Categoría: Nacionales

  • Esperan tormentas en la tarde de este miércoles

    Esperan tormentas en la tarde de este miércoles

    Durante el período de transición al invierno, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales espera que este miércoles en la tarde se desarrollen tormentas en la franja norte del país y la cordillera volcánica, especialmente en el centro y occidente.

    Esta nubosidad y lluvia persistirá hasta la noche en Santa Ana y Ahuachapán donde habrá precipitaciones puntuales, según el pronóstico de este día.

    Estas lluvias son producto de una vaguada cercana a Centroamérica, es decir, una zona de baja presión atmosférica.

    Las lluvias caídas la noche del martes durante algunas zonas del país posibilitaron una madrugada fresca pero mantendrán cálidas las temperaturas diurnas, regresando a condiciones de frescura hasta la noche.

    Las temperaturas del día oscilarán desde los 38 grados Celsius en La Unión, uno menos en San Miguel, mientras que 36 grados en Nueva Concepción, La Libertad, y Acajutla.

    Santa Ana tendrá 35 grados y San Salvador 34, temperaturas bastante calurosas para estas dos últimas regiones.

  • Piden investigar abortos y violaciones contra reas durante el régimen

    Piden investigar abortos y violaciones contra reas durante el régimen

    Una solicitud de investigar casos de aborto y violaciones al interior de los centros penales, fue presentada el martes por la abogada Jayme Magaña.

    La abogada Jayme Magaña, presentó el aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR) por estos hechos, los cuales han sido registrados en el centro penal de Izalco y el centro penitenciario de Apanteos.

    Magaña solicitó que la FGR «comience a investigar de oficio cuáles son las situaciones que están afrontando dentro de los diferentes centros penales, que investigue a través de Medicina Legal si han salido embarazadas, si han perdido productos o fetos, a partir de cuándo y que se investigue desde la época en la que la mujer fue detenida en los diferentes centros penitenciarios a la fecha».

    Magaña señala que los embarazos se dan en un periodo en el que las visitas de las parejas no están permitidas debido al régimen de excepción, aprobado por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022.

    «No es posible que una mujer que tiene más de tres años de estar detenida esté dando a luz a estas alturas porque no hay visitas de la pareja, no hay visitas de otro tipo, los únicos hombres que entran ahí son los custodios y es necesario saber qué es lo que está sucediendo», aseguró Magaña, quien también presento la denuncia por homicidio culposo por la muerte de la bebé Génesis, recluida junto a su madre en la granja penitenciaria de Izalco.

    Señalan a custodios y reos de violaciones

    El pasado 14 de abril la abogada Ingrid Escobar, integrante de Socorro Jurídico, aseguró que una mujer que era representada por la organización y que recobró su libertad, les alertó de violaciones al interior de los centros penales.

    «En Apanteos hay custodios y hombres condenados que abusan de las mujeres internas procesadas», manifestó Escobar durante la entrevista Encuentro del extinto canal TVX.

    «Les dicen que desnudas en un pasillo salgan a hacer limpieza (…) los custodios y los penados en Apanteos se masturban viendo a las mujeres haciendo limpieza en ese pasillo y posteriormente las violan sexualmente», manifestó la abogada de Socorro Jurídico.

    Escobar aseguró en dicha ocasión que los abusos se daban tanto en centros penales como en bartolinas.

  • Denuncian a instituciones y piden a Fiscalía investigar muerte de la bebé Génesis durante el régimen de excepción

    Denuncian a instituciones y piden a Fiscalía investigar muerte de la bebé Génesis durante el régimen de excepción

    La abogada Jayme Magaña, presentó este martes una denuncia ante la sede de la Fiscalía General de Santa Ana por incumplimiento de deberes, en contra de diferentes instituciones gubernamentales por «la muerte de la bebé Génesis», durante el régimen de excepción.

    El Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA), la granja penitenciaria de Izalco, entre otras instituciones, son las entidades que pide se investiguen por su accionar en el caso de la menor.

    «Este día en la Fiscalía de Santa Ana vamos a presentar una denuncia por incumplimiento de deberes en contra del Conapina, de la granja penitenciaria de Izalco y de otras instituciones por la muerte de esta bebé Génesis, y por esta haber sido detenida y llevada a la granja de Izalco sin el debido proceso», señaló la abogada Magaña.

    «Génesis permaneció recluida en la granja penitenciaria de Izalco junto a su madre, Selena Aguilar,», recinto del que salió por complicaciones de salud para ser atendida en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom.

    La bebé, de acuerdo con el informe del hospital, murió el 17 de mayo de 2023 debido a una neumonía atípica, sin embargo, la abogada señaló que sospechan que el deceso se debió a que «habría adquirido tuberculosis en el centro penal.»

    Señalan detención arbitraria

    Además de la investigación por la muerte de Génesis, la abogada Jayme Magaña, de la iniciativa Alas por la Libertad aseguró que «denunciarán la ‘detención ilegal y arbitraria’ de Selena Aguilar, » al manifestar que las autoridades no han comprobado que sea miembro de pandillas, motivo por el cual fue encarcelada.

    «Vamos a denunciar en Fiscalía que Selena continúa en detención ilegal y arbitraria después de casi tres años, «no existiendo a esta fecha ningún tipo de pruebas que puedan establecer que ella es miembro de maras o pandillas», dijo la abogada.

    La denuncia pretende establecer que pese a que su madre se encontraba detenida, «la menor contaba con un grupo familiar ‘que pudo haberla apoyado afuera’», por lo que solicitarán que las autoridades establezcan «cuáles fueron las razones por las cuáles se llevaron a Génesis sin el debido proceso ante el Conapina.»

    Magaña también anunció que pedirán investigar los casos de abuso en contra de otras mujeres que se encuentran detenidas en los centros penales.

  • Guardavidas recuperaron al menos siete cadáveres en primer trimestre de 2025

    Guardavidas recuperaron al menos siete cadáveres en primer trimestre de 2025

    El equipo de guardavidas de la Dirección General de Protección Civil recuperó al menos siete cadáveres en el primer trimestre de 2025, según un informe del Ministerio de Gobernación.

    El documento, divulgado a finales de abril, revela que en enero los guardavidas recuperaron el cadáver de un hombre mayor de 18 años.

    En febrero, se volvió a recuperar a un hombre mayor de 18 años. La cifra despuntó en marzo, cuando cinco personas se ahogaron y fueron localizadas por las autoridades.

    Según el Ministerio de Gobernación, en el tercer mes del año se rescató a cinco hombres, uno de estos menor de edad.

    Este grupo de rescatistas ejecutó 13 rescates simples y 119 profundos en el primer trimestre de 2025.

    Además, realizaron la búsqueda de 11 niños y seis adultos perdidos.

    Los guardavidas también atendieron a 44 personas lesionadas con objetos corto punzantes y contundentes. En las atenciones también hay tres lesionados por picaduras y siete fracturados.

    Durante las vacaciones

    Durante el periodo vacacional de Semana Santa, Protección Civil confirmó que solo en ese período se reportaron siete personas fallecidas por inmersión.

    En su momento, el director de Protección Civil, Luis Amaya, dijo que uno de los fallecidos por inmersión murió en una piscina, dos en ríos y tres en lagos.

    El personal de la institución también atendió 125 rescates acuáticos simples y 115 profundos.

    Protección Civil también confirmó el fallecimiento de 30 personas en accidentes de tránsito.

    En la lista de atenciones también hubo 294 incendios en maleza seca, 29 en zonas forestales, 37 estructurales y 15 en basureros.

  • Familiares y amigos despiden a transportista de Seisabus que murió detenido

    Familiares y amigos despiden a transportista de Seisabus que murió detenido

    Familiares, amigos y compañeros de trabajo despidieron, este martes, a José Roberto Jaco Carranza, empresario de Seisabus, quien fue detenido la semana pasada por presuntamente negarse a prestar el servicio de transporte gratuito, durante el cierre de Los Chorros.

    El cuerpo del transportista fue velado la noche del lunes en Lomas del Tecana, en Santa Ana, donde se reunieron decenas de personas y lamentaron su repentina muerte.

    Este martes, sus seres queridos partieron a la Iglesia El Carmen, donde se brindó una misa de cuerpo presente para honrar su memoria.

    Sus restos fueron enterrados en el Cementerio Parque Jardín Las Flores, ubicado en la misma ciudad santaneca, y previo a ello, una caravana de unidades de transporte colectivo de la empresa Seisabus y vehículos particulares, participaron en el cortejo fúnebre como muestra de respeto y reconocimiento a su labor.

    Jaco era el encargado de las rutas de buses de la 201, que conduce de Santa Ana a San Salvador y de la ruta 50, que transita del centro de Santa Ana al Congo.

    La muerte de Roberto Jaco fue anunciada por la Mesa Nacional de Transporte, la mañana del lunes, quien era uno de los 16 transportistas detenidos la semana pasada, luego que el presidente Nayib Bukele ordenara a la Policía Nacional Civil (PNC) capturar a los transportistas que se negarían a brindar el servicio de transporte colectivo gratis del 5 al 11 de mayo, por el cierre de la carretera Panamericana, en el tramo de Los Chorros.

    Según mencionó el vocero de la Mesa Nacional de Transporte, Luis Regalado, el empresario de Seisabus fue de los últimos transportistas detenidos y padecía de una complicación de salud que requería un tratamiento permanente, y que pudo ser la causa de fallecimiento. Sin embargo, desconocen de la causa de muerte.

    Durante la semana de servicio gratuito se detuvieron al menos a 16 transportistas, pero la Policía Nacional Civil sólo publicó los nombres de 12 empresarios:

    Genaro Ramírez de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS).

    José Alejandro Arriaza, quien es vicepresidente de la ruta 202 de Ahuachapán.

    Alexander Sorto, presidente de la Mesa Nacional de Transporte y empresario de la ruta 205 de Sonsonate,

    Nelson David Moreno, de la ruta 79.

    Abel Reina, empresario de la ruta 125 y 140 de San Martín.

    Napoleón Humberto Cárcamo López, empresario de la ruta 38, de Apopa.

    Ángel Monroy Cabrera, empresario de la ruta 38-D, de Apopa.

    Rutilio Guardado Ferrer, empresario de la ruta 49, de Soyapango.

    José Roberto Cuéllar Parada, empresario de la ruta 41-D, de Soyapango.

    Wuillian Ricardo Flores Escobar, empresario de la ruta 54, de La Unión.

    Nelson Saúl Villalta Platero, de él la Policía no indicó de qué ruta ni lugar es empresario, pero la Mesa Nacional de Transporte dijo que era de la ruta 29, Acopac.

    Julio Ovestes Mirón Escobar, quien es empresario de las rutas 47 y 48.

    Tras las primeras capturas el presidente Bukele arremetió en contra de los empresarios del transporte colectivo y advirtió que de seguir afectando al pueblo enfrentarían consecuencias. Posteriormente, informó que pagaron $12 millones a los transportistas por un acuerdo entre ellos para brindar el servicio de buses y microbuses gratis durante la semana pasada.

    La carretera Panamericana, en el tramo de Los Chorros permaneció cerrada durante dos semanas, luego que un talud cayera la madrugada del 29 de abril, inhabilitando ambos tramos de la carretera que llevó al caos vehicular en zonas aledañas. El paso fue habilitado la noche del domingo 11 de mayo.

    Durante el cierre de Los Chorros, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez dijo que en el tramo hay siete taludes que necesitan ser intervenidos y que su principal misión es bajar la verticalidad e inclinarlos entre 45 y 50 grados para evitar más derrumbes.

  • Pandillero de la MS condenado a 79 años de cárcel por extorsión

    Pandillero de la MS condenado a 79 años de cárcel por extorsión

    El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel condenó a 79 años de prisión a Alex Okely Romero, por los delitos de extorsión y agrupaciones ilícitas.

    El sujeto quien fue perfilado como pandillero de la Mara Salvatrucha (MS13) exigía dinero a comerciantes y transportistas del oriente del país.

    «Las víctimas de este sujeto eran comerciantes y transportistas del oriente de país. Desde el 2003 hasta el 2013, Romero les exigía el pago de distintas cantidades de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas», dijo la Fiscalía General de la República (FGR) en su cuenta de X.

    Durante la investigación también se comprobó que el dinero obtenido de forma ilícita por Romero, era enviado a diferentes centros penales, para ser entregado por colaboradores a otros pandilleros.

    «La @FGR_SV comprobó que el dinero de estas extorsiones ingresaba a distintos centros penales como el de Ciudad Barrios, Tonacatepeque y Chalatenango, utilizando a familiares para entregarles dinero y también utilizaban colaboradores de la pandilla quienes escondían dinero en sus partes íntimas, para luego entregárselos a los pandilleros de rango superior», aseguró la Fiscalía.

  • Condenan a un hombre a más de 26 años de cárcel por violar a una menor

    Condenan a un hombre a más de 26 años de cárcel por violar a una menor

    Un hombre identificado como Juan Carlos Rodríguez Guevara fue condenado a 26 años y ocho meses de cárcel, por el delito de violación en menor o incapaz agravada continuada.

    La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que el sujeto cometió las violaciones entre 2017 y 2019 en San Pablo Tacachico, La Libertad Norte, en contra de una niña de 11 años, aprovechándose que la madre de salía a trabajar.

    «Guevara aprovechaba que la mamá de la niña salía a trabajar para violarla, la maltrataba física, emocionalmente y la amenazaba con hacerle daño a su familia si contaba lo sucedido», dijo la FGR sobre el caso en su cuenta de X.

    La investigación determinó que Rodríguez Guevara también se aprovechó de la ausencia de la madre debido a que se encontraba hospitalizada porque había dado a luz.

    «La hermana mayor de la niña se enteró de los maltratos que sufría y decidió sacarla de ese lugar e inmediatamente interpusieron la denuncia», dijo la Fiscalía.

  • Habitantes de la comunidad El Bosque denuncian capturas del líder comunitario y abogado del Foro del Agua

    Habitantes de la comunidad El Bosque denuncian capturas del líder comunitario y abogado del Foro del Agua

    Organizaciones de derechos humanos junto a habitantes de la

    comunidad El Bosque, en el cantón El Triunfo, Santa Tecla, La Libertad denunciaron, este martes, las capturas de su líder comunitario José Ángel Pérez y del abogado del Foro del Agua, Alejandro Henríquez, luego que participaran en una manifestación por el aviso de desalojo de tierras de dicha comunidad.

    “Lamentablemente, el hecho de que la gente se haya manifestado por esto el día de ayer ha tenido como consecuencia la captura arbitraria de dos miembros de la comunidad, Ángel Pérez, pastor, defensor de derechos humanos y esta mañana (de) Alejandro Henríquez, un abogado de derechos humanos y representante de Reverdes que acaba de ser capturados”.
    Ingrid Escobar
    Directora de Socorro Jurídico Humanitario.

    El líder de la comunidad Ángel Pérez fue detenido la noche del lunes, mientras se realizaba la concentración frente al centro comercial Las Piletas y de la residencial Los Sueños, donde vive el presidente, Nayib Bukele luego de conocer la orden de desalojo de 300 familias para el próximo 22 de mayo de 2025, ordenado por el Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla.

    Mientras que el abogado Alejandro Henríquez fue detenido esta mañana en la afueras de las instalaciones del Foro del Agua, en la colonia Miramonte de San Salvador.

    De acuerdo con la vocera de Socorro Jurídico, a Pérez y Henríquez los acusaron del delito de desórdenes públicos. En el lugar, mencionó que resultaron lesionados otros dos habitantes identificados como Adolfo Castro y Ernesto Alemán.

    Aglutinados frente a la delegación de la Policía Nacional Civil de Santa Tecla, La Libertad, los habitantes denunciaron que durante la manifestación elementos de la Policía Nacional Civil los atacaron a golpes y con gas pimienta.

    Los habitantes de la comunidad El Bosque indicaron que su único objetivo en la manifestación del lunes era encontrar el respaldo del presidente Bukele./ Dania Quehl.

    “Fuimos violentados no haciendo actos delictivos, sino que simplemente estábamos anunciando nuestra gran desgracia que por otras personas estamos en peligro que nos saquen a la fuerza y no es justo”, dijo uno de los habitantes identificado como Cristofer Toledo.

    Otra de las personas que participó en la manifestación pacífica fue María, de 72 años de edad, explicó que el propósito de la actividad era buscar ayuda del presidente Bukele para no perder sus viviendas, sin embargo, dijo que fueron atacados por los agentes policiales.

    «Fuimos golpeados, yo soy una de ellas, mi canilla (sic) la tengo hinchada y las costillas también porque cuando no quería caminar a golpes me llevaron. Se llevaron al pastor de la iglesia (Ángel López) porque nosotros pacíficamente estábamos en ese lugar. A los niños les echaron gas pimienta y a nosotros también nos sacaron a puros golpes. A los hermanos (capturados) los han golpeado y a puro golpes se los han llevado”.
    María,
    Mujer de 72 años que participó en la manifestación.

    La mujer agregó: “¿Cuál es el apoyo que vamos a recibir del presidente? si cuando nosotros esperamos una respuesta digna en el cual él nos apoyaba para rescatar nuestras viviendas y manda fuerza militares a echarnos gas pimienta como si fuéramos criminales”.

    A ella se sumó otra habitante identificada como Lisbeth, quien lamentó dicha situación y teme por su familia y de sus vecinos, quienes de cumplirse la orden de desalojo no tendrían otro lugar para vivir.

    “Necesitamos ayuda, niños sin escuelas, tantos niños que han pedido ayuda y nunca se nos pone a nosotros los pobres a alguien que nos defienda, eso duele porque todos los niños tienen derecho a una vivienda digna. Hay mujeres con niños pequeños que fueron amedrentados, fue una cosa muy fea y no tenemos para donde irnos, son 300 familias sin hogar”, expresó la mujer.

    Ante los hechos, Socorro Jurídico y el Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora condenaron el abuso de autoridad en contra de las 300 familias de la comunidad El Bosque en contra de su derecho de manifestación.

    “Fueron reprimidas por la UMO (Unidad de Mantenimiento del Orden) de la PNC (Policía Nacional Civil). Demandamos la libertad de integridad de los líderes comunitarios”, expresó Silvia Navarrete, del Movimiento de la Clase Trabajadora.

    El Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla, La Libertad ordenó el desalojo de las tierras donde al menos 300 habitan en el lugar y que temen perder sus viviendas.

  • Condenan a más de una decena pandilleros hasta 155 años de prisión

    Condenan a más de una decena pandilleros hasta 155 años de prisión

    El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel condenó a once pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) hasta 155 años de prisión.

    La Fiscalía General de la República (FGR) dijo en un comunicado que los hombres son miembros de la clica Coronados Little Syco Locos Salvatruchos de la MS-13.

    “Los hechos ocurrieron entre el 2015 y 2017 en el distrito de El Divisadero, Morazán, distritos San José de La Fuente, Bolívar y otros de La Unión, así como en la colonia 15 de Septiembre de la ciudad de San Miguel”, indicó la Fiscalía en su publicación.

    Pablo Edgardo López fue condenado a 155 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado.

    Entre las condenas también está la de David Antonio Martínez, quien recibió 130 años de cárcel por homicidio agravado y proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado.

    Por este mismo delito fue condenado José Inmar Aguilera Chavez a 40 años de prisión.

    Bryan Josué Linares recibió 70 años de cárcel por homicidio agravado y proposición y conspiración en el delito de extorsión agravada.

    En la lista también está Santos Ismael Saravia, condenado por homicidio agravado a 60 años de cárcel.

    Delitos cometidos

    La FGR dijo que a esta estructura se le acusa de cometer cuatro homicidios agravados, cuatro actos de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, y un caso de proposición y conspiración por cometer extorsión agravada.

    Entre las víctimas está un taxista que fue asesinado el 24 de noviembre de 2016 en la colonia 15 de Septiembre, en el distrito de San Miguel, San Miguel Centro.

    Las investigaciones fiscales apuntan a que fue el hermano de la víctima el que ordenó, desde un centro penal, que este fuera asesinado por no enviarle dinero producto de actividades ilícitas.

    El homicidio se concretó disfrazado de robo por tres pandilleros de la zona, quienes le dispararon al taxista.

    Según la FGR, nueve imputados fueron condenados presentes y dos en rebeldía.

    Condenas

    Esta no es la primera vez que estos hombres son condenados por algún delito.

    En octubre de 2022, la Fiscalía aseguró que Pablo Edgar López fue condenado a 274 años de cárcel por organizaciones terroristas, homicidio agravado y extorsión. Al menos con esta otra condena ya acumula 429 años de prisión.

    David Antonio Martínez recibió una pena en ese momento de 274 años de cárcel por el Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel, y con esta segunda condena ya acumularía 404 años de cárcel.

    Por su parte, Inmar Aguilera obtuvo 23 años de prisión y Linares ocho años. Hace tres años, Santos Ismael Saravia fue sentenciado a 57 años de cárcel.

  • Gobierno entregó más de $25 millones a la UES y salda deuda

    Gobierno entregó más de $25 millones a la UES y salda deuda

    La Universidad de El Salvador (UES) recibió todo el dinero adeudado por parte del gobierno salvadoreño, confirmó este martes el rector de la institución, Juan Rosa Quintanilla a través de un video publicado por la Red Salvadoreña de Medios (RSM).

    Rosa Quintanilla dijo a RSM que desde el 8 de mayo el gobierno decidió dejar “a cero” la deuda que mantuvo con el alma mater durante los últimos años.

    El catedrático explicó que, en primera instancia, se entregaron $11.4 millones correspondientes a la deuda de 2024.

    “Dos o tres días después se nos informaba de que se iba a saldar la deuda pendiente de 2025 que eran $14.3 millones”, añadió el rector.

    El rector dijo que parte del dinero desembolsado será utilizado para solventar el pago a los proveedores.

    Los retrasos en el pago del presupuesto de la UES ascendieron a $30 millones en febrero de 2025, cuando, según las autoridades universitarias, se adeudó dinero correspondiente a 2023, 2024 y 2025.

    En ese momento, el rector de la universidad aseguró que el último desembolso se había efectuado entre enero y febrero de este año, correspondiente a $2 millones.

    Durante los primeros días de abril la deuda se redujo a $28 millones, de los cuales $12 millones era deuda del 2025 y el resto correspondió a dinero que se tuvo que haber depositado el año pasado.

    Pese a los retrasos el gobierno no volvió a replicar la situación de 2024, cuando el pico de la deuda subió a $56 millones.

    A inicios del año, el gobierno salvadoreño llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por $1,400 millones, la semana anterior, el presidente Nayib Bukele reiteraba que pagarían $1,000 millones que adeudaban a los proveedores gubernamentales.

    Medidas

    En medio de la falta de pago presupuestario, la UES decidió ejecutar una política de ahorro que suspendió los planes de compras con fondos generales.

    Rosa Quintanilla dijo están expectantes si la dinámica de desembolsos continúa de la forma en como la programación de ejecución presupuestaria lo dicta.

    La UES aseguró que garantizará que se inviertan los recursos en equipamiento para laboratorios informáticos y especializados, así como en el mantenimiento preventivo de los vehículos con los que cuenta la universidad y de la infraestructura que ya haya cumplido su vida útil.

    “Nosotros no vamos a desmontar lo que hemos considerado como medidas que nos han permitido mantenernos a flote”, indicó Rosa Quintanilla.

    El rector reiteró que la política de ahorro se mantendrá en los próximos meses, aunque espera que los pagos lleguen a tiempo.