La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla, La Libertad resolvió este viernes en una audiencia preparatoria admitir las pruebas en contra del exdiputado del FMLN, Guillermo Francisco Mata Bennett y su familia, quienes son acusados de enriquecimiento ilícito por más de $271 mil.
En la audiencia, se determinó aceptar en la totalidad las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y se ordenó la realización de un peritaje financiero – contable, con el propósito de que se analicen las irregularidades en el patrimonio de los imputados, planteadas por la Fiscalía.
El Ministerio Público demandó a Mata Bennett y sus dos hijos por 15 irregularidades encontradas en sus declaraciones patrimoniales relacionadas a depósitos bancarios en efectivo, pago de préstamos hipotecarios, pago de tarjetas de crédito y compras de vehículos.
Según un informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se identificó un aumento injustificado de $271,313.75 en el patrimonio de Mata Bennett y su familia.
De acuerdo con la acusación, el exdiputado del FMLN no pudo justificar el incremento de su patrimonio por una cantidad de $13,270, durante los períodos comprendidos entre el 1 de mayo de 2012 y el 30 de abril de 2015, y entre el 1 de mayo de 2015 y el 30 de abril de 2018.
De igual forma, se procesa a sus hijos Guillermo Eduardo Mata Mayorga y Jorge Alberto Mata Mayorga, a quienes se les solicita que justifiquen las sumas de $251,685.80 y $6,357.85, respectivamente.
En total, a Mata Bennett y su grupo familiar se le demanda por un total de $271,313.75, monto que la Fiscalía solicitó que sea retribuido al Estado salvadoreño.
En ese sentido, se establece que una vez finalice la elaboración del peritaje ordenado, se programará la audiencia probatoria, en la que se analizarán las pruebas y se determinará la responsabilidad de los involucrados.
La FGR solicita que de comprobarse el delito de enriquecimiento ilícito, se ordene al exdiputado la devolución de los fondos al Estado y se inhabilite para ocupar cargos públicos por un período de 10 años.
