Categoría: Politica

  • Hacienda pide reforzar con $359.93 millones de deuda y excedentes a funcionamiento de 15 instituciones

    Hacienda pide reforzar con $359.93 millones de deuda y excedentes a funcionamiento de 15 instituciones

    El Ministerio de Hacienda entregó el martes un proyecto decreto de tres páginas para reformar el preuspuesto general del Estado de 2025, incorporando un total de $359,930,000 de recursos obtenidos de deuda y de impuestos para distribuirlos entre 15 instituciones.

    Un total de $150 millones provienen de una colocación de títulos autorizada el 22 de mayo de 2024 por hasta $1,500 millones –el resto de la emisión ya fue incorporado al presupuesto 2024– y $209.93 millones provienen de excedentes de ingresos.

    Hacienda atribuyó los $209.93 millones de excedentes a octubre de 2025 a “la eficiencia administrativa en la recaudación tributaria, complementado con la continuidad del Plan Antievasión y el Plan Anticontrabando, la facturación electrónica”, “el repunte en el dinamismo de la economía”.

    El proyecto detalla que las instituciones “tienen diferentes necesidades de gastos de funcionamiento”. No detalla más el gasto de cada institución.

    La mayor parte de los fondos irían a a Educación, $116 millones; Obras Públicas, $57.5 millones; Seguridad, $48.5 millones; Salud, $38.73 millones; Defensa, $37.4 millones; Agricultura, $20 millones; Gobernación, $16 millones; Fiscalía, $11.4 millones; Turismo, $4.13 millones; y Cultura, $3.8 millones. También dan fondos a Cancillería, procuradurías, Trabajo y Tribunal Supremo Electoral.

    “Tales modificaciones tienen lugar, habida cuenta que en la actualidad varias instituciones del sector público tienen diferentes necesidades de gastos de funcionamiento por los montos que se relacionan en el citado proyecto de decreto y que han surgido durante la ejecución del presente ejercicio financiero fiscal de 2025″. Adolfo Muñoz, secretario jurídico de la Presidencia en carta a Hacienda.

    El Gobierno argumentó que es «necesario brindarles el apoyo financiero para poder cumplir con los objetivos y metas institucionales”. La Asamblea Legislativa recibió la petición a las 10:22 a.m. del 11 de noviembre y fue conocida públicamente hasta que finalizó la sesión plenaria número 83, es decir, poco después de la 1:48 p.m.

    Los títulos en el mercado nacional

    El proyecto de decreto detalla que $150 millones del refuerzo presupuestario para las 15 instituciones en el presupuesto de 2025 se originan de títulos valores “colocados en el mercado nacional”.

    La emisión de títulos valores, según el decreto 20 publicado en el Diario Oficial del 23 de mayo de 2024 indicaba que estos fondos podían utilizarse en “necesidades generales del presupuesto” o “financiación de operaciones de manejo de pasivos”, “refuerzos y acciones del gobierno en la mejora de las condiciones sociales, medioambientales o económicas de la población”.

    Según el proyecto, de la emisión de títulos, $1,200 millones fueron incorporados en el presupuesto 2024 el 26 de septiembre de 2024, decreto publicado la misma fecha; y $149.625 millones fueron incorporados el 16 de octubre de 2025.

  • Extenderían un año el plazo para que TSE liquide presupuesto de electoral 2024

    Extenderían un año el plazo para que TSE liquide presupuesto de electoral 2024

    El Ministerio de Hacienda ha solicitado que se extienda por un año más la fecha límite para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) liquide los presupuestos de las elecciones generales de 2024, tanto el presupuesto para el voto nacional como el que financió el voto en el extranjero.

    El 31 de diciembre de 2024 venció el plazo para que el TSE presente la liquidación del presupuesto pero, según Hacienda, hay actividades del presupuesto electoral que aún no han sido ejecutadas en su totalidad.

    “Dado que dichas actividades son indispensables para el cumplimiento de los objetivos que fueron previstos para dicho presupuesto, se hace necesario establecer una reforma”, indica el proyecto de decreto.

    La extensión del periodo hasta el 31 de diciembre de 2025. Luego de la liquidación del presupuesto, el remanente debería ser integrado al Fondo General del Estado.

    El TSE dispuso de $129,431,881 millones para las elecciones generales de 2024; en julio de 2024, fuentes del TSE informaron que gastó $89,431,881, de los cuales usó $57,418,962.74 para el voto nacional y $32,012,918.23 para el voto electrónico en el extranjero.

    El “Presupuesto especial extraordinario para el evento electoral 2024” para la elección de presidente, vicepresidente, diputados de Asamblea Legislativa y Parlamento Centroamericano (Parlacen) y concejos municipales tuvo un monto de $70,250,480, de los cuales $24.3 millones se destinaron a remuneraciones y $43.2 millones a bienes y servicios.

    Mientras, el “Presupuesto especial extraordinario para el sufragio en el extranjero para el evento electoral 2024” ascendió a $59,066,690, de los cuales $1 millón se asignó a remuneraciones y $58 millones a bienes y servicios.

    Ambas leyes de presupuestos indicaban que debían liquidarse “a más tardar el 31 de diciembre de 2024”, lo que según la petición no se ha concretado.

  • Claudia Ortiz: «Una reforma de pensiones da para hacer un referéndum»

    Claudia Ortiz: «Una reforma de pensiones da para hacer un referéndum»

    La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos dice, que, aunque aún no se conocen los parámetros que el gobierno está tomando en cuenta para la propuesta de reforma de pensiones que deberá publicar en febrero, el proyecto debe ser discutido en la Asamblea Legislativa, consultado con la ciudadanía e incluso habla de un referéndum.

    “Va a ser hasta que tengamos el proyecto de Ley de Reforma de Pensiones que podamos saber cuáles van a ser los parámetros que se van a tocar… Cada uno de los impactos que toque, cada variable, tiene que discutirse, aquí, en la Asamblea Legislativa, y tiene que haber una discusión con la población. Una reforma de pensiones es un tema que da para hacer un referéndum, para que se le pregunte a la gente qué opina y que se le dé la información de qué pasa si se hace esta reforma”, asevera la diputada.

    Ortiz habló de los parámetros “más importantes” como la edad de jubilación ya que, si se sube, se cotiza más tiempo y entra más dinero al sistema; también, como la tasa de cotización, que, si se sube, también entra más dinero al sistema. Pero siempre hay consecuencias, consideró.

    “Podría haber un tipo de distorsión del mercado laboral, la gente joven va a tener, quizá, menos oportunidades de acceder a empleos o el costo de la vida; o más bien, el ingreso de la gente se vería afectado si tiene que cotizar más de lo que está cotizando actualmente, si las empresas también tienen que dar un aporte mayor”, son los temas que deben estudiarse, dijo.

    Pero la diputada de oposición tiene varias interrogantes, que considera el Estado debería responder:

    “La gran pregunta es qué va a hacer el Estado. ¿Va a dejar de tomar prestado el dinero de las pensiones? ¿Va a hacer público cuál es la situación de endeudamiento con pensiones que ha tomado el Estado? O vamos a seguir igual: todo el mundo pagando los costos, apretándose el cincho y tragándose la medicina amarga, mientras los que tienen el poder siguen sirviéndose con cuchara grande de los fondos de las pensiones”. Claudia Ortiz (Vamos).

    Para Ortiz, el estudio de la reforma de pensiones debe ser «a conciencia», ya que puede llegar a constituirse la llamada “medicina amarga” aunque, opina, se hubiese podido anticipar cuando se comenzaron las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el Acuerdo Ampliado del Fondo.

    “Es como la medicina amarga que nos anunciaron pero, si el Estado hubiese sido más responsable en las finanzas públicas, en 2021, cuando comenzaba la negociación con el Fondo Monetario Internacional, quizá si hubiese cedido en derogar la Ley Bitcoin, quizá las condiciones que el FMI ha puesto hubiesen sido menos duras”, señala.

    En julio, el Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó que el Estado de El Salvador debe reducir su «dependencia de los fondos de pensiones» como parte del acuerdo de $1,400 millones en busca de la estabilidad financiera del país cuando la deuda estatal de pensiones alcanzó los $10,789.19 millones.

    A finales de septiembre, la deuda total del Estado con el Fondo de Pensiones alcanzó los $11,070.62 millones según el Banco Central de Reserva (BCR) que cita cifras preliminares del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP).

    La publicación de la propuesta de reforma de pensiones se mantiene para el 10 de febrero de 2026. El estudio actuarial, que debió haberse publicado a finales de septiembre según el acuerdo con el FMI, no se ha publicado.

  • Inyectan $11 millones para personal y equipo de Telemedicina

    Inyectan $11 millones para personal y equipo de Telemedicina

    La Asamblea Legislativa aprobó, con 56 votos a favor, la incorporación de $11,097,000 al presupuesto del Hospital Nacional El Salvador para que ejecute el “Programa para la implementación de un sistema de telemedicina en El Salvador”, cuya plataforma lanzada por el Gobierno fue suspendida recientemente.

    El diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, leyó el dictamen favorable, que establece la petición del Ministro de Hacienda para que “se incorporen $11 millones de los Estados Unidos de América con el objeto de transferirlos al Hospital Nacional El Salvador, con el objeto de mejorar la eficiencia del sistema de Salud Pública y ampliar las coberturas de accesibilidad de las consultas médicas nacional”.

    El financiamiento es gracias a un préstamo de $77 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para el “Programa para la implementación de un sistema de telemedicina en El Salvador”.

    Los $11 millones se destinarán a la contratación de médicos, administrativos, operadores y desarrolladores de Telemedicina, almacenamiento en la nube y ampliación de conectividad en la red, consultorías sobre protocolos clínicos y logísticos “para la operación masiva del programa”.

    El programa está conformado por tres componentes:

    Infraestructura digital física y fortalecimiento de capacidades en telemedicina; dos, gestión del programa y tres, gastos financieros.

    “El objetivo del programa consiste en mejorar el acceso y cobertura en la atención de pacientes de El Salvador, mediante la mejora de la eficiencia de salud del sistema público a través de la implementación de una plataforma tecnológica y de recursos humanos que permita la plegación de la telemedicina”, explica el dictamen.

    Salud programó, para el ejercicio fiscal 2025, fondos por $35.7 millones para “Programa para la implementación de un sistema de telemedicina en El Salvador”.

    Con los $11 millones, el Hospital El Salvador tendrá que «contratar personal médico, administrativo, operadores y desarrolladores de la plataforma de Telemedicina, servicios de almacenamiento en la nube y ampliación de conectividad en la red, consultorías de apoyo en protocolos clínicos y logísticos, para la operación masiva del programa, también comprende la compra de mobiliario y equipo informático, así como gastos en auditoría externa”, leyó Soriano.

    El dictamen fue aprobado después de leído sin sugerencias ni observaciones de los diputados. Vamos votó en contra y los diputados de Arena no votaron.

  • Gobierno pide reforma permanente para pagar pensiones de Navidad desde el 20 de octubre de cada año

    Gobierno pide reforma permanente para pagar pensiones de Navidad desde el 20 de octubre de cada año

    El ministro de Trabajo, Rolando Castro, solicitó hoy reformar la Ley integral del sistema de pensiones y el decreto 140 que regula las pensiones alimenticias de los aguinaldos de los trabajadores obligados con el fin de que las pensiones de Navidad, incluyendo las alimenticias, se paguen entre el 20 de octubre.

    La fecha límite para pagar las pensiones de Navidad siempre sería el quinto día hábil de diciembre y la fecha límite para pagar las pensiones alimenticias adicionales de diciembre, el primer día de ese mes.

    Las propuestas de reforma pasarán a estudio de la Comisión de Hacienda, que se reúne los lunes para estudiar las solicitudes de reformas.

    El decreto aprobado el pasado 29 de octubre pasado solo aplicó para el año 2025.

    El decreto 440 de “Disposiciones especiales y transitorias relativas al pago de la pensión de Navidad y del beneficio adicional anual previsto en la Ley integral del sistema de pensiones, así como el pago de pensiones alimenticias establecido en el decreto legislativo número 140 de fecha 6 de noviembre de 1997” fue aprobada el 29 de octubre pero su carácter fue temporal o transitorio.

    Este decreto amplió la fecha de pago de ambos tipos de pensión desde la vigencia del decreto mismo sin modificar las fechas límites. El decreto 440 fue publicado en el Diario Oficial del 29 de octubre, iniciando su vigencia ese mismo día.

    El Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) y las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) hicieron efectivo el pago de las pensiones de Navidad el 31 de octubre.

    La Ley integral del sistema de pensiones autoriza el pago de una pensión de navidad equivalente a la mitad de la pensión y establece que era “pagadera en los primeros cinco días hábiles del mes de diciembre”.

    Este año, el Gobierno también pagó el 24 de octubre los aguinaldos en el Gobierno, luego de una reforma permanente al Código de Trabajo y a la Ley de compensación económica por servicios prestados en el sector público (que regula las bonificaciones en el Estado) que dejó el pago de los aguinaldos del 20 de octubre al 20 de diciembre.

  • Presupuestan fondos para alcantarillado y tratamiento de agua en playas de La Libertad

    Presupuestan fondos para alcantarillado y tratamiento de agua en playas de La Libertad

    El ramo de Obras Públicas contará con $344,917 para la construcción de un sistema de alcantarillado y una planta de tratamiento de aguas en playas de Tamanique, La Libertad Costa, luego de una reforma presupuestaria aprobada este martes con 57 votos de Nuevas Ideas y sus partidos aliados, PCN y PDC.

    Los fondos provienen de un préstamo, aprobado el pasado 25 de marzo, financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por un monto de $113.9 millones, para el «Programa Surf City Fase I».

    Ese préstamo fue aprobado por la Asamblea Legislativa con el “objetivo de mejorar las condiciones de movilidad urbana, turística y logística y la gestión de los recursos naturales a través del saneamiento básico de aguas residuales en el corredor de la Carretera Litoral (CA02), estimulando los esfuerzos de desarrollo humano, productivo y turístico para contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas; en el cual se designa como organismo ejecutor al Ministerio de Obras Públicas y de Transporte”.

    Con los recursos, Obras Públicas construirá y equipará un sistema de alcantarillado sanitario en las playas El Palmarcito y El Sunzal y también la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en el cantón San Alfonso, todo en el distrito de Tamanique, enLa Libertad Costa.

    El proceso de contratación ha sido denominado «Diseño final del proyecto: construcción y equipamiento del sistema de alcantarillado sanitario en playas El Palmarcito y El Sunzal, y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en cantón San Alfonso, distrito de Tamanique, departamento de La Libertad».

    Con estas obras se pretende “mejorar las condiciones sanitarias y el medio ambiente, contribuyendo al desarrollo del turismo y otras actividades económicas; por lo que con los recursos asignados se financiará el proceso de contratación para la construcción de ambos proyectos», según el documento.

  • Ratifican préstamo de $17 millones para construcción de cúpula de 21 metros de altura del Aeropuerto del Pacífico

    Ratifican préstamo de $17 millones para construcción de cúpula de 21 metros de altura del Aeropuerto del Pacífico

    La Asamblea Legislativa ratificó, con 56 votos, un contrato de préstamo entre la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) de España, por un monto de hasta $17.1 millones.

    La ratificación de los $17.1 millones fue aprobada con 56 votos de Nuevas Ideas, PCN y PDC; Vamos votó en contra y Arena no votó.

    El contrato de garantía, suscrito el 31 de octubre de 2025 y ratificado este día, avala el convenio de crédito, del 14 de octubre, denominado «Proyecto de suministro e instalación de la cúpula envolvente de la Terminal Beta de pasajeros, del Aeropuerto Internacional del Pacífico de El Salvador».

    La cúpula envolvente de la terminal beta del Aeropuerto del Pacífico es “una casqueta esférica de aproximadamente de 21 metros de altura con una cubierta de 4,550 metros que presentará dos grandes aperturas acristaladas a los lados que funcionarán como acceso y como fuente principal de iluminación”.

    Con los $17.1 millones, se fabricará, suministrará y realizará el montaje de dicha estructura envolvente.

    CEPA ha presupuestado $113.7 millones para el Aeropuerto Internacional del Pacífico, que se construye actualmente en el caserío Condadillo, del distrito de Conchagua, en La Unión.

    El anteproyecto del Presupuesto General de la Nación 2026, discutido en la Asamblea Legislativa, contempla una asignación de $137.1 millones en programas de inversión a cargo de CEPA, de los cuales un 82.9 % corresponde a la nueva terminal.

    El Gobierno prevé que la primera etapa del aeropuerto se entregue en el segundo semestre de 2027. Incluirá una pista de 2,400 metros de largo con dos puertas de embarque, que atenderá 2,000 operaciones de vuelo y tendrá capacidad para trasladar a 300,000 pasajeros anuales.

     

  • Incorporan $150 millones de dos préstamos CAF a obligaciones generales de Hacienda

    Incorporan $150 millones de dos préstamos CAF a obligaciones generales de Hacienda

    La Asamblea Legislativa incorporó hoy $150 millones de dos préstamos de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para proyectos de calidad de salud y educación a la partida de “obligaciones generales del Estado” del Ministerio de Hacienda, que según el decreto podrá utilizarlos para prioridades, obligaciones o apoyos a la caja fiscal.

    Los préstamos, de $75 millones cada uno, se denominan “Programa sectorial de apoyo al fortalecimiento integral de la educación en El Salvador” y “Programa sectorial de apoyo a la gestión integral para una salud de calidad en El Salvador”, ambos aprobados en junio y julio de 2025.

    El considerando IV del decreto recuerda que los recursos “podrán utilizarse para atender prioridades estratégica del Gobierno, obligaciones generales del Estado, transferencias varias y eventuales apoyos a la caja fiscal”.

    «Obligaciones generales del Estado» en el presupuesto del Ministerio de Hacienda es una partida compuesta por 12 “líneas presupuestarias”. Las 12 líneas son: clases pasivas, aportes al régimen de salud del Seguro Social, contribuciones a organismos internacionales, devolución de ingresos de años anteriores, devolución de IVA a exportadores, financiamiento a operaciones de reporto del Banco Central de Reserva, seguro de vida de empleados públicos, devolución de Impuesto sobre la Renta, financiamiento de pensiones de militares (IPSFA) y financiamiento de compensación de gastos al Banco Central de Reserva. Hacienda no ha especificado a qué líneas se orientarán los fondos.

    Hacienda argumentó que ambos préstamos de la CAF se otorgaron “en reconocimiento por parte de dicho banco de acciones de política, programas y estrategias que han desarrollado ambos ministerios” de Salud y Educación, sin embargo, Hacienda ha prometido que no usará fondos provenientes de deuda para gasto corriente, es decir, para pago de salarios, compra de bienes y servicios, transferencias, gastos de funcionamiento estatal.
    La deuda nueva avalada en la sesión plenaria de este martes sumó $521 millones: $170 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la construcción de los mercados de Santa Tecla y del Puerto La Libertad y los $344 millones en títulos para prioridades del Gobierno, pagar deudas o reforzar la caja fiscal. Los préstamos por $135 millones para más obras adicionales en el Puerto de La Libertad, conocido como Surf City, ya estaban autorizados fueron ratificados este martes.

  • Asamblea aprueba donación de Hacienda del parque Rafael J. Rivera a la alcaldía de San Salvador Centro

    Asamblea aprueba donación de Hacienda del parque Rafael J. Rivera a la alcaldía de San Salvador Centro

    Con 56 votos, la Asamblea Legislativa aprobó este martes la donación de un inmueble ubicado en el Barrio de San Jacinto, en el distrito de San Salvador, de una extensión de 335.09 metros cuadrados, en donde se encuentra el parque Rafael J Rivera, a favor del municipio de San Salvador Centro.

    El decreto no fue leído en la sesión plenaria y los diputados votaron a favor de omitir la lectura.

    El inmueble, en la intersección de Calle Bolívar y Calle Barrundia, fue valorado en $21,700 el 3 de mayo de 2021.

    La transferencia fue aprobada el 26 de agosto pasado por el Consejo de Ministros y estará exenta de pagos registrales e IVA.

    Según el dictamen, el objetivo es garantizar la conservación del parque y contribuir al esparcimiento e interacción social entre los habitantes de la zona.

    La escritura pública de donación estará exenta del pago de derechos registrales y de Impuesto sobre Transferencia de Bienes Raíces, así como de la obligación de presentar solvencia municipal.

    La alcaldía de San Salvador Centro deberá pagar los gastos de mantenimiento y conservación del inmueble y sus construcciones. La donación será irrevocable según el decreto.

  • Gobierno pide disolver Conaipd y Consejo del Adulto Mayor cuyas funciones pasarán al INABVE

    Gobierno pide disolver Conaipd y Consejo del Adulto Mayor cuyas funciones pasarán al INABVE

    El ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegaín, pidió este martes a la Asamblea Legislativa la disolución del Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conaipd) y del Consejo Nacional Integral de la Persona Adulta Mayor (Conaipam).

    El gobierno argumentó en sus proyectos que tiene la finalidad de “optimizar la utilización de los recursos del Estado” y “realizar una reconfiguración de ciertas instituciones del Estado creadas con fines sociales”.

    Las funciones de ambas instituciones serían transferidas al Instituto Administrador de los Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos Militares de la Fuerza Armada y Excombatientes del FMLN (INABVE), según ambos proyectos de decreto, recibidos por los diputados en la sesión plenaria de este martes.

    El Conaipd y el Conaipam deberán trasladar al INABVE sus recursos, sus registros y los expedientes de sus beneficiarios, tanto personas con discapacidad como personas adultas mayores.

    Con el decreto de disolución, tanto el Conaipd como el Conaipam indemnizará a los servidores públicos “conforme a ley” y el INABVE “no tendrá obligación de dar continuidad a las relaciones laborales ni de cualquier otro compromiso de carácter colectivo en esa materia”.

    Las obligaciones derivadas del proceso de liquidación serán pagar las indemnizaciones del personal, liquidar los contratos a los proveedores, arrendamientos y cualquier otra obligación pendiente relacionada a su funcionamiento.

    El Ministro de Hacienda deberá trasladar al INABVE el Fondo Especial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y estas ingresarán al Fondo General de la Nación.

    El Conaipd tiene un presupuesto de $345,354 para 2025 con una planilla de 18 empleados. Para el año 2026, el Gobierno había previsto un presupuesto de $346,537 con las 18 plazas.

    Mientras, el Conaipam está dentro del Ministerio de Desarrollo Local y tuvo un presupuesto de $814,220 para su funcionamiento en el año 2023 con cinco pllazas y consultorías.