Categoría: Politica

La nueva «Ley de sostenibilidad fiscal» «para el fortalecimiento de las finanzas públicas», aprobada el martes por la Asamblea Legislativa, obliga a Hacienda a publicar una programación fiscal, un informe de cumplimiento de las metas fiscales con las medidas que se tomarán para corregir las desviaciones y un informe mensual que contenga la deuda que tiene Tesorería con bienes y servicios.

El Ministerio de Hacienda deberá elaborar un «Marco Fiscal de Mediano Plazo» (MFMP), que contendrá una programación fiscal de cinco años y cuya versión actualizada será publicada a más tardar el 31 de mayo de cada año en el Portal de Transparencia con proyecciones de gastos, balance fiscal y primario, nivel de deuda con pensiones y cumplimiento de regla de la deuda.

El primer Marco Fiscal de Mediano Plazo deberá publicarse dentro de un plazo de tres meses contados a partir de la vigencia de la Ley de sostenibilidad fiscal.

En la meta fiscal anual para los cinco años, el Gobierno deberá identificar los riesgos fiscales relacionados a desastres, situación macroeconómica, de empresas públicas, gobiernos municipales, sistema de pensiones y de deuda con garantía estatal y su saldo respectivo, y el gasto tributario.

El informe de cumplimiento de la regla fiscal deberá contener las desviaciones de la trayectoria esperada, las causas de las desviaciones y las medidas que se tomarán para corregirlas.

También, la ley obliga a Hacienda a publicar cada mes la “deuda en bienes y servicios y en transferencias” que tengan un atraso de 90 días o más en Tesorería; y de notas de crédito y Letras del Tesoro (Letes), además de flujo de Letes emitidos y cancelados. Este informe deberá publicarse en primeros 10 días hábiles de cada mes.

Hacienda también estará obligado a publicar cada mes el saldo de la deuda del SPNF con pensiones, deuda por cada nivel de gobierno, instrumento, plazo y acreedor.

La nueva ley establece un límite de endeudamiento con pensiones del 70 % del Producto Interno Bruto (PIB) para el Sector Público No Financiero (SPNF) para 2045, iniciando con un límite del 80 % del PIB en 2030 y continuando con un 75 % del PIB en 2035.

Si las metas se suspenden por una emergencia o estado de calamidad, algo que no podrá excederse de tres años o tres ejercicios fiscales, Hacienda deberá publicar el estado de ingresos gastos y fuentes de financiamiento.

La Ley de sostenibilidad fiscal aprobada este 10 de junio derogó la Ley de Responsabilidad Fiscal aprobada el 10 de noviembre de 2016 y cuya aplicación fue suspendida temporalmente el 26 de marzo de 2020 debido a la pandemia covid-19.

La Ley de sostenibilidad fiscal fue un compromiso asumido por el gobierno salvadoreño en el acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo (SAF) con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que ofrecerá un financiamiento de $1,400 millones para que El Salvador logre una estabilidad macroeconómica.

El acuerdo inicial fue aprobar la ley el 9 de mayo con «reglas más robustas para mejorar la rendición de cuentas presupuestarias».

El acuerdo con el FMI también compromete al gobierno a una Ley de Estabilidad Financiera a finales de junio de 2025, un Marco Fiscal de Mediano Plazo para finales de octubre de 2025 y una reforma de pensiones que contenga el costo fiscal en 2026, así como un ajuste fiscal de 3.5 % del PIB durante tres años, que inicia con un tramo de 1.5 puntos porcentuales del PIB para este año 2025.

Walter Márquez y Reyna Cárdenas, abogados de seis venezolanos encarcelados en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT), buscarán entregar este jueves a tribunales salvadoreños las evidencias que comprobarían que sus representados no tienen vinculación con alguna banda criminal como han sido señalados públicamente por los gobiernos estadounidense y salvadoreño.

Uno de los representados por este grupo de juristas que ayer visitaron las oficinas de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) es Andry José Hernández Romero, un maquillista de 31 años deportado el 16 marzo y recluido en el CECOT, megacárcel construida en 2023 ubicada en el distrito de Tecoluca del municipio de San Vicente Sur.

Márquez aseguró que esta semana formalizarán y presentarán «todas las pruebas» de que sus representados «no tienen antecedentes penales» ni en Venezuela, ni en Estados Unidos, y que algunos se encontraban en el trámite para obtener asilo en la nación norteamericana. El jueves, en la Cámara de Segunda Instancia de San Vicente, presentarán un recurso de hábeas corpus y, en el Juzgado de Cuscatlán interpondrán un escrito ante el juez de vigilancia penitenciaria.

Amnistía Internacional publicó el lunes una campaña para exigir la liberación de Andry Hernández antes del 1 de julio. «Exigimos al Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos que devuelva inmediatamente a Andry y a todos los demás, garantice que puedan continuar sus procedimientos de inmigración en Estados Unidos y detenga cualquier otra expulsión. ¡Envíe su mensaje por correo electrónico ahora. Envíe una carta a Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional. Publicar en redes sociales», anunció la organización internacional en su sitio web.

Hernández huyó de Venezuela «porque temía por su vida, siendo perseguido por ser homosexual y por sus ideas políticas, llegó a Estados Unidos el año pasado buscando seguridad y su audiencia de asilo estaba programada para el 17 de marzo» pero, dos días antes de su audiencia, «Estados Unidos lo detuvo ilegalmente y lo expulsó durante la noche a CECOT, una de las prisiones más peligrosas de América».

Le puede interesar: Abogados de los venezolanos recluidos en el CECOT recurren a la PDDH: exigen verificación de salud

«Los que nosotros representamos no tienen antecedentes penales ni en Venezuela, ni en Estados Unidos, y muchos de ellos están en trámite del asilo y otros no fueron deportados a Venezuela y fueron deportados a El Salvador incumpliendo la orden del juez».
Walter Márquez, abogado de seis de los venezolanos.

La abogada Reyna Cárdenas aseveró que los seis representados «jamás han estado involucrados en un hecho delictivo», no poseen antecedentes penales y no tienen vinculación con la banda «Tren de Aragua». Sostuvo que fueron relacionados con esta banda criminal «solo por unos tatuajes». «Los muchachos no tienen antecedentes penales… Podemos dar fe y con evidencia de que son personas de bien», afirmó.

Los seis venezolanos representados por los abogados son:

1. Carlos Alexis Uzcategui Vielma.
2. Edison David Quintero Chacón.
3. Widmer Josneyder Agelviz Sanguino.
4. Andry José Hernández Romero.
5. Wilmer José Vega Sandia.
6. Wladimir Vera Villaizar.

Este martes, pidieron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que les informe sobre el estado de salud y situación procesal de sus defendidos, y a la Dirección General de Centros Penales le solicitaron que les permita visitarlos en el CECOT ubicado en Tecoluca, San Vicente.

Más de 250 venezolanos guardan prisión en El Salvador como resultado de un acuerdo suscrito con Estados Unidos, que incluye una tarifa carcelaria de $6 millones o $20 anuales por detenido. La Casa Blanca ha indicado que al menos 101 deportados fueron expulsados por el gobierno estadounidense bajo la ley migratoria Título 8. Los deportados a El Salvador han sido señalados de pertenecer al Tren de Aragua. y a la MS-13. Según CATO Institute, 50 de los extranjeros recluidos en el CECOT habían ingresado legalmente a los Estados Unidos.

Diputados de oposición criticaron que la nueva «Ley de sostenibilidad fiscal para el fortalecimiento de las finanzas públicas», aprobada el martes con 59 votos, establezca límites de deuda hasta el año 2030 y no antes.

La diputada Cesia Rivas, del partido Vamos, aseveró que su partido no acompañó la aprobación porque le parece un descaro, en primer lugar, que se apruebe con dispensa de trámites y no haya sido estudiada y que se impongan obligaciones hasta el 2030.

“Una ley tan importante, que lo que hace es ponerle el cincho al gasto público, donde va la medicina amarga para el salvadoreño… Que no tenga el debate que debería tener, que no haya llegado el ministro de Hacienda a explicarla y sobre todo que se están imponiendo obligaciones hasta el 2030, es un descaro lo que se está haciendo”, expuso Rivas.

También, la jefa de fracción de Arena, Marcela Villatoro, cuestionó que la normativa imponga límites de endeudamiento a largo plazo y no al actual gobierno. «En el artículo 7, habla de límites (de deuda) pero con base a los tres futuros gobiernos siguientes, pero no con respecto al gobierno actual», señaló.

Villatoro observó que en la Ley de Responsabilidad Fiscal anterior, había meta cada dos años y se había regulado un balance primario. La diputada también preguntó si cuando se regula la suspensión de la ley solo se le va a informar a la Asamblea Legislativa para suspenderla.

La ley, que establece límites de endeudamiento del 80 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2030, 75% del PIB en 2035 y del 70 % en 2045, fue aprobada con 59 votos, de Nuevas Ideas, Arena, PCN y PDC. Cesia Rivas, de Vamos, votó en contra.

«Ojalá no sea un candado simbólico»

Los tres diputados de oposición criticaron la falta de discusión, ya que la ley fue aprobada con dispensa de trámites, es decir, sin pasar por estudio de una comisión de trabajo. También, mostraron desconfianza en que se cumpla.

El diputado Francisco Lira, de Arena, manifestó que es claro que esta aprobación obedece a uno de los cumplimientos que debe realizar El Salvador por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, aunque aseguró que sí apoyarían, cuestionó que se hiciera con dispensa de trámites.

“Nosotros como Arena lo vemos con seriedad y vamos a apoyarla, pero ojalá que no sea un candado simbólico más que le está poniendo Nuevas Ideas al presupuesto general de la nación, ni tampoco al endeudamiento, porque después de aprobar esta ley, viene otro endeudamiento de $75 millones. Ojalá sea una verdadera herramienta de control, donde ustedes se ajusten el cincho y podamos llevar un rumbo correcto para El Salvador”, expresó Lira.

Destaca la transparencia

La diputada Marcela Villatoro, sin embargo, destacó la transparencia que ordena la nueva normativa.

«Parte de la transparencia es conocer estos informes para que sepamos realmente adónde están yendo las finanzas de este país, algo que no se ha estado dando en los últimos años, porque se le ha puesto reserva de información a lo que sucede con las finanzas», indicó.

Agregó que con la normativa «no pueden dar excusas de ponerle reserva» y que, con la presentación de estos informes, «todos los salvadoreños debemos conocer cómo están las finanzas”.

Aseveró que la normativa es necesaria para que “no haya abusos de gastos corrientes y aprobación de préstamos sin medida”.

La diputada de oposición Cesia Rivas, de Vamos, votó contra el «Acuerdo sobre Cooperación en la Industria de la Defensa entre el Gobierno de la República de El Salvador y el Gobierno de la República de Turquía», aprobado el martes por la Asamblea Legislativa.

“Es como que se le está dando un contrato en blanco a toda la transferencia de conocimientos y sobre todo que se habla de tecnología militar. Estamos en un país donde ya sufrimos un conflicto armado, estamos en un país donde hay represión y es temor para el salvadoreño que la Fuerza Armada tenga tal poder, que ya lo tiene», señaló.

La legisladora de oposición además se preguntó contra quiénes se quieren usar esas herramientas militares, advirtiendo posibles violaciones de derechos humanos. «¿Contra quién se quiere usar eso? Porque ya sabemos cuál es el respeto que tiene para los derechos humanos y esto debe ser preocupante para los salvadoreños”, fueron sus palabras.

El acuerdo militar incluye apoyo técnico, logístico, formación, intercambio de tecnología y documentos, fortalecer sus capacidades mediante el desarrollo, producción, adquisición y mantenimiento de bienes y servicios de defensa.

El acuerdo fue aprobado con 59 votos, incluidos dos votos de Arena. Por Vamos, la diputada suplente Cesia Rivas votó en contra.

Con este acuerdo se crea una comisión bilateral responsable de ejecutar y dar seguimiento al cumplimiento, con reuniones periódicas y participación de expertos de las Fuerzas Armadas y del sector defensa. Además, define mecanismos para la protección de la información clasificada, incluyendo su tratamiento, transmisión, custodia y sanciones en caso de «divulgación no autorizada», entre otros.

Sobre los beneficios que se esperan con el convenio, están el fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa de la Fuerza Armada de El Salvador; acceso a tecnología avanzada y transferencia de conocimiento técnico científico en defensa, entre otros.

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa entrevistará a cuatro abogados candidatos al cargo de presidente del Tribunal de Servicio Civil (TSC), la institución que resuelve los recursos contra las resoluciones de las comisiones de servicio civil que seleccionan a los candidatos para la carrera administrativa de los funcionarios y empleados en el Estado y conocen de sus amonestaciones.

Los diputados votaron ayer por entrevistar a los cuatro candidatos William Vladimir Álvarez Flores, Ernesto Adalid Corea Barraza, Selvin Max Darwin Peña Rivera y Franklin Josué Nolasco Morales, el próximo 16 de junio a partir de las 2:00 de la tarde.

¿Quiénes son?

William Vladimir Álvarez Flores: abogado y notario, 42 años, con estudios de Maestría en Derecho Penal Económico en la Universidad de El Salvador (UES). Hizo su trabajo de investigación sobre lavado de dinero y las nuevas tecnologías como monedas criptográficas y tarjetas de pago electrónico. Señaló que la ley contra el lavado de dinero “pasa a tener vacíos legales” con la vigencia de la Ley del Bitcoin.

Ernesto Adalid Corea Barraza: abogado independiente, ha actuado como defensor particular o apoderado de trabajador en diferentes casos, del despacio jurídico Gámez & Asociados.

Selvin Max Darwin Peña Rivera: abogado, ha sido miembro del Sindicato de Empleados Judiciales (Sinejus).

Franklin Josué Nolasco Morales: presidente del Tribunal de Servicio Civil, gerente de Operaciones Legislativas de la Asamblea Legislativa. Fue ordenanza en las comisiones de Cultura y Educación, Financiera, Relaciones Exteriores de 2005 a 2012, laboró en Índice Legislativo de 2012 a 2016, fue técnico institucional de la Comisión de Defensa desde 2017, fue presidente de la Comisión de Servicio Civil de la Asamblea Legislativa de 2016-2018 y 2019-2021. Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador (UES) 2007-2013. Cursó educación media en el Complejo Educativo Pedro F. Cantor, en Izalco, Sonsonate, 2004-2005.

Los datos fueron encontrados en diferentes archivos en línea. La Asamblea Legislativa ha publicado únicamente las solicitudes de los candidatos.

El periodo del actual presidente del TSC, Franklin Josué Nolasco Morales, concluye el 27 de junio de 2025.

Los cuatro candidatos se inscribieron en el plazo de 17 días que estableció la Asamblea Legislativa, desde el 8 hasta el 25 de abril de 2025.

Los diputados defendieron el proceso de elección y lo calificaron de transparente. “Vamos a llamar a los cuatro profesionales que se están postulando a este cargo para que vengan acá a esta comisión y que nos acompañen a la entrevista que se les va a hacer, para que el pueblo, nuestros amigos periodistas que nos acompañan, pueden ver el trabajo en vivo, no sé qué más transparencia de eso puede haber, donde se conocen los nombres, las generalidades, cuáles fueron las preguntas, cuáles fueron las respuestas”, expresó el diputado Ernesto Castro, presidente de la Comisión Política y de la Asamblea Legislativa.

“No se le limita el ingreso a ningún partido político, a ningún diputado. Cualquier diputado puede venir a hacer sus preguntas”, dijo el subjefe de fracción de Nuevas Ideas, Caleb Navarro.

La Comisión Política de la Asamblea inicia todos los procesos de elección de los candidatos a cargos de segundo grado, con una serie de entrevistas públicas a los candidatos. Estas entrevistas son transmitidas por los canales de redes sociales de la Asamblea Legislativa.

Luego de las entrevistas, la Comisión Política aprueba un dictamen favorable sin propuestas de nombres específicos para los cargos. En las sesiones plenarias, después de leído el dictamen favorable de la Comisión, cada grupo parlamentario propone nombres específicos y posteriormente sin discusión son aprobados. En el proceso, no se transmite algún proceso de deliberación.

La Asamblea Legislativa aprobó este martes –con 59 votos y un voto en contra– la “Ley de sostenibilidad fiscal para el fortalecimiento de las finanzas públicas”, que busca limitar el endeudamiento público a un 70 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2045 y mantener las finanzas públicas en una condición estable a largo plazo.

La ley aplicará al Sector Público No Financiero, que incluye al Gobierno Central –Ejecutivo, Legislativo y Judicial–, Ministerio Público, instituciones descentralizadas no empresariales, empresas públicas no financieras, como la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), así como el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), la Dirección de Obras Municipales (DOM), las municipalidades y el Fondo de Conservación Vial (Fovial). La ley incluye las obligaciones del Sistema de Pensiones, por lo que el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) estará obligado a dar la información que el Ministerio de Hacienda le pida.

La regla de responsabilidad fiscal será la siguiente:

1. La deuda con pensiones no podrá ser mayor al 80 % del PIB en 2030.
2. La deuda con pensiones no podrá ser mayor al 75 % del PIB en 2035.
3. La deuda con pensiones no podrá ser mayor al 70 % del PIB en 2045.

Sin embargo, el nivel de deuda límite de largo plazo “podrá ser revisado cada 10 años” con “una propuesta razonada a la Asamblea Legislativa”.

Además, las metas de deudas podrán suspenderse en los casos siguientes: si el PIB real cae al menos 1.5 % durante dos trimestres consecutivos o en caso de emergencia, calamidad pública, desastre natural, crisis económicas o conflictos bélicos internacionales que generen un costo fiscal de al menos 1 % del PIB.

La nueva normativa es una de las condiciones del acuerdo de financiamiento de aproximadamente $1,400 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual exige, además de una Ley de Sostenibilidad Fiscal, una reforma de pensiones que contenga los costos fiscales, una reducción en el gasto salarial, una reforma al servicio civil y la contención de gastos corrientes.

Con la nueva normativa, Hacienda deberá elaborar un Marco Fiscal de Mediano Plazo, una programación fiscal del presupuesto y de la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) –gobierno central, instituciones descentralizadas y empresas públicas– a cinco años, que deberá ser publicado anualmente en el Portal de Transparencia Fiscal

Arena votó a favor y Vamos, en contra: ¿por qué?

El diputado Francisco Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), quien rechazó la dispensa de trámites, mostró su desconfianza en que la Ley de Sostenibilidad Fiscal se cumpla pero votó por la normativa.

«Vamos a apoyarla pero ojalá que este no sea un candado simbólico más que le está poniendo Nuevas Ideas al presupuesto general de la nación ni tampoco al endeudamiento, porque ya vimos que, después de aprobar esta ley de sostenibilidad fiscal, viene otro endeudamiento de $75 millones. Ojalá sea una verdadera herramienta de control donde ustedes se ajusten el cincho al igual que lo están haciendo muchos salvadoreños porque el dinero ya no les alcanza», afirmó.

Está claro que esta medida obedece a un cumplimiento que deben realizar al Fondo Monetario Internacional, que no busca más que frenar el endeudamiento que ustedes han realizado en todo este periodo. Llegó algo tarde, pero qué bueno que llegó.
Francisco Lira, diputado de Arena.

Por su parte, la diputada Cesia Rivas, de Vamos, votó en contra de la ley y mostró su desconfianza en que se cumpla. «Es pecar de inocentes», dijo. Aseguró que la ley significa el límite de la deuda pero también «la medicina amarga para la gente».

«Vamos a votar en contra porque nos han demostrado que pueden poner todo lo que quieran en el papel pero ustedes no cumplen la ley. Vimos cómo igual no importó y siguen comprando Bitcoin porque la medicina amarga la sigue probando el salvadoreño que va coyol quebrado coyol comido, pero vemos el despilfarro y el gasto desmedido en todo lo público y la falta de transparencia».
Cesia Rivas, diputada de Vamos.

La diputada Marcela Villatoro, de Arena, votó a favor ya que aseguró que será beneficioso para el país. «Con solo quejarse no cambiamos las cosas, probablemente algunos crean que somos inocentes, pero nosotros somos propositivos», dijo.

Sin embargo, Villatoro planteó preguntas que quedan a flote con la aprobación de la ley: los límites de deuda solo están planteados para los tres gobiernos siguientes, pero no para el gobierno actual; y mencionó que en el artículo 8 se considera suspender la Ley de Sostenibilidad Fiscal, «pero dice que solo se le va a informar a la Asamblea Legislativa, pero no se va a revisar el porqué se van a hacer las modificaciones».

«No solamente es que va a sanear las finanzas del Estado y que de esta aprobación depende el segundo desembolso. Si es cierto que muchas leyes se quedan en letra muerta pero nosotros queremos creer que sí van a cumplir estas metas».
Marcela Villatoro, diputada de Arena.

También, el diputado Christian Guevara, de Nuevas Ideas, también sostuvo que, con la Ley de Sostenibilidad Fiscal, «se está transparentando el manejo fiscal con una proyección de deuda de hasta el 70 % del PIB», en referencia a la meta que se tiene hasta 2045. «Se van a transparentar los datos fiscales y las proyecciones y esto será bajo la tutela de los organismos internacionales», prometió.

La Ley de Responsabilidad Fiscal pasada estaba basada con un tope de deuda de hasta el 65 % del PIB, fue suspendida por la pandemia, es un esfuerzo por proyectar un nuevo techo fiscal.
Christian Guevara, diputado de Nuevas Ideas.

Con un voto en contra y 57 a favor, la Asamblea Legislativa ratificó este martes el “Acuerdo sobre la cooperación en la industria de la defensa” entre El Salvador y Turquía.

La diputada Ana Figueroa, de Nuevas Ideas, dijo que El Salvador tiene que estar preparado ante «cualquier eventualidad» y detalló que «esto no es solamente un acuerdo de intercambio de bienes, sino que es una colaboración muchísimo más profunda, que está destinada a fortalecer nuestras capacidades especiales en la materia de defensa».

«Estamos en un mundo estamos en constante cambio y que los desafíos en la seguridad pueden surgir en cualquier momento y de cualquier manera, obviamente nosotros como país tenemos que estar preparados ante cualquier eventualidad, este acuerdo nos va a permitir fortalecer nuestras capacidades en áreas cruciales, tales como el desarrollo, la producción, la adquisición y el mantenimiento de bienes y servicios relacionados con nuestra defensa nacional».
Ana Figueroa, diputada de Nuevas Ideas.

«Nosotros vamos a poder modernizar y equipar mejor nuestras Fuerzas Armadas, asegurando que tengan todas aquellas herramientas necesarias para poder proteger a nuestra gente y nuestro territorio. Se trata también de la transferencia de conocimientos y de esta forma construir una base sólida para nuestra propia industria de defensa en el futuro», continuó la legisladora de Nuevas Ideas.

El acuerdo fue suscrito el 3 de marzo por El Salvador y el 16 de abril de 2025 por Turquía.

Según la solicitud, el acuerdo entre Turquía y El Salvador incluye intercambio de servicios de defensa, la participación de proyectos conjuntos en producción de sistemas de defensa, la «transferencia de conocimientos y tecnología especializada vinculados con la industria militar», visitas recíprocas de delegaciones técnicas, militares y empresariales, y «la formación y capacitación técnica-militar de cada uno de los funcionarios de cada país», la adquisición, desarrollo, producción de cualquier tipo de productos y servicios de la industria de defensa que necesiten las organizaciones de seguridad de las partes.

En agosto de 2023, el sitio defensa.com publicó que la Fuerza Armada de El Salvador se estaba modernizando con sofisticados sistemas turcos, incluido un helicóptero T625, camiones de 10 toneladas, vehículos todoterreno, un buque, 113 drones con tecnología de recolección de datos biométricos para el Ejército y la Policía, dispositivos de vigilancia, entre otros.

La canciller salvadoreña visitó Turquía en agosto de 2019, luego de lo cual se inauguraron las embajadas de El Salvador en 2020 y la de Turquía en 2022; y el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, hizo una visita presidencial a Turquía del 19 al 21 de enero de 2022, y firmó seis acuerdos, uno de industria de la defensa.

Por otra parte, el diputado Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas, mencionó que el nombre de Turquía es Türkiye, en referencia al nombre de Turquía en idioma turco, que se estableció así ante las Naciones Unidas como parte de una campaña lanzada por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Tres abogados representantes de familiares de los venezolanos encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) pidieron este martes a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que les informe sobre el estado de salud de los extranjeros y, a la Dirección de Centros Penales, que les permita visitarlos.

El abogado Walter Márquez detalló que quieren conocer el estado de salud y la situación procesal especialmente de sus seis representados. Además, exigen que sean puestos en libertad los venezolanos que no hayan cometido delitos.

«Estamos requiriendo a la Procuraduría que se informe sobre el estado de salud y también la situación procesal de ellos y que sean puestos en libertad los que no tengan ninguna responsabilidad. Ellos recibieron el planteamiento, lo van a estudiar y luego nos darán la respuesta «. Walter Márquez, abogado de seis venezolanos.

El abogado Marquez dijo que esperan que la PDDH y Centros Penales den una respuesta a sus peticiones antes de este fin de semana, pues regresarán a Venezuela. Asimismo, esperan reunirse con la procuradora, Raquel Caballero de Guevara.

Política | Walter Márquez, abogado seis venezolanos recluidos en Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), llega a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH): «Estamos requiriendo que se informe del estado de salud y la situación procesal». pic.twitter.com/zhpW6bsEKQ

— Diario El Mundo (@ElMundoSV) June 10, 2025

La abogada Reyna Cárdenas aseveró que no «existe una prueba como tal» de que los venezolanos estén en el CECOT solo «los vídeos» difundidos por el gobierno salvadoreño, donde se muestran a los venezolanos siendo trasladados a la megacárcel. «En algunos de los casos puntuales no han aparecido en esos vídeos y en eso solicitamos saber su estado de salud», pues desconocen las condiciones en las que se encuentran, afirmó Cárdenas.

A finales de marzo, el bufete Grupo Ortega presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un hábeas corpus para pedir la liberación de los 238 venezolanos que fueron trasladados por el gobierno de los Estados Unidos hacia El Salvador para guardar prisión en el CECOT.

El bufete había sido contratado por el régimen venezolano de Nicolás Maduro y representaba oficialmente a 30 de los venezolanos, cuyos familiares les entregaron poderes para representarlos.

A inicios de marzo, el presidente Nayib Bukele informó que recibió 238 miembros del Tren de Aragua para recluirlos en el CECOT a cambio de una tarifa de $6 millones anuales. Entre los encarcelados se encontrarían 23 pandilleros de la MS-13. La encargada de prensa de la Casa Blanca detalló que 101 de los deportados fueron expulsados bajo la ley migratoria Título 8.

Diputadas opositoras de la Asamblea Legislativa salvadoreña han asegurado que no se siguió el proceso constitucional para que los reclusos fueran traídos a El Salvador porque el artículo 131 señala que los tratados o pactos que suscriba el Ejecutivo con otras naciones deben ser ratificados por el Órgano Legislativo y el acuerdo fue suscrito únicamente con la Presidencia.

Con 58 votos, incluidos los de Arena y Vamos, la Asamblea Legislativa aprobó «un reconocimiento» al Alianza Fútbol Club por haberse coronado campeón nacional y también por su trayectoria.

«Yo le pregunté a un futbolista qué se siente sentir esa camiseta y me dijo: el orgullo capitalino, amor y pasión a la camiseta blanca… Este equipo enorgullece a cada salvadoreño, a cada capitalino», comentó en el pleno el diputado Dennis Salinas, de Nuevas Ideas, sobre el reconocimiento.

La Asamblea también aprobó, con 58 votos, incluidos los de Arena y Vamos, la nacionalidad salvadoreña para el patinador colombiano Sebastián Ruiz García para que represente a El Salvador en competencias internacionales y, con 59 votos, también al futbolista estadounidense Zander Knight Tidwel.

Ruiz García nació en Cali, Colombia, el 29 de marzo de 1999, ha participado en el Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones en 2024, en Ibagué, Colombia; en el Gran Prix/Open Panamericano, en Antioquia, Medellín; en el Campeonato Nacional de Clausura en El Salvador y en la Copa Europea, en Alemania; y ha colaborado con la selección salvadoreña de patinaje y con clubes afiliados a la Federación Salvadoreña de Patinaje, como el Club Chinameca, Club El Polvorín en San Salvador, Fusalmo en Soyapango y Santa Tecla.

Tidwel nació en California, Estados Unidos, el 10 de enero de 2007, y ha participado en competencias en México, Estados Unidos, España y Guatemala, y ha participado en clínicas deportivas, talleres y eventos comunitarios. La Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) consideró que su participación en la Selección Nacional de Fútbol sub 20 «puede contribuir significativamente al desarrollo del deporte en nuestro país».

Al final de las aprobaciones, el diputado Ernesto Castro, sugirió un reconocimiento al equipo femenino de Alianza F.C. «Le instruyo al equipo técnico para que hagan la iniciativa de ley», indicó.

La agenda de la sesión plenaria de este martes únicamente tenía el reconocimiento del Alianza, las dos nacionalizaciones y la ratificación de un acuerdo entre El Salvador y Turquía para la industria militar.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, pidió el martes modificar agenda para introducir una propuesta de reforma y crear un fondo a favor de los migrantes retornados a partir de un cobro de $1 por boleto aéreo de salida desde El Salvador.

La propuesta es una reforma a la «Ley de integración de funciones del Consejo nacional para la protección y desarrollo de la persona migrante y su familia (Conmigrantes) al Ministerio de Relaciones Exteriores«.

“Quiero solicitar que se modifique esta ley para que en el cobro de viaje de salida en el viaje aéreo de cada pasajero que salga del país, se le cobre $1, de una tasa que sea destinada para crear un fondo de apoyo a los migrantes retornados”.
Claudia Ortiz (Vamos).

Ortiz explicó que el fondo serviría para brindar a las personas retornadas “diferentes programas de apoyo y protección y también un capital semilla, luego de una evaluación y diagnóstico realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores” con el fin de que inicien un negocio y salgan adelante económicamente.

La propuesta de modificación de agenda fue sometida a votación. Tuvo dos votos: Ortiz y la diputada Marcela Villatoro, de Arena. “Con dos votos a favor, no hay resolución”, dijo el diputada presidente, Ernesto Castro.

La propuesta de reforma

Art. 1.- Refórmase el inciso primero e incorpórese un inciso segundo del artículo 7 de la siguiente manera:
Otros ingresos
«Art. 7.- La distribución por el cobro de tasa por salida de cada pasajero vía aérea, que corresponde a un dólar de los Estados Unidos de América, que establece el artículo 326 literal a) de la Ley Especial de Migración y Extranjería, serán destinados para la constitución de un Fondo Especial para la Atención a Migrantes Retornados, el cual será administrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y tendrá por objetivo la atención integral a los salvadoreños en situación de migrantes irregulares para que sean incorporados a la economía de país.»
«El total de lo recaudado por el Fondo Especial para la Atención a Migrantes Retornados, será asignado para que el Ministerio de Relaciones Exteriores realice un programa especial para otorgamiento de capital semilla para salvadoreños retornados que de conformidad a un diagnóstico que se realice, y que, además se determine que ellos pueden y quieren quedarse en el país y realizar un emprendimiento.»
«Con la finalidad de garantizar un efectivo cumplimiento a lo dispuesto en la presente disposición, se faculta al Ministerio de Hacienda para que emita las disposiciones administrativas y financieras que sean necesarias.