Categoría: Politica

  • Propietarios podrán solicitar regularización a la DOT por construcciones antes del 12 de mayo según nueva disposición

    Propietarios podrán solicitar regularización a la DOT por construcciones antes del 12 de mayo según nueva disposición

    Las personas, empresas o sociedades propietarias de inmuebles construidos o intervenidos antes de la instalación de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT), el 12 de mayo de 2025, podrán solicitar la «regularización» de su situación según el nuevo artículo 92-A que fue incorporado a la ley a solicitud de la diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas.

    La nueva disposición fue aprobada el martes por la Asamblea Legislativa como parte de las reformas aprobadas a la Ley de la Creación de la DOT, y que incorporó nuevas facultades a esta instancia como la autorización de obras de terracería, tala de árboles y cambio de uso de suelo en las diferentes construcciones que se realizan en El Salvador.

    Este procedimiento no aplicará cuando la propiedad construida o intervenida con obras esté en procesos hereditarios o la construcción haya sido realizada con permisos denegados.

    La ley de la DOT inició su vigencia el 5 de noviembre de 2024 y establecía el inicio de operaciones de la DOT para 120 días después, es decir, para el 9 de marzo de 2025.

    Sin embargo, la DOT oficializó su instalación a partir del 12 de mayo de 2025, fecha desde la cual las personas podían solicitar sus trámites relacionados a la construcción de diferentes obras ante dicha oficina, ubicada en el Centro Nacional de Registros (CNR).

    Le recomendamos: Estas son las tarifas de la DOT después de la reforma del 21 de octubre

    Un reglamento establecerá los requisitos para la regularización. La reforma fue un cambio a última hora solicitado verbalmente en el pleno por la diputada de Nuevas Ideas.

    El nuevo artículo 92-A de la Ley de la DOT aún no ha sido publicado en el Diario Oficial, sin embargo, fue leído por la diputada Rosales así: “Las personas naturales o jurídicas propietarias de inmuebles en los que se hayan efectuado obras, actividades y proyectos de urbanización, construcción y actividades relacionadas con estas antes del 12 de mayo de 2025 y que a la fecha no cuenten con las autorizaciones o permisos correspondientes podrán solicitar a la DOT su regularización. Lo anterior no será aplicable a inmuebles que se encuentren en proceso de aceptación de herencia o cuando las obras, actividades o proyectos de construcción y actividades relacionadas con estas hayan sido realizadas con permisos denegados o en violación de la normativa correspondiente. Los requisitos para la regularización serán determinados en el reglamento y se aplicará un procedimiento especial autorizado para tal efecto”.

    La DOT fue creada por el gobierno con el fin de simplificar o integrar los trámites de construcción, reduciendo los tiempos de los permisos y tramitando incluso permisos ambientales, de agua potable o de acueductos.

    Esta oficina también será la encargada de autorizar el registro de ingenieros civiles, de electricidad, técnicos y personas vinculadas a los trámites de construcción solicitados a la DOT. El periodo de estas inscripciones vencía en noviembre de 2025 pero la reforma lo pospuso hasta marzo.

    La reforma creó 38 nuevas tarifas y amplió las facultades de la DOT.

  • TSE adquiere servicios de mantenimiento de aires acondicionados, equipos informáticos y flota vehicular para la JVE

    TSE adquiere servicios de mantenimiento de aires acondicionados, equipos informáticos y flota vehicular para la JVE

    El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha adquirido servicios de mantenimiento de aire acondicionado, equipos informáticos, flota vehicular, planes de telefonía móvil y datos, arrendamiento de fotocopiadoras e impresión de formularios para la Junta de Vigilancia Electoral (JVE).

    Según consta en Comprasal, el Sistema Electrónico de Compras Públicas de El Salvador, el Tribunal realizó al menos 13 compras de las que aún registro, de las cuales seis se compraron para servicios de la Junta, que suman $42,138.

    El 20 de diciembre de 2024, el TSE adjudicó un contrato con Claro El Salvador por $31,172.40 para equipar a la Junta del servicio de telefonía móvil y plan de datos. Luego de cuatro meses, suscribió otro contrato por $6,600 para mantenimiento de la flota vehicular con la empresa CAM Motors.

    Para el 2 de julio, el Tribunal acordó otro contrato por $1,300 para mantenimiento del equipo informático de la JVE con la empresa Documento Inteligentes S.A de C.V. El siguiente mes también contrató los servicios de mantenimiento de aire acondicionado por $2,248.34 con la empresa Maldonado y Molina IN. S.A de C.V..

    Además, en agosto, se acordó el arrendamiento para fotocopiadoras con la empresa CR Copiadoras S.A de C..V por $300. El último contrato firmado por la entidad electoral corresponde al mes de septiembre para «impresión de formularios» con la empresa ProGraf por $517.

    La primera reunión entre los nuevos magistrados y la Junta ocurrió en noviembre de 2024, cuando el Tribunal se comprometió a conformar una comisión de trabajo con el fin de conversar sobre las necesidades de la entidad fiscalizadora.

    Algunas de las necesidades planteadas por la Junta en esa reunión fueron el mantenimiento de aires acondicionados de vehículos, entregas de gift cards y deudas en dietas con algunos de los directores de la JVE.

    Otra reunión se realizó en agosto cuando la Junta solicitó a los magistrados un aumento de $1.5 millones como presupuesto extraordinario para las elecciones presidenciales, legislativos y municipales de 2027. La siguiente reunión se realizó en septiembre y, según fuentes electorales, se realizó para «dar seguimiento» a estas necesidades.

    Luego de tres años consecutivos con el mismo presupuesto, de $812,615, las nuevas autoridades del Tribunal han pedido un aumento de $2,105 en el presupuesto ordinario para EL funcionamiento de la JVE. Dos fuentes de la Junta dijeron a El Mundo que el incremento se destinará a nivelaciones salariales por el aumento al salario mínimo.

  • ¿Cuánto en préstamos ha aprobado la Asamblea Legislativa y cuánto incorporó al presupuesto 2025?

    ¿Cuánto en préstamos ha aprobado la Asamblea Legislativa y cuánto incorporó al presupuesto 2025?

    Desde enero hasta la fecha de 2025, la Asamblea Legislativa ha recibido solicitudes de préstamos por $1,992 millones, de los cuales ya ratificó los contratos de créditos por un total de $1,735.7 millones y tiene pendiente de ratificar cinco préstamos que suman $256.3 millones, cuya firma ya autorizó.

    Pero no todos los préstamos aprobados durante el presente año han ingresado al presupuesto general del Estado 2025.

    Durante el presente año, la Asamblea Legislativa ha aprobado un total de reformas presupuestarias por una suma de $1,044.1 millones desde el 12 de febrero de 2025 hasta la más reciente aprobada el 7 de octubre de 2025.

    Más de la mitad de los fondos incorporados al presupuesto actual, $571.5 millones, provienen de préstamos según los mismos decretos aprobados.

    Sin embargo, un total de $348.8 millones fueron incorporados de “asignaciones disponibles” que tenía el Ramo de Hacienda y “con cargo” al Fondo General, según los mismos decretos aprobados.

    El resto de fondos provienen de recursos propios de instituciones descentralizadas, títulos valores, contribuciones patronales, donaciones y asignaciones del Ramo de Justicia y Seguridad.

    La mayoría de los préstamos incorporados en el presupuesto de 2025 fueron aprobados en 2024 o en años anteriores.

    De enero a mayo se incorporaron fondos de préstamos para financiar lo siguiente: $84.6 millones para proyecto de cable submarino, $13.5 millones para el programa de salud inteligente, $157.7 millones para el Aeropuerto Internacional del Pacífico, $852,967 para infraestructura deportiva, $993,347 para emergencias por desastres naturales, $4.7 millones para desarrollo económico local (aprobado en 2021), $8.7 millones para transporte e infraestructura resiliente, $105,981 para auditar un préstamo para emergencias por desastres naturales, $5.4 millones para el sistema penitenciario.

    Desde julio, también se han incorporado: $5.8 millones para el sector agua y saneamiento, $9 millones para infraestructura de datos (Secretaría de Innovación de la Presidencia), $500,000 para mejora en la atención de salud, $22.7 millones para Surf City fase I (préstamo aprobado en 2025), $6 millones para siembra de maíz y frijol y $785,600 para jóvenes en situación vulnerable.

    También fue incorporado un préstamo de refuerzo presupuestario, de $250 millones para la sostenibilidad fiscal y la resiliencia de El Salvador, cuyo destino aún no se ha explicado. Este préstamo también fue aprobado durante el año 2025.

     

  • Déficit financiero en la Junta de Vigilancia Electoral arriesga legitimidad electoral en 2027 dice exdirectora de Vamos

    Déficit financiero en la Junta de Vigilancia Electoral arriesga legitimidad electoral en 2027 dice exdirectora de Vamos

    El déficit financiero que enfrenta la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) podría causar que las próximas elecciones presidenciales, legislativas y municipales enfrenten «serios riesgos de legitimidad» opinó la exdirectora de la JVE por el partido Vamos, Wendy Alfaro.

    En el informe de Vamos por el término de las funciones de Alfaro como directora, se explica que la Junta enfrenta un «déficit financiero acumulado desde 2018» que amenaza su obligación de «ejercer una fiscalización efectiva» y que podría llevar a que las próximas elecciones enfrenten «riesgos serios de legitimidad».

    La JVE se integra con un director propietario y uno suplente de cada uno de los partidos políticos legalmente inscritos, a quienes se les paga una dieta por cada sesión en la que participan, según la Constitución de la República.

    El presupuesto de la Junta se ha mantenido igual por tres años continuos mientras han aumentado la cantidad de partidos políticos que integran la Junta, la inflación, los costos logísticos y «la negativa del Ministerio de Hacienda» para aumentar el techo presupuestario.

    Alfaro señaló que el déficit financiero no permite que los partidos políticos operen equitativamente en la Junta, como el impago de dietas, la insuficiencia de vehículos, equipo y de recursos para la fiscalización internacional

    Según fuentes internas de la Junta, la deuda en dietas de la JVE ascendía a $134,642.40 desde 2021 hasta mayo de 2024 a directores del Partido Independiente Salvadoreño (PAIS), Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS) y a los partidos en liquidación Nuestro Tiempo y Cambio Democrático (CD). El año pasado, se sumó Fuerza Solidaria. La deuda aún no es pagada.

    Dependencia al Tribunal Supremo Electoral

    Alfaro, quien dejó el cargo alegando persecución política, recuerda en el informe que la Junta depende del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para su presupuesto, lo que considera «limita la independencia hacia el ente fiscalizado» y «dificulta la planificación estratégica». Afirmó que la situación impidió «auditar sistema de votación electrónica y transmisión digital de resultados».

    Señaló que el trabajo en la Junta se caracteriza por la «parálisis institucional» porque se requiere de votaciones mayoritarias para tomar decisiones y se han retrasado audiencias con el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y para la fiscalización de centros de emisión del Documento Único de Identidad (DUI).

    ¿Qué debe mejorar según Vamos en la JVE?

    • Capacitación electoral.
    • Logística y entrega de paquetes.
    • Aumentar la transparencia en la transmisión de resultados.
    • Fortalecer la fiscalización de la Junta.
    • Control durante el silencio electoral.
    • Accesibilidad de ciudadanos en centros de votación.
    • Que el TSE mantenga «comunicación transparente y expedita» con la Junta.
    • Independencia financiera para la Junta.
    • Tecnología y auditoría especializada.
    • Ampliación de la fiscalización especializada.
    • Reformas para que la Junta tenga facultades vinculantes.

    Según los últimos registros de Comprasal, el Tribunal realizó al menos seis compras de servicios por $42,138 para la Junta entre mantenimiento de aire acondicionado, equipo informático, flota vehicular, planes de datos, arrendamiento de fotocopiadoras e impresión de formularios.

  • Asamblea lanza tercera convocatoria para becas «Dagoberto Gutiérrez»

    Asamblea lanza tercera convocatoria para becas «Dagoberto Gutiérrez»

    La Asamblea Legislativa anunció este jueves el lanzamiento de su tercera convocatoria para las becas universitarias «Dagoberto Gutiérrez».

    «¡La tercera edición de las Becas Legislativas está por comenzar! Convertite en profesional para seguir transformando el país», publicó la Asamblea este jueves en sus redes sociales.

    En la primera convocatoria, en enero de este año, la Asamblea Legislativa entregó 150 becas a jóvenes salvadoreños que aplicaron al programa «Dagoberto Gutiérrez», que se financia en parte con $792,000 que la Asamblea destinó de su propio presupuesto del presente año.

    La segunda convocatoria fue el 14 de mayo y en agosto se entregaron 100 becas a jóvenes de San Miguel, Moncagua,  Coatepeque,  Zacatecoluca, San Rafael Cedros, Apopa, la comunidad Santa Cecilia, la calle Delgado de San Salvador, Santo Tomás, San Marcos, y Panchimalco.

    La Asamblea Legislativa aún no publica su proyecto de presupuesto, pero la Junta Directiva recibió dos páginas el 30 de septiembre donde se ubicó un monto general y lineamientos presupuestarios, firmadas por cuatro directivos de Nuevas Ideas y uno del PDC.

    Entre los aspectos que destaca la Junta Directiva en el documento está «el apoyo económico a estudiantes de recursos limitados mediante el programa de becas Dagoberto Gutiérrez, a nivel nacional, para el periodo 2024-2027».

    En julio de 2024, la Asamblea decidió reorientar parte de los fondos que asignan a cada diputado: $2,200 por cada uno de los 60 diputados para el programa de becas «Dagoberto Gutiérrez», a partir de julio de 2024, hasta abril de 2027, un monto que suma $4,488,000. Al final, se aprobó reorientar $5 millones.

    Requisitos básicos para aplicar a las becas:

    • Ser de nacionalidad salvadoreña.
    • Haber concluido el bachillerato.
    • Tener constancia de buenas conducta.
    • Haber tenido un rendimiento académico mayo a 7 (en escala del 1 al 10).
    • Presentar nota obtenida en la prueba Avanzo.
    • No tener antecedentes penales, ni policiales.
    • Cumplir con los requisitos de admisión de la carrera en la universidad por la cual optó.
    • No haber sido beneficiado anteriormente con un programa de becas.
    • Llenar todo el formulario en línea.
    • Dirigir una carta al Programa de Becas explicando por qué quiere optar por una peca.
    • Constancia de ingresos familiares.
    • DUI o partida de nacimiento y DUI de tus padres (en caso se ser menor de edad).
    • Recibo de agua, luz o cable.

    Fotografías:

    • Fotografía personal.
    • Fotografía de miembros de tu familia.
    • Fotografía de tu vivienda: de la fachada, de la sala, del dormitorio(s), de la cocina y área de lavado.
  • Gradúan a 41 funcionarios municipales en la «Escuela de Buen Gobierno» con apoyo de la UE, Funde y otras organizaciones

    Gradúan a 41 funcionarios municipales en la «Escuela de Buen Gobierno» con apoyo de la UE, Funde y otras organizaciones

    La «Escuela de buen gobierno para el desarrollo local» graduó el miércoles a 41 funcionarios municipales de las alcaldías de San Vicente Norte y Sur para «fortalecimiento de los gobiernos locales», informó la Unión Europea (UE) en El Salvador.

    Los procesos formativos fueron auspiciados por la UE, Plataforma Global, Red DT, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD) y la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde).

    La UE informó que las formaciones buscan promover la transparencia, la participación y la gestión pública al servicio de la ciudadanía porque, «cuando las comunidades confían en sus instituciones, la democracia florece».

    La alcaldía de San Vicente Sur informó que fueron 41 empleados municipales graduados para fortalecer «las capacidades institucionales y humanas» de los gobiernos locales.

    Las formaciones duraron cuatro meses, de junio a septiembre. Los beneficiarios fueron 22 mujeres y 19 hombres que ejercen cargos de alcaldes, síndicos, concejales, gerentes y jefes de unidades técnicas.

    El medio local «Canal 31 de San Vicente» informó que abordaron temas como el funcionamiento operativo y finanzas de los municipios, acceso a la información pública y rendición de cuentas, participación ciudadana e incidencia territorial.

    Las formaciones de Buen Gobierno iniciaron en junio y finalizaron en septiembre.

    Según el medio, el alcalde de San Vicente Norte, Herbert Sanabria, dijo que las iniciativas son convenientes por «el acercamiento con el concejo y la ciudadanía»; y el alcalde de San Vicente Sur, Samuel Carrillo, dijo a Canal 31 que las capacitaciones les han servido para «ser creativos» en «buscar construir administraciones estables» que no dependan financieramente del gobierno central.

    Las formaciones de las escuelas se llevarán a cabo también en los departamentos de Usulután y Cuscatlán para aproximadamente 100 empleados municipales «comprometidos con una gestión participativa, transparente y cercana a la ciudadanía».

  • Diputados se pronuncian por el día del profesional en relaciones internacionales, el 24 de octubre

    Diputados se pronuncian por el día del profesional en relaciones internacionales, el 24 de octubre

    La Asamblea Legislativa aprobó un pronunciamiento por el “Día nacional del profesional en relaciones internacionales” que se celebra cada 24 de octubre y destacaron el papel de estos profesionales como constructores del diálogo y de la defensa de los “intereses nacionales en foros multilaterales”.

    El pronunciamiento fue una solicitud de los diputados Ana Figueroa y Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas.

    En el pronunciamiento, los legisladores felicitaron a todas las personas que se desempeñan en relaciones internacionales y destacaron su papel como “constructores de puentes entre los pueblos y su participación en los procesos de integración, comercio, diplomacia y cooperación”.

    Según los legisladores, el papel de los profesionales en relaciones internacionales ayuda a “las buenas relaciones con otras naciones y organismos internacionales” y a “la defensa de los intereses nacionales en foros multilaterales”.

    Aseveran que fomentan “el desarrollo de una diplomacia inclusiva, eficiente y orientada al bien común” y que tienen un compromiso de “los poderes legislativo en la promoción del diálogo, la cooperación y la integración de los pueblos”.

  • OIM y Cancillería presentan un primer estudio nacional sobre movilidad humana y factores medioambientales

    OIM y Cancillería presentan un primer estudio nacional sobre movilidad humana y factores medioambientales

    La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Ministerio de Relaciones Exteriores presentaron el miércoles el «Primer estudio nacional sobre movilidad humana y factores ambientales», aún no publicado, que contiene los primeros hallazgos en esa materia.

    Las autoridades de Cancillería y de la OIM anunciaron en sus redes sociales que presentaron el estudio que analiza cómo los factores medioambientales también constituyen una causa de migración en El Salvador.  En la elaboración participó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn).

    La oficial a cargo de la OIM, Irene Vignini, escribió en su cuenta de X que el estudio es la muestra «de que cuando el Estado y la cooperación internacional trabajan juntos, se puede generar evidencia clave» que permita «diseñar políticas resilientes y humanas».

    «Junto a Cancillería, presentamos el primer Estudio Nacional sobre Movilidad Humana y Factores Medioambientales. Una muestra de que cuando el Estado y la cooperación internacional trabajan juntos, se genera evidencia clave para diseñar políticas resilientes y humanas». Irene Vignini, oficial a cargo de la OIM.

    Ninguna de las autoridades involucradas indicó cuáles son los hallazgos. El estudio no se ha publicado. Ni Cancillería ni la OMI convocaron a medios de comunicación en general para la presentación del estudio.

    La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal, dijo en sus redes sociales que el estudio «revela la relación entre movilidad y factores medioambientales».

    Portal aseguró que el país seguirá «consolidando una agenda regional integral, humana y transformadora» que esté «basada en datos y cooperación» para «garantizar una migración segura, ordenada y regular» en la región.

    Foro sobre movilidad y medioambiente

    El Salvador fue sede del «Foro regional sobre movilidad humana y su nexo con factores medioambientales» organizado por la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), que busca «contribuir al diseño, aplicación y fortalecimiento de políticas públicas y herramientas» para brindar «atención integral y coordinada» a las personas en movilidad.

    Vignini agregó que los desastres naturales «están redefiniendo las dinámicas de movilidad» y que la participación de la OIM en el foro representa el compromiso del organismo internacional «con respuestas orientadas a la protección de quienes se desplazan».

    Portal aseveró que los desafíos de la movilidad «son cada vez más complejos y transversales», por lo que considera que espacios como este foro «fortalecen el intercambio de experiencias y el trabajo conjunto» entre naciones.

    El foro sobre movilidad se realizó ayer en el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. / Cancillería de El Salvador.

    Para 2026, la Cancillería salvadoreña busca destinar $580,475 para «movilidad humana y asistencia e inclusión a la persona migrante», lo que significaría un aumento del 104 % en comparación con los $284,140 entregados para 2025.

    Durante el primer semestre de 2025, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) contabilizan al menos 6,050 salvadoreños deportados. La organización Human Rights First ha registrado 119 vuelos de deportados de Estados Unidos a El Salvador desde enero hasta agosto de 2025.

  • Reforma extendió periodo para la inscripción de ingenieros, técnicos y constructores en la DOT

    Reforma extendió periodo para la inscripción de ingenieros, técnicos y constructores en la DOT

    Ante la cercanía del vencimiento del plazo, la reforma a la Ley de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT) aprobada esta semana por la Asamblea Legislativa extendió el periodo para que los constructores puedan inscribirse hasta marzo de 2026.

    El plazo fue extendido de seis a diez meses contados a partir de la instalación e inicio de funcionamiento de la DOT. Esta oficina, ubicada en la sede del Centro Nacional de Registros (CNR), empezó a funcionar el 12 de mayo de 2025.

    Casi al final de la sesión plenaria, la diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, pidió reformar el inciso segundo del artículo 83 de la Ley de la DOT, que regula la inscripción de las personas naturales o jurídicas en el Registro de Profesionales y Prestadores de Servicios de Urbanización y Construcción de la DOT.

    Propuso que “en un plazo máximo de 10 meses contados a partir de la fecha de instalación y entrada en funcionamiento de la DOT” estas personas “deberán inscribirse” para poder realizar trámites con la DOT.

    El artículo actual, que deja sin efecto todos los demás registros existentes al completar este registro, establece un periodo de seis meses.

    Si se toma como referencia la instalación el 12 de mayo de 2025 publicada por la DOT, este periodo se vencía el 12 de noviembre de 2025; pero con la extensión se vencería el 12 de marzo de 2026.

    La reforma no había sido incluida en el dictamen aprobado por la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa.

    La DOT lleva un total de 1,974 personas inscritas, de los cuales 955 se han inscrito durante julio, agosto y septiembre.

    Entre los ya inscritos hay ingenieros civiles, arquitectos, arqueólogos, especialistas en estudios de impacto y diagnóstico ambiental, técnicos constructores, ingenieros eléctricos, técnicos proyectistas.

  • Se duplica presupuesto de asistencia de migrantes pero es el 4 % del destinado a diáspora y movilidad

    Se duplica presupuesto de asistencia de migrantes pero es el 4 % del destinado a diáspora y movilidad

    El presupuesto para la asistencia a los migrantes salvadoreños aumentaría en un 104 % el próximo año según el proyecto de Ley general de presupuesto del Estado 2026 bajo estudio de la Asamblea Legislativa. El monto solo representa el 4 % de la cifra destinada a la «Atención a la diáspora y movilidad humana».

    El año pasado la unidad «Movilidad humana y asistencia e inclusión a la persona migrante» tuvo un presupuesto de $284,140, pero para 2026 se prevé que aumente un 104 % pasando a $580,475 de acuerdo al proyecto.

    Los fondos de presupuesto para «atención a la diáspora y movilidad humana» son responsabilidad del Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana y provendrían del Fondo General del Estado, es decir, ingresos propios.

    A pesar del significativo aumento, los $580,475 solo representan el 4 % de los $14,590,881 que recibiría el Viceministerio para «atención a la diáspora y movilidad humana».

    Según el proyecto de presupuesto, el área de «movilidad humana y asistencia e inclusión a la persona migrante» se encarga de «gestionar, coordinar y articular políticas públicas, procesos, estrategias y acciones de prevención de la migración irregular».

    Asimismo, brinda asistencia humanitaria, reintegra y apoya el desarrollo de los migrantes, «independientemente de su estatus migratorio», pero sí priorizando grupos vulnerables: origen, tránsito, destino y retorno.

    La mayor parte del presupuesto se destina a las representaciones consulares, un total de $12.4 millones ($12,406,286).

    El resto se destina a coordinación de servicios consulares, $856,895; diáspora y desarrollo, $310,005; gestión de búsqueda de menores desaparecidos, $203,835;  Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas, $149,280, y análisis y alianzas de la movilidad humana, $84,105.

    El presupuesto para «atención a la diáspora y movilidad humana» presentaría una reducción del 17 % porque en 2025 recibió $17,563,870 para operar, pero en 2026 se reduciría a $14,590,881.

    El Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana detalló este mes que desde 2022 la Cancillería salvadoreña ha atendido a 32,895 salvadoreños deportados con atención en 20 programas.

    De enero a junio de 2025, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) reportó 6,050 salvadoreños deportados vía aérea y terrestre. La organización Human Right First contabiliza el arribo a El Salvador de 119 vuelos con migrantes desde Estados Unidos.