mensajería o WhatsApp en teléfonos móviles.

“¡ALERTA! Protégete de las estafas realizadas por terceros y no ingreses tu tarjeta de crédito o débito”, publicó Correos de El Salvador, alertando a la población por los intentos de estafas, de este tipo de delincuentes que utilizan los medios digitales.

Una ciudadana confirmó que recibió un mensaje de texto a nombre de Correos de El Salvador en el que le notificaban que “su paquete está listo, para retiro en nuestra oficina. Consulte tarifas y detalles en nuestro sitio web oficial: https://aldm.co/336vmX3U”, dirección que no es del sitio de la entidad gubernamental. La ciudadana tampoco estaba esperando ningún paquete.

Ante esto, la entidad recalca que “Correos El Salvador nunca te enviará un link solicitando que modifiques tu dirección de envío a través de un mensaje de texto en tu dispositivo móvil”.

Correos pide que “si recibes este tipo de mensajes pidiendo actualizar tus datos personales e ingresar tarjetas de crédito o débito. No lo hagas y denúncialo».

Y aclara a la población en general que “cualquier trámite con pagos por tarjeta y actualización de datos personales que deba hacer en Correos de El Salvador deberá realizarlo de manera presencial en sus oficinas postales o en atención al cliente, ya que no ofrece opciones de pago o modificación de datos en línea”.

La entidad pide a la población tener cautela con lo que recibe en sus cuentas móviles y no entrar a ningún vínculo o dirección en línea que parezca sospechosa.

La Cu00e1mara Ambiental de Santa Tecla, en La Libertad instalu00f3 este miércoles la audiencia probatoria en contra del exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia de la Repu00fablica en la administraciu00f3n Funes, David Marciano Rivas, por el supuesto enriquecimiento ilícito de mu00e1s de $308 mil.

Durante la audiencia se pretende conocer las pruebas recabadas por la Fiscalu00eda General de la Repu00fablica (FGR) y de la defensa, que sustentan las alegaciones de cada una de las partes.

El Ministerio Pu00fablico acusa a David Rivas y a su grupo familiar por un monto de $308,352.08, de los cuales se le cuestionan $265.055.49 al exsecretario de la Presidencia

por cinco irregularidades que no logru00f3 justificar ante la Secciu00f3n de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, y que corresponden a deu00e9positos bancarios a cuenta corriente, de ahorro, pagos de tarjetas de cru00e9dito, diferencia negativa entres sus ingresos y gastos.

En el caso de su excu00f3nyuge, Maru00eda Auxiliadora Mu00e9ndez de Beltru00e1n de Rivas, la Fiscalu00eda le acusa por $31,496.59, por seis irregularidades, como deu00e9positos bancarios, adquisiciu00f3n de vehu00edculos, y pago de tarjetas de cru00e9ditos.

A su hijo, David Alejandro Rivas Mu00e9ndez, se le demanda por cinco irregularidades que suman $11,700 por no justificar conceptos a deu00e9positos bancarios realizados en efectivo.

La Fiscalu00eda busca que los magistrados declaren el enriquecimiento ilícito y lo inhabiliten para cargos pu00fablicos por 10 au00f1os.

En noviembre de 2024, el exsecretario de comunicaciones fue condenado a ocho años de cu00e1rcel por el delito de lavado de dinero, en el caso penal conocido como «Saqueo Pu00fablico«, donde se procesu00f3 a otras nueve personas por el desvu00edo de $351 millones de la Cuenta Subsidiaria del Tesoro Pu00fablico de Casa Presidencial a cuentas externas.

El Comitu00e9 de Familiares de Presas y Presos Polu00edticos de El Salvador (Cofappes) sostiene que la condena que recibu00ed el exfuncioario es “una clara muestra de la judicializaciu00f3n de la polu00edtica donde se hace uso utilitario de las instituciones e impulsan el desprestigio por medios afines al ru00e9gimen que gobierna”.

Ante el proceso civil que enfrenta Rivas, la organizaciu00f3n hace el llamado a los magistrados a que hagan una valoraciu00f3n objetiva, sin presiones, de la prueba y declaren la inexistencia del delito que se le acusa.

David Marciano Rivas fungiu00f3 como secretario de comunicaciones de la Presidencia de la Repu00fablica entre el 1 de junio del 2009 al 31 de mayo del 2014 en el periodo del expresidente Mauricio Funes.

Agentes de la Policía de Tránsito detuvieron durante la madrugada de este miércoles a un conductor de un vehículo, del cual no fue revelado su nombre, debido a que chocó contra los separadores de la calle del Paseo General Escalón del distrito de San Salvador.

El hecho fue captado a través del sistema de videovigilancia “Sivar Seguro”, quienes mostraron cómo el conductor se dirige desde el redondel Masferrer hasta plaza Las Américas, a la altura de un semáforo. Posteriormente, impactó levemente contra los separadores y terminó encima de ellos con su vehículo.

Tras el hecho, al conductor le realizaron una prueba de alcohotest y registró 295 miligramos sobre decilitros de alcohol en aire espirado, por lo que enfrentará un proceso penal por el delito de conducción peligrosa, detalló en su cuenta de la red social X el Viceministerio de Transporte (VMT) en respuesta al video.

Este no ha sido el único hecho captado por la sistema de videovigilancia de la alcaldía de San Salvador Centro, ya que en la mañana del martes, un grave accidente de tránsito se registró en la alameda Juan Pablo II, en San Salvador, cuando un motociclista perdió la vida tras chocar contra los separadores del carril exclusivo del Sitramss.

El hecho ocurrió luego de que el conductor atropellara a un peatón que cruzaba la vía.

De acuerdo con los socorristas, el motociclista no tenía el casco correctamente abrochado, por lo que este salió despedido tras el impacto, dejando su cabeza expuesta al golpe contra los separadores.

Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, del primero de enero hasta el lunes 10 de marzo las autoridades capturaron a 434 personas por el delito de conducción peligrosa, dos menos que en 2024, según su comparativa.

La madrugada de este miércoles, las cámaras del Sistema de Videovigilancia Sívar Seguro captaron el momento en el que un vehículo chocó contra los separadores del Paseo General Escalón, Zona 3 del Distrito Capital. pic.twitter.com/YI8f3G6VJK

— Prensa San Salvador Centro (@PrensaAMSSC) March 12, 2025

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este martes ante el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador una solicitud de imposición de medidas contra un grupo de personas, acusados de comercializar terrenos de forma ilegal en San Juan Opico, La Libertad.

La solicitud va dirigida en contra de 29 personas, 25 presentes y cuatro ausentes, a quienes se les acusa por los delitos de agrupaciones ilícitas, usurpación de inmueble, ejercicio Ilegal de la profesión, comercialización irregular de lotificaciones y parcelaciones, limitación ilegal a la circulación.

Los detenidos son integrantes de la comunidad Hacienda La Floresta, en San Juan Opico, La Libertad y según la investigación de la Fiscalía, intentaban vender lotes a «personas de escasos recursos» por montos de entre $100 y $200.

El Ministerio Público sostiene que la estructura estaba conformada por abogados y organizaciones sin fines de lucro e inexistentes quienes “promueven la invasión a inmuebles, prometiendo a las víctimas que a futuro serían dueños de los terrenos, con esa falsa promesa, varias personas entregaron distintas sumas de dinero.”

Según señalaron, los hechos iniciaron en el año 2014 y se mantuvieron hasta el presente año, cuando un grupo de personas despojó a los dueños de una hacienda de San Juan Opico.

“Posteriormente al realizar intentos de volver a ingresar al inmueble estas personas limitan la circulación de cualquier individuo que intente ingresar, ya sea ante la fuerza física o con armas blancas”, dijo el fiscal del caso.

Entre los acusados se encuentra el activista de la Unidad para la Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), Fidel Zavala, quien fue detenido el pasado 25 de febrero por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y elementos de la Fiscalía.

La Fiscalía aseguró que cuenta con amplio margen probatorio del caso, por lo que ha solicitado que los imputados se mantengan en detención provisional y continúen las investigaciones.

Amparos

Ayer, Unidehc junto a otras organizaciones sociales presentaron ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) 25 demandas de amparo por la presunta violación de derechos humanos en contra del vocero de Unidehc y de los habitantes de la comunidad La Floresta.

Asimismo, la organización presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud para otorgar medidas cautelares a favor de Fidel Zavala por posibles represalias debido a las denuncias que realizó en 2024, tras 13 meses de prisión por ser acusado de estafa.

La abogada de Unidehc, Ivania Cruz, dio a conocer el allanamiento en la vivienda de la familia de Fidel Zavala, así como otro operativo en su vivienda, en la que se encontraba su madre.